El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a marzo de este año. En un boletín de prensa firmado conjuntamente por el INEC, el Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio de Trabajo, se señala: “La recuperación económica que vive el país se evidencia en el sistema laboral con resultados positivos y consistentes. El desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, el más importante de los últimos cinco años, ubicándose en 4,4% en marzo de 2017 comparado con el 5,7% de marzo de 2016, lo cual representa una caída de 1,3 puntos porcentuales. Esto significa que aproximadamente 94 mil personas han salido del desempleo (…). Ecuador es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región”. Más allá de que el INEC, en su rol de instituto estadístico, debería limitarse a entregar las cifras sin darles una interpretación política, conviene analizar lo que señala el boletín y contrastarlo con lo que muestran otras cifras de la misma encuesta.

Como viene siendo una costumbre desde hace varios meses, el Gobierno pretende limitar el análisis a la evolución de la tasa de desempleo, cuando en realidad ese indicador, en el caso ecuatoriano, contiene muy poca información relevante sobre la situación del mercado laboral, ya que, ante la ausencia de un seguro general de desempleo (el actual sólo cubre a personas que hayan venido aportando al IESS), son muy pocos los ecuatorianos que pueden “darse el lujo” de dedicarse a tiempo completo a buscar trabajo; si mientras buscan un empleo formal generan algún tipo de ingresos (por ejemplo, vendiendo jugos o papel higiénico en las calles) ya no son considerados desempleados sino empleados inadecuados. Las propias cifras del INEC muestran que, desde que la metodología es comparable (diciembre de 2007), la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable dentro de una banda que va del 3,8% al 6,5%. Las tasas que sí se muestran sensibles a la coyuntura económica son la de empleo adecuado, que actualmente está en 38,5%, su nivel más bajo desde que la información es comparable, y la de empleo inadecuado, que se ubica en 56,9%, su nivel más alto. En otras palabras, si bien la tasa de desempleo cayó a 4,4% en el último año, actualmente apenas 38 de cada 100 ecuatorianos que quieren trabajar lo hacen en condiciones “adecuadas” (es decir, tienen ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas semanales o, ganando al menos el salario mínimo, trabajan menos horas que la jornada legal pero no quieren trabajar más). En marzo de 2014 (primer marzo para el que se tiene información comparable) 45 de cada 100 ecuatorianos que querían trabajar lo hacían en condiciones adecuadas.

El boletín de prensa oficial resalta que 94.000 personas salieron del desempleo entre marzo de 2016 y marzo de 2017. Lo que no dice es que en el mismo período NO SE CREÓ UN SOLO PUESTO DE EMPLEO ADECUADO, de hecho, las estadísticas muestran una caída de casi 30.000 empleos adecuados durante ese período, aunque esa reducción puede ser no significativa estadísticamente. En todo caso, esas personas que según el Gobierno, “han salido del desempleo”, muy probablemente están actualmente en alguna de las dos categorías del “empleo inadecuado” que crecieron en el último año: el subempleo (es decir, personas que tienen ingresos menores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y quieren trabajar más) o en el “empleo no remunerado” (por ejemplo, un joven que trabaja sin un sueldo en una tienda familiar).

Por cuestiones estacionales de los meses de diciembre (ventas navideñas, turismo, restaurantes), lo usual es que entre ese mes y el siguiente marzo siempre se reduzca la cantidad de empleos adecuados, incluso en años de alto crecimiento económico. Sin embargo, según las cifras de la última encuesta, eso no ocurrió entre diciembre de 2016 y marzo de este año, lo que resulta llamativo y podría estar mostrando una situación menos mala que la real. Pero asumiendo que no hay errores en las cifras, la evolución de la tasa de empleo adecuado en las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato) muestra una situación que no va de la mano con la supuesta recuperación económica que el Gobierno pregona desde hace varios meses. Entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, cayó la tasa de empleo adecuado en cuatro de esas cinco ciudades y en todas ellas aumentó el subempleo.

El boletín de prensa del Gobierno añade: “Otro signo de recuperación de la economía es la capacidad de absorber empleo que se mide a través de la tasa de empleo bruto. A marzo 2017 esta tasa incrementa en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 64,6% en marzo de 2016 a 65,9% en marzo de este año”. A la luz de las propias cifras oficiales, ese incremento en el empleo bruto no se explica por un crecimiento en el empleo adecuado (lo que sí reflejaría una recuperación genuina en el nivel de actividad y una mayor demanda laboral por parte de las empresas), sino del subempleo y el empleo no remunerado. El aumento en esas formas de trabajo no es un mérito de la política económica, sino que, por el contrario, refleja su ineficacia para generar empleos de calidad.

El Banco Central del Ecuador (BCE) colgó esta mañana en su página web el boletín de cuentas nacionales trimestrales con información hasta el cuarto trimestre de 2016. Como ya viene siendo una lamentable costumbre, la publicación se dio con más de una semana de retraso respecto a la fecha establecida en el calendario de la misma institución. La difusión de los resultados, además, se dio después de que el Presidente Correa los analizara en el enlace ciudadano del último sábado, lo que le permitió posicionar su interpretación de las cifras antes de que los analistas tuvieran acceso a ellas.

Según los datos del BCE, en el cuarto trimestre del año pasado la economía ecuatoriana registró un crecimiento de 1,7% frente al tercer trimestre (fue el tercer crecimiento trimestral consecutivo) y uno de 1,5% frente al cuarto trimestre de 2015 (primer resultado interanual positivo después de cinco caídas consecutivas). De este modo, en 2016 la economía ecuatoriana habría registrado, según estos datos preliminares, una contracción de 1,5% frente a 2015 (en la presentación de los resultados de las cuentas nacionales, el BCE habla de una “desaceleración” de -1,5%[1], lo que no tiene sentido, ya que para hablar de desaceleración la tasa de crecimiento debe ser menor que en períodos anteriores pero seguir siendo positiva; en este caso se trata de una contracción). El BCE había estimado que en 2016 la economía se contraería 1,7%.

Al analizar el PIB por el enfoque del gasto se observa que los factores que explican el crecimiento interanual de 1,5% en el último trimestre de 2016 son un leve repunte de las exportaciones (1,6%, con lo que el resultado para todo 2016 fue una pequeña caída de 0,3%) y, sobre todo, el crecimiento de 2,3% en el consumo de los hogares, después de cinco caídas interanuales consecutivas (de hecho, para el año completo el consumo privado registra una contracción de 1,9%). Ese crecimiento en el consumo de los hogares, a su vez, parece estar explicado en gran parte por la masiva inyección de recursos que el Gobierno llevó adelante en el último trimestre del año pasado (y también en el primero de 2017). Según las cifras fiscales que publicó esta misma mañana el BCE, en el último trimestre de 2016 el gasto del Gobierno Central creció 11% frente a igual período de 2015. Ese enorme crecimiento del gasto estuvo financiado, en buena parte, con nueva deuda. Cabe recordar que en septiembre y en diciembre del año pasado el Gobierno emitió bonos soberanos en los mercados internacionales (por un monto conjunto de $1.750 millones), que en octubre y diciembre concretó preventas de petróleo por $1.225 millones y que entre septiembre y diciembre consiguió cerca de $700 millones adicionales del propio BCE.

