Ecuador. Lunes 26 de septiembre de 2016
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El Estado-candidato regresa

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Durante la última década hemos tenido no solo a un Estado-fallido –¿qué otro tipo de Estado puede decirse de aquel donde hay un jefe de todos los poderes?– sino que también hemos presenciado a un Estado-saqueador, un Estado-periodista, un Estado-despilfarrador, un Estado-empresario, y hasta hemos tenido al Estado-candidato.

Este último ya ha hecho su aparición con motivo de las próximas elecciones.

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En efecto, a medida que avanza el calendario electoral la cancha política del Estado, que ya estaba inclinada en 90 grados en favor del oficialismo, se irá inclinando más y más hasta llegar a su cúspide las semanas previas a las votaciones. Para cuando vengan las conocidas misiones del exterior, la manipulación electoral se habrá consumado, y la presencia de estos enviados de poco servirá. Para esos días lo más probable es que se habrán gastado millones en supuestas campañas éticas, rendiciones de cuentas y cadenas informativas, sin que la oposición haya tenido la misma oportunidad. Se habrán, además, resucitado viejos partidos en pago por el silencio que adoptaron sus líderes durante los años de la dictadura y despilfarro; se habrá impedido probablemente que sean candidatos a quienes hayan hecho graves denuncias; y a otros se los habrá acosado judicialmente. En fin, el menú que tiene a su disposición el Estado-candidato es enorme.

A ese menú del Estado-candidato se ha sumado ahora la convocatoria de la consulta popular “caretuca”. Con el argumento de que es inmoral que un candidato luego de haber pagado sus impuestos en el Ecuador tenga inversiones en Panamá, al emperador se le ha ocurrido que debe reformarse con efecto retroactivo la legislación ecuatoriana para que quien desee ser candidato a la Presidencia de la República no pueda tener inversiones en los llamados “paraísos fiscales”, y si llegase a ser elegido presidente deba desinvertir de ellos so pena de perder la investidura para la que fue elegido.

Si es verdad que tanto ofende a su pudor celestial el que una persona luego de haber pagado sus impuestos tenga inversiones en un país de baja carga impositiva, bien pudo haber introducido el mencionado requisito durante los últimos nueve años. Durante ese tiempo el oficialismo ha reformado un número insólito de artículos de la Constitución –tantos como las enmiendas introducidas a su Constitución por los Estados Unidos en más de dos siglos– que resulta realmente grotesco que recién ahora vengan con el cuento de la ética.

Huelga decir que la reforma que se pretende es inconstitucional. Los requisitos para ser candidato a la Presidencia, y las causales para perder el cargo, deben estar establecidos en la Constitución, y no pueden depender de la legislación secundaria. Y mucho menos puede un requisito quedar al arbitrio de una entidad administrativa, que por reglamento determina qué países son considerados “paraísos fiscales”, o depender de la decisión soberana de otra nación, que es la que fija su nivel impositivo.

Esto se aprende en el primer curso de Derecho Constitucional. Sin embargo, habrá que ver con qué sale la Corte Constitucional del Estado-candidato. (O)

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