Distintos medios de prensa han difundido esta tarde la noticia de que el Ecuador está negociando un nuevo crédito con China por $1.000 millones, presuntamente para cubrir gastos asociados con el terremoto del 16 de abril del año pasado[1]. Según declaraciones del Presidente Correa recogidas en esas notas, se trataría de un crédito a 20 años plazo con un interés del 2% anual. El mandatario agregó que en los próximos días “un equipo de Finanzas irá para ya firmar el crédito”.

El 1 de junio del año pasado, un mes y medio después del terremoto, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) dio a conocer “la estimación de los impactos del evento sísmico del pasado 16 de abril y el costo estimado de reconstrucción en función de la metodología internacional para el levantamiento de necesidades post desastre PDNA (Post Disaster Needs Assesment)”[2]. Según esa estimación, “se requerirán $3.344 millones para reconstruir las zonas afectadas, de los cuales $2.253 millones (67%) serán asumidos por el sector público y $1.091 (33%) por el sector privado”. En realidad –dejando de lado la suspicacia de que la estimación de SENPLADES se acercó mucho al cálculo “a ojo de buen cubero” que había hecho el Presidente poco después del sismo–, la mayor parte del costo de la reconstrucción lo asumiría el sector privado, ya que, según detalla una nota de El Telégrafo publicada el 2 de junio[3], de los $2.253 millones que, en el discurso oficial, estarían a cargo del sector público, $1.000 millones provendrían de los ingresos generados por la “Ley Solidaria” (es decir, aumento temporal de dos puntos en la tasa del IVA, contribuciones de uno o más días de sueldo, impuestos adicionales sobre las utilidades, entre otras “contribuciones solidarias”). La misma nota señala que “$660 millones saldrán de líneas de créditos contingentes proporcionadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); $400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); y $193 millones emanarán del Presupuesto General del Estado (PGE) y otras fuentes, una de las cuales son los seguros contratados”.

Según información del SRI, en 2016 los ingresos generados por la “Ley Solidaria” sumaron $1.161 millones y en los dos primeros meses de 2017 ingresaron $167 millones adicionales. Es decir, hasta febrero la “Ley Solidaria” había generado $1.328 millones, de los cuales $555 millones corresponden a los dos puntos adicionales de IVA, medida que seguirá vigente hasta junio, por lo que podría generar cerca de $200 millones adicionales. Por lo tanto, la “Ley Solidaria”, por la que se esperaba recaudar $1.000 millones, generará en realidad $1.500 millones.

De los $660 millones que se esperaba recibir de multilaterales, se conoce que el BID abrió una línea de financiamiento por $300 millones[4], de los cuales han llegado, al menos, $208 millones. A estos se suman $100 millones de la CAF y $150 millones del Banco Mundial, es decir, $458 millones en total. Sin embargo, según el boletín de deuda externa de diciembre de 2016 publicado por el Ministerio de Finanzas[5], el país también recibió $175 millones del Banco Europeo de Inversiones por concepto de “Contrato de financiación reconstrucción post-terremoto” y $20 millones más del BID, también relacionados con el desastre. Es decir, por esos créditos se obtuvieron $653 millones, a los que hay que sumar $364 millones provenientes del FMI a través de un “instrumento de financiamiento rápido”[6].

Entonces, entre los ingresos generados por la “Ley Solidaria” ($1.328 millones hasta febrero que, presumiblemente, llegarán al menos a $1.500 millones hasta junio), los $364 millones del FMI y los $653 millones de otros créditos, ya se superan, en más de $200 millones, el monto que, según el discurso oficial, sería asumido por el Estado ($2.253 millones). Todo esto sin considerar los $193 millones que provendrían del PGE o del cobro de seguros.

Mirando esas cifras, surgen, al menos, tres dudas: ¿El Gobierno subestimó groseramente los costos de reconstrucción y estos en realidad superan los $4.500 millones? Difícil, ya que, en realidad, algunos analistas creían que el costo podía ser mucho menor[7]. ¿O una parte de los recursos que ingresaron a la caja fiscal supuestamente para atender los costos de reconstrucción se usaron en realidad para otros fines? O, más probable aún, ¿con la excusa del terremoto, el Gobierno, que sólo en los dos primeros meses de este año ya contrató nueva deuda por $2.500 millones para cubrir sus gastos, no estará tratando de conseguir $1.000 millones adicionales que le permitan llegar hasta el 24 de Mayo con el falaz discurso de que deja una economía “estable y en crecimiento”?

