La legisladora ecuatoriana Sofía Espín, envuelta en una polémica por haber visitado a una sospechosa en un caso en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa, advirtió hoy de una supuesta persecución política en su contra y cree que esta acabará costándole su puesto en la Asamblea.
«Hay una persecución al correísmo», para impedir que el exmandatario, que reside en Bélgica, regrese a la actividad política en el país, refirió Espín en una entrevista con Efe.
Su caso, dijo, es una muestra más de la persecución que han emprendido grupos de derechas y el Gobierno del actual presidente Lenín Moreno, antiguo aliado de Correa y convertido ahora en uno de sus más acérrimos rivales políticos.
El escándalo y el proceso administrativo iniciado esta semana en su contra en la Asamblea Nacional, dominada por la derecha y el oficialismo, se debe a que el pasado 24 de septiembre visitó en una cárcel a una sospechosa en el caso de secuestro al político Fernando Balda, en 2012 en Colombia, en el que se ha acusado a Correa como supuesto autor intelectual.
Espín rechazó la versión de que se entrevistó de forma subrepticia con la exagente de policía Diana Falcón, sospechosa y delatora del caso de secuestro a Balda, que había advertido de una supuesta indefensión y pedido que una abogada de Correa, Yadira Cadena, la visitase en la cárcel.
La legisladora indicó que acompañó a Cadena en la visita a Falcón, con la que conversaron por quince minutos, bajo consentimiento y tras cumplir con todos los requisitos de ley.
«La conversación fue muy corta, no debemos haber estado más de quince minutos» y en ese diálogo, Falcón sostuvo que estaba preocupada por el hecho de que, al ser una exagente de la Policía, estaba junto a prisioneras que podían representar un peligro para su integridad.
Por ello, Espín dijo que acudió a la cárcel en solidaridad y para observar las condiciones de reclusión de la sospechosa, además de mencionar que durante el diálogo con Falcón siempre estuvo cerca una mujer guardia de la seguridad de la prisión.
En la conversación, Falcón había confesado -según la versión de Espín- que sus abogados le habían asegurado que saldría de prisión en siete meses, aunque también explicó que temía por su seguridad.
Sin embargo, el ministro de Justicia en funciones, Paúl Granda, ha asegurado que la legisladora «burló» las seguridades de la cárcel para visitar a Falcón y que se violaron los protocolos de seguridad, con el objetivo de forzar a la sospechosa para que declare en favor de Correa.
Espín rechazó la alegación del ministro, que ha generado el pedido de su destitución en la Asamblea, algo que, según ella, crearía un «precedente nefasto» en el país.
Para Espín, todo esto forma parte de la supuesta «persecución» al correísmo, con métodos cuestionados que serán expuestos en instancias internacionales en su debido momento.
«No nos queda más que acudir a instancias internacionales», añadió Espín que cree que será destituida en la Asamblea.
Falcón y otro exagente de Policía se encuentran detenidos tras haberse declarado culpables y acogido a un programa de «colaboración eficaz» con la justicia.
Este caso está en una fase de definición por parte del tribunal de la causa, que deben resolver sobre un pedido de la Fiscalía para que se enjuicie a Correa como autor intelectual del delito, así como a otros exfuncionarios. EFE
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