Desde hace algunos meses, el Gobierno ha tratado de instalar la idea de que la economía ecuatoriana dejó la crisis atrás (crisis que en el discurso oficial fue provocada sólo por factores externos) y que ha entrado ya en una fase de recuperación. Para eso, además de las declaraciones de las autoridades económicas, se ha valido de las cuentas oficiales de distintas instituciones en Twitter, donde utiliza el hashtag #RecuperacionEconomica. Los primeros argumentos que se usaron para sustentar esa presunta recuperación ya eran frágiles –como el superávit de la balanza comercial (que no se explica por un crecimiento de las exportaciones sino por el desplome de las importaciones) y el aumento de los depósitos en los bancos (que, si bien muestra la confianza de los agentes en el sistema, responde a la masiva inyección de recursos procedentes de nueva deuda)–, pero varios de los que se han empezado a mencionar en los últimos días se derrumban con el primer análisis.

Ese es el caso, por ejemplo, de la caída en la tasa de inflación, que según un reciente tuit desde la cuenta oficial del Banco Central, es una señal de recuperación económica. En 2016 los precios al consumidor en Ecuador acumularon un alza de 1,12%, “la más baja en los últimos 10 años”, como señala el Banco Central. Una baja tasa de inflación es una noticia positiva porque permite que los salarios mantengan su poder adquisitivo. No obstante, los factores que explican la reducción de la tasa de inflación en Ecuador están lejos de ser un reflejo de una recuperación de la economía. El descenso en la inflación, de hecho, no responde a un incremento en la productividad que ha permitido a las empresas ofrecer sus productos a precios más competitivos, sino a la caída del consumo que las ha obligado, en muchos casos, a reducir sus precios para no seguir perdiendo ventas.

Las cifras oficiales que reflejan de manera más contundente la contracción en el consumo son dos: las cuentas nacionales que publica el Banco Central (donde el consumo de los hogares viene registrando contracciones interanuales desde el tercer trimestre de 2015, tendencia que, según las proyecciones oficiales, continuará en 2017) y las estadísticas del SRI (según las cuales en 2016 la recaudación de IVA interno se contrajo 9% frente a 2015 e incluso en el último trimestre del año pasado, luego de la enorme inyección de recursos, registró una leve caída interanual de 0,3%). La contracción del consumo se refleja también en otros indicadores. Por ejemplo, las empresas del sector comercial encuestadas por el Banco Central señalan haber contraído su demanda laboral a lo largo de todo 2016, incluso en los últimos meses del año, cuando las ventas navideñas suelen traducirse en una mayor contratación de personal. Por otro lado, la última Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC muestra que la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país y de sus hogares es mucho más pesimista que en períodos similares de años pasados, lo que limita su disposición a gastar[1].

Otra señal de la recuperación económica, según la cuenta de Twitter del Banco Central, es que la “opinión de los empresarios del sector industrial subió en diciembre de 2016”. Nada dice ese tuit sobre el hecho de que, según la misma encuesta, en diciembre se contrajo la demanda laboral en el sector industrial y que los empresarios encuestados proyectaban una nueva caída para enero (lo mismo ocurre con la demanda laboral de comercio, servicios y construcción); tampoco menciona que la utilización de la capacidad instalada en la industria (y también en los demás sectores señalados) está en niveles mínimos; o que en el cuarto trimestre de 2016 apenas el 15% de las empresas de esos sectores consideraban que era un buen momento para endeudarse, muy por debajo de los niveles superiores del 30% de los años de crecimiento.

Para el Gobierno incluso el pago de atrasos a los gobiernos seccionales es una señal de recuperación de la economía, como si esos pagos no fueran una obligación que el Ejecutivo tenía pendiente y que, además, se saldará en parte con títulos del Banco Central, generando un nuevo pasivo para el Presupuesto.

Además del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el de Política Económica, el SRI, entre otras instituciones, han utilizado sus cuentas oficiales en redes sociales para hablar de la supuesta recuperación económica. Seguramente lo seguirán haciendo a lo largo de la campaña electoral, usando en muchos casos argumentos tan endebles como los que hemos analizado o indicadores que, lejos de mostrar una real recuperación de la economía, son fruto únicamente del irresponsable proceso de endeudamiento que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos meses.

 

[1] El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Banco Central se calcula en base a la información levantada por el INEC. Los llamativos saltos que ese índice registró en septiembre y octubre (y que algunas autoridades económicas también señalaron como una muestra de la presunta recuperación) no coinciden con los resultados que se obtienen al revisar la base de datos de la encuesta. Sin dar una explicación, el Banco Central dejó de publicar desde noviembre los informes del ICC.

El Instituto Nacional de Estadística Censos (INEC) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo correspondiente a diciembre de 2016. El informe del INEC muestra un claro deterioro en los indicadores laborales que no va de la mano con el discurso oficial de una supuesta recuperación de la economía a partir de la segunda mitad del año pasado.

En una rueda de prensa convocada por autoridades oficiales para tratar de mostrar los resultados desde la visión más favorable para el Gobierno, el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, quiso centrar el análisis en la evolución de la tasa de desempleo a nivel nacional, que en diciembre de 2016 se ubicó en 5,2%, lo que implica una estabilidad frente al 4,8% de diciembre de 2015. En ese sentido, el ministro insistió en algo que ya es casi un lugar común en el discurso oficial: que el Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región. Suponiendo que esa afirmación fuera exacta (en realidad, en el tercer trimestre de 2016 Bolivia registró una tasa de desempleo de 4,1% y resulta difícil creer que aumentó en más de un punto en apenas tres meses), limitar el análisis del mercado laboral a una comparación de las tasas de desempleo a nivel regional es una manera de ocultar los graves problemas que enfrentan quienes buscan un trabajo en el país.

En ese sentido, lo más conveniente para analizar la evolución del mercado laboral es conocer cuánto varió el número de personas que tienen lo que el INEC denomina un “empleo adecuado”, es decir, trabajadores cuyo ingreso es mayor al salario básico unificado y trabajan la jornada legal (o trabajan menos horas pero, ganando al menos el salario mínimo, no quieren trabajar más). En diciembre del año pasado 3.243.293 personas estaban en esa condición, casi 244.000 menos que en diciembre de 2015. De hecho, la cantidad de personas con un empleo adecuado en diciembre de 2016 también fue menor que en los mismos meses de 2014 y 2013, lo que da cuenta de la baja demanda laboral por parte de las empresas. Al respecto, el nuevo director del INEC, David Vera, también presente en la rueda de prensa, reconoció que frente a diciembre de 2015 se perdieron 244.000 empleos adecuados, pero señaló que entre marzo y diciembre del año pasado se generaron 100.000. Esa comparación no es rigurosa técnicamente, porque diciembre es, desde siempre, el mes con los mejores indicadores laborales del año, lo que se explica principalmente por el consumo navideño y el turismo. Por eso al analizar estadísticas laborales la comparación debe ser siempre interanual. Aún así, que entre marzo y diciembre de 2016 se hayan creado 100.000 empleos adecuados está lejos de ser una buena noticia, ya que en períodos similares de 2014 y 2015 se crearon 340.000 y 263.000 empleos adecuados, respectivamente.

