El uso y abuso de la Constitución

María de Lourdes Maldonado

Quito, Ecuador

Mientras en el Ecuador se vive graves momentos de incertidumbre por el forzado juicio político contra el Presidente de la República, los graves problemas sociales siguen a la espera de atención. El Derecho se aplica a discreción y distintos actores sociales ejercen presión para conseguir sus objetivos aún a costa del bien común.

Constantemente nos enfrentamos a resoluciones judiciales que, lejos de aplicar la Constitución y la ley, se constituyen en herramientas para exponer a la ciudadanía a la liberación de delincuentes; el ocultamiento de actos de corrupción; y, la restricción de los derechos fundamentales de las personas. Todo parece apuntar a que existe una falla en el sistema constitucional. Es más, distintos actores sociales reclaman a gritos una pronta reforma constitucional.

No obstante, en el conversatorio mensual de Dignidad y Derecho nuestra invitada la Dra. Johanna Fröhlich que ha desarrollado una gran investigación respecto a las enmiendas constitucionales en el Ecuador, expuso con absoluta claridad cómo el problema no radica en el texto constitucional sino en los jueces y funcionarios llamados a aplicar la norma.

Pero ¿qué existe detrás de estas actuaciones judiciales que sorprenden por su falta de legalidad y legitimidad? En primer lugar, puede ser la ausencia de conocimientos y  preparación por quienes están llamados a hacer cumplir la ley.  También se podría aludir al abuso del derecho y del poder, a todo nivel. No obstante, me inclino a pensar que el problema se dirige más hacia una pérdida de valores y el sentido social de lo que es ético y correcto.

Ya, en las aulas universitarias algún profesor se mofaba diciendo: a la ley no hay que violarla, hay que enamorarla.  ¿Es eso ético? ¿Es eso  lo que debemos hacer todos quienes a través de nuestro cargo, posición o profesión tenemos que aplicar la ley?  Evidentemente que no. 

Jueces, abogados, funcionarios públicos y privados, estamos obligados a adecuar nuestra conducta de una manera ética y trabajar por el respeto del Derecho, y el reconocimiento y respeto de los derechos propios y ajenos. Todo lo demás es un abuso de la Constitución y la ley.

La ley ha sido impuesta para mantener el orden social, el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y el ejercicio del Derecho.  Como siempre insisto, es necesario ir a las causas del problema. 

En este caso, si existe un abuso de las distintas garantías jurisdiccionales por jueces no probos, se deben reforzar los mecanismos para la selección y control de jueces. Si el sistema permite que quienes están llamados a administrar justicia sean objeto de amenazas, injerencias e inclusive algún tipo de coerción en el ejercicio de sus funciones, se debe trabajar en el fortalecimiento de las garantías de protección para jueces, fiscales, peritos, etc.

Pero no podemos permitir que se pisotee la Constitución y la ley.  No podemos permitir que el Derecho sea un instrumento de la injusticia. Que el uso abusivo de las garantías jurisdiccionales se constituya como una herramienta de presión y quebrantamiento del orden institucional instituido por la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano.

El abuso de las facultades previstas por la Constitución por quienes tienen el deber de precautelar su respeto y asegurar su cumplimiento, es no solo ilegal sino antiético.  No podemos olvidar que existe un mandato popular que es lo único que confiere legitimidad al orden constitucionalSi se silencia la voluntad soberana, no existe democracia y no se puede calificar de legítima, menos aún de constitucional, ninguna actuación pública, venga de quien venga.

QUITO, 16 DE MARZO DE 2023, en la asamblea nacional se realizó la recolección de firmas para el juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lasso y la entrega en documentación para el inicio del proceso. Foto Freddy Cadena / API

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