Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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No es el Código Penal

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Ha sido gracias a la jurisprudencia francesa que hoy es universalmente aceptado que los médicos –como los abogados y otros profesionales– asumen lo que se llama “obligaciones de medios” cuando son contratados. Es decir, su responsabilidad civil por incumplimiento nace únicamente si queda demostrado claramente que en la prestación de sus servicios no utilizó la debida diligencia, cuidado y precaución. En cambio, en otros contratos, como por ejemplo el de la venta de mercaderías, la responsabilidad por incumplimiento del vendedor nace por el simple hecho de no entregar las cosas en lugar, tiempo y calidad pactados. A estas últimas se las conocen como “obligaciones de resultado”. Aunque esta clasificación entre obligaciones de medios y resultados ha sido criticada, lo cierto es que no ha perdido su utilidad.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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Ha sido gracias a la jurisprudencia francesa que hoy es universalmente aceptado que los médicos –como los abogados y otros profesionales– asumen lo que se llama “obligaciones de medios” cuando son contratados. Es decir, su responsabilidad civil por incumplimiento nace únicamente si queda demostrado claramente que en la prestación de sus servicios no utilizó la debida diligencia, cuidado y precaución. En cambio, en otros contratos, como por ejemplo el de la venta de mercaderías, la responsabilidad por incumplimiento del vendedor nace por el simple hecho de no entregar las cosas en lugar, tiempo y calidad pactados. A estas últimas se las conocen como “obligaciones de resultado”. Aunque esta clasificación entre obligaciones de medios y resultados ha sido criticada, lo cierto es que no ha perdido su utilidad.

Por la naturaleza de sus servicios, los médicos no pueden, es más, no deben ofrecer un resultado determinado. Su compromiso es que emplearán los mejores medios disponibles en atender a sus pacientes, nada más. El incumplimiento de esta obligación conlleva en todas partes del mundo una compensación económica a la víctima que se determina luego de un juicio civil. Tocará a ella probar que el médico actuó negligentemente.

La protesta de los médicos ante la intención de tipificar como delito su mala práctica profesional cuando por ella se provoque la muerte de un paciente es explicable en un país como el nuestro. Por un lado, no deja de llamar la atención que se busque una tipificación especial de un delito para reprimir la conducta de un grupo determinado de individuos, cuando la tipificación del homicidio culposo, el cual es aplicable a todos los individuos, y a todos los profesionales, debería ser suficiente. Es una estigmatización innecesaria y hasta reprochable la que se quiere hacer con los médicos.

Por otro lado, y probablemente esto es lo más crítico en el presente debate, el problema no radica tanto en que se criminalice la mala práctica profesional de los médicos, algo que de por sí resulta cuestionable desde la simple técnica jurídica. El problema va por otro lado.

Lo que realmente preocupa y hasta podría decirse aterra es que la aplicación del nuevo delito quede en manos de nuestros jueces. En sus manos, el nuevo código penal será como darle un revólver a un niño. Ese es probablemente lo que explica la reacción de los profesionales de la medicina ante el anunciado proyecto. Y con justa razón. Si el país tuviese un sistema judicial independiente y profesional, ni los médicos, ni los periodistas, ni en general la ciudadanía le temería al nuevo código penal. Para comenzar, habría un riguroso control constitucional sobre muchas de sus disposiciones; y, para terminar, un sistema judicial fuerte es el antídoto frente la arbitrariedad.

Pero la realidad es diferente. Los ecuatorianos son testigos y víctimas, a la vez, de un sistema judicial que lamentablemente no ha logrado superar las limitaciones y hasta vicios del pasado. Claro que hay excepciones, pero son eso simplemente, excepciones y nada más.