Ecuador. Jueves 19 de enero de 2017
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Crisis de Brasil suscita opiniones encontradas de juristas en Latinoamérica

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sale de un desayuno con senadores de la base del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, hoy miércoles 9 de marzo de 2016, en la residencia oficial del presidente del Congreso de Brasil, Renan Calheiros. EFE/Fernando Bizerra Jr

Las actuaciones de la presidenta Dilma Rousseff y de la Justicia de Brasil han suscitado posturas entre notables juristas latinoamericanos tan encontradas como las que dividen a la sociedad de ese país, sumido en una grave crisis institucional con trasfondo de corrupción.

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El presidente de Transparencia Internacional (TI), el abogado peruano José Ugaz, elogió hoy en declaraciones a Efe el proceder de las autoridades judiciales de Brasil y calificó como “muy lamentable” la conducta de Rousseff al “pretender blindar” al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva con su nombramiento como ministro de la Presidencia.

La presidenta de Brasil le ha entregado a Lula “un salvavidas (..) para impedir que sea investigado por los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato“, consideró Ugaz.

“Eso me parece muy lamentable porque es un pésimo signo enviado desde la máxima autoridad de Brasil”, agregó quien fuera el fiscal anticorrupción en Perú que investigó los crímenes por los que se encuentran encarcelados el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.

Según Ugaz, el trabajo de las autoridades judiciales en Brasil en la lucha contra la corrupción es “realmente digno de resaltar”, mientras el Poder Ejecutivo “obstaculiza estas investigaciones para impedir que se sepa la verdad y hasta dónde han llegado estas prácticas corruptas”.

Por el contrario, el también abogado peruano Diego García-Sayán, exministro de Justicia (2000-2001) y excanciller (2001-2002), cuestionó en declaraciones a EFE desde Viena los métodos utilizados por la Justicia brasileña, en los que atisbó motivaciones políticas.

“No cabe duda que los indicios o sospechas de corrupción de altos funcionarios del Estado tienen que ser investigados. No puede ponerse en duda, pues, el principio de la legitimidad de las acciones investigatorias. Pero, siendo las cosas así, los órganos investigativos judiciales (Policía Federal y tribunales) deben desenvolverse dentro del ‘riel’ que les es propio y respetando escrupulosamente el debido proceso”, dijo el exministro peruano.

“Me da la impresión, por ejemplo, que piezas que obran en el sumario investigativo deben ser eso y no parte de un manejo mediático mientras la investigación se está desarrollando”, agregó García-Sayán, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presidió de 2010 a 2014.

“¿Es legítimo, por ejemplo, que el juez Sergio Moro vaya divulgando grabaciones telefónicas que van surgiendo en la investigación? No lo creo”, se preguntó y respondió sobre la actuación del magistrado que lidera la investigación conocida como “Operación Lava Jato” y que ha involucrado a Lula.

“También despierta suspicacias que la Policía Federal actúe frente a un investigado -sea Lula o cualquier otra persona- procediendo a aprehenderlo con cámaras y todo cuando ni siquiera había sido citado antes y tenía paradero conocido”, opinó este jurista y cuestionó: “¿El espectáculo fortalecía la investigación o una causa política?”

Para García-Sayán, “es necesario que se investigue con todo el peso de la ley y de las instituciones. Pero que, como parecen sugerir ciertos actos judiciales en la última semana, las investigaciones se pongan al servicio de una causa política o mediática, las puede afectar seriamente y, con ello, acabar sirviendo a la causa de la corrupción que se pretende combatir”.

El excanciller de Uruguay (1998-2005) Didier Opertti dijo a Efe que Rousseff se ha movido “en unos límites muy estrechos” y que Lula “ha jugado una suerte de tabla de salvación”, lo que “en una sociedad ya muy consternada y que vive turbulencias desde hace bastante tiempo y con gente manifestándose en la calle, implica una exacerbación”.

“Pienso que preservar la independencia del Poder Judicial es fundamental y de ahí la necesidad de que sea un organismo jurisdiccional, como es la Corte Suprema, el que decida esta contienda”, explicó el abogado y diplomático uruguayo.

El exministro consideró que el Gobierno brasileño “ha llegado a un límite en el cual va a ser muy difícil reconstituir una imagen de solidez que pueda, incluso, lidiar con la crisis económica” que sufre el país.

El decano del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, hizo hoy un alegato a favor de la independencia de los jueces y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

“La República no admite privilegios”, dijo y subrayó que los culpables por los casos de corrupción “serán castigados en su justa medida”.

El pasado fin de semana salieron a pedir la dimisión de la presidenta Rousseff en la calle más de 3 millones de brasileños, mientras su adeptos y también simpatizantes de Lula han convocado para este viernes protestas con las que han asegurado que llenarán las calles del país. EFE (I)

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