Ecuador. jueves 21 de septiembre de 2017
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FARC pide definir plan de acción contra paramilitares

El comandante de las FARC-EP Pastor Alape en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Los guerrilleros de las FARC pidieron el sábado al gobierno colombiano diseñar en conjunto un plan para ubicar y desmontar las estructuras criminales vinculadas a bandas paramilitares, que son percibidos como una amenaza para el proceso de paz que desde fines de 2012 realizan en Cuba.


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En un comunicado fechado en La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pidió la conformación de una “Unidad especializada de investigación y análisis para el desmonte del paramilitarismo”.

De acuerdo con la propuesta, difundida por la delegación de paz de las FARC, esa unidad tendría la misión de elaborar y presentar “previa a la firma del Acuerdo final, en un término no superior a cuatro meses, un informe sobre la cartografía georeferenciada actual de las estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar”, que incluya sus vínculos “con poderes políticos y económicos locales, nacionales y transnacionales”.

Señalaron que con base en ese informe deberá ponerse en marcha un “plan de acción para el desmonte del paramilitarismo”, que sea “verificable en metas y tiempos”, entre otros, por organismos internacionales como Naciones Unidas, Unasur y la Celac, “y en cumplimiento de compromisos por parte del Estado”.

El gobierno colombiano no respondió por el momento al comunicado de los rebeldes.

El diario El Tiempo de Bogotá, citando un tuit de la delegación de paz del gobierno colombiano, reportó que el gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron “que extenderán por dos días” su actual ciclo de negociaciones, “con el propósito de avanzar”.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC cumplen próximamente tres años de negociaciones en Cuba para poner fin a un conflicto de más de 50 años.

En los últimos días, las partes han trabajado en el marco jurídico, donde se han presentado discrepancias serias sobre el tipo de penas que cumplirán los culpables, dónde las cumplirán o la forma como se realizará la votación popular a la que se comprometió el gobierno para refrendar los acuerdos que firmen las partes.

Aunque las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave como reforma agraria, la eventual participación en política de los rebeldes, la lucha conjunta contra el narcotráfico y la justicia transicional, aún les falta concretar aspectos como la desmovilización de los insurgentes, la entrega de armas y —lo más importante— el fin del conflicto.

Las FARC añadieron que como parte de la redefinición de la política de seguridad del Estado es necesaria también una “legislación de emergencia para el desmonte del paramilitarismo y la protección frente al surgimiento de nuevas estructuras criminales contrainsurgencia”, así como “la eliminación de toda disposición legal o administrativa que permita o promueva la conformación de estructuras de contrainsurgencia o que estimule la incorporación de civiles en el desempeño de funciones de seguridad que sean de competencia exclusiva del Estado”.

Insistieron en que se “proscriba e impida el surgimiento de nuevas “estructuras de “contrainsurgencia”. (I)