La Contraloría General del Estado encontró irregularidades en la contratación de la póliza de seguros del Casco y Responsabilidad Civil de las aeronaves de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), firmada por el Ministerio de Defensa y Seguros Sucre en el 2010, según publica la web de El Universo.
La Dirección de Auditoría 3 de la Contraloría concluyó el informe preliminar del examen especial realizado en el Ministerio de Defensa, para determinar la legalidad y el procedimiento seguido por esta cartera de Estado en la contratación de la póliza de seguros de las aeronaves militares.
Entre las irregularidades detectadas se señala “un pago en exceso no justificado” de $ 4,3 millones por parte del Ministerio de Defensa a Seguros Sucre para la contratación del reaseguro. Y el egreso de recursos del Ministerio de Defensa con cargo a la cobertura de las aeronaves de las Fuerzas Armadas.
En diciembre del 2010, a pocos días que concluyera el periodo anual de cobertura, el ministro de Defensa, Javier Ponce, y el gerente de Seguros Sucre, Maximiliano Donoso, suscribieron la póliza 6000041 para dar legalidad a la cobertura de seguros 2010-2011, por una prima neta de $ 17,4 millones.
Las diferencias entre el Ministerio de Defensa y Sucre por supuestos indicios de ilegalidad del Slip de colocación del reaseguro, por parte de la aseguradora estatal en el mercado internacional de Londres, motivaron en julio del 2010 a la firma de un convenio de pago entre Ponce y Donoso por servicios prestados de Sucre.
“…No existe instrumento jurídico contractual alguno que sustente un acto administrativo válido por parte del Ministerio de Defensa, por ende no hay sustento que fundamente el egreso de estos recursos”, refiere parte del informe preliminar de la Contraloría.
El gerente encargado de Seguros Sucre, Fernando Uzcátegui, rechaza el informe y aduce que el estudio “no se realizó considerando ciertos aspectos técnicos de las contrataciones de los seguros y reaseguros”.
El funcionario así lo señala en el oficio GG-313-2011 remitido el pasado 10 de agosto al contralor, Carlos Pólit, en el cual responde a cada una de las observaciones realizadas por la Contraloría a la póliza de seguros de las aeronaves militares.
Según Uzcátegui, en el informe de 60 páginas, elaborado por la Dirección de Auditoría 3, se pretende atribuir responsabilidades inexistentes a Seguros Sucre.
Añade que dicho documento tiene “recurrentemente afirmaciones que interfieren con funciones que son de exclusiva competencia de la Superintendencia de Bancos”.
Sobre el pago “no justificado” por parte del Ministerio de Defensa a Seguros Sucre, Uzcátegui responde a Pólit que los cálculos elaborados por los auditores “son erróneos”, en consideración que calcularon primas netas, en unos casos, y primas totales, con impuestos y contribuciones al fisco, en otros.
Este Diario buscó un pronunciamiento del Ministerio de Defensa sobre el tema, pero no fue atendido.
El legislador Luis Almeida (SP), quien solicitó a la Contraloría el examen especial sobre la póliza de seguro de las aeronaves de las Fuerzas Armadas, considera que existe perjuicio al Estado por parte de los representantes de la cartera de Defensa y Seguros Sucre, a quienes acusó de un supuesto delito de peculado y colusión.
La figura de convenio de pago por servicios prestados, según Almeida, no existe en el Catálogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos. Y solicitó a la Contraloría que obligue a Sucre la devolución al Ministerio de Defensa de los $ 4,3 millones. “La posición ambigua, imprecisa, y falta de decisiones y acciones del ministro (Ponce), asesores, coordinadores y demás servidores del Ministerio de Defensa ocasionaron que las Fuerzas Armadas hayan tenido que aceptar una cobertura de seguros bajo condiciones y cláusulas impuestas tácitamente por Seguros Sucre y el mercado reasegurador internacional, contrarias a las exigencias y necesidades de las Fuerzas Armadas”, concluye el informe.
En varias partes del documento los auditores señalan que Seguros Sucre impuso unilateralmente condiciones, cláusulas, tasas y primas, durante la extensión de la vigencia de la póliza en el 2010, causando perjuicio para el asegurado por las variaciones económicas y el manejo de siniestros.
Como yo lo había escrito, con 4 millones y pico alcanzan las coimas para comprar un ejército entero , jueces, ministros, etc. normalmente esta plata llega al primer nivel de decisión.