En cuanto a la tasa de empleo adecuado, en diciembre de 2016 ésta se ubicó en 41,2%, 5,3 puntos menos que en igual mes de 2015. Es decir, apenas 4 de cada de 10 ecuatorianos que quieren trabajar lo hacen en condiciones aceptables. Se trata de la segunda tasa más baja para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable (diciembre de 2007), sólo mejor que en 2009 (39,2%). Si se analizan las estadísticas sólo del sector urbano, la tasa de empleo adecuado de diciembre de 2016 (47,6%) es la más baja desde que se tienen datos comparables, lo que, a diferencia del análisis centrado en la tasa de desempleo, da cuenta de la verdadera magnitud del problema laboral que enfrenta el país.

Otro indicador que refleja este problema es la evolución del empleo inadecuado, compuesto por personas que tienen ingresos menores al salario mínimo (sin importar si quieren trabajar más horas o no) o que no completan la jornada legal de 40 horas semanales y están disponibles para trabajar más,  o que directamente no reciben un salario por su trabajo (el “empleo no remunerado”). La cantidad de personas con un empleo inadecuado aumentó en casi 600.000 entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. La mayor parte de ese crecimiento se explica por el aumento del subempleo (el número de personas en esa situación aumentó en 514.000).

En un punto de la rueda de prensa, el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Martínez, dijo que para 2016 “el objetivo del Gobierno era que no aumente el desempleo y lo hemos logrado”. En realidad, aún centrando el análisis en la evolución del desempleo, esa afirmación tampoco es exacta, porque si bien la tasa de desempleo permaneció estable entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el número de desempleados aumentó en ese período en más de 52.000. Y más del 80% de ellos son desempleados cesantes, es decir, personas que tenían un empleo y lo perdieron en el último año.

Con estas cifras, el Gobierno, en lugar de insistir en los supuestos logros de sus políticas económicas (el ministro Berrezueta llegó a decir que las medidas tomadas han sido “todo un éxito”), debería reconocer las debilidades de un modelo que no alienta la inversión privada y tratar de corregirlas para que en 2017, al menos, no se sigan destruyendo puestos de empleo adecuado.

 

A finales de la semana pasada el Banco Central del Ecuador (BCE) presentó el boletín de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre de 2016 y las proyecciones oficiales de crecimiento tanto para el año pasado completo como para 2017. Si bien en este mismo espacio hemos señalado varias inconsistencias en las previsiones de crecimiento que ha presentado el BCE en los últimos meses, las nuevas cifras dan cuenta de una falta de lógica y de rigor ya alarmantes en una institución que, además de manejar los depósitos públicos, las reservas bancarias y el dinero electrónico, está a cargo de generar estadísticas básicas para conocer la evolución de la economía nacional.

Para 2016 el BCE mantiene su previsión de contracción de 1,7%. Según un tuit publicado en la cuenta oficial de la institución, ese resultado se explica en “0,7% por el terremoto y 1% por el pago a Oxy”, pobre explicación que parece desconocer que, según las propias cifras oficiales hasta el tercer trimestre, la contracción económica es casi generalizada e incluye a actividades en las cuales el terremoto y la reasignación de recursos para el pago a la Oxy deberían haber tenido un impacto apenas marginal. Pero más allá de esa “aclaración” que pretende deslindar a la política económica de su responsabilidad en la complicada situación actual, las previsiones que el BCE mantiene para 2016 muestran una total inconsistencia con las cifras ya publicadas hasta el tercer trimestre.

Por ejemplo, en el acumulado de enero a septiembre de 2016 las importaciones (medidas en dólares constantes, es decir, en volumen) cayeron 10,3% frente a igual período de 2015. El BCE, sin embargo, proyecta para el año completo una caída de 21,2%, lo que significa que en el último trimestre las importaciones deberían haber registrado una contracción interanual de 56,7%. Al contrario, para los “otros elementos del PIB”, concepto que se refiere principalmente a los impuestos a los bienes y servicios (IVA, ICE, aranceles), el BCE prevé un crecimiento en 2016 de 14,5%, pese a que hasta el tercer trimestre ese concepto acumula una caída de 5,5%, consistente con la contracción en las importaciones y en el consumo de los hogares (-3,3%). Es decir, en el último trimestre los “otros elementos del PIB” deberían haber crecido 81% para alcanzar la previsión del BCE. En tanto, la economía en su conjunto, que desde el tercer trimestre de 2015 registra cinco caídas interanuales consecutivas (la última de -1,6%), debería haber crecido 1,1% en el cuarto trimestre de 2016 para alcanzar la proyección oficial. Acaso anticipándose a las suspicacias que un resultado así puede despertar, el nuevo ministro coordinador de la Política Económica y ex gerente del BCE, Diego Martínez, ya anticipó en una entrevista que el último trimestre fue “extraordinariamente bueno”.[1]

Un análisis aparte merecen las exportaciones, que en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2016 registran un crecimiento nulo (0%) frente a igual período de 2015, pese a lo cual para todo 2016 el BCE proyecta una contracción de 8,2%, lo que implicaría un desplome interanual de 33,5% en el último trimestre. Esta cifra, ya de por sí carente de lógica, resulta aún más incoherente al considerar que el mismo BCE prevé que en 2017 las exportaciones crecerán 11,9%, es decir, las proyecciones oficiales para este año no toman en cuenta las tendencias contempladas en las proyecciones de la misma fuente para 2016. Más allá de esa inconsistencia, ¿en qué se basa el crecimiento de 11,9% que el BCE prevé para las exportaciones en 2017 y que sustenta el crecimiento de 1,4% proyectado para la economía en su conjunto? Si bien la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea es una noticia positiva para el sector exportador nacional, lo es porque permite que los productos ecuatorianos mantengan (y en pocos casos mejoren) las condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo y no estén en desventaja frente a otros competidores, lo que no significa que las exportaciones a ese destino (que corresponden a productos no petroleros) vayan a crecer de manera importante, menos aún en un plazo de apenas un año. A esto hay que sumar que para 2017 se anticipa que la FED continúe elevando las tasas de interés referenciales en EE.UU., lo que puede derivar en una nueva apreciación del dólar que afecte a la competitividad de los productos nacionales. En el caso de las exportaciones de petróleo, si bien se espera un leve aumento en el precio del crudo, al calcular el PIB se toma en cuenta el VOLUMEN de las exportaciones (es decir, la cantidad de barriles de crudo exportados), para el cual no hay elementos que permitan prever un aumento importante, menos aún cuando el acuerdo entre los miembros de la OPEP establece un recorte del 4,7% en los niveles de producción. O el Gobierno del que el BCE es parte no piensa cumplir el acuerdo o las proyecciones no lo han tomado en cuenta.

