Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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Los llamados “fondos buitre” piden rechazar solicitud de Argentina

Paul Singer, el dueño del NML, uno de los fondos que litiga con Argentina.

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Los inversores a los que Argentina debe pagar 1.500 millones de dólares en bonos en cese de pagos, y a los que el gobierno de Cristina Kirchener llama “fondos buitre”, pidieron el martes a un juez de Nueva York que rechace un pedido que hizo el país para que se suspenda ese pago con el fin de iniciar negociaciones.


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El gobierno argentino pidió la víspera al juez Thomas Griesa que suspenda la sentencia que obliga al país a pagar lo adeudado con el argumento de que es “esencial” para seguir pagando normalmente el 30 de junio a los bonistas que, en canjes de 2005 y 2010, aceptaron títulos de menor valor que los declarados en cese de pagos en 2001. Al respecto, Argentina señaló que dicha suspensión le permitiría “entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones” y evitar así un default.

Sin embargo, Robert Cohen, abogado de NML Capital Ltd y otros fondos litigantes, dijo en un escrito dirigido a Griesa al que tuvo acceso The Associated Press que si se le concede más tiempo Argentina, el país tratará de evadir la orden judicial.

En ese sentido, los demandantes indicaron que aunque Argentina sostiene que una suspensión de la sentencia que ha sido respaldada por la Corte Suprema de Justicia estadounidense facilitaría las negociaciones, en realidad ocurriría “lo contrario”.

Además afirmaron que si Argentina paga el lunes a los bonistas reestructurados no tendrá problemas para resolver el resto de sus deudas con los demás tenedores de bonos durante un posterior período de gracia de 30 días.

“Si Argentina es seria acerca de querer negociar una resolución, no hay razones por las que las negociaciones no podrían estar concluidas antes del 30 de julio que, debido a un periodo de gracia de 30 días, es la fecha efectiva para cumplir con el pago de los bonos reestructurados que están programados para el 30 de junio”, señaló el escrito.

Agregó que cinco semanas “es más que tiempo suficiente” para negociar una solución.

Según los litigantes, la suspensión serviría para que Argentina cuente con más tiempo para evadir sus responsabilidades y removería todas las presiones para que el país cumpla con la sentencia o negocie “soluciones razonables”.

Para los demandantes, lo adeudado ha aumentado a 1.650 millones de dólares sumando los intereses.

“No es casualidad que el primer intento de arreglo de Argentina en más de una década se produzca sólo cuando enfrenta un plazo realista”, afirmaron.

Asimismo lamentaron que a sólo seis días del 30 de junio, “las autoridades de Argentina todavía no han tomado ningún contacto con los acreedores principales y ni siquiera han tomado medidas para acordar dicha reunión”.

El ministro de Economía argentino Axel Kicillof afirmó la víspera que el diálogo abierto con los demandantes bajo la supervisión de un mediador que ha elegido Griesa debe ser “en condiciones equitativas para el 100 por ciento de los acreedores y sobre todo a los que hemos reestructurado, a los que necesitamos pagar en el próximo vencimiento” de fin de mes.

Esa totalidad de acreedores incluye no sólo a los litigantes a los que hay que pagar lo estipulado en el fallo del juez neoyorquino -que representan un 1%-, sino a más de 92% de los bonistas que aceptaron los dos canjes de deuda y a un remanente que no litigó contra el país o que le inició juicio pero no logró fallos definitivos a favor.

El 30 de junio Argentina debe abonar 907 millones de dólares en cupones de deuda a los acreedores reestructurados, de los cuales 225 son pagaderos en Nueva York. Pero el fallo de Griesa establece que el país también abone al mismo tiempo y en efectivo a los “fondos buitre”.

Según el gobierno, esto gatillaría demandas de tenedores de deuda reestructurada para cobrar en los mismos términos que los inversores respaldados por la justicia estadounidense, lo que generaría una erogación de unos 15.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas internacionales de Argentina que rondan los 29.000 millones.

Argentina sostiene que no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros.

Tampoco puede usar la mitad de sus reservas ni ignorar la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (conocida por sus siglas en inglés, RUFO) que caducará el 31 de diciembre y que permite a los reestructurados reclamar a Argentina mejores condiciones de pago si el país mejora su oferta a los acreedores que no aceptaron los canjes.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina emitió el martes un comunicado en que expresa que los obispos católicos han seguido “con atención y preocupación pastoral la situación creada por la deuda externa y sus posibles consecuencias para nuestro país y la vida de nuestra gente…”.

Expresan su confianza en “la buena disposición y la competencia profesional de nuestros dirigentes, fuerzas políticas, empresarios, economistas, gremialistas, pueda encontrar un ámbito de diálogo y de trabajo para dar solución a la situación planteada”.

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Por ALMUDENA CALATRAVA, Associated Press. Los periodistas de AP en Buenos Aires Michael Warren y Débora Rey colaboraron en esta nota.