No se trata, entonces, de un crecimiento sostenible, sino del resultado de esta inyección de “anabólicos” por parte del Gobierno (estrategia que también explica el aumento de los depósitos en los bancos). De hecho, cabe recordar que entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016 se perdieron, según el INEC, 240.000 empleos adecuados y que las empresas encuestadas por el BCE continuaron reportando en los últimos meses del año pasado caídas en su demanda laboral (incluso las del sector comercio, que según el BCE, creció 3,5% en términos interanuales en el último trimestre), lo que no va de la mano con una recuperación genuina de la actividad. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo (FBKF), es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo, se contrajo 3% en el último trimestre de 2016 frente a igual período de 2015, cuando, a su vez, ya se había contraído 13% frente al último trimestre de 2014. En otras palabras, en 2016 la FBKF retrocedió más de cuatro años, a niveles inferiores a los de 2012.

Por el lado de las distintas actividades económicas  –además del crecimiento en la intermediación financiera (estrechamente vinculado con la inyección de recursos procedentes de nueva deuda) y en el comercio (que no estuvo acompañado, según las empresas del sector, por un aumento en la demanda laboral)–, cabe mencionar la caída de 7% en la construcción (con lo que regresó a niveles similares a los de 2012), el repunte de 2,4% en la manufactura (que tampoco estuvo acompañado por una mayor demanda laboral) y un llamativo crecimiento de 5,9% en el sector “servicio doméstico”, que no va de la mano con la masiva destrucción de empleos adecuados en 2016 que haría pensar que los hogares habrían optado por recortar ese tipo de gasto. Los resultados más positivos los presentan dos ramas que tienen al Estado como protagonista: refinación de petróleo (32,4%) y suministro de electricidad y agua (10,6%).

Dado que la inyección de recursos procedentes de nueva deuda continuó en el primer trimestre de 2017 (cuando el Gobierno, entre otras operaciones, consiguió $1.500 millones del BCE y completó una nueva emisión de bonos soberanos por $1.000 millones), es probable que los resultados de cuentas nacionales para ese trimestre vuelvan a ser positivos. Pero eso no significa que la economía esté entrando “en una fase de expansión”, como ya se dice desde el Gobierno, sino que el régimen saliente, a costa de un déficit fiscal cercano al 8% del PIB, quiso mostrar una economía supuestamente en recuperación. Ese repunte será genuino sólo cuando responda a un crecimiento de la actividad privada (acompañado de generación de empleo) y no a un irresponsable e insostenible aumento del gasto público.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt63/ResultCTRIM98.pdf

Nota aclaratoria: Durante el enlace ciudadano # 517, que se llevó a cabo el pasado sábado (25 de marzo), el Presidente Rafael Correa descalificó las declaraciones que el director de CORDES, José Hidalgo, hizo en una entrevista radial sobre la contratación de un nuevo crédito con China por $1.000 millones, que serán destinados, según el Presidente, a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado. Dado que las descalificaciones del Presidente se dirigieron al director de CORDES, más que a la institución, sólo por esta vez la columna de Cordes llevará una firma personal.

El 1 de junio de 2016, SENPLADES publicó su estimación de los impactos causados por el terremoto del 16 de abril y de los costos de reconstrucción. En un boletín de prensa –en el que se destaca que el proceso de evaluación estuvo a cargo de especialistas nacionales (de la misma SENPLADES, del INEC y de algunos ministerios), quienes estuvieron acompañados por “más de 45 expertos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), liderados por el equipo técnico de CEPAL”–, SENPLADES señala: “Los resultados determinaron que se requerirán $3.344 millones para reconstruir las zonas afectadas, de los cuales $2.253 millones (67%) serán asumidos por el sector público y $1.091 millones (33%) por el sector privado”. Dentro de ese total ya se consideran los recursos que serán destinados a los sectores social, productivo y de infraestructura, es decir, la estimación de $3.344 millones contemplaba un programa de reconstrucción integral de las zonas afectadas.

La semana pasada, cuando el Presidente Correa anunció la contratación de un crédito con China por $1.000 millones justamente para financiar gastos asociados con la reconstrucción, en CORDES publicamos un análisis en el que demostramos que los $2.253 millones que deben ser “asumidos” por el Estado (entre comillas, porque el principal aporte de ese monto proviene del sector privado a través de los impuestos recaudados por la Ley Solidaria) ya estaban cubiertos[1]. Al final de ese análisis, nos preguntábamos: “¿El Gobierno subestimó groseramente los costos de reconstrucción y estos en realidad superan los $4.500 millones? (…) ¿O una parte de los recursos que ingresaron a la caja fiscal supuestamente para atender los costos de reconstrucción se usaron en realidad para otros fines? O, más probable aún, ¿con la excusa del terremoto, el Gobierno, que sólo en los dos primeros meses de este año ya contrató nueva deuda por $2.500 millones para cubrir sus gastos, no estará tratando de conseguir $1.000 millones adicionales que le permitan llegar hasta el 24 de Mayo con el falaz discurso de que deja una economía ‘estable y en crecimiento’?”. La declaración que hice en una entrevista radial y que fue reproducida en el enlace ciudadano se refería, justamente, a la posibilidad de que el Gobierno se endeudara en $1.000 millones más con el pretexto del terremoto y utilizara en realidad esos fondos para llegar hasta el 24 de Mayo manteniendo su discurso de recuperación económica.

Durante el último enlace ciudadano, con las ofensas e ironías que suele dedicar a quienes dicen cosas que no le agradan, el Presidente afirmó que esa declaración es una mentira porque, si bien el crédito se firmará en su gestión, los recursos llegarán pasado el 24 de Mayo, es decir, con el nuevo Gobierno. Enseguida, el Presidente mostró un cuadro con el detalle de los fondos que se han obtenido para la reconstrucción (Tabla 1) y, más adelante, otro con el destino de esos fondos (Tabla 2).

El cuadro sobre fuentes de financiamiento muestra que el Gobierno ha conseguido (incluyendo una proyección de la recaudación de la Ley Solidaria hasta mayo) $2.410 millones, es decir, $157 millones más (o 7% más) que los $2.253 millones que SENPLADES estimó como el costo que debería ser asumido por el Estado para la reconstrucción. Es decir, ya hay un excedente frente a las necesidades inicialmente estimadas.

Por otro lado, si bien el cuadro incluye una proyección de lo que se recaudará por la Ley Solidaria hasta mayo, los dos puntos adicionales del IVA (medida que forma parte de esa ley) seguirán generando ingresos hasta junio, lo que significa unos $60 millones adicionales. Adicionalmente, el cuadro presentado por el Presidente no considera el crédito por $364 millones otorgado por el FMI y cuyo fin, según un boletín de prensa del mismo Fondo, es “ayudar al país a financiar las tareas de alivio y reconstrucción tras uno de los terremotos más fuertes en décadas.”[2] El Presidente puede argumentar que ese crédito estaba destinado a atender una urgencia en la balanza de pagos derivada del terremoto y no a financiar directamente los costos de reconstrucción. Al respecto, sin embargo, caben dos consideraciones. En primer lugar, que entre las fuentes de financiamiento para cubrir los costos de la reconstrucción el propio Gobierno contemplaba un crédito del FMI[3]. En segundo lugar, que en el contexto de un Banco Central que responde al Ejecutivo y que ha venido cubriendo necesidades del Tesoro a través de préstamos al Ministerio de Finanzas, los recursos procedentes del crédito del FMI (que entran a la misma “bolsa” que los depósitos públicos y las reservas bancarias que están en el Banco Central) bien podrían haber financiado una parte de los costos de reconstrucción u otros gastos del Presupuesto General del Estado[4]. De hecho, dado el desplome de las importaciones (por las salvaguardias y la contracción económica) y el consecuente superávit comercial, la balanza de pagos no enfrentó el año pasado urgencias como consecuencia del terremoto.