Para 2017 el BCE proyecta que continúen cayendo la inversión (-5,2%) y el consumo de los hogares (-0,8%) –lo que llevaría el consumo privado a niveles similares a los de 2013 y la inversión a los de 2011, sin considerar que las caídas podrían ser mayores a las previstas–, pese a lo cual el mismo BCE espera, a la vez, que crezcan las importaciones y los “otros elementos del PIB” (como se señaló, impuestos a los bienes y servicios). Finalmente, si bien un ajuste fiscal luce inevitable en 2017, ya que el ritmo de endeudamiento de 2016 (que rondó los $14.000 millones) no es sostenible este año, el BCE espera que el consumo público aumente en 1,1%.

Con todas estas inconsistencias, la institución oficial, ahora encabezada por la ex viceministra de Finanzas, Madeleine Abarca, prevé que este año la economía nacional crezca 1,4%. El mayor problema con esta previsión, a todas luces demasiado optimista, no es que sirva para alimentar el discurso oficial de una presunta recuperación (funcional al Gobierno en época de campaña electoral), sino que si las medidas económicas se basan en esa previsión no servirán para corregir los enormes desequilibrios que enfrenta el país.

[1] Ver: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/03/nota/5978104/dejaremos-situacion-completamente-manejable

 

A finales de noviembre, el Presidente Rafael Correa pidió la renuncia a todos los ministros, con el fin de “oxigenar su gabinete”[1]. Tras la salida de Fausto Herrera del Ministerio de Finanzas por motivos de salud, el Presidente hizo varios cambios en su equipo económico que, sin embargo, no representan una “oxigenación” del mismo sino apenas un reciclaje de sus integrantes, como ya ha ocurrido con otros altos funcionarios a lo largo de la actual administración.

Patricio Rivera, quien se desempeñaba como ministro coordinador de la Política Económica, pasa a encabezar el Ministerio de Finanzas. Diego Martínez deja la gerencia del Banco Central (BCE) para reemplazar a Rivera. Y Madeleine Abarca, hasta ahora viceministra de Finanzas, es la nueva gerente del BCE. Todos estos cambios, lejos de augurar un cambio en la política económica del Gobierno hacia un manejo más responsable de las finanzas públicas, anticipa una continuidad en lo que ha sido la estrategia oficial a lo largo del año: apelar irresponsablemente al endeudamiento para mostrar una presunta recuperación económica y postergar el necesario recorte en el gasto fiscal.

En su papel de ministro coordinador de la Política Económica, Rivera mantuvo el discurso de que el Gobierno “no gasta mucho, sino que invierte mucho”; además, avaló y defendió las operaciones de financiamiento llevadas a cabo en los últimos años que incluyen emisiones de bonos (la mayoría de ellas a plazos cortos y con tasas mucho más altas que las que pagan los países vecinos), preventas de petróleo (actualmente el país no sabe cuánto crudo no comprometido queda para las próximas administraciones), créditos con China en condiciones poco favorables para Ecuador y la adquisición de papeles del Ministerio de Finanzas por parte del BCE[2].

Durante la gestión de Diego Martínez al frente de esa institución se han usado intensivamente los depósitos que el BCE debería custodiar para financiar el gasto fiscal, lo que él, distorsionando el concepto, ha definido como una “política contracíclica”. Cabe recordar que en lo que va del año el saldo de esos créditos (supuestamente de corto plazo) ha aumentado en cerca de $3.000 millones y ya roza los $4.300 millones. Además, en distintos momentos de la gestión de Martínez los activos líquidos (reservas internacionales) del BCE no han alcanzado para cubrir las reservas bancarias privadas.

En esas condiciones asume la gerencia del BCE Madeleine Abarca, quien en su papel de viceministra de Finanzas no sólo debió conocer las diversas herramientas que el Gobierno ha venido utilizando para ampliar la deuda pública (varias de las cuales no figuran en los boletines de deuda del mismo Ministerio de Finanzas), sino que seguramente avalaba que la institución que ahora dirige se convierta en uno de los principales prestamistas del Gobierno. En su nueva función, Abarca será la responsable del buen o mal uso que se le dé al dinero electrónico y seguramente será la encargada de presentar, a finales de este mes, el informe de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre del año. Cabe mencionar que durante la gestión de Martínez desde CORDES hicimos serios cuestionamientos a los resultados de crecimiento que presentaba el BCE, cuestionamientos que no han sido absueltos satisfactoriamente. Las cifras que deben publicarse a finales de este mes son importantes para el Gobierno porque deberían respaldar su discurso de la presunta recuperación económica.

En este punto cabe mencionar otro cambio de autoridades que ha recibido menos atención. Hace pocos días se nombró a David Vera Alcívar como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en reemplazo de Jorge García, quien había asumido interinamente la dirección de la institución tras la renuncia de José Rosero. Esta sucesión también se da en condiciones especiales, ya que el próximo informe sobre la situación del mercado laboral (correspondiente al último trimestre de 2016), que incluirá también datos de pobreza, se publicará pocas semanas antes de la primera vuelta electoral y el informe correspondiente al primer trimestre de 2017, poco antes de una eventual segunda vuelta. Es necesario recordar que el informe del tercer trimestre de 2016 (el último de la gestión de Rosero), que mostraba un importante deterioro del mercado laboral, con una destrucción masiva de puestos de empleo adecuado y miles de personas incorporándose al desempleo y al empleo inadecuado, recibió críticas públicas de parte del Presidente Correa, según quien ese informe “no traducía la realidad”[3]. Dada la cercanía de las elecciones, los próximos informes sobre el mercado laboral resultan especialmente sensibles para el Gobierno, incluso más que los de crecimiento (o caída) del PIB. En ese sentido, es importante que los analistas, la prensa y la ciudadanía en general estén atentos a la puntual presentación de los próximos informes y que el nuevo director (que, según el comunicado de prensa sobre su incorporación, “es Magister en Matemática Aplicada e Ingeniero en Estadística Informática”[4], cuando el Código Ingenios establece que las máximas autoridades de los institutos de investigación, como el INEC, deben poseer un PhD acreditado en la Senescyt y “contar con publicaciones indexadas o patentes”) justifique cualquier cambio que se llegue a incorporar en los mismos.

