Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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La forma de gobierno de la dictadura del siglo XXI en Bolivia

Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos

Con este 16 de abril son cinco años de la denominada “masacre del Hotel las Américas”, “caso Rozsa” o “el caso terrorismo” en Bolivia. Este hecho de violencia ordenado por Evo Morales (según su declaración en Caracas el mismo día) fue la cúspide de la trampa a los defensores de la democracia que se oponían a consolidación del proyecto dictatorial y de la intervención cubano-venezolana que hoy controlan Bolivia.

Carlos Sánchez Berzaín
Miami, Estados Unidos


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Con este 16 de abril son cinco años de la denominada “masacre del Hotel las Américas”, “caso Rozsa” o “el caso terrorismo” en Bolivia. Este hecho de violencia ordenado por Evo Morales (según su declaración en Caracas el mismo día) fue la cúspide de la trampa a los defensores de la democracia que se oponían a consolidación del proyecto dictatorial y de la intervención cubano-venezolana que hoy controlan Bolivia.

Cinco años han sido suficientes para demostrar que este caso fue un montaje más, del Gobierno de Morales para terminar con la resistencia democrática del Oriente boliviano, cuyos líderes fueron criminalizados. Desde que Morales mostró su proyecto totalitario y 6 de los 9 departamentos de Bolivia denunciaron la pérdida del Estado de Derecho y la constante violación de los derechos humanos, sus líderes quedaron convertidos en “enemigos” y separatistas.

La operación de hace 5 años, consistió en un asalto armado de las fuerzas gubernamentales en el Hotel las Américas, el asesinato de Eduardo Rozsa-Flores (húngaro-boliviano), de Arpad Magyarosi (húngaro-rumano) y de Michael Martin Dwyer (Irlandés) y el apresamiento de Mario Tadic (boliviano) y Elod Tosao (Húngaro). Y luego un “proceso” con fiscales y jueces manipulados desde el gobierno.

Los dirigentes cívicos, políticos, defensores de derechos humanos y empresarios de Santa Cruz acusados falsamente de haber contratado y/o financiado a los supuestos “mercenarios” (los muertos por las fuerzas del Gobierno), e incluso abogados y jueces, fueron perseguidos, encarcelados, extorsionados y asesinada de su reputación. Esto produjo decenas de exiliados y encarcelados e indeterminado número de extorsionados que entregaron millones de dólares a funcionarios del gobierno.

El Parlamento Europeo ha pedido “juicio Justo”, exigido la liberación de los detenidos y la investigación internacional de los asesinatos. Ciudadanos extorsionados han denunciado públicamente los delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno. El fiscal Marcelo Sosa, jefe formal del proceso que ejecutó el sistema de “terror judicial” para “vacunar a la ciudadanía” y terminar con la oposición real, fue denunciado y cuando el Gobierno no pudo evitar investigarlo, Soza se fugó al Brasil. El Juez Gualberto Cusi acusa al Gobierno de haber ayudado a Soza para que escape.

Esta trama de corte castrista consolidó la dictadura en Bolivia. Los hechos verificables demuestran que lo acontecido es una cadena de actos criminales (concurso delictivo) concebidos, auspiciados, operados y encubiertos desde la cúpula del “Estado Plurinacional”, acompañados con la violación de la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Es el ejercicio de la dictadura del siglo XXI en Bolivia, pero es solo parte de un método vigente que comenzó con el derrocamiento del gobierno democrático en octubre de 2003; siguió con el denominado juicio de responsabilidades que tiene presos políticos a los miembros del Alto Mando Militar; la masacre del Porvenir con la que han apresado y perseguido a las víctimas sobrevivientes y consolidado en el poder a los ejecutores; hechos de sangre y represivos en Cochabamba, las minas, zonas cocaleras legales, el Tipnis; la persecución judicial de los gobernadores del Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, su exilio y encarcelamiento; la extorsión y persecución de empresarios nacionales y extranjeros y más.

Ninguno de estos “procesos” resiste una superficial auditoría jurídica. En todos, los autores son acusadores, las víctimas han sido convertidas en delincuentes, no hay igualdad de las partes, ni debido proceso, ni presunción de inocencia, ni juez imparcial, no hay pruebas…….. Pura corrupción y sólo la sentencia previa dictada públicamente por el “jefazo” (autor, acusador, juez y verdugo), igual que Castro, que Chávez, que Maduro, que… todos los dictadores. Es la forma de Gobierno de la dictadura del siglo XXI en Bolivia.