Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Julian Assange: fraude al Estado de derecho

Por Ana Palacio
Madrid, España

La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego. Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.

Por Ana Palacio
Madrid, España


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La algarabía en torno a la concesión de asilo por Ecuador al fundador de Wikileaks, Julian Assange, oculta las esenciales incoherencias subyacentes. Sólo examinando éstas entenderemos lo que realmente está en juego.

Para empezar, Ecuador, cuya política en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular, es todo menos abierta, enarbola la bandera del Estado de derecho y el respeto a la libertad de expresión, al tiempo que arroja dudas sobre Suecia, un país líder en materia garantías procesales y el derecho internacional.

Esta incongruencia se completa con Baltasar Garzón, quien debe su proyección internacional a la exitosa petición de extradición de Augusto Pinochet, basada en una interpretación estricta del asilo político, que ahora, a la cabeza del equipo jurídico de Assange, defiende una posición radicalmente opuesta.

El rechazo de Assange de la extradición a Suecia para ser cuestionado por acusaciones de agresión sexual, se basa en la supuesta interferencia en el caso por parte de los Estados Unidos, sin perjuicio de que ésta no se haya materializado en forma ni manera algunas. Así, mientras Ecuador ondea la bandera del colonialismo británico, lo esencial reside en que tanto Assange cuanto Garzón o el presidente Rafael Correa de Ecuador están utilizando la vieja y conocida consigna de “echar la culpa a los Estados Unidos” para evadir la Orden de Detención Europea dictada con plenas garantías procesales en contra del primero, y confirmada por el Tribunal Supremo de Reino Unido.

La transcendencia de este asunto reside, más allá de los datos concretos que lo integran, en el ascenso de un cierto tipo de populismo que se envuelve en el Estado de derecho a la vez que, invariablemente, socava su alcance y respeto. Las altisonantes recientes declaraciones de Ecuador relativas al caso, de las que se ha hecho especial eco la organización internacional ALBA, que integra al país andino con otros regímenes bien conocidos por situarse en los márgenes de la comunidad internacional, como Venezuela y Cuba, desvían la atención respecto de la realidad en materia de libertad de prensa y, en general, de garantías legales. Ecuador ocupa el número 104 de 179 en la lista elaborada en 2011-2012 por Reporteros sin Fronteras (RSF), y es etiquetado como “parcialmente libre” con tendencia a la baja por el Índice de Freedom House (FHI) correspondiente a 2012.

Merece también la pena señalar que Venezuela, el principal miembro de ALBA, no recibe mejor clasificación (número 117 en la tabla de RSF y también “parcialmente libre” según FHI). En marcado contraste, Suecia es uno de los dos Estados que consiguen excelentes puntuaciones tanto en lo referente a libertades políticas como sociales, a la vez que encabeza el grupo más distinguido de la tabla de RSF.

Prescindiendo de las cifras, las mencionadas organizaciones de control denuncian cómo Ecuador viene padeciendo un deterioro de las libertades debido a la constante campaña de su presidente Rafael Correa en contra de los medios de comunicación que les son críticos, al uso por parte del gobierno de recursos estatales para influir en el resultado de un referéndum, y a la reorganización de la judicatura en flagrante violación de las disposiciones constitucionales. Entretanto, el reciente informe del International Crisis Group sobre Venezuela, de junio de 2012, se extiende en comentarios sobre la organización de las próximas elecciones plagada de irregularidades, al tiempo que destaca la inexistencia de una igualdad de condiciones en los medios de comunicación.

Todas estas contradicciones quedan reflejadas, con alarde de lógica populista, en una declaración del mismo presidente —de mayo de 2012— en la que afirma “saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad; y tiranos, autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad. Es al revés. Los gobiernos que tratamos de hacer algo por las grandes mayorías somos perseguidos por periodistas que creen que, por tener un tintero y un micrófono, pueden desahogar hasta sus desafectos. Porque muchas veces es sólo por antipatía que se pasan injuriando, calumniando, etcétera. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. […] Se imagina usted, si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España […].Que no nos engañemos. Saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés…”. Causa estupefacción añadida que esta manifestación surgiera en un encuentro televisado, nada menos que con Julian Assange, el autoproclamado “cruzado” de la libertad de expresión, emitido por un canal ruso propiedad de Vladimir Putin.

