Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

EEUU revisará “caso por caso” la deportación de 300.000 indocumentados

Funcionarios de alto rango del Gobierno de Estados Unidos dijeron este jueves que revisarán “caso por caso” la situación de unos 300.000 inmigrantes indocumentados que afrontan trámites de deportación, para determinar aquellos que pueden solicitar permisos de trabajo.


Publicidad

El nuevo enfoque en la aplicación de la leyes de inmigración, encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tiene el objetivo de dar prioridad a la expulsión de personas que suponen un peligro a la seguridad nacional y, simultáneamente, aliviar la carga de casos pendientes en los tribunales de inmigración.

Así, las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) centrarán sus esfuerzos en aquellos indocumentados con antecedentes penales o que supongan una amenaza para la seguridad nacional.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, dos funcionarios de la Administración de Barack Obama, que pidieron el anonimato, dejaron en claro que la decisión anunciada hoy no confiere ningún estatus legal ni beneficio migratorio para la población indocumentada en el país.

Con esta revisión “no se están eliminando los casos de la gente, ni se les está dando ningún beneficio o estatus migratorio a largo plazo”, afirmó un funcionario.

“Sus casos simplemente se dejarán de lado para que podamos concentrarnos en los casos más serios”, agregó.

Ambos funcionarios enfatizaron además que los indocumentados cuyos casos sean de “baja prioridad” -es decir, carecen de antecedentes penales-, podrán solicitar un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, ese permiso de trabajo “ni será automático ni está garantizado, porque serán decisiones que también se tomarán caso por caso”, explicaron.

En todo caso, el anuncio no aplica en absoluto a los inmigrantes indocumentados que no estén ahora en trámites de deportación, por lo que el universo de once millones de inmigrantes “sin papeles” también continuará en limbo.

De todas maneras, las autoridades podrán reabrir los casos de deportaciones suspendidas, según los funcionarios.

La suspensión de las deportaciones que ya estaban en trámites podría, en teoría, aplicarse también a los estudiantes que algún día se beneficien de la eventual aprobación del “Dream Act”, la propuesta de ley para legalizar a estudiantes indocumentados, agregaron.

“Ciertamente hay una correlación entre la gente que podría cualificar para el Dream Act y los que están en proceso de deportación” y podrían beneficiarse del cambio anunciado hoy, indicaron.

Los funcionarios aseguraron que el anuncio no responde a la serie de protestas en varias ciudades del país este martes en contra de las deportaciones masivas y el controvertido programa de “Comunidades Seguras”, que agiliza la expulsión de indocumentados criminales.

Los activistas han denunciado que el programa, establecido en 1998, va más allá de atrapar a los criminales peligrosos y se ensaña también con indocumentados que cometen infracciones menores.

A la defensiva, los funcionarios indicaron que “Comunidades Seguras”, conocido como “S-Comm” entre los activistas pro inmigrantes, está surtiendo resultados porque se centra en los criminales, los que continúan violando las leyes de inmigración, y los que son detenidos al cruzar la frontera.

Durante el año fiscal 2010, más del 50 por ciento de los deportados de EE.UU. tenían antecedentes penales, y más de dos terceras partes del resto de los deportados caían en las otras dos categorías establecidas bajo “Comunidades Seguras”, indicaron los funcionarios.

Con este anuncio, el Gobierno busca precisar las directrices delineadas por ICE en un memorándum del pasado 17 de junio y que permiten “eliminar los casos de baja prioridad que terminan atascando el sistema de inmigración y desviando recursos de los casos de alta prioridad”, explicaron los funcionarios.

Los republicanos, en general, han acusado al presidente Barack Obama de ser “blando” en el combate a la inmigración ilegal y promueven leyes para estrechar el cerco a los indocumentados.

El legislador Lamar Smith (R-Texas), que promueve un proyecto de ley para eliminar “la discreción” con la que cuentan los agentes de ICE para determinar quién es deportado o no, afirmó que el anuncio de hoy se trata de una “amnistía por la puerta trasera” y que Obama debe hacer cumplir las leyes en vez de ayudar a los deportables. EFE