Recolectar firmas es la manera más absurda de limitar el número de partidos políticos. Además, crea espacios para la corrupción. La idea central de exigir una cierta cantidad de firmas para registrar un partido o movimiento es limitar su número dado que, en general, las democracias con menos partidos funcionan mejor. Pero la peor forma de lograrlo es la recolección de firmas.
A propósito de la concesión de asilo político a Julián Assange, por parte del gobierno de Correa, creo que vale la pena analizar el real estado de la libertad de expresión en el Ecuador. Más allá de la propaganda oficial, oportunista a más no poder, resulta una paradoja que uno de los gobiernos más intolerantes, uno de los que más ha perseguido a periodistas, defienda el caso de Assange. A continuación, comparto mi ponencia sobre el derecho a esta libertad fundamental de los seres humanos, leída en el marco del Primer Congreso de Estudiantes de Derecho del Ecuador, llevado a cabo el 23 de agosto, en el paraninfo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí:
Ahora que doña Betty Carrillo se lanzó solita a la candidatura para la Vicepresidencia de la República, generando sonrisas por un lado y envidias por otro, me he dado cuenta que la revolución, que es casi perfecta, peca de machismo. Eso es imperdonable.
Fue materia de objeción parcial, hecha el pasado viernes 24 de agosto por el presidente de la república, el proyecto de ley que con el llamativo título de «defensa de los derechos laborales» busca regular varias materias -como el levantamiento del velo de las personas jurídicas cuando son usadas para defraudar al fisco o a los trabajadores, o el otorgamiento de potestades, a empleados recaudadores de juicios coactivos, para que dicten medidas cautelares no solo contra los bienes registrados a nombre de los deudores, sino también contra aquellos «que estando a nombre de terceros existan indicios que son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos».
Tuiteaba hace poco, y lo sostengo ahora, que noticias como la negativa de la Corte Nacional de Justicia a extraditar al ciudadano bielorruso Alexander Barankov, constituyen unas de las grandes satisfacciones de esta profesión. Saber que la información que transmitiste contribuyó de alguna manera a evitar que una persona sea entregada a un estado totalitario en el que sufrirá la muerte es, probablemente, aunque parezca cursi, una de las causas por las que en algún momento nos decidimos a ejercer este oficio: decir la verdad, defender a los inocentes, combatir la injusticia, aunque esta provenga de los poderosos.
El poder que tienen los jueces en un Estado es enorme. Un juez es capaz de anular cualquier acto de la Administración Pública. La Corte Constitucional puede invalidar una ley de la Asamblea, vetar consultas populares o tratados internacionales. Los jueces penales pueden disponer de la libertad de cualquier ser humano y los de familia pueden llegar a quitarle los hijos a sus padres. Por eso, la justicia siempre ha sido apetecida por cualquier grupo de poder, sea político, empresarial, sindical o cualquier otro. ¿Por qué los jueces tienen tanto poder? Porque, se supone, su función es proteger los derechos de los ciudadanos, cuya defensa es “el más alto deber” del Estado, según el artículo 11 de la Constitución.
Habrá que hacerse el ciego, quizá pensaría Saramago, cuando uno conserva la vista pero son los demás los que no pueden ver ni siquiera la mano que les ponen delante. O, tal vez, podría más bien ocurrir que la persona que funge de ciega deba hacerlo, no tanto por un deber como porque sólo así podrá guiar a los que verdaderamente padecen la ceguera. Sin embargo, ¿no ocurre que hay mucha gente de ojos abiertos señalando con el índice estirado lo que cómplicemente no todos quieren ver?
Como se anticipaba, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en ocasión del reciente Foro sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana de Bogotá, formuló algunos pronunciamientos, realmente impecables, en defensa de la asediada libertad de expresión e información.
Supervivencia: cambiando la forma en que el mundo combate el cáncer». Es el título de la lectura que Lance Armstrong pronunciará hoy en la sesión plenaria del Congreso que la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) celebra en Montreal. Fundada en 1933 en Ginebra, la UICC, que por primera vez tiene como presidente a un argentino, el doctor Eduardo Cazap, es la ONG más importante en la lucha contra el cáncer. La enfermedad, que matará a unas 8 millones de personas en 2012, fue descubierta en 1996 a Armstrong. Lance, que siempre fue un portento físico, había negado el dolor durante meses, natural en un ciclista. Los médicos le diagnosticaron un cuarenta por ciento de chances de vida antes de operarlo.
“Patético: que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o melancolía”, según la definición del diccionario de la Real Academia Española. Es esta, pues, la palabra precisa necesaria para definir a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, quien pidió las sanciones más duras para nuestro país por destituir a Lugo y que ahora se erige, en el escenario internacional, como paladín defensor de la libertad de prensa al concederle asilo político al australiano Julián Assange.
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