Lamentablemente, la caricatura del Estado de derecho pergeñada por Assange, Correa y otros populistas gana adeptos en amplias franjas de las opiniones públicas del globalizado mundo de hoy. Y el peligro radica en la aplicación contradictoria y selectiva de principios y preceptos jurídicos o cuasi jurídicos que constituye el sello distintivo del fenómeno al que nos enfrentamos, y su radical incompatibilidad con la previsibilidad y generalidad en que se funda el imperio de la ley. Mediante la distorsión de la realidad y la presentación deformada del sistema legal sueco, reconocido portaestandarte de la seguridad jurídica y la imparcialidad, así como del profesionalismo, los paladines de esta subversión socavan los cimientos de un sistema internacional que actúa de barrera contra los impulsos totalitarios.

Sin perjuicio de lo anterior, el aspecto más sorprendente del caso Assange reside en el estruendoso silencio de aquellos actores e instituciones cuya existencia y legitimidad dimana de la integridad del concepto del Estado de derecho. Empezando por la Unión Europea, cuyo mutismo no cabe más revelador. La página Web oficial del Servicio Europeo de Acción Exterior recoge una superabundancia de pronunciamientos y condenas relativos a cuestiones que van de Siria a Madagascar pasando por Tejas, pero una búsqueda de la voz “Assange” muestra una única entrada de abril de 2012 sobre la reacción de Hassan Nasrallah a Wikileaks.

Nadie, ni el a menudo prolijo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ni el siempre escurridizo presidente del Consejo, Hermann von Rompoy, ni la cautelosa Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, han considerado que valga la pena salir al paso de infundadas críticas lanzadas contra dos de sus Estados miembros, ni defender un instrumento pregonado cómo fundamental de la Unión —la Orden de Detención Europea—, origen de la detención de Assange por las autoridades de Reino Unido.

¿Cómo es que la Unión Europea, criticadísima por su proclividad a realizar declaraciones y manifestaciones, permanece muda acerca de este asunto, en el que su voz no sólo tiene sentido, sino que podría también tener influencia? Es, pues, hora de que las voces del liderazgo europeo se alcen altas y claras, marcando una dirección que, así lo esperamos, inspire a otros dirigentes y organizaciones internacionales.

* Ana Palacio es miembro del Consejo de Estado de España. Su opinión ha sido publicada originalmente en el diario El País, de España.

2 Comentarios el Julian Assange: fraude al Estado de derecho

  1. Aplausos, bien analizado y expresado…

  2.  Televisión Española nos recuerda que el gobierno de Ecuador es el malo

    Javier Adler

    Querido telespectador,
    no vayas a pensar que el gobierno de Ecuador es bueno por otorgar asilo
    político a Julian Assange. No lo es, es malo, muy malo, y si la noticia
    en cuestión te hace pensar lo contrario, nuestros profesionales del
    periodismo te recordarán de qué lado debes estar.

    Ésa es la
    moraleja que debe extraer el incauto telespectador medio al consumir las
    noticia sobre Ecuador y Assange, tal como la produce TVE. ¿Pero cómo se
    transmite tal moraleja? Pues a saco, es decir, añadiendo un pegote
    después de narrar los hechos con desgana. Porque los hechos dejan mal a
    los buenos, los presentan como inquisidores que quieren matar al
    mensajero, mientras que los malos quedan bien, protegiendo al indefenso
    Assange de esa “caza de brujas” (1). Así que hay que añadir algo más, y
    TVE lo hace de la forma más cutre que cabe imaginar. Transcribo la
    coletilla propagandística con que terminaba la noticia el 19 de agosto,
    tanto en las noticias generales como en el canal de 24 horas:

    “La
    tensión entre Ecuador y el Reino Unido no borra, sin embargo, los
    antecedentes de hostigamiento a la libertad de expresión del gobierno de
    Correa como de sus aliados de Venezuela y Bolivia, que ahora se erigen
    en sus defensores.”

    Aquí hay que hacer dos observaciones. La
    primera es que no borra esos antecedentes, desde luego, porque no tiene
    nada que ver. Una cosa es otorgar asilo político a una persona que lo
    ha pedido, por considerar que su vida corre peligro, y otra la política
    comunicativa de un estado. Pero TVE tenía que decir algo, no podía
    consentir que el telespectador retuviera una buena imagen del gobierno
    de Correa. Así que mete ahí el recordatorio, “eh, no te fíes de las
    apariencias, que éstos son los malos”.

