Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Yasunidos denunciarán en CIDH casos de pueblos no contactados

Organizaciones ecologistas de Ecuador denunciarán la próxima semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) varios casos en los que consideran que se han cometido vulneraciones de derechos contra poblaciones indígenas no contactadas y contra mujeres activistas en ese país andino.


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El colectivo Yasunidos pedirá a la CIDH que se suspendan las actividades petroleras en las zonas en las que existe población no contactada, al considerar que labores extractivas que se llevan a cabo en zonas de la Amazonía ecuatoriana vulneran los derechos de esos pueblos.

La denuncia se presentará el próximo 19 de octubre durante el próximo periodo de sesiones de la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, informó hoy en conferencia de prensa el abogado Ramiro Ávila.

Indicó que estas actividades afectan derechos de los pueblos tagaeri y taromenane, si bien el Gobierno ecuatoriano ha manifestado que las zonas en las que se llevan a cabo tareas de extracción de crudo no forman parte de las áreas protegidas donde habitan estas poblaciones en situación de aislamiento voluntario.

En opinión del letrado, este caso podría ser la “bandera de lucha en el sistema interamericano” para “llamar la atención” sobre las vulneraciones de derechos que sufren también otros pueblos no contactados que habitan en otros países de la región.

También ese día se presentará a la CIDH otra denuncia sobre la “represión” que sufren activistas femeninas de organizaciones indígenas por parte de autoridades como consecuencia de la “defensa territorial” que llevan a cabo, dijo la responsable del área de Mujeres de la organización Acción Ecológica, Ivonne Ramos.

Citó como ejemplos de supuesta vulnerabilidad el de Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la Organización de la nacionalidad Huaorani del Ecuador (Onhae); Patricia Gualinga, dirigente de Relaciones Internacionales del Pueblo Sarayaku; Gloria Ushigua, presidenta de la Organización Sapara del Ecuador, y Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica.

También, de Margoth Escobar, Defensora de los Derechos de la Naturaleza-Saramanta-Warmikuna, y de Paulina Muñoz, coordinadora de Ecuador Decide.

Según Esperanza Martínez, estos casos se inscriben en un contexto regional en el que existen “niveles progresivos de criminalización en relación a las mujeres que van de la estigmatización al hostigamiento y el uso de los códigos penales”, lo que, en algunos países ha desembocado en casos de “asesinatos y de desaparición”.

El Gobierno ecuatoriano ha rechazado las denuncias y ha afirmado que el Estado ha cumplido con las medidas cautelares, decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre los pueblos en aislamiento voluntario.

Además ha descartado las denuncias sobre “criminalización” y “hostigamiento” contra grupos sociales y ha replicado a los ecologistas en el sentido de que ellos defienden intereses particulares.

Asimismo, el Gobierno ecuatoriano ha mantenido duras críticas contra la CIDH, a la que ha acusado de seguir la política de Estados Unidos e incluso ha pedido que se cambie la sede de ese organismo en Washington. EFE