Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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¿Indemnizar (solo) las coimas?

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

La Procuraduría del Estado reclamó, en la acusación particular en el caso Odebrecht-Glas, que los acusados indemnicen al Estado con (solo) cuarenta millones de dólares, como si los daños causados equivaliesen a las coimas asociadas a la, según la misma acusación, “red de corrupción con altos funcionarios públicos vinculados a los sectores estratégicos y a la Contraloría General del Estado, para dotar de una apariencia de legalidad a la adjudicación, supervisión y control de proyectos emblemáticos del Estado ecuatoriano” (páginas 6 y 7).


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Es increíble que en el paisito todavía haya que explicar hasta lo obvio. Casi por definición los sobrecostos o inversiones innecesarias (verdadero daño que causan los contratos corruptos) son inmensamente superiores a las coimas. Un antiguo y bien conocido concepto explica que la indemnización de perjuicios busca que el damnificado quede en situación equivalente a la que estuviese si no hubiese sufrido el daño. Además, en los temas penales hay norma expresa en el COIP (art. 78, 3º) según la cual la indemnización es “…la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente”.

La acusación particular de la Procuraduría ladeó lo anterior y tomó el camino absurdo de que los perjuicios equivaldrían a las coimas. En esa línea, también ladeó entregar un peritaje que acredite el monto de los verdaderos daños. Semejante omisión es, sin embargo, aún salvable. Según el COIP (art. 603, 5º y 6º), el fiscal general tiene hasta la llamada audiencia “preparatoria de juicio”, a realizarse próximamente, para anunciar (presentar) las pruebas en que apoye sus acusaciones. Ahí debe incluirse las “pericias contables financieras [para] determinar con exactitud los presuntos perjuicios causados al Estado”, que según información del propio procurador García a la Asamblea Nacional (oficio del 28 de julio de 2017, página 8) habían sido dispuestas, ya en esa época, por la Fiscalía.

Aquí no se trata solo de duración de penas o de devolver coimas. Se trata de indemnizaciones.