Más allá de la cursilería (que consta en un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo presentado en diciembre pasado por el titular de esa dependencia) de intentar que por ley se declare que «las resoluciones del defensor del pueblo constituyen la esencia del respeto a las normas y principios que promueven la consolidación del Estado constitucional de derechos, es impensable aceptar la pretensión de convertir al tal defensor en omnímodo personaje con atribución hasta para clausurar empresas por 30 días. No solo por inconveniente (ya se ha visto cómo otros funcionarios de similar rango abusan a diario de sus «facultades» en el paisito), sino por inconstitucional.
Asumo el riesgo de que todo lo que diga a favor de Miguel Macías Carmigniani sea usado en mi contra, con el sambenito de parcialidad pues es mi primo hermano como el apellido lo revela; pero también asumo el riesgo de que cualquier discrepancia conceptual sea deformada con el pretexto de que «ni el primo está de acuerdo». Me esforzaré entonces en explicar, con la mayor objetividad posible, mi postura sobre el asunto aquel del artículo de Miguel sobre las familias alternativas.
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