Ecuador. martes 12 de diciembre de 2017
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Finalmente, nueva justicia

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La semana pasada, altas autoridades vinculadas con el sistema judicial anunciaron que estaba virtualmente concluido el nuevo Plan Estratégico Común de la Función Judicial. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura destacó los aportes brindados por el fiscal general y otros actores vinculados a la justicia. Este anuncio siguió al hecho reportado en días anteriores del ingreso a la Función Judicial de más de ochocientos jueces seleccionados mediante concursos. Las autoridades judiciales han subrayado que con el referido Plan habrá transparencia, profesionalismo, independencia y agilidad.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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La semana pasada, altas autoridades vinculadas con el sistema judicial anunciaron que estaba virtualmente concluido el nuevo Plan Estratégico Común de la Función Judicial. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura destacó los aportes brindados por el fiscal general y otros actores vinculados a la justicia. Este anuncio siguió al hecho reportado en días anteriores del ingreso a la Función Judicial de más de ochocientos jueces seleccionados mediante concursos. Las autoridades judiciales han subrayado que con el referido Plan habrá transparencia, profesionalismo, independencia y agilidad.

En otras palabras, finalmente en el país habrá un sistema judicial como el de toda democracia moderna: un poder público al servicio de las personas que hará de freno y contrapeso a los otros poderes y no una simple dependencia administrativa del Ejecutivo. Será, pues, una fortaleza frente la inseguridad jurídica, abusos y persecuciones.

Con el mencionado anuncio debemos entonces confiar en que nunca más habrá jueces que reciban en horas de la noche un pendrive conteniendo la sentencia que deberán firmar al día siguiente. Ya no volverán los días en que jueces como estos sean premiados y alabados como modelo de magistrado. Eso se acabó.

Al país no volverá tampoco ese espectáculo vergonzoso de personas apresadas, acusadas y sentenciadas a las pocas horas de que el dueño del país de turno así lo pida o lo sugiera. Se acabaron también los días de esas fraudulentas sentencias de daños morales que no buscan reparar el alegado daño en la víctima, sino enriquecer al demandante o darle una “lección” al querellado. Esas barbaridades serán cosa del pasado.

Se habrá terminado, asimismo, la práctica de presentar acusaciones penales como forma de resolver controversias de naturaleza civil. Ni los fiscales ni los jueces se prestarán para esa manipulación. Como sucede en todos los países, habrá severísimas sanciones a quienes adopten y auspicien este tipo de conductas.

Los ciudadanos podrán confiar finalmente en que los jueces aplicarán de manera directa los tratados de derechos humanos, tal como manda la Constitución Política, en las controversias en que dichos derechos estén en juego, y no esperarán hasta que se deroguen las leyes que sean incompatibles con esos instrumentos. Nunca más escucharemos decir a un magistrado que no está obligado a respetar la jurisprudencia interamericana de justicia. Con la nueva justicia prometida los jueces no temerán condenar al Estado y las entidades públicas cuando violen los contratos que firmen o las normas, pues tanto ellos como los contratistas no están por encima de la ley.

Tendremos magistrados como los brasileños, que no temen investigar al expresidente Lula por corrupción, por muy popular que sean él y su partido, o como los de Guatemala, España, Estados Unidos o Chile, que se han enfrentado al poder para someterlo al derecho. En fin, tendremos jueces probos y estudiosos que no serán títeres de los políticos. Con el pasar de los días, el país podrá comprobar si todo esto es un simple cuento de hadas o una realidad. Confiemos mucho en que sea esto último.

* El artículo de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en el diario El Universo.