Incluso omitiendo el crédito del FMI, si al cuadro de financiamiento que se presentó en el enlace ciudadano (y que tampoco considera el cobro de seguros) se suman los $60 millones adicionales por la Ley Solidaria, el financiamiento para la reconstrucción suma $2.470 millones, es decir, $217 millones más (o 10% más) que el monto inicial de $2.253 millones estimado por SENPLADES como gasto a cargo del Estado. Si a esos $2.470 millones se suman $1.000 millones más procedentes de un nuevo crédito con China, entonces estamos hablando de un incremento de $1.217 millones (o del 54%) frente a los $2.253 millones que, según la evaluación oficial, debían ser asumidos por el Estado.

Conviene insistir mucho en este último punto, porque a lo largo de los minutos que el Presidente dedicó a defender el nuevo crédito con China, habló constantemente de un costo de reconstrucción de $3.300 millones, seguramente refiriéndose a los $3.344 millones que SENPLADES estimó como COSTO TOTAL. Llama la atención que el Presidente, que condena las “verdades a medias”, haya omitido un punto tan importante como que el 33% de ese costo total debe ser asumido por el sector privado (es decir, $1.091 millones) y sólo el 67% por el sector público (los $2.253 millones mencionados).

El Presidente recalcó que el costo de $3.300 millones era un valor mínimo y que, después del terremoto del 16 de abril se han dado más de 3.000 réplicas que también han ocasionado daños. Las réplicas y sus consecuencias son un hecho, ¿pero han causado daños equivalentes al 54% de los que ocasionó el terremoto del 16 de abril? ¿Un incremento de esa magnitud en el costo de reconstrucción no debería estar avalado también por las instituciones que acompañaron a SENPLADES en la estimación inicial? Si bien a lo largo de la gestión del Presidente Correa el país se ha acostumbrado a que se hable a la ligera de cifras de cientos de millones de dólares (y también se ha acostumbrado a que los presupuestos iniciales de las grandes obras del Gobierno casi siempre estén muy por debajo del costo final), no podemos dejar pasar sin beneficio de inventario un aumento semejante en el costo de la reconstrucción sólo porque se trata de un tema políticamente sensible.

Respecto al crédito en sí –cuyas condiciones (2% de interés y 20 años plazo) son, en principio, mucho más favorables que la deuda externa que el país ha conseguido en la actual administración– conviene hacer algunas preguntas: ¿Por qué se negocia un crédito por $1.000 millones que va a llegar una vez finalizada la actual gestión y que además, como el Presidente dijo, está “atado a proyectos”’? ¿No hubiera sido lo correcto (por no decir “lo decente”) que el próximo Gobierno, en cuya administración se van a llevar a cabo esos proyectos, negocie el crédito? ¿Esos proyectos, como ha sido costumbre con muchos de los préstamos chinos recibidos durante la actual administración, van a ser ejecutados por empresas también chinas? ¿De ser así, significaría que, nuevamente, los proyectos habrían sido asignados sin una licitación previa?[5]

Por otro lado, el Presidente parece pensar que con el solo hecho de que él asegure que el nuevo crédito chino va a llegar después del 24 de Mayo queda descartada la posibilidad de que ese préstamo también haya servido para dar oxígeno a su Gobierno. Para descartar esa posibilidad debemos tener la certeza de que los recursos recaudados para la reconstrucción han sido destinados únicamente a ese propósito. Si, por el contrario, una parte de esos recursos fue utilizada para otros gastos del Presupuesto General del Estado, el crédito chino, aunque llegue después del 24 de Mayo, también habría significado un financiamiento indirecto para este Gobierno. Para eliminar esas sospechas, el Gobierno debe presentar a la ciudadanía un informe detallado y debidamente respaldado del destino de TODOS los fondos que ha recibido hasta ahora para la reconstrucción (no sólo de los recaudados por la Ley Solidaria, cuyo detalle publica el Ministerio de Finanzas). El cuadro presentado durante el enlace ciudadano (Tabla 2) es, en el mejor de los casos, apenas un resumen del gasto agrupado por grandes rubros y la información que ha sido presentada en la página web de la Secretaría de Reconstrucción incluye, en el segundo informe trimestral, datos tan curiosos como éstos: $4 millones para el Ministerio del Interior por “Adquisición de kit de protección, combustible para vehículos y aeronaves, insumos de criminalística” y, a renglón seguido: $3 millones para la Policía Nacional por “Proyecto Adquisición de kit de protección, combustible para vehículos y aeronaves, insumos de criminalística”.[6] Cabe mencionar que, contrario a lo que aseguró el Presidente durante el enlace ciudadano, el tercer informe trimestral, con corte hasta febrero de 2017, aún no estaba disponible en la página web de la Secretaría el último sábado.

Finalmente, si el Gobierno necesitó de más deuda para llegar hasta el fin de su gestión sólo lo sabremos cuando el Ministerio de Finanzas decida habilitar nuevamente el programa que muestra información diaria de la ejecución presupuestaria (y que lleva casi tres semanas dado de baja) o cuando un nuevo Gobierno transparente las opacas estadísticas de la deuda pública. Los $2.500 millones que el Gobierno consiguió apenas en los dos primeros meses del año llevan a pensar que seguramente para las semanas que le quedan va a necesitar más créditos o, lo que viene a dar igual, que va a dejar muchas cuentas por pagar (atrasos, papeles del Estado) a su sucesor.[7]

Ante la imposibilidad de tener un espacio de réplica en el enlace ciudadano, he utilizado esta columna institucional para contestar, sin caer en la misma actitud, a las ofensas y descalificaciones emitidas por el Presidente Correa el último sábado. Un Jefe de Estado, que además se jacta de proceder de la academia, debería utilizar argumentos sólidos y cifras exactas en lugar de agravios. Esa actitud hace casi imposible mantener un debate serio y civilizado sobre las medidas que se deben tomar para salir de la gravísima situación económica que este Gobierno deja a su sucesor y que el Presidente Correa se empeña en desconocer.

 

José Hidalgo Pallares

Director General

CORDES

 

[1] Ver: https://t.co/daN1nV8Zt5

[2] Ver: https://goo.gl/a10wsd

[3] Una nota del diario público El Telégrafo publicada el 2 de junio de 2016, dice: “Para solventar los costos de la reconstrucción y las pérdidas ocasionadas por el sismo, se estima que las necesidades de financiamiento ascienden a $2.253 millones. De este total, $1.000 millones provendrán de los recursos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, $660 millones saldrán de líneas de créditos contingentes proporcionadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); $400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); y $193 millones emanarán del Presupuesto General del Estado (PGE) y otras fuentes, una de las cuales son los seguros contratados”. Ver: https://goo.gl/5lkNSx

[4] Según el Boletín Monetario Semanal del Banco Central, entre julio y agosto de 2016 las “Obligaciones con el FMI” pasaron de $0 a $364,8 millones. En el mismo período, los préstamos del Banco Central al Gobierno subieron de $2.849 millones a $3.601 millones.

