Ecuador. viernes 17 de noviembre de 2017
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Supremo suspende medida de Temer que dificulta combate al trabajo esclavo

El presidente de Brasil Michel Temer habla durante una reunión de gabinete el viernes 26 de mayo de 2017 en Brasilia, Brasil. El mandatario canceló la orden de desplegar soldados en las calles de la capital después de las críticas de que el movimiento fue excesivo y un esfuerzo por aferrarse al poder ante las crecientes demandas por su renuncia. Las tropas se desplegaron la tarde del miércoles después de un día de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que exigen la renuncia de Temer debido a las acusaciones de corrupción en su contra. (AP Foto/Eraldo Peres)

Una magistrada de la Corte Suprema de Brasil dictó hoy una medida cautelar mediante la cual suspende una nueva normativa sobre trabajo esclavo aprobada por el Gobierno de Michel Temer, que suaviza la lucha contra esa práctica.


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La jueza Rosa Weber aceptó una demanda presentada por el partido Rede, en la cual se alegó una supuesta “inconstitucionalidad” de la medida, que estableció nuevas categorías para la definición del trabajo esclavo e impuso nuevos requisitos para calificarlo.

La decisión de la magistrada deja temporalmente sin validez la nueva normativa, que ha motivado protestas de numerosos grupos de derechos humanos y ha sido criticada hasta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Frente a ese aluvión de quejas, el propio Temer admitió el pasado fin de semana que en los próximos días podría “revisar” en parte la medida, dictada por el Ministerio del Trabajo la semana pasada.

La cuestionada normativa limita el concepto de trabajo análogo a la esclavitud a que los trabajadores sufran claras “restricciones a su libertad” y descarta otras prácticas consideradas como esclavitud moderna por la OIT.

Entre las prácticas que ya no podrían ser consideradas trabajo esclavo figuran jornadas exhaustivas, descuentos en el salario por supuestas deudas por alimentos o alojamiento, trabajo en condiciones degradantes o intimidaciones, incluso armadas, para evitar que los trabajadores denuncien su situación.

Asimismo, se establece que las denuncias de los fiscales del trabajo sobre empresas sospechosas de esa irregularidad sólo tendrán validez si las inspecciones en que sean comprobados los hechos se realizan con la presencia de autoridades de la Policía, lo cual no era parte de los requisitos hasta ahora.

Otra polémica disposición dice que la lista de empresas involucradas en esos asuntos, que era difundida por el área técnica del Ministerio de Trabajo, sólo podrá ser divulgada mediante una “determinación expresa” del ministro de turno. EFE