El Ecuador enfrenta una situación económica muy complicada que el Gobierno en un inicio se negó a reconocer y que actualmente, apelando a un endeudamiento irresponsable y a estadísticas de dudosa veracidad[5], insiste en que ya está siendo superada. En ese contexto, es importante que los funcionarios que ahora asumen la dirección de las principales instituciones económicas y estadísticas del país actúen en función de los intereses nacionales y no de los del Gobierno.

 

[1] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-presidente-rafael-correa-pidio-la-renuncia-a-todo-su-gabinete

[2] Al haber sido presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Rivera también está detrás de las últimas medidas en torno a los bancos, como el aumento del encaje o los cambios en el cálculo del coeficiente de liquidez doméstica que obligan a algunos bancos a repatriar dineros desde el exterior.

[3] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-24-10-2016.pdf

[4] Ver: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/david-vera-alcivar-es-el-nuevo-director-del-inec/

[5] Se destaca, por ejemplo, el llamativo salto que la confianza del consumidor registró en septiembre y en octubre, e incluso en junio, cuando subió el IVA.

Ante la preocupación y las reacciones de rechazo que provocó la decisión de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) de aumentar el encaje bancario de 2% a 5% para los bancos con activos superiores a los $1.000 millones, las autoridades económicas del Gobierno salieron coordinadamente en las últimas horas a exponer sus argumentos para defender la medida. En distintos medios de comunicación, el ministro coordinador de la Política Económica (y también presidente de la JPRMF), Patricio Rivera, y el gerente del Banco Central (BCE), Diego Martínez, señalaron que el aumento del encaje bancario (es decir, el porcentaje de los depósitos de personas y empresas que captan los bancos y que debe ser depositado en el BCE) es una medida para forzar a los bancos a colocar más créditos.

Si bien ese argumento no resiste el menor análisis porque carece de toda lógica (el Gobierno inmoviliza una parte adicional de los recursos que los bancos podrían utilizar para otorgar créditos con el supuesto fin de forzar a esos mismos bancos a dar créditos), es importante desmontar con cifras las falacias del discurso oficial. Ambos funcionarios han resaltado la cantidad de recursos “ociosos” que los bancos, incluso antes del incremento del encaje, tenían ya depositados en el BCE (pese a lo cual, el mismo Gobierno está obligando a algunos bancos a repatriar recursos). En ese sentido, según dijo Martínez a El Comercio[1], aumentar el encaje es “una medida que desestimula justamente tener dinero ocioso. Si los bancos prestaran el dinero podrían tener mayor utilidad, mayores ingresos y por lo tanto incrementar su rentabilidad”. Por su parte, Rivera dijo en Ecuavisa[2]: “Estamos llevando adelante una política regulatoria que busca algo con claridad: que los bancos reactiven el crédito, que presten, que en lugar de estar generando recursos a través de cobrar estados de cuenta, se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, intermediación financiera, crédito”.

A octubre de 2016, según las últimas cifras de la Superintendencia de Bancos, los siete bancos afectados por el incremento del encaje bancario (las autoridades no se molestaron en explicar por qué se dispuso un incremento discriminatorio y no se aplicó la misma medida a todos los bancos) generaron la mayor parte de sus ingresos por los intereses y las comisiones de los créditos que otorgan, y menos de una sexta parte por “ingresos por servicios”. En otras palabras, el negocio de los bancos es justamente hacer intermediación financiera y si en lo que va del año han colocado pocos préstamos ha sido principalmente por la caída en la demanda de crédito que se refleja en el último Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito del mismo BCE. Según ese informe, “en promedio, el 16,5% de las empresas pertenecientes a las cuatro ramas de actividad económica analizadas (comercio, industria, construcción y servicios), consideraron al tercer trimestre de 2016 como un buen momento para endeudarse”. Dos años atrás, el porcentaje de las empresas que consideraba que era un buen momento para endeudarse era casi el doble: 31,4%.

Pese a esta evidencia, tomada de un informe oficial, para Rivera lo que existe es “un discurso de que los bancos no encuentran donde colocar crédito” y para desmentir ese “discurso” citó una encuesta del Banco Mundial que, según él, “dice con absoluta claridad que el 52,8% del 40% de los ecuatorianos más pobres (…) piensan que es imposible acceder a un crédito y el 17,2% creen que es muy difícil. Cuando a esos mismos ecuatorianos se les pregunta si en caso de emergencia pueden acceder a una entidad financiera, dicen ‘no’. El 50% recurre a su familia, el 20% recurre a su empleador y apenas el 3,1% a una entidad financiera”. Si bien en la misma entrevista el ministro Rivera ya dio muestras de confundir los conceptos al mencionar el elevado encaje bancario para depósitos EN DÓLARES vigente en Colombia, Argentina y Perú, omitiendo que en los países con moneda propia el encaje para depósitos en dólares constituye una suerte de castigo para desincentivar la acumulación de activos en moneda extranjera, la cita a la encuesta del Banco Mundial (que también utilizó en una entrevista con El Telégrafo[3]) es una evidente manipulación a ese informe.

El Banco Mundial tiene, en efecto, una encuesta sobre inclusión financiera, cuya última publicación corresponde al año 2014 (primera omisión relevante). Entre el 40% de los ecuatorianos más pobres, el 52% y el 17% que mencionó el ministro no corresponden al porcentaje de quienes consideran imposible o muy difícil obtener un crédito, sino a quienes consideran imposible o muy difícil conseguir recursos ante una emergencia. La pregunta no contempla la procedencia de esos fondos[4]. Sólo más adelante se pregunta de dónde provendrían esos recursos: ahorros, familiares o amigos, empleador, institución financiera, prestamistas informales, otras fuentes. Entonces sí, el 48% de los encuestados (no el 50%) dice que recurre a su familia, el 20% a su empleador y apenas un 3,1% a una institución financiera. Lo que omitió el ministro es que en Colombia, Perú, e incluso en un país tan bancarizado como Panamá, el porcentaje de personas que acude a una institución financiera para enfrentar situaciones de emergencia es muy similar: 4,4%, 3,7% y 2,1%, respectivamente. En el caso de las empresas –volviendo al informe del BCE– apenas entre el 3% y el 5% de los encuestados dice que su razón para no haber solicitado un crédito es que las instituciones financieras no brindan facilidades.