[5] En su columna en El Universo, Walter Spurrier plantea más dudas sobre las condiciones del crédito. Ver: https://goo.gl/aLaosx

[6] Ver: https://goo.gl/mjQAcV

[7] Entre el 17 y el 24 de marzo, el saldo en circulación de Títulos del Banco Central (TBC) que el Gobierno utiliza para honrar una parte de sus deudas subió de $98 millones a $310 millones

 

Distintos medios de prensa han difundido esta tarde la noticia de que el Ecuador está negociando un nuevo crédito con China por $1.000 millones, presuntamente para cubrir gastos asociados con el terremoto del 16 de abril del año pasado[1]. Según declaraciones del Presidente Correa recogidas en esas notas, se trataría de un crédito a 20 años plazo con un interés del 2% anual. El mandatario agregó que en los próximos días “un equipo de Finanzas irá para ya firmar el crédito”.

El 1 de junio del año pasado, un mes y medio después del terremoto, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) dio a conocer “la estimación de los impactos del evento sísmico del pasado 16 de abril y el costo estimado de reconstrucción en función de la metodología internacional para el levantamiento de necesidades post desastre PDNA (Post Disaster Needs Assesment)”[2]. Según esa estimación, “se requerirán $3.344 millones para reconstruir las zonas afectadas, de los cuales $2.253 millones (67%) serán asumidos por el sector público y $1.091 (33%) por el sector privado”. En realidad –dejando de lado la suspicacia de que la estimación de SENPLADES se acercó mucho al cálculo “a ojo de buen cubero” que había hecho el Presidente poco después del sismo–, la mayor parte del costo de la reconstrucción lo asumiría el sector privado, ya que, según detalla una nota de El Telégrafo publicada el 2 de junio[3], de los $2.253 millones que, en el discurso oficial, estarían a cargo del sector público, $1.000 millones provendrían de los ingresos generados por la “Ley Solidaria” (es decir, aumento temporal de dos puntos en la tasa del IVA, contribuciones de uno o más días de sueldo, impuestos adicionales sobre las utilidades, entre otras “contribuciones solidarias”). La misma nota señala que “$660 millones saldrán de líneas de créditos contingentes proporcionadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); $400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); y $193 millones emanarán del Presupuesto General del Estado (PGE) y otras fuentes, una de las cuales son los seguros contratados”.

Según información del SRI, en 2016 los ingresos generados por la “Ley Solidaria” sumaron $1.161 millones y en los dos primeros meses de 2017 ingresaron $167 millones adicionales. Es decir, hasta febrero la “Ley Solidaria” había generado $1.328 millones, de los cuales $555 millones corresponden a los dos puntos adicionales de IVA, medida que seguirá vigente hasta junio, por lo que podría generar cerca de $200 millones adicionales. Por lo tanto, la “Ley Solidaria”, por la que se esperaba recaudar $1.000 millones, generará en realidad $1.500 millones.

De los $660 millones que se esperaba recibir de multilaterales, se conoce que el BID abrió una línea de financiamiento por $300 millones[4], de los cuales han llegado, al menos, $208 millones. A estos se suman $100 millones de la CAF y $150 millones del Banco Mundial, es decir, $458 millones en total. Sin embargo, según el boletín de deuda externa de diciembre de 2016 publicado por el Ministerio de Finanzas[5], el país también recibió $175 millones del Banco Europeo de Inversiones por concepto de “Contrato de financiación reconstrucción post-terremoto” y $20 millones más del BID, también relacionados con el desastre. Es decir, por esos créditos se obtuvieron $653 millones, a los que hay que sumar $364 millones provenientes del FMI a través de un “instrumento de financiamiento rápido”[6].

Entonces, entre los ingresos generados por la “Ley Solidaria” ($1.328 millones hasta febrero que, presumiblemente, llegarán al menos a $1.500 millones hasta junio), los $364 millones del FMI y los $653 millones de otros créditos, ya se superan, en más de $200 millones, el monto que, según el discurso oficial, sería asumido por el Estado ($2.253 millones). Todo esto sin considerar los $193 millones que provendrían del PGE o del cobro de seguros.

Mirando esas cifras, surgen, al menos, tres dudas: ¿El Gobierno subestimó groseramente los costos de reconstrucción y estos en realidad superan los $4.500 millones? Difícil, ya que, en realidad, algunos analistas creían que el costo podía ser mucho menor[7]. ¿O una parte de los recursos que ingresaron a la caja fiscal supuestamente para atender los costos de reconstrucción se usaron en realidad para otros fines? O, más probable aún, ¿con la excusa del terremoto, el Gobierno, que sólo en los dos primeros meses de este año ya contrató nueva deuda por $2.500 millones para cubrir sus gastos, no estará tratando de conseguir $1.000 millones adicionales que le permitan llegar hasta el 24 de Mayo con el falaz discurso de que deja una economía “estable y en crecimiento”?

 

[1] Ver nota de El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-negociacion-china-credito-terremoto.html o de El Universo: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/03/22/nota/6102316/ecuador-negocia-china-credito-1000-millones-reconstruccion?utm_source=fb-tw-gp&utm_medium=social&hootPostID=ce9ec72a271b187fc5b976f8c13ffc3f

[2] Ver: http://www.planificacion.gob.ec/el-gobierno-nacional-presento-los-costos-de-la-reconstruccion-de-las-zonas-afectadas-por-el-sismo/

[3] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/usd-3-344-millones-es-el-costo-de-la-reconstruccion-de-las-zonas-afectadas

[4] Ver: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-20/linea-de-credito-de-us300-millones-para-ecuador,11450.html

[5] Ver: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/DE_DICIEMBRE-2016_corregido.pdf

[6] Ver: https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/07/21/18/20/NA070816-Ecuador-Gets-364-Million-IMF-Loan-to-Tackle-Earthquake-Reconstruction

[7] Ver: http://economiaenjeep.blogspot.com/2016/04/el-costo-del-terremoto-el-efecto-de-las.html

 

Desde diciembre de 2016, según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI), la recaudación tributaria viene mostrando variaciones interanuales positivas, lo que ha sido resaltado nuevamente por el Gobierno como una muestra de que la economía habría entrado en una fase de recuperación. “Ahora estamos recuperando plata porque la economía se está recuperando y eso nos permite bajar pagos atrasados”, dijo el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, en una entrevista con el portal ecuadorinmediato.com[1]. En base a esas declaraciones de Rivera sobre el alza en la recaudación de impuestos, El Telégrafo publicó una nota titulada “Los ingresos de la caja fiscal aumentan”[2]. En ese sentido, conviene analizar qué explica ese repunte de la recaudación tributaria en los últimos tres meses y si esa presunta recuperación está generando, efectivamente, mayores ingresos al Presupuesto General del Estado (PGE).

