Por Bernardo Tobar Carrión
Plagar el escenario con normas es la mejor forma de hacer que se pierda el respeto por la Ley. Multiplicar innecesariamente el ordenamiento legal solo lo hace incomprensible. A la promiscuidad legislativa, tara crónica de nuestra cultura política, se añaden cambios constantes de normas apenas salidas del horno, delatando la coyuntura y la superficialidad en su tratamiento, con siete reformas tributarias en apenas cuatro años como botón de muestra. Y para guinda del pastel, están las imprecisiones y los vacíos, que convierten en la práctica al reglamento del Ejecutivo en el instrumento que acaba de dar contenido a la ley.
A esta maraña de decenas de miles de normas ambiguas, superpuestas, contradictorias, inestables, que ya no se sabe si prohíben, permiten, o todo lo contrario, si durarán un año, trecientos o apenas meses, añadió Montecristi heterodoxa fuente del Derecho, las políticas públicas, que desarrollan el contenido de los derechos de las personas, tanto como la jurisprudencia de las cortes, según el art. 11 (8).
En materia ambiental, por ejemplo, el art. 395 (2) de la Constitución prescribe, singular perla del absurdo, que las tales políticas son de «obligatorio cumplimiento… por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional». De modo que la ley dejó de ser ya, según la técnica impecable de Andrés Bello reflejada en el Código Civil, la única expresión soberana generalmente obligatoria; ahora lo es también la política pública. Fórmula «neoconstitucional» de dar poderes legislativos al Ejecutivo.
Así que conseguir un permiso, agotar un proceso judicial o avanzar un proyecto en el sector público es tan impredecible y tortuoso como aventurarse por un laberinto que se sabe dónde empieza pero no dónde ni cuándo acaba. Aun los funcionarios públicos y jueces bien intencionados, que asumen su rol como servicio antes que como ejercicio de poder, son presa de esta telaraña normativa, a cuya sombra florecen los agentes oficiosos de la tramitología, cabilderos tras bastidores tipo chucky seven, o simplemente se rinden valiosas iniciativas que llegan a ver la luz tarde, mal o nunca. ¡Y pensar que toda esta energía empleada en hacer las cosas más difíciles se financia por los mismos usuarios de tan mal servicio!
En lo que a la Asamblea Nacional corresponde, ya que no fiscaliza, le haría un gran favor a la nación si declarara también una tregua legislativa, que el problema de la inseguridad jurídica no es falta de leyes sino su exceso, y en lugar de continuar añadiendo más controles, restricciones, limitaciones y sanciones a la actividad ciudadana, más bien expidiera una sola norma que derogue tanto bodrio legal acumulado como juguete barato de una infancia democrática que no conseguimos superar. Lástima que no haya como incluir en la limpieza a la propia Carta de Montecristi, que constituye, ideologías aparte, el ejemplo más acabado de lo que no se debe hacer en cuanto a estructura y técnica normativa, consistencia lógica y respeto del lenguaje. El juguete más caro de todos.
Gobierno y legislativo, se han mostrado extremadamente lerdos en comprender que la creación indiscriminada de leyes y en general los permanentes cambios normativos, realizados sin la debida técnica jurídica, impiden que se consoliden y apliquen los criterios interpretativos y doctrinarios necesarios en la institucionalidad jurídica. Esta maraña de normas se hace cada vez más difícil de de desatar, por ello concuerdo plenamente en que plagar indiscriminadamente el escenario con normas solamente coadyuva su irrespeto y desacato…..