Ecuador. martes 19 de septiembre de 2017
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Juez panameño declara a expresidente Martinelli en rebeldía

Foto: prensa.com

PANAMA (AP) — Un juez de garantías declaró el viernes al expresidente panameño Ricardo Martinelli “en rebeldía” por ausentarse a una audiencia sobre el proceso en su contra por la presunta  de más de un centenar de personas durante su gobierno.


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La declaración inédita de rebeldía formulada por el juez Jerónico Mejía abrió el camino para que se gestione la captura de Martinelli y su repatriación, aunque el magistrado aclaró que es el pleno de la Corte Suprema el que debe decidir sobre esa materia.

El fiscal del caso, Harry Díaz, y al menos uno de los abogados de una de las presuntas víctimas por el espionaje telefónico presentaron solicitudes ante el pleno del máximo tribunal de justicia para que ordene la detención de Martinelli, horas después de que la audiencia fuese suspendida por la ausencia del exgobernante.

La renuencia del acusado entorpece la marcha de la administración de justicia”, planteó el fiscal Díaz en su petición, que sería resuelta en los próximos días, según voceros de la corte.

Mejía dejó el proceso en suspenso hasta que ocurra la comparecencia de Martinelli, quien desde Estados Unidos calificó la medida de absurda y señaló que la acción del juez “obedece a los deseos de venganza” del presidente Juan Carlos Varela para liquidarlo políticamente.

Varela fue vicepresidente en la administración de Martinelli, aunque retiró a su partido de la coalición gobernante casi a mitad de periodo después de que fue destituido como canciller y cuestionar presuntos actos de corrupción.

En Panamá, según dijo Martinelli en un comunicado, “no existen las condiciones jurídicas, ni políticas que garanticen mi integridad física (y) emocional”, para emprender su retorno.

El caso de los llamados “pinchazos” es el más avanzado de media docena de investigaciones que han sido admitidas en la corte contra el exlíder conservador de 63 años y entre los que se incluyen señalamientos de corrupción.

El fiscal Díaz había presentado hace semanas un escrito de acusación contra el expresidente y una solicitud a las autoridades para que lanzaran una alerta internacional para localizarlo, aunque el exlíder conservador aún no ha sido acusado formalmente.

PANAMA-MARTINELLI

“El proceso se paralizó por la no comparecencia, todavía no hay una definición procesal sobre el asunto de la acusación”, explicó el viernes a The Associated Press el abogado César Ruiloba, expresidente del Colegio Nacional de Abogados y profesor de derecho procesal penal en la estatal Universidad de Panamá. “El juez de garantías no puede entrar a calificar una acusación si no comparece (Martinelli)”.

Para Ruiloba, este caso marca un precedente aunque esté aún en curso. “Abre una compuerta de discusión en la clase política sobre el manejo transparente del poder, de la cosa pública”.

De acuerdo con el fiscal, bajo las órdenes de Martinelli se realizaron interceptaciones ilícitas de las comunicaciones de al menos 150 personas entre opositores políticos, líderes de la sociedad civil, sindicalistas, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014.

Agregó que se utilizaron recursos, personal y aparatos para intervenir desde el Consejo de Seguridad de la presidencia correos electrónicos, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, así como ejecutar grabaciones de conversaciones confidenciales de teléfonos móviles y fijos.

La investigación cuenta con las revelaciones de un testigo protegido y declaraciones de ex colaboradores de Martinelli. Dos ex jefes del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, están detenidos desde inicios de año por el caso y enfrentarán un juicio a comienzos de 2016.

Los delitos a los que se enfrentaría Martinelli, según el fiscal, tienen que ver contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública y diferentes formas de peculado que podrían acarrear hasta 21 años de cárcel.

La decisión del juez Mejía satisfizo a algunos de los querellantes contra Martinelli y que aparecen en la lista de las presuntos víctimas de las interceptaciones telefónicas.

“Él tiene que venir a dar la cara por los desmanes contra los derechos humanos y sus actos de corrupción”, reclamó el opositor político y uno de los querellantes, Mitchell Doens.

Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, ha dicho reiteradamente que este es un caso fabricado y que forma parte de una persecución del gobierno de Varela, aunque éste lo ha negada reiteradamente.

“Yo no he ‘pinchado’ a nadie”, aseguró Martinelli en una entrevista telefónica con un canal de televisión panameño, Telemetro. “En Panamá no hay ley. Me acusan sin imputarme”.

Los abogados de Martinelli argumentan que el fiscal trastocó el proceso al momento de presentar un escrito de acusación sin antes hacerse la respectiva formulación de cargos.

Como diputado centroamericano, los procesos contra Martinelli deben realizarse mediante un novedoso sistema penal acusatorio que exige la presencia del denunciado al momento en que se le imputen cargos.

Martinelli gobernó Panamá entre 2009 y 2014, periodo en el cual el país centroamericano vivió un auge económico sin precedentes aunque acompañado de denuncias de supuestos sobrecostos y corrupción en contrataciones públicas.

Hasta el momento, la Corte ha admitido seis investigaciones contra Martinelli, entre ellas la relacionada con el presunto espionaje telefónico, la supuesta compra millonaria de alimentos con sobrecostos -un caso que está suspendido momentáneamente- y la posible comisión de delito financiero al hacerse de información privilegiada para beneficiarse en un negocio bursátil.

En esos tres casos el Tribunal Electoral ha despojado a Martinelli de la inmunidad de la que gozaba por ser líder de un partido político, a petición de la Corte.