Según el SRI –cuyas últimas cifras son provisionales y están sujetas a revisión–, en diciembre de 2016 la recaudación total (descontando los ingresos temporales creados por la Ley Solidaria) creció 11,6% frente al mismo mes de 2015. En enero de este año el crecimiento interanual fue de 0,2% y en febrero de 7,7%. Es decir, lo recaudado por el SRI entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 supera en 5,7% a lo que recibió la misma entidad entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Entre los impuestos principales, el que muestra el mejor desempeño es el ICE a las operaciones internas, cuya recaudación creció en más de 20% durante el período analizado. Al respecto cabe señalar, sin embargo, que la recaudación de ICE interno de los últimos tres meses no es comparable con la de diciembre 2015 – febrero 2016, ya que a finales de abril del año pasado la Asamblea aprobó la “Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas” que estableció o incrementó el ICE para productos como gaseosas y otras bebidas azucaradas, cervezas y servicios de telefonía fija y móvil para empresas.

Otros tributos importantes, como el IVA o el Impuesto a la Renta, también registran desempeños positivos. No obstante, esos resultados están relacionados con el fuerte incremento del gasto público que se dio en los últimos meses. Según cifras del Ministerio de Finanzas compiladas por el Observatorio de la Política Fiscal (OPF), entre noviembre de 2016 y enero de 2017 el gasto total del PGE sumó $7.879 millones, es decir, 10,7% más que entre noviembre de 2015 y enero de 2016. Semejante inyección de recursos a la economía necesariamente tiene que generar un impacto positivo en la actividad y, por tanto, en la recaudación tributaria, más aún en meses de alto consumo como noviembre y diciembre. Se trató, no obstante, de un incremento en el gasto que estuvo financiado por el agresivo endeudamiento que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos meses, en el contexto de la campaña electoral. Entre las deudas que el Gobierno contrató sólo entre noviembre de 2016 y enero de este año destacan dos colocaciones de bonos en el mercado internacional, por un monto conjunto de $1.750 millones, una nueva preventa petrolera por $900 millones y nuevos créditos del Banco Central por $667 millones, es decir, más de $3300 millones que en buena parte se utilizaron para inyectar recursos a la economía y mantener el discurso de la “recuperación”.

Por otro lado, si bien las cifras del SRI muestran un incremento en la recaudación tributaria, las cifras del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución del PGE no registran ese aumento. Según la información recopilada por el OPF (antes de que el sistema informático para conocer la ejecución presupuestaria fuera dado de baja), en el acumulado de enero y febrero de este año los ingresos tributarios del PGE (descontando los ingresos generados por el aumento temporal del IVA) sumaron $1.983 millones, 6,5% menos que en el mismo período de 2016. Con excepción del ICE (por los motivos ya señalados), todos los principales impuestos (IVA, Renta, aranceles) registran caídas interanuales. Esta aparente incongruencia se puede deber a la cantidad de notas de crédito que el SRI emitió el año pasado (por casi $700 millones, es decir, 127% más que en 2015) y que afectan a la recaudación efectiva, que es la que se transfiere al Tesoro.

En los dos primeros meses de 2017 la emisión de notas de crédito por parte del SRI continuó creciendo (76% más que en igual período de 2016), a lo que se suma el desproporcionado incremento de la deuda pública y la utilización de papeles estatales para honrar una parte de los atrasos del Gobierno con universidades, gobiernos seccionales y proveedores del sector privado (lo que también resta liquidez a la próxima administración). En otras palabras, en el marco de unas elecciones que parece desesperado por ganar, el Gobierno está usando, de manera irresponsable con el país, la estrategia de “pan para hoy y hambre para mañana”.

 

[1] Ver: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818816970&umt=ministro_rivera_recaudacion_tributaria_crecio_entre_2016_y_2017_un_12_por_ciento_audio

[2] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/los-ingresos-de-la-caja-fiscal-aumentan

 

Según el último Boletín Monetario Semanal (BMS) publicado por el Banco Central, la semana pasada el crédito de esa institución al Gobierno (a través de la compra de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas) aumentó en $416 millones y llegó a $5.289 millones. Sólo en lo que va de 2017 ese crédito, que en la actualidad equivale ya al 5,5% del PIB y que no está contemplado en los boletines oficiales de deuda pública, ha aumentado en $984 millones. Cabe recordar que en los últimos meses las autoridades del equipo económico ofrecieron, en varias ocasiones, que el Gobierno empezaría a pagar la deuda con el Banco Central –deuda que, en el discurso oficial, está respaldada en los depósitos del IESS, de los gobiernos autónomos, de las empresas públicas y, en menor medida, del Tesoro Nacional, en el mismo Banco Central–, en lugar de seguirla aumentando[1].

La creciente deuda del Gobierno con el Banco Central no es una operación aislada, sino que forma parte del agresivo proceso de endeudamiento que el Ejecutivo ha llevado a cabo desde el año pasado con el objetivo de inyectar recursos a la economía que le permitan, en el contexto de la campaña electoral, hablar de una supuesta recuperación en el nivel de actividad. En 2016, según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, el Gobierno consiguió financiamiento por alrededor de $13.000 millones. Dentro de ese monto, además del aumento de $3.000 millones en la deuda con el Banco Central, destacan las emisiones de bonos soberanos que se llevaron a cabo en el segundo semestre por un monto total de $2.750 millones (con intereses que llegaron a bordear el 11% anual) y nuevos créditos con China por más de $2.300 millones.

En 2017, lejos de moderar el ritmo de endeudamiento, el Gobierno concretó una nueva emisión de bonos en los mercados internacionales por $1.000 millones e incrementó, sólo en enero, el saldo de la deuda interna (sin considerar los créditos del Banco Central) en $537 millones. Es decir, sólo entre las emisiones de bonos en el mercado internacional y en el mercado interno (donde el comprador seguramente fue el IESS) y la nueva deuda con el Banco Central (los $984 millones señalados), el Gobierno ha conseguido financiamiento por más de $2.500 millones. Ese monto representa casi la mitad de los $5.300 millones que, según el mismo Gobierno, serían las necesidades de financiamiento para todo 2017[2], lo que, a todas luces, es una evidente subestimación de esas necesidades.

Los créditos que el Gobierno ha conseguido en los últimos meses le han permitido ponerse al día con algunos de sus proveedores (no con todos, en sectores como el petrolero el sector público sigue acumulando millonarias deudas que se heredarán a las siguientes administraciones) y mantener, así, un falaz discurso de recuperación económica con el que busca favorecer al candidato oficial a la Presidencia. Ese discurso, no obstante, no se ha visto reflejado en una recuperación del mercado laboral (las empresas de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios encuestadas por el mismo Banco Central continúan registrando caídas en la cantidad de personal ocupado), que sería una verdadera señal de repunte en el nivel de actividad.

El Presidente Correa ha dicho que deja a su sucesor una economía estable y en crecimiento. Nada más alejado de la verdad. Respecto al crecimiento, sólo el Banco Central, con supuestos carentes de toda lógica, proyecta un desempeño positivo de la economía en 2017[3], mientras que los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial prevén caídas cercanas al 3%. Y respecto a la estabilidad, las cifras de endeudamiento de los dos primeros meses de este año muestran que, en realidad, lo que este Gobierno deja es una situación fiscal totalmente insostenible y la necesidad impostergable de llevar adelante medidas de ajuste. En ese sentido, es importante que la ciudadanía sepa que los recortes que, más temprano que tarde, se deberán implementar en el gasto público no serán responsabilidad del próximo Gobierno, sino de éste.