Si el aumento del encaje bancario ha generado preocupación y rechazo es por el temor a que esos recursos, que corresponden a los depositantes y que ahora los bancos grandes no podrán retirar del BCE, sean utilizados para que esa institución los preste al Gobierno (la semana pasada esos créditos aumentaron en $107 millones y llegaron a $4.264 millones, que según las autoridades habrían sido financiados sólo con depósitos públicos). En ese sentido, la noticia de la nueva emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales ($750 millones, con un interés de 9,65% y vencimiento a diez años) no hace sino confirmar la necesidad de recursos que enfrenta el Gobierno para poder cubrir sus gastos y llegar a las elecciones repitiendo el discurso de la supuesta recuperación económica. Ante la falta de razones técnicas para defender el aumento del encaje, las autoridades económicas han optado por tratar de llevar la discusión al campo político (lo que ya advertimos en el último Cordes Opina[5]) y por esgrimir argumentos tan precarios y faltos de lógica que hacen pensar que en el Gobierno tienen un concepto muy pobre de la inteligencia de los ciudadanos.

 

[1] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/diegomartinez-aumento-encaje-bancos-ecuador.html

[2]Ver: https://goo.gl/rA7q18

[3]  Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-banca-privada-es-un-actor-politico-en-campana

[4] En este link (http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf) está el cuestionario de la encuesta a partir de la página 85. Las preguntas 24 y 25 se refieren a la posibilidad para obtener recursos en situaciones de emergencia.

[5] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-01-12-2016.pdf

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la semana pasada varias resoluciones que a primera vista parecerían tener injerencia solamente sobre el funcionamiento del sistema bancario del país, pero que, a pocas semanas de las elecciones presidenciales y con una situación fiscal bastante estrecha, podrían formar parte de una estrategia más amplia del Gobierno.

La resolución 302-2016-F establece que para los bancos con activos que superen los $1.000 millones, el encaje bancario, es decir, el porcentaje de las captaciones de los bancos privados que debe estar depositado en el Banco Central (BCE), pase de 2% a 5%. Si bien el efecto inmediato de esa medida es nulo, porque, dada la baja demanda de crédito, todos los bancos afectados por la resolución tienen depositados en el BCE montos mayores al nuevo requerimiento legal, el incremento en el encaje implica una restricción de la liquidez que los bancos pueden usar. En ese sentido, resulta llamativo que el Gobierno, empeñado como está en mostrar una mejora en el nivel de actividad, tome una decisión que, lejos de favorecer la oferta de crédito en el país, la restringe.

Pocos días antes de modificar el encaje legal para los bancos más grandes, la misma Junta emitió una resolución (301-2016-M) sobre los depósitos públicos en el exterior que establece: “Las entidades del sector público no financiero, no podrán mantener depósitos e inversiones financieras en el exterior, sin contar con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los depósitos e inversiones financieras, incluyendo capital e intereses, que estas entidades mantengan en el exterior sin contar con la autorización de la Junta, deberán ingresar de manera obligatoria al país hasta el 31 de diciembre de 2016 y se depositarán en el Banco Central del Ecuador”.

Esas dos resoluciones, por tanto, tienen un mismo efecto: aumentarán la cantidad de recursos, públicos o privados, depositados en el BCE. Conviene recordar que esa institución, a través de la compra de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas, ha prestado al Gobierno $2.848 millones en lo que va del año y, al 25 de noviembre, el saldo de esas operaciones (no registradas como deuda en los boletines oficiales) se encuentra ya en $4.175 millones. Dado que el BCE no puede emitir dinero, esos préstamos provienen de los depósitos que recibe la misma institución. Aunque el Gobierno se ha preocupado por resaltar que los fondos que el BCE utiliza para comprar los papeles del Ministerio de Finanzas proceden exclusivamente de los depósitos públicos, cualquier medida que provoque un incremento de los recursos depositados en esa institución genera sospechas sobre el uso que se pueda dar a los mismos, más aún en un contexto de estrechez fiscal (que el Gobierno quiere disimular para no afectar sus opciones electorales) y cuando se aproxima el pago de sobresueldos a los empleados públicos.

Los bancos en general (ya no sólo los más grandes) también se ven afectados por otra resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 303-2016-M, que altera el modo en que se calcula el Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), es decir, la proporción de la liquidez que los bancos deben mantener en el país. Si bien, en promedio, el sistema de bancos tiene un CLD mayor al que establece la ley, los cambios establecidos en la resolución puede obligar a ciertas instituciones a repatriar recursos al país, dineros que, muy probablemente, también terminen depositados en el BCE, donde no ganarán intereses. Esta nueva resolución se contradice incluso con uno de los considerandos de la resolución 302-2016-F, que señala “que el Banco Central del Ecuador ha establecido que existe altos niveles de excedentes de liquidez de los bancos privados en esta Entidad, habiéndose concentrado estos excedentes en los bancos más grandes del sistema”. Si existe un exceso de liquidez depositada en el BCE (institución que, según las resoluciones de la Junta, ha venido emitiendo varios informes reservados sobre el sistema bancario), ¿por qué se busca que los bancos traigan al país una mayor proporción de los recursos que tienen en el exterior, al resguardo de los vaivenes de la economía doméstica?

Probablemente la respuesta sea más política que técnica, es decir, que el Gobierno diga que esa medida busca fomentar la oferta de crédito (la misma oferta que se ve afectada por el incremento del encaje legal). Otra resolución de la Junta (la 305-2016-F) también parece tener un claro interés político al reducir, en pleno proceso electoral, los cargos máximos que los bancos pueden cobrar por ciertos servicios que prestan (como emisión y renovación de tarjetas o el protesto de cheques). Cabe recordar que apenas hace un mes y medio, la misma Junta había definido los costos máximos para los servicios financieros. Esta nueva resolución también permite que el Gobierno, en caso de que los bancos protesten por el injustificado incremento del encaje o la nueva forma de calcular el CLD, temas que requieren una justificación técnica sólida, desvíe la discusión hacia las ganancias que los bancos obtienen por el cobro de servicios complementarios.

El mismo Gobierno ha destacado el prudente manejo de los bancos en general para enfrentar la caída de los depósitos en 2015. Esperamos que, ante la cercanía de las elecciones, no se subordine la estabilidad del sistema financiero a intereses electorales o fiscales del momento.

