Ecuador. jueves 21 de septiembre de 2017
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“Antitrust watchdog” vs. jueces

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Nadie puede pedir que al superintendente Páez, de antimonopolio, le guste que un juez le enmiende la plana tirándole abajo la polémica decisión sobre la marca Club (que sea vendida como condición para la unión de Cervecería Nacional y Ambev, lo que no fue establecido en primera instancia por la propia Superintendencia). Pero cosa muy distinta es que se permita cuestionar que a los jueces se les haya concedido, por la Constitución, facultades para revisar las decisiones de funcionarios meramente administrativos, como él. Eso es inadmisible.


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“…se está utilizando el sistema judicial para generar una serie de temas que no le corresponden. Aquí hay una duplicación de funciones y sobre temas delicados que requieren estudios técnicos”, dijo el superintendente Páez en declaraciones a EXPRESO (publicadas el 6 de diciembre de 2016). ¿Cómo que no le “corresponde” al sistema judicial decidir si una resolución de un funcionario es constitucional o legal? ¿Y la Constitución, que permite a los jueces dejar sin efecto actos administrativos que vulneren derechos constitucionales (acción de protección, art. 88), o conocer cualquier otro tipo de impugnación contra esa clase de actos (art. 173)? Permitirse cuestionar esto, que es la base de un Estado que se dice de derecho, se llama prepotencia antidemocrática.

Pero no solo eso. Con aquello de los “temas delicados que requieren estudios técnicos”, se sugiere, despectivamente, un supuesto desconocimiento del juez de marras. En verdad desconozco qué formación tiene ese juez, pero al menos no erró con el varapalo sobre la marca Club, pues no es verdad que “la Superintendencia [tenga] todo el derecho de considerar un tema en segunda instancia [y así]… …se determinó la desinversión de la marca Club”, como dice el señor Páez. En segunda instancia solo se puede modificar las condiciones si la decisión inicial hubiese sido obtenida con base en “información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante”, según el art. 24 de la ley de la materia. Sobre esto, con clamorosa falta de motivación, ni media palabra dijo el superintendente.