Guayaquil, Ecuador
El asambleísta Luis Fernando Molina (RC, Pichincha) presentó el pasado 5 de mayo un proyecto de ley para “garantizar probidad notoria en la designación del fiscal general”. A primera vista luce bien, pues según la Constitución (art. 196, 3º) el ejercicio profesional de la abogacía, la judicatura o la docencia universitaria debe haber sido hecho con probidad notoria por al menos diez años para poder acceder al cargo.
Si se avanza a la exposición de motivos del proyecto, las cosas parecen seguir bien: dice el señor Molina que la probidad notoria “no solo implica la ausencia de antecedentes penales, sino una trayectoria profesional intachable”. Y eso es correcto, pues ser honrado, irreprochable, incorruptible o insobornable -todos sinónimos de probo- es cuestión que solo puede analizarse caso a caso, por hechos concretos a ser revisados por las impugnaciones que lleguen a presentarse en los procesos de designación respectivos.
Pero resulta que el sistema que propone el señor Molina no es el del análisis caso a caso. Para él es mejor ahorrar la responsabilidad que conlleva ese trabajo y en su lugar acudir a la generalización, estableciendo de un plumazo que cualquier abogado que hubiese patrocinado judicialmente causas por un extensísimo rosario de delitos, objetivamente quede impedido de ser fiscal general.
Esa larguísima lista de delitos abarca asuntos tan variopintos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, alteración de evidencias, ruptura de sellos, simulación de funciones públicas, testaferrismo, tráfico de influencias o almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
No voy a dar nombres. Pero si prosperase la propuesta del señor Molina, el país se vería privado de poder tener, como fiscal general, a muy destacados, competentes y probos abogados penalistas, quienes quedarían objetivamente inhabilitados por la comodidad -o cobardía- de evitar los exámenes individuales, criminalizando así la profesión de abogado.