Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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HRW denuncia excesos policiales en protestas del 17 y 18 de septiembre

La Policía reprime las protestas durante el 17S, en las afueras del Colegio Mejía. API/Juan Cevallos

La organización Human Rights Watch (HRW) emitió ayer una alerta sobre un supuesto uso de la fuerza excesiva, violaciones al debido proceso y restricciones a la libertad de expresión que se habrían registrado durante las protestas del 17 y 18 de septiembre pasado.


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En un documento de diez páginas, que hoy resume diario El Universo, el director de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco, sostiene que miembros de la Policía Nacional emplearon fuerza excesiva para dispersar manifestaciones “mayormente pacíficas en Quito el 17 y 18 de septiembre del 2014, durante las cuales detuvieron arbitrariamente y golpearon a manifestantes”. Esto, aunque el Gobierno niega que se hayan dado abusos.

El pasado 17 de septiembre las organizaciones agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores convocaron a una manifestación en rechazo a la política laboral del Gobierno y al posible incremento del pasaje estudiantil. El 18 de septiembre las protestas se concentraron en las inmediaciones del colegio Mejía.

Las aseveraciones de Human Rights Watch se basan, según dice el informe, en la información recogida en entrevistas y transcripciones de testimonios orales, y afirma que decenas de detenidos “sufrieron graves abusos físicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas al ser arrestados y durante su detención”.

El informe sostiene que una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante los enfrentamientos con la Policía que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos.

Vivanco señala que los manifestantes que recurren a la violencia deberían asumir y responder por sus actos, pero en ninguna circunstancia deberían sufrir tormentos mientras permanecen detenidos, ni deberían ser vulnerados sus derechos del debido proceso.

E instó a las autoridades ecuatorianas a investigar de forma imparcial la actuación por parte de las fuerzas de seguridad. “El Gobierno debería, además, dejar de perseguir a abogados y medios de comunicación que informan o denuncian abusos”, subraya el comunicado.

En su informe señala que entrevistó a testigos, abogados y a una víctima en un caso que afectó a ocho detenidos; además examinó las transcripciones de los testimonios brindados por 19 detenidos a fiscales, así como actas de audiencias judiciales, partes médicos y el informe presentado por la Cruz Roja Ecuatoriana, en el que se indica que 47 de los 53 detenidos visitados en centros de detención mostraban señales de haber sufrido lesiones.

En el Ministerio del Interior se informó ayer que se analizaba este reporte para emitir una pronunciamiento oficial.