Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Dos promesas de cambio que no son suficientes

Martina Vera Pérez
Quito, Ecuador

La autodenominada Revolución Ciudadana consolidó una estructura legal e institucional que durante la última década ha permitido que la voluntad del Ejecutivo predomine en el país.

Martina Vera

Así, hoy la oposición califica a la Asamblea Nacional de cómplice del Estado, a los jueces, de encubridores de la corrupción;y a los entes reguladores, de obstructores de la fiscalización. En campaña, muchos prometen modificar una estructura que afirman, sirve al poder y garantiza la impunidad. Quieren iniciar derogando la Ley de Comunicación y eliminando el Consejo de Participación Ciudadana y Social. El fin es respetable. ¿Son los medios viables?

Derogar no es tan simple


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La libertad de prensa es el pilar de un Estado en el que la prensa emprende una mayor y mejor representación de la voz ciudadana y fiscalización del poder. Esa necesidad la reconocen con ímpetu candidatos a la presidencia como Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. En este caso, ambos proponen derogar la Ley de Comunicación.  ¿Es sencillo hacerlo?

Para consolidar esa promesa será necesario  determinar qué sucederá con las instituciones que se edificaron para dar seguimiento al cumplimiento de dicha ley como la Superintendencia de Comunicación y la CORDICOM. ¿Correrá el próximo presidente con el impopular riesgo de suprimir las partidas de quienes ahí trabajan? Para derogar la ley también existe otra condición fundamental: la de aprobar esa disposición con una mayoría en el pleno de la asamblea. Los sondeos de opinión actuales vaticinan que la composición del futuro pleno probablemente sea fragmentada y la presencia de oposición mayor. Aun si la oposición tiene una mayoría es improbable que legisle unida.

Tocar el quinto poder, es un reto

Otra promesa que debe viabilizar una mayoría en el pleno es la de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Social o reformar los mecanismos que constituyen el quinto poder. De esto ya no solo hablan Lasso y Viteri, sino también Moncayo y Zuquilanda. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, aún si la Asamblea avala la eliminación del ente, aquello debería ratificarse en referéndum y contar con la aprobación de la Corte Constitucional. Esa Corte se compone actualmente de personajes afines al poder ejecutivo de Alianza País. Si no se elimina al Consejo, pero sí se aspira a modificar su composición a través de enmiendas constitucionales que se consulten en referéndum, la oposición se convertirá en aquello que critica: Correa. Fue el Presidente quien realizó una reforma a la estructura del estado hace poco a través de este mecanismo, pese a que aquello violenta la constitución. Si los miembros del consejo son desplazados ¿Elegirá un nuevo poder ejecutivo todo poderoso quienes serán los nuevos titulares de la entidad? ¿Pasaremos de un dominio a otro?

La voluntad de cambio es un buen principio para cumplir un fin, pero no es suficiente para que los ciudadanos decidamos si los medios para alcanzarlo merecen nuestro voto.