Fiscalía inicia otro proceso penal contra Espinel

Foto API.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado un nuevo proceso penal contra el exfuncionario de Rafael Correa y Lenín Moreno, Iván Espinel, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La jueza Ana Veintimilla acogió el pedido de la Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva en contra de Espinel, pues consideró que existen claros indicios de la existencia del delito. Además, dispuso la prohibición de enajenar bienes, entre esos un inmueble en una urbanización vía a Samborondón y un vehículo de su propiedad, así como la retención de cuentas bancarias a efectos de garantizar una eventual reparación integral al Estado.

La audiencia se realizó la mañana de hoy en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, en donde la FGE formuló cargos contra el también excandidato a la presidencia, Iván Espinel, por su presunta participación en el delito antes mencionado.

Según la Fiscalía, el peritaje contable efectuado al patrimonio de Espinel, determinó que USD 490.000,00 aproximadamente, no estarían debidamente justificados dentro de su declaración patrimonial.

Esto se refiere a la adquisición de un bien inmueble ubicado en la vía a Samborondón y valorado en USD 370.500; un vehículo avaluado en USD 36.221; movimientos en tarjetas de crédito por un monto de USD 108.520 y cuentas bancarias por aproximadamente $63.450.

El fiscal que sigue la causa, Juan Carlos Zúñiga, presentó varios elementos de convicción que harían presumir la participación de Espinel en el delito que se investiga, entre estos consta el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado con base en el examen especial realizado a las declaraciones juramentadas del procesado, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, mientras Espinel se desempeñaba como directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Además, un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificados de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); así como las declaraciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), un peritaje contable y versiones de servidores públicos.

Durante la diligencia intervinieron además como partes procesales, los representantes de la Contraloría General del Estado, Procuraduría y del IESS.

El exsecretario de Estado se encuentra privado de libertad desde el pasado 21 de septiembre cuando fue llamado a juicio junto con otros 3 procesados por el presunto delito de lavado de activos.

(I)

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