Ecuador. Jueves 24 de Agosto de 2017
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Odebrecht: SCPM y contratos

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Además de las sanciones penales a imponer a los funcionarios ladrones que reciben (o reciban) coimas a cambio de contratos con el Estado, ya de Odebrecht ya de cualquier otro, y obviamente al margen de si la entrega es directa y en efectivo, o se hace tras el parapeto de burdos maquillajes o más o menos complejas cirugías plásticas, societarias o de parientes, es intolerable que contratos corruptos de esa clase sigan ejecutándose, y que empresas “corruptas y corruptoras”, como muy convenientemente recién ahora se acuerdan de decirles, sigan beneficiándose de sus atracos.


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Un camino para impedirlo está en la ley antimonopolios. Esta prohíbe “los acuerdos entre proveedores y compradores… …que se puedan dar en las compras públicas, que direccionen y concentren la contratación con el afán de favorecer injustificadamente a uno o varios operadores económicos” (art. 11, 21º). Y ese mismo artículo 11, párrafo final, declara nulos de pleno derecho a tal clase de actos. Esa nulidad surte efecto de inmediato, sin previa declaración judicial.

Tratándose de actos prohibidos, a los que la ley antimonopolios considera colusorios, la superintendencia del ramo tiene amplísimas facultades, que debiera ejercer sin mucho preámbulo.

Primero, puede ordenar como medida preventiva la “suspensión de los efectos jurídicos relacionados a la conducta prohibida”, es decir la suspensión del contrato colusorio, incluyendo como es natural cualquier pago pendiente; esta facultad puede ser ejercida incluso antes de abrir un proceso dirigido a imponer una sanción (art. 62). Segundo, siendo la práctica colusoria una infracción grave (art. 78, 2º, a), puede multar al beneficiario, para lo que existen dos alternativas de monto, el que sea mayor: a) el de los beneficios obtenidos (art. 79, antepenúltimo párrafo); o b) hasta el 10 % del volumen total de negocios del infractor (art. 79, b).

Está por elegirse un nuevo superintendente, en lugar del señor Páez. El rol anticorrupción que puede ejercer esa autoridad es fundamental. Ojalá lo haga, y no solo se dedique a organizar “talleres”.