Balda tiene lista la denuncia contra Santos por presunta complicidad a su rapto

QUITO-ECUADOR (16/07/2018). Fernando Balda revela el contenido de la Operación Guayacán, expediente desclasificado de la SENAIN. FOTOS API/CRISTINA VEGA.

Fernando Balda, el exlegislador que podría llevar al expresidente Rafael Correa ante la justicia por secuestro, tiene lista una denuncia que tiene intenciones de presentar ante la Fiscalía colombiana contra el exmandatario Juan Manuel Santos por su presunta complicidad en el plagio, ocurrido en Bogotá en 2012.

«Con mi abogado colombiano tenemos lista la denuncia para interponer en la Fiscalía colombiana en contra de Juan Manuel Santos por complicidad en el secuestro y soslayo de la soberanía colombiana», afirmó en declaraciones a Efe el político opositor.

Este exdiputado ecuatoriano del conservador Partido Sociedad Patriótica, ejerce la acusación particular en el caso del secuestro del que fue objeto en agosto de 2012 en la capital colombiana por parte de agentes de inteligencia de Ecuador.

Balda permaneció retenido en un automóvil algo más de una hora, antes de lograr escapar de sus captores después de una persecución policial y tras una intervención de las autoridades colombianas.

Se encontraba refugiado desde 2009 en ese país tras huir de la justicia ecuatoriana por una demanda de injurias al Gobierno de Correa.

«Entre lo que se investigó en Ecuador y Colombia, creemos que es imposible que Rafael Correa y los agentes de la Senain (inteligencia ecuatoriana) hayan podido ejecutar todo lo que hicieron en Colombia sin la anuencia de las autoridades», manifestó.

Y citó que deben ser investigados al expresidente Santos, la exministra de Exteriores María Ángela Holguín, además de altos responsables de emigración de Colombia que estaban a cargo cuando ocurrieron los hechos.

Argumentó que su defensa tiene «muchos elementos que demuestran que los agentes ecuatorianos no hubieran podido operar» sin los apoyos logísticos de funcionarios colombianos.

Balda explicó que los secuestradores no conocían el terreno y que el plagio se produjo a las nueve de la noche, «en un lugar muy complejo y tuvieron que salir en una huida por lo que necesitaban estar muy seguros del territorio y contar con operadores colombianos que conocían muy bien Bogotá».

El exlegislador consideró, asimismo, que en el proceso judicial que se sigue en Ecuador sobre su secuestro se ha demostrado que oficiales de la Policía colombiana de alto rango colaboraron con los agentes ecuatorianos.

Añadió que tanto Santos como su canciller y directivos de migración habían sido advertidos tres meses antes de que Rafael Correa «estaba intentando acciones en mi contra en Bogotá».

Ante el temor de ir a la cárcel en su país, Balda se exilió en Colombia, donde pasó, antes del secuestro, por un intento de deportación impulsado por la inteligencia ecuatoriana y según declaró a Efe, sin el conocimiento del presidente Santos.

Tras ese intento fallido, sostuvo, mantuvo una reunión con el exmandatario colombiano en la que -según él- las autoridades de ese país «pudieron comprobar que había una incursión de agentes de inteligencia ecuatorianos en Colombia y nunca hicieron nada».

Esta circunstancia, argumentó, lo llevaría a presentar la denuncia por soslayo de soberanía, e insistió en que las autoridades colombianas «permitieron que el 13 de agosto de 2012 me secuestren, y luego falla el secuestro y Santos viene y me deporta».

Los acontecimientos que describe Balda le llevan a la única «conclusión de que (Santos) colaboró con Rafael Correa en estas actividades».

Inicialmente, Santos le había dado protección, pero según explicó a Efe, tras distanciarse de su predecesor Álvaro Uribe -con cuyo entorno Balda se codeaba-, acabó entregándolo a Ecuador a finales de 2012.

Balda pasó dos años en prisión en Ecuador por injurias no calumniosas contra el Estado, un paso que recuerda como «una experiencia muy dura» para él y su familia.

«Le advertí a Santos de que yo no podía regresar a mi país, pero violó el Tratado de San José de Costa Rica sobre derechos humanos que estipula que no se puede deportar a un perseguido por opiniones políticas o si mi vida corre peligro», comentó.

Y concluyó afirmando: «Ellos igual me entregaron, en eso se basa la denuncia». EFE

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