A inicios de esta semana, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó el “Reporte de Pobreza, Ingreso y Desigualdad” con datos hasta septiembre de 2016[1]. Según ese reporte –que se basa en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)–, entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 Quito y Cuenca registraron un aumento significativo en sus niveles de pobreza por ingresos: en el primer caso la incidencia de la pobreza pasó de 5,5% a 9,4% y en el segundo de 3,7% a 9,7%. En el caso de Guayaquil, la pobreza habría permanecido estable (el leve incremento de 9,6% a 9,7% no es significativo). Cabe señalar que tanto en Quito como en Cuenca la pobreza registrada en septiembre del año pasado fue la más baja para un mes similar desde que se tiene información comparable, por lo que el salto se dio desde niveles mínimos. Sin embargo, en ambos casos la pobreza registrada para septiembre de 2016 también es mayor que la de igual mes de 2014, por lo que se puede afirmar que, según datos oficiales, en Quito y Cuenca la pobreza ha aumentado.

Si bien el reporte del BCE muestra que en ambas ciudades la pobreza subió entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 y que en Guayaquil permaneció estable, para todo el sector urbano se registra un leve descenso durante el mismo período, de 15% a 14,5%. Es decir, el aumento de la pobreza en Quito y Cuenca (y la estabilidad en Guayaquil) se habría visto compensado por un descenso de la pobreza en el resto del sector urbano.

El mismo reporte del BCE señala que existe una relación inversa entre pobreza y empleo, es decir, “que mientras mayor es el empleo, menor es la incidencia de pobreza a nivel nacional” [2]. La lógica detrás de esa relación es que cuando una persona pierde su trabajo se reducen los ingresos familiares y si ese nuevo nivel de ingresos no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, entonces los miembros del hogar caen en situación de pobreza. Lo ocurrido en Quito y Cuenca en términos de pobreza luce coherente con lo que sucedió en las mismas ciudades en materia de empleo: entre septiembre de 2015 e igual mes de 2016 el número de personas con un empleo adecuado se redujo en 57.000 y 26.000, respectivamente. En el resto del sector urbano, sin considerar Guayaquil, (es decir, Ambato, Machala y otras ciudades sin información desagregada) la destrucción de puestos de empleo adecuado afectó a más de 93.000 personas, pese a lo cual la pobreza habría descendido.

La explicación puede estar en que, si bien en el resto del sector urbano se perdieron muchos puestos de empleo adecuado (personas que trabajan la jornada legal y tienen ingresos no menores al salario mínimo), simultáneamente aumentó, en mayor proporción, el número de empleados inadecuados. En otras palabras, ante la pérdida de empleo de una persona, más miembros del hogar empezaron a trabajar, aunque sea en condiciones precarias, lo que ayudó a sostener los ingresos familiares. De hecho, entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 (cuando en el resto del sector urbano se perdieron, como se señaló, más de 93.000 puestos de empleo adecuado), 225.000 personas empezaron a generar algún ingreso en un empleo con insuficiencia de horas trabajadas o con salarios menores al mínimo (no se toma en cuenta a quienes tienen un trabajo no remunerado). En este punto llama la atención lo que ocurre en Guayaquil (donde la pobreza habría permanecido estable), ya que el número de personas que perdieron su empleo adecuado (70.000) fue mayor que el de aquellas que se sumaron al empleo inadecuado (50.000, descontado a quienes tienen un trabajo no remunerado).

Otra variable que incide sobre la evolución de la pobreza es la inflación, particularmente el costo de la canasta básica, que marca la línea para determinar si un individuo (o un hogar) es pobre o no. Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año el costo de la canasta básica aumentó 3,1%, muy por encima de la inflación general (1,3%). Los mayores aumentos se registraron en Machala (3,5%), Ambato (3,6%), Esmeraldas (3,7%), Manta (4,2%) y, particularmente, Guayaquil (5,7%), lo que, nuevamente, genera dudas acerca de la estabilidad de la pobreza en esa ciudad.

En todo caso, más allá de las dudas en torno a un resultado en particular, el deterioro del mercado laboral (que podría continuar en los próximos meses, tomando en cuenta la incertidumbre política y económica y la consecuente reticencia de las empresas por invertir o contratar personal) y el persistente incremento del costo de la canasta básica (en octubre el alza interanual fue de 3,3%) parecen anticipar que el aumento de la pobreza que ya se registró en Quito y Cuenca puede extenderse al resto del país.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaSep2016.pdf

[2] El reporte también señala que hay una relación inversa de la pobreza con el gasto público y con el crecimiento económico, variables para las que no se tiene información disponible hasta el tercer trimestre.

En el último enlace ciudadano, el Presidente Correa dedicó varios minutos a explicar el que, según él, es el modo correcto de interpretar las estadísticas de mercado laboral que el INEC presentó el lunes pasado. Más allá de que su interpretación está lejos de ser la correcta, en el tiempo que dedicó al tema, el Presidente hizo algo aún más preocupante: reprendió públicamente a los funcionarios del instituto estadístico por la manera en que presentaron las cifras laborales ya que, según él, el formato utilizado “no traduce la realidad”. Ese llamado de atención siembra dudas sobre el modo en que las cifras de empleo, uno de los temas más sensibles para el Gobierno (más aún en campaña electoral), se presentarán de aquí en adelante.

Respecto a la interpretación de las estadísticas por parte del Presidente, hay varios puntos que merecen ser comentados. El primero se refiere a los 363.000 “empleos” que, según él, generó la economía entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año. En realidad, las cifras del INEC muestran claramente que en ese período se perdieron más de 340.000 empleos adecuados (es decir, personas que trabajan la jornada legal y tienen un ingreso no menor al salario mínimo) y que los 363.000 nuevos “empleos” a los que se refirió el Presidente corresponden, principalmente, a subempleados (es decir, personas que trabajan menos horas de las que quisieran y tienen un ingreso menor al salario mínimo) y, en menor medida, a las demás categorías de lo que se denomina “empleo inadecuado”, es decir, trabajadores no remunerados o personas que trabajan menos horas de la jornada legal y tienen un salario inferior al mínimo pero no tienen disponibilidad o voluntad para trabajar más tiempo. La economía, por tanto, no ha generado nuevos puestos de trabajo, por el contrario, se han destruido por miles, pero las personas que perdieron su empleo o que ingresaron a la población económicamente activa (PEA, es decir, que empezaron a ofrecer sus servicios laborales) se han dado formas para tratar de llevar algún ingreso a sus hogares. Por eso es que, en el caso del Ecuador, analizar solamente la tasa de desempleo, como hacen el Presidente y varios de sus ministros, no es adecuado, porque el principal problema del país en materia laboral es que un altísimo porcentaje de las personas que quieren trabajar (y que no pueden darse el lujo de dedicarse a tiempo completo a buscar un trabajo sin generar algún tipo de ingreso) sólo pueden hacerlo en condiciones precarias.