    Otro cantar es cuando los
    hechos parecen dejar bien a los buenos. Por ejemplo, cuando Europa
    condena la violencia en Siria y la violación de derechos humanos por
    parte de Al-Assad, nunca vemos una coletilla como

    “Esta condena no borra los suculentos beneficios por la venta de armas de varios países europeos a Siria”

    o

    “Esta
    condena no borra el apoyo de occidente a otras dictaduras mucho peores
    que la de Siria, como Arabia Saudí, que aplastó a sangre y fuego la
    rebelión popular en Bahrein”

    o

    “Esta condena no borra el
    apoyo incondicional al estado terrorista de Israel, que se pasa por el
    forro tanto la legislación internacional como los derechos humanos de
    los palestinos”

    o

    “Esta condena no borra los cientos de
    miles de muertos civiles que dejó Estados Unidos con sus bombardeos en
    Irak, o sus bombardeos rutinarios a civiles en Pakistán y Afganistán”

    Y
    así podríamos seguir con un gran número de ejemplos que pondrían de
    manifiesto la descomunal hipocresía de Europa y Estados Unidos a la hora
    de hablar de derechos humanos. Pero como los medios capitalistas están
    del lado de los buenos, nunca se hacen esos recordatorios. Así que
    cuando Estados Unidos y Europa hablan de derechos humanos, la noticia se
    rodea de un aura de solemnidad y seriedad, para que el incauto
    telespectador no suelte una carcajada, que sería la reacción lógica.

    La
    segunda observación a la coletilla de TVE sobre Ecuador tiene que ver
    con su veracidad. Dejando aparte a Venezuela y Bolivia, para no
    extendernos demasiado, ¿es cierto ese “hostigamiento a la libertad de
    expresión” por parte del gobierno de Correa? Fijémonos en que TVE lo
    transmite de forma implícita, como si fuera algo tan obvio y conocido
    que no cabe ni cuestionarlo. Y lo dice rápido, como corresponde a la
    televisión, para que el telespectador no pueda detenerse y preguntarse,
    “un momento, ¿de qué hostigamiento me están hablando?”.

    Ese tipo
    de reflexiones críticas son raras. Primero porque la televisión está
    diseñada para ser consumida con un bajo nivel de atención, y segundo
    porque la inmensa mayoría de los telespectadores, cuando estén viendo la
    noticia de Assange, no estarán familiarizados con la política
    comunicativa de Ecuador, así que no podrán contrastar la afirmación
    implícita en esos breves segundos que tienen. Porque tras esa noticia
    viene rápidamente otra y la atención se va a otra parte. De modo que el
    mensaje queda grabado, y de la frase

    “… no borra, sin embargo, los antecedentes de hostigamiento a la libertad de expresión del gobierno de Correa …”

    el telespectador incorpora rápidamente

    “el gobierno de Correa hostiga la libertad de expresión”

    Eso sin haber mostrado el menor dato o argumento para apoyar tal afirmación. Todo un logro de la propaganda.

    No
    es éste el lugar para analizar detalladamente la relación entre el
    gobierno de Ecuador y los medios de comunicación (2), pero sí comentaré
    un aspecto muy relevador sobre el concepto de “libertad de expresión”
    que utilizan los medios capitalistas. Tomaré para ello un artículo de
    Miguel Ángel Bastenier, publicado en El País el 22 de agosto. Comenta el
    autor la nueva ley de Comunicación de Ecuador,

    “… una ley de
    Comunicación, coronada por un ente regulador y un reparto de frecuencias
    que romperían en favor del gobernante el precario equilibrio que aún se
    mantiene porque al presidente le faltan los escaños necesarios para
    aprobarla en el Senado.” (3)

    ¿Y cuál es ese reparto de
    frecuencias? El autor no lo dice, claro, porque entonces se vería
    claramente que miente (¡desinformación!) Pues resulta que el reparto
    previsto es el siguiente (4):

    34% para medios comunitarios

    33% para medios públicos

    33% para medios privados

    Como
    se ve, terriblemente desequilibrado. Aun suponiendo que todo lo que sea
    público va “en favor del gobernante”, sería sólo un tercio, quedando
    otro tercio para que los medios privados se desfoguen contra Correa,
    como han venido haciendo hasta ahora.

    ¿Y cuál es el buen, aunque
    precario, “equilibrio” del que habla Bastenier? Pues según un informe
    de la UNESCO de marzo de 2011 (5), que analiza la estructura de los
    medios de comunicación en Ecuador,

    Frecuencias de televisión:

    83% propiedad privada

    17% propiedad pública

    0% propiedad comunitaria

    Frecuencias de radio:

    89% propiedad privada

    10,8% propiedad pública

    0,2% propiedad comunitaria

    ¡Maravilloso
    equilibrio! Vemos, pues, que la libertad de expresión que desean los
    medios capitalistas (y los medios públicos con gobiernos vendidos al
    capitalismo) es sólo la de ellos. Pero eso no es libertad de expresión
    sino monopolio mediático al servicio de sus intereses. Tengamos, por
    tanto, bien claro hacia qué se dirige el “hostigamiento” del gobierno de
    Correa.

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