Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Cuando escribo estas líneas (miércoles 30 de mayo), el correo de brujas indica que una de las medidas que estarían por tomarse para cortar el anunciado endeudamiento excesivo de los ecuatorianos, sería prohibir que las casas comerciales, que actúan por fuera del sistema financiero, emitan tarjetas de crédito que sirvan como medio de pago de las compras que el público hace en sus establecimientos. Se buscaría, en esa forma, que las adquisiciones de artículos de toda índole- vestimenta, electrodomésticos, medicinas, etc.- sean pagadas de contado, o con tarjetas de crédito exclusivamente emitidas por instituciones financieras.
Desde un ángulo jurídico, de concretarse la medida, habría al menos dos objeciones que hacer: la primera, que por reglamento se estaría tratando de impedir que las casas comerciales concedan plazo para el pago de las mercaderías que venden (la tarjeta de crédito es solo un instrumento para esa operación), con lo que se pisotearía uno de los elementos básicos de la libertad de contratación, cual es la libre fijación de las condiciones de un contrato que, por último, solo pudiese ser regulada por ley orgánica, y nunca por reglamento (Constitución, Art. 113, 2º). Y la segunda, que violando los principios de la reciente Ley de Control del Poder del Mercado, se intentaría reservar de facto, a las instituciones financieras, el monopolio de la concesión de créditos, pues se pondría obstáculos para que determinados proveedores de bienes den plazo para el pago del precio (mediante el uso de esa herramienta que es la tarjeta).
Todo lo anterior presupone que la expansión del crédito de consumo -y el consecuente denunciado excesivo endeudamiento- es resultado exclusivo de que unos actores en el mercado hayan puesto a disposición del público un mecanismo de pago (la tarjeta de crédito). Esa conclusión es especulativa y al menos muy parcial. Pero también inútil, pues resultará imposible al Estado impedir que las casas comerciales sigan otorgando plazo para el pago de las mercancías, así no puedan emitir las dichosas tarjetas. Se regresará, al menos, a las anotaciones en cuenta.
No recuerdo las anotaciones en cuenta pero sí el surgimiento de las tarjetas de las casas comerciales y mi «percepción» es que, al ser otorgadas a personas que no cumplen el perfil de tarjetahabiente financiero, desconocen el costo de mantenimiento de las mismas, el interés acumulado y, especialmente, que deben contar con una capacidad de pago acorde al nivel de sus consumos. Esas tarjetas pasaron a ser el símbolo de un poder adquisitivo irreal, despertando un consumismo que al final del mes se convierte en resaca. Quizás podría implementarse un sistema de cupos más restringidos, para entrenar a los clientes en la responsabilidad.