La farsa democrática

Por Carlos Larreátegui
Quito, Ecuador

El arranque del proceso electoral demuestra el deterioro que viene sufriendo el sistema político ecuatoriano. Uno de los argumentos centrales que justificó el golpe de Estado perpetrado en marzo del 2007 y que derivó en el desalojo del Congreso y el Tribunal Constitucional y la convocatoria, fuera de ley, de una Asamblea Constituyente fue la supuesta dictadura que ejercían los dirigentes políticos sobre sus partidos.

Tras 5 años de demolición institucional e incesantes promesas de crear partidos e instituciones auténticamente democráticas, los hechos demuestran que los movimientos (las organizaciones prefieren no llamarse partidos) son menos deliberantes y democráticos que antes y recurren al dedazo como mecanismo único para designar candidatos y armar listas electorales.

El declive es notorio también en el campo de las ideas y propuestas. Es verdad que durante los años de la denominada “partidocracia” el nivel de debate no era, precisamente, muy elevado. Debe reconocerse, empero, que durante esa época hubo ciertas propuestas programáticas y algún grado de consistencia ideológica.

La destrucción de los partidos propiciada por las mismas organizaciones políticas y consumada por la revolución ciudadana nos ha dejado a merced de profetas, mesías y caudillos. Y puesto que cualquier experiencia política se ha convertido en estigma, la proliferación de candidatos advenedizos, sin trayectoria ni hoja de vida política, inunda la papeleta electoral.

Se configura, entonces, un escenario de camarillas políticas que se disputan el poder sin revelar sus verdaderas ideas (si las hay, en ciertos casos) y que utilizan el marketing político y la descalificación del rival para suplir sus vacíos conceptuales y falta de credenciales políticas y democráticas.

Los niveles de desarrollo de una comunidad política son el resultado de los grados de eficacia de sus instituciones políticas para resolver conflictos entre sus actores y fuerzas sociales. Sin instituciones sólidas, una comunidad política exacerba las tensiones y diferencias que subyacen en su interior y empuja a su Gobierno a utilizar la coerción y la fuerza como mecanismos de resolución. No resulta difícil comprender, entonces, los altísimos riesgos que tiene el país de potenciar su conflictividad social e incrementar los niveles de autoritarismo y arbitrariedad que marcan el actual período presidencial.

Un balance objetivo de los impactos de la revolución ciudadana y su Constitución de Montecristi determina una clara involución. En el plano económico, la sociedad ha caído en manos de unos pocos conglomerados empresariales que monopolizan el mercado laboral mientras el campo político ha sido capturado por camarillas que encarnan aspiraciones de grupo y que están compuestas por agnados y cognados.

Una sociedad que la izquierda calificaría como oligárquica y arcaica.

* Carlos Larreátegui es Rector de la Universidad de las Américas. Su texto ha sido publicado originalmente en El Comercio.