Cabezas denuncia en la Fiscalía supuestas amenazas

La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, la oficialista Elizabeth Cabezas, denunció hoy ante la Fiscalía del Estado supuestas amenazas y ataques que han recibido ella y otros legisladores en redes sociales en las últimas dos semanas.

«Hoy acudí a la Fiscalía de Ecuador a declarar sobre actos que atentan contra la ética. No lograrán intimidarnos, porque sabemos quiénes son y el país debe conocer que estamos siendo amenazados», dijo Cabezas en su cuenta oficial de Twitter.

La presidenta del Parlamento entregó la documentación a la Fiscal General subrogante, Ruth Palacios, y dijo que confía en que el Ministerio Público realizará una «investigación adecuada» y que «hará justicia».

Según un comunicado de la Asamblea, la fiscal Palacios afirmó que cumplirán el procedimiento en la búsqueda de la verdad con el debido proceso, amparados en la Constitución y la Ley.

«Esta es una campaña de intimidación en contra de una bancada, que está buscando los mejores mecanismos para evitar unos actos de corrupción que tienen que erradicarse», enfatizó la presidenta del poder legislativo.

Y agrega que los mensajes «se han pasado de los niveles de agresión permanente que ha venido recibiendo en los últimos días», con palabras soeces y groseras.

Cabezas aseguró que los «mensajes amenazantes» se deben a ciertas decisiones que ha tomado la Asamblea y añadió que seguirá luchando «contra la corrupción, porque eso es lo que el país merece».

Una de esas decisiones polémicas fue la adoptada la tarde del martes pasado, cuando el Parlamento destituyó a dos legisladoras por supuestas malas prácticas en sus cargos.

La legisladora Sofía Espín fue cuestionada por visitar en una cárcel a la testigo protegida Diana Falcón, involucrada en el intento de secuestro del político conservador Fernando Balda -causa en la que ha sido llamado a juicio el expresidente Rafael Correa-, con la aparente intención de que cambiara su testimonio inicial contra el exmandatario.

La otra legisladora destituida, Norma Vallejo, fue acusada de haber «gestionado un cargo público» y de haber realizado «cobros indebidos a sus colaboradores». EFE

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