La comisión multipartidista que investiga el caso de la legisladora Sofía Espín, acusada de haber contactado a una detenida, sospechosa y testigo en un caso de secuestro a un político opositor en 2012 que salpica al expresidente de Ecuador Rafael Correa, recomendó hoy la destitución de la asambleísta.
Tras la lectura del informe de investigación «se concluye que la visita de la asambleísta a Diana F. se enmarca en el art.163 de la Ley de la Función Legislativa», por lo que la Comisión recomendó al pleno aplicar «la pérdida de la calidad de asambleísta» por incompatibilidad de sus funciones, señaló la Asamblea en Twitter.
En su perfil de esa red social, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció que se convocará al Pleno de la legislatura para conocer el informe de la comisión multipartidista, referente al caso de Espín, «quien también será escuchada en la sesión».
Y consideró un intento de interferir en las decisiones de la Comisión a la medida cautelar presentada ayer por la legisladora: «Nuevamente, la asambleísta Sofía Espín ha intentado interferir en las decisiones de la comisión, planteando una medida cautelar contra los asambleístas y la presidenta de la Asamblea de Ecuador», dijo.
Espín, del autodenominado bloque de la Revolución Ciudadana, cercano a Correa, rechazó hoy la recomendación de la Comisión pues, en su opinión es «ilegal, írrita, amañada y sin motivación legal».
«Informe es otra violación a mis derechos constitucionales dentro de una cadena de violaciones en mi contra. No se respetó el debido proceso ni mi derecho efectivo a la defensa. Resolución es una patraña política, una vergüenza jurídica y es nula según la Constitución«, escribió.
La legisladora anunció que acudirá a instancias internacionales y defenderá su cargo de elección popular, «pues ellos no me lo han regalado; están violentando el derecho de cientos de miles de conciudadanos que me eligieron y cuya voluntad popular, hoy mañosamente se pretende avasallar», agregó.
A principios de mes, Espín advirtió ya de una supuesta persecución política en su contra que creía que acabaría costándole su puesto en la Asamblea.
«Hay una persecución al correísmo», para impedir que el exmandatario, que reside en Bélgica, regrese a la actividad política en el país, dijo entonces.
El escándalo y el proceso administrativo iniciado en la Asamblea Nacional, se debe a que el pasado 24 de septiembre visitó en una cárcel a una sospechosa en el caso de secuestro al político Fernando Balda, en 2012 en Colombia, en el que se ha acusado a Correa como autor intelectual.
Espín rechazó la versión de que se entrevistó de forma subrepticia con la exagente de policía Diana Falcón, sospechosa y delatora del caso de secuestro a Balda, que había advertido de una supuesta indefensión y pedido que una abogada de Correa, Yadira Cadena, la visitase en la cárcel.
La legisladora indicó que acompañó a Cadena en la visita a Falcón, con la que conversaron por quince minutos, bajo consentimiento y tras cumplir con todos los requisitos de ley.
Según una última versión de Falcón, Espín y Cadena la contactaron en la cárcel y supuestamente le ofrecieron protección, asilo en Bélgica y hasta dinero a cambio de que se retracte de su testimonio en el que señala a Correa como la persona que ordenó el secuestro de Balda.
Falcón y otro exagente de Policía se encuentran detenidos tras haberse declarado culpables y acogido a un programa de «colaboración eficaz» con la justicia.
Este caso está en una fase de definición por parte del tribunal de la causa, que debe resolver sobre un pedido de la Fiscalía para que se enjuicie a Correa como autor intelectual del delito, así como a otros exfuncionarios. EFE