Desastre legislativo

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

El resultado de las últimas reformas a la legislación penal no pudo ser más deplorable. Si nefasta fue la producción normativa que salió del correísmo, lo que hoy tenemos no es muy diferente. Una de las pocas voces lúcidas que se escucharon durante el debate parlamentario trajo a colación la conocida posición que adoptó el político conservador francés Valery Giscard D’Estaing en su visita al Vaticano. Giscard le señaló al papa que si bien él era –y sigue siendo– un católico practicante a la sazón era el presidente de una república laica. Una lección importante de integridad ética que no deja de ser arriesgada hoy que tan fácilmente se condena a los cristianos que optan vivir según los cánones de la modernidad.

En el país hay terribles datos que nos hablan de una cultura de abuso sexual a menores de edad, incluyendo violaciones a mujeres y hasta a niñas, por parte de familiares, maestros, sacerdotes y demás varones que gozan de una posición de poder. Esta realidad no es nueva. Los estudios y denuncias han estado allí por un buen tiempo. Sin embargo, es una realidad que muchos han preferido y prefieren ignorar o, lo que es peor, trivializarla con prejuicios machistas (como ese de asumir que la mujer miente) o argumentos de pedigrí religioso o de sabor político partidista.

Problemas sociales como este no se abordan invocando dogmas, principios o eslóganes sino a través de políticas públicas (legislativas, administrativas y judiciales), políticas que deben ser debatidas con seriedad, sin extremismos, sin condenas y, sobre todo, con un sustento científico. Convertir a las mujeres que han sido víctimas de violación en unas delincuentes no es ciertamente una solución. Tan cierto es que a la mayoría (muy escasa, por cierto) no le interesó la suerte de las víctimas de violaciones sexuales, que ni se les ocurrió endurecer las penas de los violadores. El mensaje quedó claro.

Pero el desastre legislativo no paró allí. Para la Asamblea, más protección se merecen los corruptos que las mujeres violadas. En efecto, los asambleístas rechazaron una reforma que habría permitido la incautación de bienes inmuebles en los delitos de corrupción. Hoy esa figura es aceptada en ciertos delitos como el narcotráfico y lo que se buscaba era hacerla extensiva a los delitos de corrupción como el peculado. Es una medida que ya existe en muchas naciones del mundo. Es una forma de garantizar la integridad del proceso penal que no debería concluir con una sentencia condenatoria, pero con el acusado desprovisto de bienes sobre los que se pueda efectuar una reparación económica efectiva. Pero la mayoría de nuestros iluminados legisladores votaron en contra. Aquí también el mensaje quedó claro.

Salir de este embrollo legislativo tiene varios caminos constitucionales y que van desde el veto presidencial hasta la participación de la Corte Constitucional, pasando por esperar la elección de una nueva Asamblea menos mediocre que la que hoy tenemos, a pesar de unas pocas excepciones.

Pero lo que es ineludible es mejorar el debate público. (O)

Más relacionadas