 

[1] Ver: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/18/nota/6002722/gobierno-debe-4846-millones-bce

Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-diegomartinez-gobierno-deudas-ecuador.html

Escuchar (minuto 24): https://t.co/KpJ2BuCPdH

[2] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-deuda-gasto-economia-pib.html

[3] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2017/Cordes_Opina/Opina-03-01-2017.pdf

 

Desde hace algunos meses, el Gobierno ha tratado de instalar la idea de que la economía ecuatoriana dejó la crisis atrás (crisis que en el discurso oficial fue provocada sólo por factores externos) y que ha entrado ya en una fase de recuperación. Para eso, además de las declaraciones de las autoridades económicas, se ha valido de las cuentas oficiales de distintas instituciones en Twitter, donde utiliza el hashtag #RecuperacionEconomica. Los primeros argumentos que se usaron para sustentar esa presunta recuperación ya eran frágiles –como el superávit de la balanza comercial (que no se explica por un crecimiento de las exportaciones sino por el desplome de las importaciones) y el aumento de los depósitos en los bancos (que, si bien muestra la confianza de los agentes en el sistema, responde a la masiva inyección de recursos procedentes de nueva deuda)–, pero varios de los que se han empezado a mencionar en los últimos días se derrumban con el primer análisis.

Ese es el caso, por ejemplo, de la caída en la tasa de inflación, que según un reciente tuit desde la cuenta oficial del Banco Central, es una señal de recuperación económica. En 2016 los precios al consumidor en Ecuador acumularon un alza de 1,12%, “la más baja en los últimos 10 años”, como señala el Banco Central. Una baja tasa de inflación es una noticia positiva porque permite que los salarios mantengan su poder adquisitivo. No obstante, los factores que explican la reducción de la tasa de inflación en Ecuador están lejos de ser un reflejo de una recuperación de la economía. El descenso en la inflación, de hecho, no responde a un incremento en la productividad que ha permitido a las empresas ofrecer sus productos a precios más competitivos, sino a la caída del consumo que las ha obligado, en muchos casos, a reducir sus precios para no seguir perdiendo ventas.

Las cifras oficiales que reflejan de manera más contundente la contracción en el consumo son dos: las cuentas nacionales que publica el Banco Central (donde el consumo de los hogares viene registrando contracciones interanuales desde el tercer trimestre de 2015, tendencia que, según las proyecciones oficiales, continuará en 2017) y las estadísticas del SRI (según las cuales en 2016 la recaudación de IVA interno se contrajo 9% frente a 2015 e incluso en el último trimestre del año pasado, luego de la enorme inyección de recursos, registró una leve caída interanual de 0,3%). La contracción del consumo se refleja también en otros indicadores. Por ejemplo, las empresas del sector comercial encuestadas por el Banco Central señalan haber contraído su demanda laboral a lo largo de todo 2016, incluso en los últimos meses del año, cuando las ventas navideñas suelen traducirse en una mayor contratación de personal. Por otro lado, la última Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC muestra que la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país y de sus hogares es mucho más pesimista que en períodos similares de años pasados, lo que limita su disposición a gastar[1].

Otra señal de la recuperación económica, según la cuenta de Twitter del Banco Central, es que la “opinión de los empresarios del sector industrial subió en diciembre de 2016”. Nada dice ese tuit sobre el hecho de que, según la misma encuesta, en diciembre se contrajo la demanda laboral en el sector industrial y que los empresarios encuestados proyectaban una nueva caída para enero (lo mismo ocurre con la demanda laboral de comercio, servicios y construcción); tampoco menciona que la utilización de la capacidad instalada en la industria (y también en los demás sectores señalados) está en niveles mínimos; o que en el cuarto trimestre de 2016 apenas el 15% de las empresas de esos sectores consideraban que era un buen momento para endeudarse, muy por debajo de los niveles superiores del 30% de los años de crecimiento.

Para el Gobierno incluso el pago de atrasos a los gobiernos seccionales es una señal de recuperación de la economía, como si esos pagos no fueran una obligación que el Ejecutivo tenía pendiente y que, además, se saldará en parte con títulos del Banco Central, generando un nuevo pasivo para el Presupuesto.

Además del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el de Política Económica, el SRI, entre otras instituciones, han utilizado sus cuentas oficiales en redes sociales para hablar de la supuesta recuperación económica. Seguramente lo seguirán haciendo a lo largo de la campaña electoral, usando en muchos casos argumentos tan endebles como los que hemos analizado o indicadores que, lejos de mostrar una real recuperación de la economía, son fruto únicamente del irresponsable proceso de endeudamiento que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos meses.

 

[1] El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Banco Central se calcula en base a la información levantada por el INEC. Los llamativos saltos que ese índice registró en septiembre y octubre (y que algunas autoridades económicas también señalaron como una muestra de la presunta recuperación) no coinciden con los resultados que se obtienen al revisar la base de datos de la encuesta. Sin dar una explicación, el Banco Central dejó de publicar desde noviembre los informes del ICC.

El Instituto Nacional de Estadística Censos (INEC) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo correspondiente a diciembre de 2016. El informe del INEC muestra un claro deterioro en los indicadores laborales que no va de la mano con el discurso oficial de una supuesta recuperación de la economía a partir de la segunda mitad del año pasado.

En una rueda de prensa convocada por autoridades oficiales para tratar de mostrar los resultados desde la visión más favorable para el Gobierno, el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, quiso centrar el análisis en la evolución de la tasa de desempleo a nivel nacional, que en diciembre de 2016 se ubicó en 5,2%, lo que implica una estabilidad frente al 4,8% de diciembre de 2015. En ese sentido, el ministro insistió en algo que ya es casi un lugar común en el discurso oficial: que el Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región. Suponiendo que esa afirmación fuera exacta (en realidad, en el tercer trimestre de 2016 Bolivia registró una tasa de desempleo de 4,1% y resulta difícil creer que aumentó en más de un punto en apenas tres meses), limitar el análisis del mercado laboral a una comparación de las tasas de desempleo a nivel regional es una manera de ocultar los graves problemas que enfrentan quienes buscan un trabajo en el país.

En ese sentido, lo más conveniente para analizar la evolución del mercado laboral es conocer cuánto varió el número de personas que tienen lo que el INEC denomina un “empleo adecuado”, es decir, trabajadores cuyo ingreso es mayor al salario básico unificado y trabajan la jornada legal (o trabajan menos horas pero, ganando al menos el salario mínimo, no quieren trabajar más). En diciembre del año pasado 3.243.293 personas estaban en esa condición, casi 244.000 menos que en diciembre de 2015. De hecho, la cantidad de personas con un empleo adecuado en diciembre de 2016 también fue menor que en los mismos meses de 2014 y 2013, lo que da cuenta de la baja demanda laboral por parte de las empresas. Al respecto, el nuevo director del INEC, David Vera, también presente en la rueda de prensa, reconoció que frente a diciembre de 2015 se perdieron 244.000 empleos adecuados, pero señaló que entre marzo y diciembre del año pasado se generaron 100.000. Esa comparación no es rigurosa técnicamente, porque diciembre es, desde siempre, el mes con los mejores indicadores laborales del año, lo que se explica principalmente por el consumo navideño y el turismo. Por eso al analizar estadísticas laborales la comparación debe ser siempre interanual. Aún así, que entre marzo y diciembre de 2016 se hayan creado 100.000 empleos adecuados está lejos de ser una buena noticia, ya que en períodos similares de 2014 y 2015 se crearon 340.000 y 263.000 empleos adecuados, respectivamente.

