Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Presidente Santos firma Ley de Víctimas

 


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BOGOTA (AP) — En presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el presidente Juan Manuel Santos firmó el viernes la “Ley de Víctimas”, un texto calificado como histórico por el mandatario porque es la primera norma en su tipo en este país aquejado por un conflicto armado interno desde décadas.

El texto, de 208 artículos, fue sancionado por Santos en un acto en uno de los patios de la casa de gobierno y en la presencia de más de 600 invitados, desde los altos mandos y cabezas de las altas cortes de justicia hasta el gabinete en pleno y ex secuestrados.

La ley, aprobada por el Congreso en mayo, es la primera en Sudamérica que intenta indemnizar a víctimas de un conflicto cuando este aún no ha concluido, según ha dicho Germán Vargas Lleras, ministro del Interior.

Ban Ki-moon, quien llegó a inicios de la tarde del viernes a Bogotá, permanecerá en Colombia hasta el domingo, cuando seguirá su gira por la región que lo llevará el después a Argentina, Uruguay y Brasil.

Legisladores y funcionarios de gobierno que impulsaron la aprobación de la ley han explicado que la norma tendrá una vigencia de 10 años y puede prorrogarse o sufrir modificaciones al final de ese tiempo.

Los cálculos sobre cuántas personas serán beneficiadas por la ley, al menos cuatro millones, se basan en información suministrada por colombianos que se han inscrito en los últimos años ante el registro de víctimas y desplazados que tiene el Gobierno: ya se da cuenta de cuatro millones de personas.

De acuerdo con el Gobierno, el costo de la ley varía según el número de personas que se inscriban en el llamado “Registro Unico Nacional de Víctimas” –que crea la ley– y que reclamen reparación económica.

Pero ya el presidente Santos y legisladores han dicho que calculan al menos unos 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años.

La ley no sólo contempla entregar indemnizaciones sino también devolver y titular tierras a sus legítimos dueños y a quienes se las robaron o las abandonaron por la acción de los grupos armados ilegales en las últimas décadas.