Opinión

A mediados de ayer lunes, mientras el Instituto Federal Electoral de México emitía continuamente resultados de las elecciones del domingo, estaba claro ya que el nuevo presidente de México era el militante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Enrique Peña Nieto. Ciertamente, el porcentaje de votos a su favor, 37,8%, seis puntos arriba de su más cercano contendiente Andrés Manuel López Obrador con el 31.87%, no era tan amplio como el que las encuestas habían pronosticado, pero en todo caso suficiente para garantizar su victoria.

Sin poder desvincularse de una factura realista, la obra de Jean Genet, dirigida por Eduardo Muñoa e interpretada por Juan José Jaramillo, Alejandro Fajardo y Elena Gui, no logró trasladarnos a la angustia latente que supone para los espectadores ser testigos de un inminente asesinato. La interesante propuesta de que sean actores los que encarnen los dos personajes femeninos protagónicos de la puesta en escena, no fue suficiente para sostener una trama que careció, a lo largo de su desarrollo, de los matices necesarios que alivianen un poco la carga textual que conlleva esta obra.

Los mexicanos acudieron este domingo con una idea muy clara respecto a la identidad de su próximo presidente, pero con muchas dudas respecto al futuro de la Guerra contra el Narcotráfico que libra ese país desde el año 2006. Todas las encuestas en México daban como ganador al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. La última encuesta publicada por el diario Reforma, le otorgaba una ventaja de diez puntos sobre Andrés Manuel López Obrador del izquierdista PRD  y de diecisiete puntos sobre Josefina Vázquez Mota, la candidata del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN). El triunfo (a esta hora ya confirmado) de Peña Nieto se trata más de una victoria por descarte, ante las debilidades de sus dos principales opositores, y menos de sus propios méritos.

Los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), aprobaron un documento llamado “Protocolo Democrático”, en dicho documento se establecen sanciones para los países en donde se intente o se rompa el orden constitucional: “Castigos diplomáticos, políticos y económicos; además, bloqueos de exportaciones e importaciones y cierre de fronteras”, entre otras sanciones.