Esperando el regreso de la barbarie

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

La Convención Americana de Derechos Humanos –el prototipo de los instrumentos internacionales de derechos humanos– admite a lo largo de su texto la facultad de los estados para garantizar la seguridad interna, el orden público y la seguridad nacional. La Convención menciona estos conceptos en al menos diez ocasiones como límite al ejercicio de las libertades (de conciencia, expresión, reunión, etc.) que ella reconoce.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aprobado la proscripción de organizaciones políticas incompatibles con la democracia. Nada de esto debe extrañarnos. Mantener el orden público y la seguridad nacional es consustancial con la supervivencia de un Estado constitucional democrático. Un Estado que no preserva la seguridad de sus habitantes deja de ser tal.

No nos confiemos. El capo de la mafia –cuyo juicio penal no pudo detener– y sus aliados podrían intentar un nuevo golpe. Después de todo, hasta ahora ellos no responden civil o penalmente por la destrucción de Quito y los daños provocados. El Sr. Vargas, para comenzar, no asume ninguna consecuencia por haber llamado al levantamiento militar, haber secuestrado y vejado públicamente a periodistas y policías, y haber ordenado la paralización petrolera, como en efecto sucedió.

Como se siente impune, ahora plantea crear un ejército paralelo. Ni él ni los otros dirigentes responden por el cierre de carreteras, destrucción de propiedad pública, asaltos a floricultoras, secuestro de obreros, el corte del agua a Ambato, la extorsión a campesinos para que se movilicen, el incendio de la Contraloría o el atentando a torres de telecomunicaciones. Y nos creen tan tontos para venirnos con el cuento de los “infiltrados” o que toda esa destrucción calculada fue expresión pacífica de un “descontento social” por un subsidio que encima beneficia principalmente al narcotráfico y contrabandistas.

Si el llamado del Sr. Vargas a un levantamiento militar lo habría hecho un modesto ciudadano carente de recursos y visibilidad pública, durante una reunión familiar, a nadie se le ocurriría asignarle responsabilidad penal. Y es que la ley está diseñada para sancionar precisamente conductas incitadoras como la de Vargas que, por su perfil político y el contexto en que se hicieron, infligen un grave daño. ¿O es que habrá que esperar que el golpe de Estado, la creación del ejército paralelo o la insurrección militar ocurran para entonces procesarlo?

Si los actos de barbarie cometidos por la nueva pandilla liderada por el Sr. Vargas quedan impunes, entonces los volverán a cometer. Por una década el Ecuador vivió no bajo un sistema liberal o neoliberal, sino bajo un sistema socialista en toda plenitud; década durante la cual lastimosamente no vino a visitarnos la CIDH, especialmente en los años de mayor represión. Quienes deseen regresar al socialismo están en su derecho, pero que primero ganen las elecciones.

Hasta mientras deben responder por los delitos cometidos e indemnizar por los daños que provocaron; de paso, ahora resulta que sí han tenido plata. El paternalismo es enemigo de la responsabilidad y sin responsabilidad no hay democracia posible. (O)

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