
¿Puede el Banco Pichincha acogerse al derecho a la resistencia?
Quito, Ecuador
Si en un inicio me negaba a creer que nuestro Presidente era un mandatario autoritario, hoy los hechos, las sentencias y las palabras son definitivas.
Conforme pasa el tiempo y nos acercamos al 2017, es necesario que los ecuatorianos vayamos progresivamente balanceando con mesura ¿qué nos dejan diez años de administración revolucionaria?
Cuando me enteré por las noticias que la Comisión de Ética -¿santa inquisición político criolla?-de Alianza País decidió retirar por seis meses los derechos como militante a Fernando Bustamante por haberse abstenido en la votación por las enmiendas constitucionales y que, además, le pidieron abstenerse de asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional y se exima de expresar sus opiniones en público, revisé la página web y me aseguré que no estuviera leyendo El Mercioco, El Mercio o alguno parecido.
El ejercicio pleno de la libertad de expresión históricamente se ha debatido entre la valentía de quienes detonan las convenciones sociales y cuestionan al poder (cualquiera sea este), y quienes se conforman con la antojadiza interpretación que los políticos abstraen, alternativamente, de lo que es o no permisible bajo el umbral de esta libertad.
Sin duda alguna el debate gestado entre el Presidente Rafael Correa, su equipo económico y los economistas Mauricio Pozo, Ramiro González y Alberto Dahik, ha sido uno de los acontecimientos político-mediáticos más interesantes de las últimas fechas.
Si en una clase de derechos humanos o derecho constitucional el maestro quisiera exagerar una violación flagrante a los derechos de una persona para ilustrar la aplicación de una norma o de un principio seguramente el caso de Manuela Picq estaría descrito con puntos y comas en la pizarra.
Este artículo no pretende atacar el financiamiento ni los compromisos políticos que la ONG Freedom House pueda tener, vamos al fondo del informe que ha emitido sobre la libertad de prensa en Ecuador.
Max Weber, un destacado filósofo, politólogo y economista alemán afirmaba que cualquier acción política orientada éticamente puede adecuarse a dos fuerzas fundamentales, la ética de la convicción y la de la responsabilidad.
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