Ecuador. lunes 25 de septiembre de 2017
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Demandan a Trump por posible inconstitucionalidad de sus intereses económicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dos fiscales generales demandaron hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, por mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de intereses e influencia del dinero de Gobiernos extranjeros, lo que podría violar la Constitución del país.


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La demanda, interpuesta hoy por el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, en un tribunal federal se centra en la posibilidad de que países influyan, a través de sus pagos a la Trump Organization, en el presidente.

Trump decidió no desvincularse de la propiedad de la Trump Organization, un conglomerado inmobiliario internacional, y solamente renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald Jr.

Los fiscales generales acusaron a Trump, en una rueda de prensa en Washington, de una “flagrante violación” de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, así como de crear una Administración “corruptible”.

Los fiscales generales consideran que “nunca antes en la historia de este país” un presidente había tenido un conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado, que ponen “la democracia en riesgo” y levantan sospechas de que Trump tiene en el pueblo estadounidense su principal interés.

Frosh aseguró que esperan que eventualmente los tribunales y, en última instancia, el Tribunal Supremo sienten precedente en este caso y se determine por ley que Trump debe hacer más para garantizar que sus intereses no entran dentro de sus cálculos a la hora de tomar decisiones ejecutivas.

La ley estadounidense no es clara a la hora de delimitar los conflictos de intereses de un presidente y la oposición demócrata en el Congreso ya ha mostrado su intención de legislar para ser más clara a ese respecto.

El presidente es el único funcionario público estadounidense que no puede inhibirse en ningún asunto de Estado, por lo que, en teoría, no hay conflicto de intereses que pueda aplicar en su caso.

No obstante, ha sido tradición hasta la llegada de Trump que los mandatarios estadounidenses con negocios crearan un llamado “fideicomiso ciego” con el que desvincularse de la gestión y evolución de sus negocios.

Según Frosh, la demanda tiene visos de prosperar, ya que hay evidencias de que gobiernos extranjeros, como el saudí o el chino, han gastado centenares de miles de dólares en propiedades de la Trump Organization, como el hotel Trump International, a pocos metros de la Casa Blanca, para “endulzar” acuerdos con Washington.

El fiscal general de Maryland aseguró que es tanta la demanda de Gobiernos extranjeros para hospedarse en el hotel de Trump en Washington que la empresa ha creado la figura del “conserje diplomático” para ayudar a los representantes de otros países en el establecimiento.

Asimismo, ambos fiscales generales consideran probado que los hijos de Trump están manteniendo al presidente al tanto de la evolución de sus negocios y que Trump, que dedica los fines de semana a descansar en sus propiedades en Virginia, Nueva Jersey o Florida, es un “vehículo para el marketing” que está aumentando el valor y fama de las propiedades de la familia.

Sin ir más lejos, el club floridiano de Mar-a-Lago, calificado por el presidente como la “Casa Blanca de invierno”, dobló el precio para hacerse miembro poco después de la toma de posesión del presidente en enero pasado, y ha sido utilizado para cumbres como la del presidente chino, Xi Jinping, en abril.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, confió, en su rueda de prensa diaria, en que la demanda no prosperará y adelantó que el Gobierno “tomará medidas para desestimar la demanda”, que consideró “partidista”.

El Comité Nacional Republicano indicó en un comunicado que “esta demanda contra nuestro presidente es absurda”, y pidió que se abandonen los esfuerzos demócratas por “deslegitimizar al presidente”.

Ambos fiscales generales demócratas negaron tener una motivación partidista y aseguraron que el objetivo es que se siente jurisprudencia sobre el caso que pueda servir también en el futuro ante una “presidenta Oprah (Winfrey) o un presidente Mark Zuckerberg”, en referencia a la estrella televisiva y al fundador de Facebook, con aparentes ambiciones presidenciales. EFE

(I)