Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Manuela

Miguel Molina Díaz
Quito, Ecuador

El comienzo de esta crónica podría ser el momento en que Carlos Pérez Guartambel ingresó al edificio de la Unidad de Garantías Penales, Contravenciones y Menores Infractores, y empezó la audiencia para resolver la deportación de Manuela Lavinas Picq.

Miguel Molina Díaz
Quito, Ecuador


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El comienzo de esta crónica podría ser el momento en que Carlos Pérez Guartambel ingresó al edificio de la Unidad de Garantías Penales, Contravenciones y Menores Infractores, y empezó la audiencia para resolver la deportación de Manuela Lavinas Picq. Pero está crónica, en realidad, comenzó antes: la noche del 13 de agosto, durante el Paro Nacional convocado por la Conaie y el Frente Unitario de Trabajadores, una de las marchas más grandes de la historia de Quito y del país.

Esa noche, la del 13 de agosto, Manuela Picq caminó por el centro capitalino junto con miles de indígenas, trabajadores, campesinos, estudiantes, médicos y personas de todos los barrios de la ciudad y de las provincias del país. Alrededor de las 19h00 de ese día significativo, en que el gobierno tuvo en sus narices la prueba contundente de que se desmoronan sus relatos, Manuela intentó impedir la violenta detención de Carlos Pérez Guartambel, el presidente de la Ecuarunari y su pareja. En ese intento fue agredida por la fuerza pública y luego detenida.

El día de la audiencia ingreso a la sala y tomo asiento, veo junto a Manuela a los abogados Juan Pablo Albán y Julio César Sarango. Del otro lado, se encuentra el fiscal Patricio García, que pide su deportación. Entra la jueza Gloria Pinza y decide esperar a Pérez Guartambel, que a los pocos minutos llega. Se instala la diligencia.

La jueza procede a tomar juramento al intérprete Manuel Montufar, para que traduzca las intervenciones al portugués. Manuela Picq, que es profesora universitaria, manifiesta en perfecto castellano que no necesita interpretación alguna. Entonces la jueza le da la palabra a la parte acusadora.

El fiscal Patricio García indicó que el Ministerio Público actuaba por mandato legal, como explicándose a sí mismo su presencia, y procedió a relatar lo descrito en el Informe Jurídico de la Unidad de Migración en donde se reúnen los hechos contenidos en el parte policial del 13 de agosto y los argumentos de la resolución por la cual la Cancillería le revocó la visa a Manuela Picq el 14 de agosto.

A criterio del fiscal García, los hechos fueron del siguiente modo: a la Policía Nacional se le ocurrió hacer un operativo de control migratorio –oh, que coincidencia– en medio del Paro Nacional. En el desarrollo de esa actividad descubren que un grupo de desconocidos agredía a una extranjera. Era Manuela. Intervinieron para salvarla, ofrecerle primeros auxilios y luego trasladarla a la Dirección de Migración. Es la fábula que el fiscal armó en su cabeza. Al día siguiente, en virtud de que Manuela participó en el Paro Nacional, se le revocó su visa de intercambio cultural. Sin visa se convirtió en irregular y eso motivó que la Fiscalía pida su deportación.

La magistrada dio la palabra a Carlos Pérez Guartambel, que procedió a relatar los hechos y dejó sentado que no fueron “desconocidos” quienes los habían agredido, sino miembros –todos hombres– de la Policía Nacional del Ecuador. Pérez Guartambel probó su afirmación demostrando fotografías extraídas del video, que todo el país vio, sobre la agresión a la profesora Manuela Picq y a su pareja, el presidente de la Ecuarunari. Así se configuró la detención ilegal –jamás se le exhibió boleta– contra ella, ya que luego de ser detenida el primer juez al que vio fue la magistrada Gloria Pinza, cuatro días después del Paro Nacional en el que ocurrió el incidente.

Manuela Picq tampoco fue notificada de la revocatoria de su visa, por cuanto Pérez Guartambel alegó la nulidad absoluta del acto administrativo. Además, el dirigente indígena criticó, desde la cosmovisión andina, la posible expulsión de una mujer que tiene su vida en el Ecuador, por el simple hecho de ser extranjera.

Entonces tomó la palabra el Dr. Juan Pablo Albán, a quién la jueza concedió diez minutos para la intervención. Y a partir de este momento, el abogado de derechos humanos fulminó uno por uno los puntos esgrimidos por la Fiscalía. De hecho, El Dr. Albán reconoció que el fiscal contribuyó con la prueba fundamental para descartar la deportación, es decir, el Informe Jurídico. En ese documento se establecía que el parte policial, con fecha 13 de agosto, daba por hecho que la visa de Manuela había sido revocada, cuando esa revocatoria se resolvió un día después, el 14 de agosto. La persona que redactó el parte policial, entonces, era un vidente y podía adivinar el futuro.