En cuanto a la tasa de empleo adecuado, en diciembre de 2016 ésta se ubicó en 41,2%, 5,3 puntos menos que en igual mes de 2015. Es decir, apenas 4 de cada de 10 ecuatorianos que quieren trabajar lo hacen en condiciones aceptables. Se trata de la segunda tasa más baja para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable (diciembre de 2007), sólo mejor que en 2009 (39,2%). Si se analizan las estadísticas sólo del sector urbano, la tasa de empleo adecuado de diciembre de 2016 (47,6%) es la más baja desde que se tienen datos comparables, lo que, a diferencia del análisis centrado en la tasa de desempleo, da cuenta de la verdadera magnitud del problema laboral que enfrenta el país.

Otro indicador que refleja este problema es la evolución del empleo inadecuado, compuesto por personas que tienen ingresos menores al salario mínimo (sin importar si quieren trabajar más horas o no) o que no completan la jornada legal de 40 horas semanales y están disponibles para trabajar más,  o que directamente no reciben un salario por su trabajo (el “empleo no remunerado”). La cantidad de personas con un empleo inadecuado aumentó en casi 600.000 entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. La mayor parte de ese crecimiento se explica por el aumento del subempleo (el número de personas en esa situación aumentó en 514.000).

En un punto de la rueda de prensa, el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Martínez, dijo que para 2016 “el objetivo del Gobierno era que no aumente el desempleo y lo hemos logrado”. En realidad, aún centrando el análisis en la evolución del desempleo, esa afirmación tampoco es exacta, porque si bien la tasa de desempleo permaneció estable entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el número de desempleados aumentó en ese período en más de 52.000. Y más del 80% de ellos son desempleados cesantes, es decir, personas que tenían un empleo y lo perdieron en el último año.

Con estas cifras, el Gobierno, en lugar de insistir en los supuestos logros de sus políticas económicas (el ministro Berrezueta llegó a decir que las medidas tomadas han sido “todo un éxito”), debería reconocer las debilidades de un modelo que no alienta la inversión privada y tratar de corregirlas para que en 2017, al menos, no se sigan destruyendo puestos de empleo adecuado.

 

A finales de la semana pasada el Banco Central del Ecuador (BCE) presentó el boletín de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre de 2016 y las proyecciones oficiales de crecimiento tanto para el año pasado completo como para 2017. Si bien en este mismo espacio hemos señalado varias inconsistencias en las previsiones de crecimiento que ha presentado el BCE en los últimos meses, las nuevas cifras dan cuenta de una falta de lógica y de rigor ya alarmantes en una institución que, además de manejar los depósitos públicos, las reservas bancarias y el dinero electrónico, está a cargo de generar estadísticas básicas para conocer la evolución de la economía nacional.

Para 2016 el BCE mantiene su previsión de contracción de 1,7%. Según un tuit publicado en la cuenta oficial de la institución, ese resultado se explica en “0,7% por el terremoto y 1% por el pago a Oxy”, pobre explicación que parece desconocer que, según las propias cifras oficiales hasta el tercer trimestre, la contracción económica es casi generalizada e incluye a actividades en las cuales el terremoto y la reasignación de recursos para el pago a la Oxy deberían haber tenido un impacto apenas marginal. Pero más allá de esa “aclaración” que pretende deslindar a la política económica de su responsabilidad en la complicada situación actual, las previsiones que el BCE mantiene para 2016 muestran una total inconsistencia con las cifras ya publicadas hasta el tercer trimestre.

Por ejemplo, en el acumulado de enero a septiembre de 2016 las importaciones (medidas en dólares constantes, es decir, en volumen) cayeron 10,3% frente a igual período de 2015. El BCE, sin embargo, proyecta para el año completo una caída de 21,2%, lo que significa que en el último trimestre las importaciones deberían haber registrado una contracción interanual de 56,7%. Al contrario, para los “otros elementos del PIB”, concepto que se refiere principalmente a los impuestos a los bienes y servicios (IVA, ICE, aranceles), el BCE prevé un crecimiento en 2016 de 14,5%, pese a que hasta el tercer trimestre ese concepto acumula una caída de 5,5%, consistente con la contracción en las importaciones y en el consumo de los hogares (-3,3%). Es decir, en el último trimestre los “otros elementos del PIB” deberían haber crecido 81% para alcanzar la previsión del BCE. En tanto, la economía en su conjunto, que desde el tercer trimestre de 2015 registra cinco caídas interanuales consecutivas (la última de -1,6%), debería haber crecido 1,1% en el cuarto trimestre de 2016 para alcanzar la proyección oficial. Acaso anticipándose a las suspicacias que un resultado así puede despertar, el nuevo ministro coordinador de la Política Económica y ex gerente del BCE, Diego Martínez, ya anticipó en una entrevista que el último trimestre fue “extraordinariamente bueno”.[1]

Un análisis aparte merecen las exportaciones, que en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2016 registran un crecimiento nulo (0%) frente a igual período de 2015, pese a lo cual para todo 2016 el BCE proyecta una contracción de 8,2%, lo que implicaría un desplome interanual de 33,5% en el último trimestre. Esta cifra, ya de por sí carente de lógica, resulta aún más incoherente al considerar que el mismo BCE prevé que en 2017 las exportaciones crecerán 11,9%, es decir, las proyecciones oficiales para este año no toman en cuenta las tendencias contempladas en las proyecciones de la misma fuente para 2016. Más allá de esa inconsistencia, ¿en qué se basa el crecimiento de 11,9% que el BCE prevé para las exportaciones en 2017 y que sustenta el crecimiento de 1,4% proyectado para la economía en su conjunto? Si bien la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea es una noticia positiva para el sector exportador nacional, lo es porque permite que los productos ecuatorianos mantengan (y en pocos casos mejoren) las condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo y no estén en desventaja frente a otros competidores, lo que no significa que las exportaciones a ese destino (que corresponden a productos no petroleros) vayan a crecer de manera importante, menos aún en un plazo de apenas un año. A esto hay que sumar que para 2017 se anticipa que la FED continúe elevando las tasas de interés referenciales en EE.UU., lo que puede derivar en una nueva apreciación del dólar que afecte a la competitividad de los productos nacionales. En el caso de las exportaciones de petróleo, si bien se espera un leve aumento en el precio del crudo, al calcular el PIB se toma en cuenta el VOLUMEN de las exportaciones (es decir, la cantidad de barriles de crudo exportados), para el cual no hay elementos que permitan prever un aumento importante, menos aún cuando el acuerdo entre los miembros de la OPEP establece un recorte del 4,7% en los niveles de producción. O el Gobierno del que el BCE es parte no piensa cumplir el acuerdo o las proyecciones no lo han tomado en cuenta.

