La Justicia ecuatoriana ordenó este lunes prisión preventiva para un individuo procesado por terrorismo, tras la explosión de un vehículo en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, que está bajo estado de excepción para intentar controlar los altos niveles de inseguridad.
La Fiscalía informó en un comunicado que procesó a Jorge Alberto S. A., acusado de participar en la detonación de un «carro bomba», registrada en la madrugada del domingo en la ciudadela Florida, en el norte de Guayaquil.
La deflagración no provocó heridos, pero sí la destrucción total de un taxi y la afectación a un patrullero policial.
En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo esta madrugada, el fiscal del caso, Jackson Lima, presentó como elementos de convicción el parte informativo y de aprehensión del sospechoso elaborado por la Policía Nacional, así como las versiones de testigos.
Además, dio a conocer los indicios recolectados por los policías que acudieron al lugar de los hechos, información de videos de cámaras de seguridad apostadas en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) y de domicilios cercanos al lugar de la explosión.
A esto se sumaron los indicios recolectados en el allanamiento al domicilio del detenido, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Nacional.
La jueza de Garantías Penales Mónica Caicedo acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jorge Alberto S. A., legalizando su detención y posterior traslado al centro penitenciario, reza el escrito, que apunta que la instrucción fiscal durará treinta días.
La Fiscalía recordó que en la madrugada del domingo, ciudadanos alertaron al servicio de emergencias ECU 911 de la explosión de un taxi en las cercanías de la UVC de Florida Norte.
Las investigaciones preliminares apuntaron a que tres personas habrían intervenido en el hecho delictivo, quienes «salieron en precipitada carrera luego de abandonar el taxi con el explosivo en su interior» y «se transportaban en una motocicleta».
Miembros de la Fiscalía y la Policía Nacional, aún en situación de flagrancia, ejecutaron un operativo en la Cooperativa de vivienda Pancho Jácome, donde detuvieron al sospechoso y se encontró la moto presuntamente utilizada en el hecho.
La Dirección de Criminalística analiza el teléfono celular del detenido con el fin de obtener información que ayude a dar con el paradero del resto de implicados.
La Fiscalía procesa el caso con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de terrorismo con pena privativa de libertad de diez a trece años.
UN MES EN ESTADO DE EXCEPCIÓN
El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en Manabí, Esmeraldas y Guayas, provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye un toque de queda nocturno en tres poblaciones.
El Gobierno de Ecuador informó, además, que destinó una partida de 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).
Estas decisiones se enmarcaron en la creciente violencia que se vive en el litoral ecuatoriano protagonizada por bandas criminales organizadas enfocadas principalmente en el narcotráfico.
Escenas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos de sicarios se han vuelto cada vez más frecuentes en las provincias costeras, principalmente alrededor de Guayaquil, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también en Ecuador.
Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde más de 400 presos han muerto desde 2020 en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas que se disputan el control de las prisiones. EFE