Opinión

El Presidente Correa, ha dado importantísimos pasos en estas últimas semanas en lo concerniente al rescate de este sector, que tenía el injusto tratamiento, similar a  aquel que el dicho popular muy sabiamente refiere como que al pariente pobre nadie lo reconoce. Y es que con la franqueza que requiere el tema, esa era la relación que este sector parecía tener bajo una institución cuyo objetivo central es el de la política internacional, donde el peso fundamental de sus funciones se encuentra en el ámbito político y diplomático.  Especialmente en una cancillería fuertemente marcada por conceptos ideológicos y posturas políticas. El comercial, requiere de otro tipo de enfoques, tanto en el ámbito internacional, como en los temas transversales e interinstitucionales a nivel interno.

Venezuela vive la peor tragedia de sus historia, 14 años de chavismo ha sido un desgracia para el país; sin duda que los estratos más pobres son los que de alguna manera se han beneficiado del asistencialismo populista del gobierno del desaparecido Chávez que derrochó sin límites, dentro y fuera del país, los millonarios ingresos de petrodólares; ahora tenemos una sociedad polarizada, con índices de violencia terribles que lo ubican como uno de los países más peligrosos del mundo, la escasez de los productos básicos es angustiante (harina, azúcar, arroz), incluso jabón, papel higiénico, etc. ¡increíble!

Resulta ahora, según varios comentarios que he leído, que dizque sí sería función de los asambleístas presentar denuncias penales contra funcionarios públicos, imputándoles haber cometido un delito en el ejercicio del cargo que ocupan; colofón sería que, al hacer tal clase de denuncias, protegidos quedarían por el manto de la irresponsabilidad parlamentaria. Como no encuentro ni en la Constitución ni en la ley orgánica de la Función Legislativa norma alguna que -ni con mala redacción ni con generosa lectura- siquiera sugiera que existe cosa parecida a semejante facultad, no queda entonces más que entender que la aludida tesis estaría siendo fundamentada en algo así como una función implícita, que vendría, digamos, aneja a la de fiscalización, a la que serviría como instrumento de realización.