Ecuador. miércoles 20 de septiembre de 2017
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Luis Fernando Ayala
Guayaquil, Ecuador

El presidente de la república, Lenin Moreno, ha anunciado públicamente que se encuentra estudiando la posibilidad de convocar a una consulta popular entre otras razones para fortalecer el “equilibrio entre las funciones del estado” y alcanzar “una absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control”.

Muchos interpretan que el alcance de esta consulta pasaría por preguntar temas como la reelección presidencial indefinida y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo anterior hace perfecto sentido, en momentos en que el correísmo, corriente mayoritaria al interior de Alianza País, se ha convertido en la principal amenaza para la gobernabilidad en el Ecuador. La consulta sobre estos temas hace mucho sentido, pero no es suficiente.


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A medida que avanzan las investigaciones sobre los múltiples escándalos de corrupción acaecidos durante los diez años de correísmo; va resultando evidente que no se trataron de hechos aislados; sino que estos ocurrieron como consecuencia de una institucionalidad deliberadamente diseñada para crear el ambiente propicio, para que estos actos puedan darse y más importante aún, para garantizar la impunidad de los mismos.

Revisemos los hechos. Un Tribunal Supremo Electoral cooptado por el gobierno, da un golpe de estado sin precedentes al destituir a la mayoría del Congreso Nacional electo en el 2006. Esto facilita la convocatoria a una asamblea constituyente que se inventa un nuevo poder del estado encargado de la delicada misión de designar a las autoridades de control; autoridades que hoy están siendo procesadas como encubridoras de la corrupción. Un vicepresidente que ha sido vinculado dentro de un proceso penal por corrupción se vanagloria de haber sido el político más auditado en la historia de nuestro país, omitiendo el dato de que quién lo auditó hoy es un fugitivo de la justicia ecuatoriana y un ex presidente que ofrece poner las manos al fuego por ese mismo vicepresidente, a pesar de los abrumadores indicios que han trascendido a la opinión pública, en gran parte como consecuencia de las investigaciones realizadas por la prensa nacional e internacional y a pesar de la inacción del nuevo Fiscal, quien de paso fue hasta hace pocos meses asesor del mismo ex presidente. Una Ley de Comunicación que facilitó la persecución a periodistas que denunciaron la corrupción y que propició la censura y la autocensura. Una justicia que se mostró ágil para condenar a todo aquel que resultaba un estorbo para el poder y lenta para perseguir a los corruptos que emanaron de ese mismo poder; justicia que hoy se hace público, fue ilegalmente influenciada por los mismos que se autodenominaron jefes de todos los poderes del estado. Finalmente, unos legisladores que impúdicamente protestan ante la posibilidad de que las nuevas autoridades de control, procedan a investigar los latrocinios ocurridos durante la década perdida por la corrupción.

Si a lo anterior se suma un Consejo Nacional Electoral que ha sido dirigido por ex y futuros funcionarios del correísmo y cuyo presidente fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito, luego de presidir el proceso electoral más cuestionado de la historia reciente de nuestra república; queda claro que hay que ser muy crédulo para pensar que todos estos hechos ocurrieron por casualidad. Por el contrario, resulta ya innegable que durante diez años el Ecuador fue gobernado por una banda que actuó concertadamente y siguiendo un libreto testeado en Venezuela, para subvertir el orden constitucional en nuestro país y para intentar imponer un sistema de partido único en el molde del régimen castrista.

Es por ello, que el presidente Lenin Moreno tiene la oportunidad histórica de ponerle punto final a los sueños autocráticos de quienes pretendieron arrebatarle a los ecuatorianos sus libertades más básicas, consultando la posibilidad de que el Movimiento Alianza País sea proscrito de manera definitiva del registro electoral y la conformación de un tribunal ad hoc que juzgue de cara al país a todos aquellos que colaboraron de manera directa en este proceso autoritario y establezca las sanciones que correspondan, entre ellas la inhabilitación permanente para poder participar en procesos electorales de aquellas personas que sean halladas culpables.

Solo luego de este tan necesario baño de verdad, el país podrá avanzar en un proceso real de reconciliación y será posible convocar a una asamblea constituyente que sustituya la Nueva Carta de la Esclavitud aprobada en Montecristi, por una Constitución que garantice las libertades de los ciudadanos y que impida que puedan repetirse aventuras antidemocráticas como las que nos ha tocado atestiguar durante los últimos diez años.

La democracia no es un fin en sí mismo; sin embargo, representa el sistema de organización política que mejor protege las libertades individuales y que facilita la generación de riqueza para las naciones. Como tal, la democracia merece ser protegida por todos los medios legítimos de quienes sin vergüenza alguna pretenden aniquilarla; inclusive utilizando métodos tan radicales como proscribir a un partido político e inhabilitar definitivamente a quienes se prestaron para fines tan nefarios. No hacerlo so pretexto de respetar las formas que los autócratas no dudaron en pisotear, no solo sería una grave ingenuidad sino quizás una condena definitiva para nuestra alicaída democracia.