Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Cleptocracia

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Hace tres años, mi esposa y yo, estuvimos menos de veinticuatro horas en Atenas.

En el trayecto del aeropuerto al hotel, el taxista nos contó que su hijo, menor de edad, había fallecido porque no tuvo los recursos económicos suficientes para salvarlo. También relató la crisis económica que vivían, el endeudamiento excesivo del gobierno, el desempleo y la corrupción de los políticos. Cuestiones que hoy palpamos en nuestro país.


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Llegamos apenados al hotel, pero como teníamos poco tiempo antes de irnos al día siguiente, decidimos visitar la Acrópolis. Al llegar, se nos acercó una señora entradora a ofrecernos un tour guiado privado. Nos pareció económico y la contratamos en conjunto con un par de estudiantes extranjeras que se unieron al recorrido. La guía era una enciclopedia. Pronto descubrimos que estaba ebria. Eran las tres de la tarde. Síntoma del escapismo ante la realidad de Grecia.

Aquí todavía no llegamos a ese estado porque es la economía la que se encuentra dopada. El circulante es el resultado de la emisión de bonos públicos, deuda interna y externa. No de productividad, ni competitividad. Este gobierno, en su corto mandato, ya emitió, en Nueva York, dos mil millones de deuda en bonos soberanos con elevadas tasas de interés, para hacerlos atractivos a los compradores. Esos bonos son para cubrir el déficit del sector público recibido como herencia de la administración anterior. Un Estado que gasta más de lo que ingresa y se resiste a reducir los egresos tendría que ser el primer problema a resolver por parte del nuevo presidente.

Grecia quedó grabada en mi memoria. No por su valor histórico, que siempre quise conocer, sino por la depresión de su población.

Grecia, Venezuela, Argentina (del socialismo del siglo XXI) y Ecuador son ejemplos de las consecuencias de la cleptocracia, que se suscita cuando todos los sectores del poder son corruptos, reina el nepotismo, el clientelismo político y el peculado.

Exigimos castigo a quienes hayan cometido delitos contra la administración pública. Por el saqueo de nuestro dinero en manos de ladrones que se disfrazaron de gobernantes, llegando a perseguir a los denunciantes de sus fechorías. Amorales que no ayudaron a los pobres, mientras querían subir la carga impositiva a los honestos para continuar el círculo vicioso.

El presidente electo tiene la oportunidad de conectarse con la población, permitiendo al poder judicial actuar con independencia del Ejecutivo. Para que sancione con penas privativas de la libertad a los autores, cómplices y encubridores. Tanto del sector público, como del privado.

No inventemos comisiones anticorrupción. Articulemos un poder judicial fuerte e independiente. Con las funciones y atribuciones que le otorga la Ley. La certeza del Derecho fundamenta las actividades de los países desarrollados. Garantiza que los bienes y derechos de los individuos no serán vulnerados.

Pensar que es necesaria una comisión anticorrupción implica un Estado fallido. Un sistema judicial débil siempre será promovido por aquellos que participan en la cleptocracia. Fue Napoleón quien dijo que “si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”.

Señor Fiscal: lo apoyamos en su lucha contra la corrupción. Usted es parte de la función judicial. Si aplica la Ley, ganamos todos, menos los delincuentes.

La Asamblea Nacional, como otro poder del Estado, que debería ser independiente, también tiene la obligación constitucional de fiscalizar a las otras funciones del Estado (a la Función de Transparencia y Control Social, de la que son parte la Contraloría y las Superintendencias, por ejemplo) y a los servidores públicos. Durante diez años se olvidaron de ese deber. Es hora de recordarlo para poder vivir en una sociedad en la que los honrados puedan prosperar.