Montevideo, 22 ene (EFE).- Con la participación de solo cuatro de los 23 ministros convocados y objeciones de varios participantes a la declaración final concluyó hoy la conferencia que buscaba apoyos al plan del bloque bolivariano de mudar de Washington la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inaugurada el martes en Montevideo, fue reivindicada por la nación anfitriona, Uruguay y Ecuador, al frente de sus socios de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), como un nuevo paso en pos de conseguir ese objetivo.
Sin embargo, como ya había sucedido en la anterior conferencia, celebrada en la ciudad boliviana de Cochabamba en 2013, no fue posible un consenso para fijar una alternativa física a la sede de la CIDH, ubicada actualmente en Washington, ni tan siquiera una fórmula para hacer realidad el cambio.
Como máximo, en la declaración final de la reunión se «solicitó» a los Estados Parte de la convención «expresar su interés en hospedar de forma permanente» ese organismo y se «invitó» a la Comisión a «celebrar sus períodos de sesiones» en alguna de esas naciones.
El argumento de esa iniciativa, impulsada originalmente por Ecuador y respaldada por la ALBA y Uruguay, es que resulta incongruente que el organismo tenga sus instalaciones en un país como Estados Unidos, que no ha suscrito el Pacto de San José, principal instrumento sobre los derechos humanos en el continente.
La declaración firmada hoy en Montevideo sugirió también «profundizar» en los aspectos «jurídicos, políticos, presupuestarios, reglamentarios y funcionales» del informe encargado a Uruguay y a Ecuador el año pasado en Bolivia sobre el eventual cambio de sede.
También se planteó «analizar las mejores alternativas» para «dimensionar las consecuencias y requisitos» de esa opción.
La cita uruguaya contó con la participación de solo cuatro de los 23 ministros de Relaciones Exteriores convocados y estuvo marcada por el retraso en la redacción de la declaración final, ya que «hubo muchas puntualizaciones al texto original«, según relató a Efe una fuente del encuentro.
Brasil, Colombia y Chile fueron, según la fuente, los países que más dudas expresaron, mientras que, como pudo constatar Efe, el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, fue uno de los primeros en marcharse, antes incluso del acto de clausura.
Timerman y sus colegas de Ecuador, Ricardo Patiño, Haití, Pierre Richard Casimir, y Uruguay, Luis Almagro, fueron los únicos ministros en asistir a un encuentro en el que la difusión de información oficial fue restringida.
A la falta de poder de convocatoria se sumó la exigencia de México, Costa Rica, Panamá y Paraguay de incluir una objeción en el documento final.
En un nota a pie de página, estas naciones aclararon que «se reservan su posición sobre los puntos contenidos en la presente Declaración hasta que sean examinados por los órganos competentes de la OEA (Organización de los Estados Americanos), especialmente en los aspectos presupuestarios».
Consultados por Efe, los representantes de la OEA en la reunión se excusaron de realizar declaraciones.
La CIDH es un órgano autónomo de la OEA y se instituyó en Santiago de Chile en 1959.
Washington fue elegida como sede y la primera reunión se celebró al año siguiente.
Conforme a su mandato, la CIDH se encarga de la promoción y el respeto de los derechos humanos en el continente americano.
Ya en marzo de 2013, durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA en Washington, se abordó su reforma y Ecuador incluso amenazó entonces con salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos si se mantenía la sede en Washington.
Precisamente el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, aseguró este miércoles en una entrevista con Efe en Montevideo que el traslado de la CIDH es posible «jurídica y económicamente».
Patiño consideró difícil que esta reforma pueda evaluarse en la próxima Asamblea General de la OEA, en junio próximo en Paraguay, pero manifestó que «las discusiones van hacia el consenso de que es conveniente el cambio».
«Trabajamos por el consenso, porque en la OEA (de 35 miembros) hace falta que vote la mitad más uno», subrayó.
Al final de la reunión, su homólogo uruguayo, Luis Almagro, señaló a los periodistas que «todavía hay que estudiar variables políticas, burocráticas, económicas» para sacar adelante el plan y no es seguro que se pueda presentar una propuesta concreta en Paraguay.
Por el momento, sus impulsores acogieron este miércoles con beneplácito la oferta de Haití de albergar la III Conferencia de Estados parte de la Convención, que según Almagro podría celebrarse en mayo, antes de la Asamblea de la OEA. EFE