Para 2017 el BCE proyecta que continúen cayendo la inversión (-5,2%) y el consumo de los hogares (-0,8%) –lo que llevaría el consumo privado a niveles similares a los de 2013 y la inversión a los de 2011, sin considerar que las caídas podrían ser mayores a las previstas–, pese a lo cual el mismo BCE espera, a la vez, que crezcan las importaciones y los “otros elementos del PIB” (como se señaló, impuestos a los bienes y servicios). Finalmente, si bien un ajuste fiscal luce inevitable en 2017, ya que el ritmo de endeudamiento de 2016 (que rondó los $14.000 millones) no es sostenible este año, el BCE espera que el consumo público aumente en 1,1%.

Con todas estas inconsistencias, la institución oficial, ahora encabezada por la ex viceministra de Finanzas, Madeleine Abarca, prevé que este año la economía nacional crezca 1,4%. El mayor problema con esta previsión, a todas luces demasiado optimista, no es que sirva para alimentar el discurso oficial de una presunta recuperación (funcional al Gobierno en época de campaña electoral), sino que si las medidas económicas se basan en esa previsión no servirán para corregir los enormes desequilibrios que enfrenta el país.

[1] Ver: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/03/nota/5978104/dejaremos-situacion-completamente-manejable

 

A finales de noviembre, el Presidente Rafael Correa pidió la renuncia a todos los ministros, con el fin de “oxigenar su gabinete”[1]. Tras la salida de Fausto Herrera del Ministerio de Finanzas por motivos de salud, el Presidente hizo varios cambios en su equipo económico que, sin embargo, no representan una “oxigenación” del mismo sino apenas un reciclaje de sus integrantes, como ya ha ocurrido con otros altos funcionarios a lo largo de la actual administración.

Patricio Rivera, quien se desempeñaba como ministro coordinador de la Política Económica, pasa a encabezar el Ministerio de Finanzas. Diego Martínez deja la gerencia del Banco Central (BCE) para reemplazar a Rivera. Y Madeleine Abarca, hasta ahora viceministra de Finanzas, es la nueva gerente del BCE. Todos estos cambios, lejos de augurar un cambio en la política económica del Gobierno hacia un manejo más responsable de las finanzas públicas, anticipa una continuidad en lo que ha sido la estrategia oficial a lo largo del año: apelar irresponsablemente al endeudamiento para mostrar una presunta recuperación económica y postergar el necesario recorte en el gasto fiscal.

En su papel de ministro coordinador de la Política Económica, Rivera mantuvo el discurso de que el Gobierno “no gasta mucho, sino que invierte mucho”; además, avaló y defendió las operaciones de financiamiento llevadas a cabo en los últimos años que incluyen emisiones de bonos (la mayoría de ellas a plazos cortos y con tasas mucho más altas que las que pagan los países vecinos), preventas de petróleo (actualmente el país no sabe cuánto crudo no comprometido queda para las próximas administraciones), créditos con China en condiciones poco favorables para Ecuador y la adquisición de papeles del Ministerio de Finanzas por parte del BCE[2].

Durante la gestión de Diego Martínez al frente de esa institución se han usado intensivamente los depósitos que el BCE debería custodiar para financiar el gasto fiscal, lo que él, distorsionando el concepto, ha definido como una “política contracíclica”. Cabe recordar que en lo que va del año el saldo de esos créditos (supuestamente de corto plazo) ha aumentado en cerca de $3.000 millones y ya roza los $4.300 millones. Además, en distintos momentos de la gestión de Martínez los activos líquidos (reservas internacionales) del BCE no han alcanzado para cubrir las reservas bancarias privadas.

En esas condiciones asume la gerencia del BCE Madeleine Abarca, quien en su papel de viceministra de Finanzas no sólo debió conocer las diversas herramientas que el Gobierno ha venido utilizando para ampliar la deuda pública (varias de las cuales no figuran en los boletines de deuda del mismo Ministerio de Finanzas), sino que seguramente avalaba que la institución que ahora dirige se convierta en uno de los principales prestamistas del Gobierno. En su nueva función, Abarca será la responsable del buen o mal uso que se le dé al dinero electrónico y seguramente será la encargada de presentar, a finales de este mes, el informe de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre del año. Cabe mencionar que durante la gestión de Martínez desde CORDES hicimos serios cuestionamientos a los resultados de crecimiento que presentaba el BCE, cuestionamientos que no han sido absueltos satisfactoriamente. Las cifras que deben publicarse a finales de este mes son importantes para el Gobierno porque deberían respaldar su discurso de la presunta recuperación económica.

En este punto cabe mencionar otro cambio de autoridades que ha recibido menos atención. Hace pocos días se nombró a David Vera Alcívar como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en reemplazo de Jorge García, quien había asumido interinamente la dirección de la institución tras la renuncia de José Rosero. Esta sucesión también se da en condiciones especiales, ya que el próximo informe sobre la situación del mercado laboral (correspondiente al último trimestre de 2016), que incluirá también datos de pobreza, se publicará pocas semanas antes de la primera vuelta electoral y el informe correspondiente al primer trimestre de 2017, poco antes de una eventual segunda vuelta. Es necesario recordar que el informe del tercer trimestre de 2016 (el último de la gestión de Rosero), que mostraba un importante deterioro del mercado laboral, con una destrucción masiva de puestos de empleo adecuado y miles de personas incorporándose al desempleo y al empleo inadecuado, recibió críticas públicas de parte del Presidente Correa, según quien ese informe “no traducía la realidad”[3]. Dada la cercanía de las elecciones, los próximos informes sobre el mercado laboral resultan especialmente sensibles para el Gobierno, incluso más que los de crecimiento (o caída) del PIB. En ese sentido, es importante que los analistas, la prensa y la ciudadanía en general estén atentos a la puntual presentación de los próximos informes y que el nuevo director (que, según el comunicado de prensa sobre su incorporación, “es Magister en Matemática Aplicada e Ingeniero en Estadística Informática”[4], cuando el Código Ingenios establece que las máximas autoridades de los institutos de investigación, como el INEC, deben poseer un PhD acreditado en la Senescyt y “contar con publicaciones indexadas o patentes”) justifique cualquier cambio que se llegue a incorporar en los mismos.

El Ecuador enfrenta una situación económica muy complicada que el Gobierno en un inicio se negó a reconocer y que actualmente, apelando a un endeudamiento irresponsable y a estadísticas de dudosa veracidad[5], insiste en que ya está siendo superada. En ese contexto, es importante que los funcionarios que ahora asumen la dirección de las principales instituciones económicas y estadísticas del país actúen en función de los intereses nacionales y no de los del Gobierno.

 

[1] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-presidente-rafael-correa-pidio-la-renuncia-a-todo-su-gabinete

[2] Al haber sido presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Rivera también está detrás de las últimas medidas en torno a los bancos, como el aumento del encaje o los cambios en el cálculo del coeficiente de liquidez doméstica que obligan a algunos bancos a repatriar dineros desde el exterior.

[3] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-24-10-2016.pdf

[4] Ver: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/david-vera-alcivar-es-el-nuevo-director-del-inec/

[5] Se destaca, por ejemplo, el llamativo salto que la confianza del consumidor registró en septiembre y en octubre, e incluso en junio, cuando subió el IVA.

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