Ante eso, el Dr. Albán pidió a la jueza que oficie a la Fiscalía para iniciar una investigación sobre los procedimientos de las personas que redactaron ambos documentos, el parte policial y la resolución que revoca la visa, por la posible comisión del delito de falsificación de documentos públicos. En ese sentido, deportar a una persona en base a un procedimiento írrito, sostenido en documentos falsos, era simplemente nulo. También ilustró, como profesor y experto que es, que Manuela Picq no incurrió en ninguno de los cuatro supuestos establecidos por el artículo 19 de la Ley de Migración para deportar a un extranjero.

Juan Pablo Albán dijo, además, algo más importante: él, Manuela y los habitantes del Ecuador queremos confiar en la justicia. Más allá de la indignación que el caso de Manuela ha provocado, en esa audiencia estuvo en juego la independencia del poder judicial. Vivimos inmersos en el autoritarismo de un grupo que cree tener, en sus manos, un designio providencial. Durante el Paro Nacional hubo alrededor de 70 detenidos. Algunos de ellos resultaron gravemente heridos y vejados. El sistema judicial es, en democracia, el último espacio de protección legal para evitar y sancionar las arbitrariedades del poder. La capacidad de esa función del Estado, para cumplir su deber, es lo que estuvo en juego a propósito del caso de Manuela Picq.

Ella, de hecho, fue la última en hablar. En kichwa, Manuela Picq saludó a la jueza y se definió como mujer de la nacionalidad cañari, en virtud de que contrajo matrimonio bajo el derecho consuetudinario de esa nacionalidad ancestral, cuyo ejercicio es protegido categóricamente por la Constitución de Montecristi. Respondió las preguntas de la magistrada, dejando claro que jamás se le notificó oficialmente de la revocatoria de su visa ni que -luego de ser detenida- se le llevó ante juez competente, como ordena la legislación ecuatoriana para que una detención no se convierta en ilegal y arbitraria. En ese momento nos pidieron a todos los presentes salir de la sala para que la jueza delibere y dicte sentencia.

Borges decía que cualquier “destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”. En esa sala de audiencias, la tarde del lunes 17 de agosto, la jueza Gloria Pinza le demostró al país quién era. En estricto cumplimiento de la Ley y con una valentía admirable en tiempos de cobardía y complicidad, la magistrada desechó la posibilidad de deportar a Manuela Picq ya que jamás se justificó su detención. Además, ordenó que se oficie a Fiscalía para investigar el fraudulento parte policial y la írrita resolución con la que revocan su visa.

En esta columna exijo al Consejo de la Judicatura no tomar represalias contra la jueza Gloria Pinza y pido al país vigilar que la magistrada no sea sancionada por demostrar que todavía existen jueces valientes en el Ecuador, que cumplen con su deber incluso en contra de los intereses del poder.

Luego caminamos junto a Manuela y los cientos de personas que fueron a respaldarla, sobre todo un gran número de miembros de las nacionalidades indígenas del país. Fuimos abriéndonos paso por las calles de Quito y festejando un insólito triunfo del Derecho y la razón en tiempos de caprichos e impunidad. Fue impactante ver a tantos ecuatorianos festejar la no-deportación de una extranjera que eligió al Ecuador como su hogar.

Pienso, sin embargo, que el inicio de esta crónica, que ya termina, tuvo lugar mucho antes. Cuando ese nombre, que hoy enorgullece a la profesora de la Universidad San Francisco y corresponsal de Al Jazeera, transformó la historia ecuatoriana. Manuela Cañizares se convirtió la madrugada del 10 de agosto de 1809 en la precursora del Primer Grito de Independencia de Quito y de uno de los primero de América. También se llamaba Manuela otra mujer valiente y brillante de esos tiempos: la hermana de Eugenio Espejo, el patriota que primero concibió el sueño de la libertad y el fin del despotismo en estas tierras. Y ya cuando estalló la guerra independentista y Bolívar se lanzó al proyecto americano, fue otra Manuela, esta vez de apellido Sáenz, la que condujo con serenidad y valor ese sueño.

Una Manuela, esta ocasión franco-brasileña, volvió a aparecer por estas montañas y nos obligó a unirnos no para evitar que la deporten, sino para que cobremos consciencia de que ha llegado la hora de defender los valores esenciales de la democracia y evitar abusos y arbitrariedades contra extranjeros y nacionales. Las nacionalidades son siempre algo protervas. En el fondo, solo somos cuerpos, mentes, ideas, formas de sentir y de concebir la vida. Siempre las pesadillas autoritarias atentan contra extranjeros, como si no fueran portadores de los mismos derechos que tenemos los nacionales por el simple hecho de ser seres humanos sobre la faz de la tierra. Ser ecuatoriano no puede ni debe ser un fanatismo, sino una posibilidad de encuentro y de evocar imágenes y una memoria de este lugar con la magnífica nitidez de lo que realmente es bello. Las patrias son ideas por las que se lucha, no lugares donde se nace. En realidad, Manuela no es extranjera. Es ecuatoriana, sin importar el lugar de su nacimiento. Parafraseando a Chavela Vargas: “los ecuatorianos nacemos donde nos da la chingada gana”.