Respecto al desempleo, las cifras del INEC muestran que entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año casi 94.000 personas cayeron en esa condición. Al respecto, el Presidente dijo que esos nuevos desempleados “no es que estaban trabajando y se los botó, no”, sino que corresponden a la diferencia entre las 457.000 personas que ingresaron a la PEA y las 363.000 que consiguieron un “empleo” (lo que él definió como una “buena noticia”, pero que, como ya se mencionó, son principalmente empleos precarios). En realidad, según el INEC, contrario a lo que aseguró el Presidente, más del 90% de los nuevos desempleados son cesantes, es decir, personas que tenían un trabajo y lo perdieron. El problema está en que el Presidente no incluyó en su análisis a los 340.000 puestos de empleo adecuado que se perdieron en el último año. Por tanto, las personas que empezaron a buscar trabajo no son sólo quienes se vincularon a la PEA, sino también quienes tenían un empleo y lo perdieron.

Pero, más allá de la errada interpretación de las estadísticas laborales (el Presidente incluso llegó a pedir que se comparen las cifras actuales con las que había antes de su Gobierno, cuando él debería saber que eso no es posible porque las metodologías de medición no son las mismas), lo más preocupante es la reprimenda pública a los funcionarios del INEC. “Esta semana salieron las cifras de desempleo –dijo el Presidente al empezar a referirse a ese tema–. En verdad hay buenas noticias, pero la prensa sacó unos titulares para deprimirnos, tengo que reconocer que con el entusiasta apoyo de los propios tecnócratas del INEC, porque ¡qué manera de presentar las cifras! La respuesta es que “este es el formato”. ¡Qué formato, señores! Esto no traduce la realidad.” Y más adelante insistió: “Los medios de comunicación, con ayuda de los tecnócratas del INEC, nos ponen todo lo negativo”.

Si, en opinión del Presidente, el modo en que el INEC presenta las estadísticas laborales “no traduce la realidad”, ¿qué se puede esperar para el próximo informe, que debería publicarse en enero de 2017, es decir, justo antes de las elecciones? ¿Va a permitir el Gobierno que el INEC mantenga su metodología de cálculo y la forma en que presenta los resultados (sobre los que no tuvo críticas mientras le eran favorables) o lo va a obligar a cambiarlos (en cuyo caso, sería bueno conocer con qué argumentos técnicos)? En otras palabras, ¿las cifras van a mostrar la realidad real o la que le conviene al Gobierno? Lamentablemente, en esta administración hay varios antecedentes de un manejo al menos poco riguroso de las estadísticas económicas: ahí está el Banco Central, que ha incumplido repetidas veces su propio calendario de publicaciones y cuyas cifras de crecimiento del PIB registran incongruencias que desde CORDES hemos denunciado, o el Ministerio de Finanzas, que incluso antes del último cambio respecto al modo de contabilizar la deuda pública ya la venía subestimando y que, a la vez, sobrestima los ingresos fiscales para mostrar un menor déficit. También hay antecedentes de gobiernos afines al nacional, como el venezolano o el argentino (durante el kirchnerismo), que ante una realidad que no les era favorable dejaron de publicar cifras sensibles o las manipularon groseramente.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno se ha empeñado en mostrar a la ciudadanía una supuesta “recuperación económica”, que en realidad es el resultado de la estrategia de endeudarse agresivamente y patear el ajuste hacia adelante. Obviamente, esa estrategia no despeja la incertidumbre sobre el futuro de la economía y, por tanto, no se ha traducido en una mayor demanda laboral por parte de las empresas, como muestran las últimas cifras del INEC. Si los resultados del próximo informe (correspondientes al cuarto trimestre) son tan negativos como lo fueron los del último, sería lamentable que, en lugar de tomar medidas para tratar de corregir la situación, el Gobierno opte por barrer la suciedad debajo de la alfombra.

Las cifras sobre la evolución del mercado laboral que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) echan por tierra el discurso oficial según el cual en el segundo trimestre de este año la economía ecuatoriana entró en una fase de recuperación. Por el contrario, dan sustento a la opinión (generalizada entre los analistas independientes) de que se trata tan sólo de un repunte circunstancial, explicado por el agresivo proceso de endeudamiento que el Gobierno ha emprendido para inyectar liquidez a la economía antes de las elecciones, y no de una recuperación genuina, basada en el incremento de la actividad y, por tanto, de la demanda de empleo por parte de las empresas.

Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año se perdieron, según el INEC, 340.000 empleos adecuados. En otras palabras, el número de puestos de trabajo adecuados se redujo en casi 10% en el último año. De hecho, la tasa de empleo adecuado reportada para septiembre de este año (39,2%, 6,8 puntos menor que en septiembre de 2015) es, junto con la de diciembre de 2009, la más baja desde 2007, cuando las estadísticas del mercado laboral se empezaron a calcular con la actual metodología. Los más afectados por la pérdida de puestos de empleo adecuado son los jóvenes de entre 15 y 34 años, que en septiembre de 2015 representaban el 42,6% del total de personas con un empleo de ese tipo (es decir, que trabajan la jornada legal y reciben un ingreso no menor al salario básico unificado) y en la actualidad representan el 38,5%.

La evolución del empleo adecuado no coincide con el dato, repetido por el Presidente y las autoridades económicas, de que a partir de agosto se incrementó el número de afiliados al IESS. En realidad, si se compara la cantidad de empleos plenos existentes en junio de este año con los reportados por el INEC para septiembre se registra una caída de 60.000 puestos de trabajo.

Lo que sí ha crecido, y de manera significativa, es el número de subempleados (personas que reciben un ingreso menor al salario mínimo y/o trabajaron menos horas de la jornada legal y quieren trabajar más), que pasó de 1.122.000 en septiembre de 2015 a 1.560.000 en septiembre de este año, es decir, un crecimiento del 39%, o de 438.000 personas. En menor medida, también se registró un aumento en las demás categorías que, junto con el subempleo, componen lo que el INEC denomina “empleo no pleno”: las personas con empleos no remunerados (que pasaron de 656.000 a 834.000) y las que tienen otro tipo de empleos no adecuados (de 1.962.000 a 2.064.000).

