Ecuador. Jueves 29 de septiembre de 2016
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Correa avala afirmación de Telesur de que agente de la CIA fue expulsada de Ecuador en 2008

Captura de Pantalla.

El mandatario ecuatoriano Rafael Correa aseguró este lunes que a Leila Hadad Pérez, conocida como “Agente Swat”, y a la que atribuye haber sido jefa de la CIA en Ecuador se la expulsó del país en 2008, y defendió la investigación realizada por la cadena Telesur sobre la injerencia de la CIA en el país sudamericano.

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“A Leila Hadad Pérez -Agente Swat-, jefa de la CIA en Ecuador, la expulsamos en 2008, pero vinieron otros, con nuevas estrategias, como financiamiento masivo para opositores del Gobierno, y que se quedan en Miami para evitar expulsiones”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La señora Hadad es una mujer de mediana edad, de procedencia libanesa, que tenía un almacén en la avenida González Suárez, en Quito, en el que vendía alfombras. Se desconoce si sobre ella existió algún proceso que probara que era agente de espionaje de un gobierno extranjero.

La investigación de  la cadena chavista Telesur hace referencia a una supuesta red de políticos, periodistas, militares y representantes de Organizaciones No Gubernamentales, organizados para desprestigiar y debilitar al actual gobierno.

Ese reportaje se afirma que Karen Hollihan, directora de relaciones públicas del Instituto Interamericano para la Democracia, se encargó de supuestamente coordinar una red de informantes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador.

La señora Hollihan, es una guayaquileña residente en Miami. Sobre ella tampoco existe ninguna prueba de que trabaje para la CIA, más que la aseveración de Telesur, que no cita tampoco ninguna fuente.

El mandatario también se refirió al “pacto ético” al que llamó el pasado 24 de mayo, y que busca rechazar a los candidatos que tengan sus capitales en paraísos fiscales.

Correa contradijo la interpretación de que la consulta busca dejar fuera de las elecciones a Guillermo Lasso, quien es accionista de Banisa, un banco con sede en Panamá.

“Dicen que prohibir su participación sería “golpe de estado” ¡Vaya disparate! Ya no tienen ni recato. La consulta daría un año de plazo para que saquen capitales y empresas de paraísos fiscales. No se busca impedir participación de nadie, se busca un poco de ética y coherencia”, escribió. (I)

  • información de la agencia estatal Andes


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