Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, regionales e internacionales, denunciaron hoy «la intromisión de los intereses de las grandes corporaciones mineras en la Justicia ecuatoriana» y las sentencias judiciales que amedrentan a colectivos defensores del territorio y el medio ambiente.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) criticaron en concreto una nueva sentencia dictada contra el militante medioambiental Javier Ramírez.
Muy activo frente a las acciones de la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI) y «acusado injustamente de sabotaje, terrorismo y rebelión», Ramírez pasó diez meses en la cárcel en detención preventiva hasta el pasado 10 de febrero, recordaron en un comunicado conjunto.
Sin embargo, añadieron, el Tribunal de Apelación de Imbabura le ha condenado ahora a dos meses suplementarios «por supuestamente encontrarse demostrado el agravante de haber insultado a los funcionarios de la ENAMI», argumentos «de clara mala fe» utilizados, en su opinión, por la empresa.
«Sentencias de esta naturaleza no hacen más que confirmar la intromisión de los intereses de las grandes corporaciones mineras en la Justicia ecuatoriana con el objetivo de amedrentar los colectivos que se oponen a la minería», afirmaron.
Tanto la OBS, estructura creada en 1997 por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), como los otros firmantes, subrayan que la primera condena y el posterior aumento de la pena contra Ramírez son contrarios al artículo 98 de la Constitución Nacional.
La Carta Magna estipula que individuos y colectivos «podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales», recuerdan.
De momento, Ramírez no ha vuelto a ser detenido, gracias a un recurso de casación que suspende temporalmente la nueva pena mientras el caso se resuelve.
Las organizaciones esperan que los magistrados tengan en cuenta ahora que una comunidad que defiende los intereses sobre su territorio tiene derecho a resistir, además de contar con el respaldo de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos.
«Los Estados -recuerdan refiriéndose a dichos derechos- tienen la obligación de protegerlos y no criminalizarlos». EFE (I)