La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recomienda en su informe final el enjuiciamiento político contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones.
El informe fue aprobado con seis votos a favor y tres abstenciones, y pasará a conocimiento del pleno de la legislatura para decidir si aprueba o no su destitución.
Se abstuvieron los asambleísta de UNES: Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina.
El informe de la Comisión asegura además que hubo un mal uso de los recursos públicos: vehículo institucional y la seguridad asignada al Defensor del Pueblo, la noche y madrugada del 15 y 16 de mayo, cuando acudió a la casa del exministro de salud Mauro Falconí a una reunión clandestina, en pleno toque de queda por la pandemia del coronavirus.
En el documento consta también la comparecencia del doctor Jimmy Espín, médico de la Clínica Atlas y de la familia Carrión, quien desmintió que el defensor del Pueblo haya tenido una intoxicación por drogas, «más bien tenía halitosis alcohólica» y «estaba en buenas condiciones generales». Carrión dijo que lo habían drogado.
Comisión pide investigar a exvicepresidenta Muñoz
Según la Comisión, en su informe, consta también que Carrión no presentó una prueba documental sobre las denuncias de corrupción que habría recibido el 15 y 16 de mayo del 2021 en casa de Falconí.
Entre las recomendaciones, la Comisión pide remitir el informe a la Fiscalía General del Estado para que investigue a la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz por el presunto delito de peculado; a Mauro Falconí y su pareja Gabriela P. (que también estuvo en la reunión y acusó a Carrión de abuso sexual), a Jorge Wated; y, a los abogados del defensor a quienes autorizó el uso de su firma, para que a través de un acto administrativo se remueva del cargo a Zaida Rovira.
El informe también recomienda a la Fiscalía celeridad en la investigación sobre los 46.570 dólares hallados en el departamento de Falconí, «para determinar si existe una estructura criminal que se benefició de la compra de vacunas, registros sanitarios y pruebas». La fiscal general Diana Salazar dijo durante su comparecencia ante la Comisión que el dinero hallado forma parte de una investigación por peculado, relacionado a un contrato de pruebas rápidas por parte del ARCSA, del que Falconí fue su director antes de ser designado ministro de Salud en el gobierno de Lenín Moreno.