Respecto al desempleo, el INEC reporta un crecimiento importante en el número de personas en esa condición, que pasaron de 325.000 en septiembre de 2015 a 419.000 en septiembre de este año, es decir, actualmente hay 94.000 desempleados más que hace un año (lo que se refleja también en el aumento de la tasa de desempleo, que pasó de 4,3% a 5,2% en el período analizado). Casi la totalidad de este incremento en el desempleo se explica, además, por el aumento en el desempleo cesante, es decir, personas que tenían un trabajo y lo perdieron.

Entre junio y septiembre de este año la tasa de desempleo pasó de 5,3% a 5,2%, movimiento que, probablemente, sea destacado por alguna autoridad oficial poco rigurosa o poco honesta intelectualmente[1] como una nueva señal de la “recuperación de la economía”. Lo cierto es que entre ambos meses el número de desempleados habría crecido en más de 2.000 personas (dado que la variación es tan pequeña, lo más conveniente es hablar de una estabilidad en ese indicador). Si la tasa de desempleo mostró ese leve descenso, no se debe, entonces, a una reducción en el número de desempleados, sino al notorio aumento de la población económicamente activa (PEA), sobre la que se calculan las tasas de desempleo, subempleo y empleo adecuado. La PEA (conformada por las personas que están trabajando o están buscando activamente un trabajo) aumentó en casi 460.000 personas en el último año y en 225.000 personas en el último trimestre (mucho más que la población en edad de trabajar).

De hecho, el informe del INEC muestra que en la actualidad las tasas de participación bruta y global (es decir, PEA/población total y PEA/población en edad de trabajar, respectivamente) se encuentran en niveles máximos. Esto, lejos de sustentar la idea de una recuperación en el nivel de actividad, muestra que en los hogares ecuatorianos cada vez más miembros se vinculan al mercado laboral (lo que no significa que empiezan a trabajar, sino que empiezan a ofrecer sus servicios laborales) con la esperanza de colaborar con los ingresos familiares. Las cifras oficiales muestran, sin embargo, que en el mejor de los casos estos nuevos miembros de la PEA encontraron algún trabajo precario. Realidades de la situación económica que ni siquiera el insostenible y oneroso endeudamiento al que el Gobierno ha accedido en los últimos meses consigue ocultar.

[1] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-24-08-2016.pdf

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó hoy el boletín de cuentas nacionales con información hasta el segundo trimestre de 2016[1]. En la presentación ante los medios de comunicación el gerente del BCE, Diego Martínez, destacó que en el segundo trimestre de este año la economía ecuatoriana empezó a mostrar signos de recuperación, en comparación con el primero. “Habíamos anunciado que la economía ecuatoriana se está recuperando y se evidencia en este crecimiento del 0,6% del segundo trimestre”, dijo Martínez, según la cuenta de Twitter oficial de la institución. Más allá de que en la comparación interanual (es decir, el segundo trimestre de 2016 frente a igual período de 2015) el PIB registra un decrecimiento de 2,2% (la cuarta caída interanual consecutiva), conviene analizar las razones que explican esa aparente recuperación entre el primer y el segundo trimestre de este año.

La primera es que, según el propio BCE, el primer trimestre de 2016 fue incluso peor de lo que se pensaba hasta ahora. En el nuevo boletín el organismo oficial ha corregido la caída interanual del primer trimestre de -3% (que ya era el peor resultado en dolarización) a -4%. La “recuperación” del segundo trimestre que el BCE pretende destacar se da, entonces, frente a un período en que la economía mostró un pobrísimo desempeño.

Pese a esto, cabe preguntarse ¿qué mejoró entre el primer y el segundo trimestre de este año para explicar ese crecimiento de 0,6%? Según el boletín del BCE, el resultado positivo se explica, principalmente, por un aumento de 5% en las exportaciones y, en menor medida, por un alza de 1,6% en el consumo del gobierno. Todos los demás componentes del PIB por el enfoque del gasto (consumo de los hogares, inversión e importaciones) registran resultados negativos. Por tanto, el contexto externo, que en el discurso oficial hasta ahora venía siendo el culpable de la contracción económica que atraviesa el Ecuador, ahora es el que le permite tener un resultado positivo. Otra muestra de la dependencia del “modelo económico” del actual gobierno (si se puede llamar modelo económico a la política de gastar irresponsablemente los recursos públicos, incluso si eso lo obliga a contratar deudas en condiciones onerosas) hacia factores que no controla.

De hecho, las cifras del BCE muestran que ese crecimiento de 0,6% no se explica –salvo por el mayor consumo del gobierno– por factores internos. Al contrario, la demanda doméstica se contrajo 1,1% entre el primer y el segundo trimestre de este año (y 7,4% en términos interanuales) como consecuencia, principalmente, de una caída de 0,4% en el consumo de los hogares y de 2,4% en la inversión.

En una presentación sobre los resultados de las cuentas nacionales trimestrales[2], el BCE señala que entre las fuentes utilizadas para el cálculo de las mismas está el Estudio Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), una encuesta que el propio BCE realiza entre empresarios de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios. Los resultados del EMOE muestran que en el segundo trimestre la demanda laboral por parte de las empresas encuestadas fue menor, para todos los sectores analizados, que en el primero, es decir, que las empresas emplearon menos personal. Esto, y la caída de la formación bruta de capital fijo (es decir, la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) muestran que la “recuperación” de la economía que destaca el BCE no responde a un crecimiento genuino en el nivel de actividad que se traduzca en un mayor número de puestos de trabajo y, por tanto, más bienestar para la población.

De hecho, más allá del aumento en las exportaciones (en buena parte explicado por un crecimiento de las petroleras), esa “recuperación” de la economía en el segundo trimestre está dada por el mayor consumo del gobierno, que a su vez responde al agresivo proceso de endeudamiento que el Ejecutivo ha emprendido (en buena parte con recursos depositados en el BCE y también con onerosos créditos externos) para ponerse al día con algunos de sus proveedores y, de ese modo, tratar de mostrar una situación económica menos desfavorable de cara a la campaña electoral. El problema es que, además de ser insostenible, esa estrategia, que no brinda certidumbre a las empresas, no permite generar nuevas fuentes empleo.

[1] Si bien, a diferencia de los reportes anteriores, este se presentó “apenas” con un día laborable de retraso, esta vez el BCE decidió publicar información incompleta, pues faltan los resultados en valores nominales y también los deflactores.

[2] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt65/ResultCTRIM96.pdf

 

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