 

[1] Ver nota de El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-negociacion-china-credito-terremoto.html o de El Universo: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/03/22/nota/6102316/ecuador-negocia-china-credito-1000-millones-reconstruccion?utm_source=fb-tw-gp&utm_medium=social&hootPostID=ce9ec72a271b187fc5b976f8c13ffc3f

[2] Ver: http://www.planificacion.gob.ec/el-gobierno-nacional-presento-los-costos-de-la-reconstruccion-de-las-zonas-afectadas-por-el-sismo/

[3] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/usd-3-344-millones-es-el-costo-de-la-reconstruccion-de-las-zonas-afectadas

[4] Ver: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-20/linea-de-credito-de-us300-millones-para-ecuador,11450.html

[5] Ver: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/DE_DICIEMBRE-2016_corregido.pdf

[6] Ver: https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/07/21/18/20/NA070816-Ecuador-Gets-364-Million-IMF-Loan-to-Tackle-Earthquake-Reconstruction

[7] Ver: http://economiaenjeep.blogspot.com/2016/04/el-costo-del-terremoto-el-efecto-de-las.html

 

Desde diciembre de 2016, según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI), la recaudación tributaria viene mostrando variaciones interanuales positivas, lo que ha sido resaltado nuevamente por el Gobierno como una muestra de que la economía habría entrado en una fase de recuperación. “Ahora estamos recuperando plata porque la economía se está recuperando y eso nos permite bajar pagos atrasados”, dijo el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, en una entrevista con el portal ecuadorinmediato.com[1]. En base a esas declaraciones de Rivera sobre el alza en la recaudación de impuestos, El Telégrafo publicó una nota titulada “Los ingresos de la caja fiscal aumentan”[2]. En ese sentido, conviene analizar qué explica ese repunte de la recaudación tributaria en los últimos tres meses y si esa presunta recuperación está generando, efectivamente, mayores ingresos al Presupuesto General del Estado (PGE).

Según el SRI –cuyas últimas cifras son provisionales y están sujetas a revisión–, en diciembre de 2016 la recaudación total (descontando los ingresos temporales creados por la Ley Solidaria) creció 11,6% frente al mismo mes de 2015. En enero de este año el crecimiento interanual fue de 0,2% y en febrero de 7,7%. Es decir, lo recaudado por el SRI entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 supera en 5,7% a lo que recibió la misma entidad entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Entre los impuestos principales, el que muestra el mejor desempeño es el ICE a las operaciones internas, cuya recaudación creció en más de 20% durante el período analizado. Al respecto cabe señalar, sin embargo, que la recaudación de ICE interno de los últimos tres meses no es comparable con la de diciembre 2015 – febrero 2016, ya que a finales de abril del año pasado la Asamblea aprobó la “Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas” que estableció o incrementó el ICE para productos como gaseosas y otras bebidas azucaradas, cervezas y servicios de telefonía fija y móvil para empresas.

Otros tributos importantes, como el IVA o el Impuesto a la Renta, también registran desempeños positivos. No obstante, esos resultados están relacionados con el fuerte incremento del gasto público que se dio en los últimos meses. Según cifras del Ministerio de Finanzas compiladas por el Observatorio de la Política Fiscal (OPF), entre noviembre de 2016 y enero de 2017 el gasto total del PGE sumó $7.879 millones, es decir, 10,7% más que entre noviembre de 2015 y enero de 2016. Semejante inyección de recursos a la economía necesariamente tiene que generar un impacto positivo en la actividad y, por tanto, en la recaudación tributaria, más aún en meses de alto consumo como noviembre y diciembre. Se trató, no obstante, de un incremento en el gasto que estuvo financiado por el agresivo endeudamiento que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos meses, en el contexto de la campaña electoral. Entre las deudas que el Gobierno contrató sólo entre noviembre de 2016 y enero de este año destacan dos colocaciones de bonos en el mercado internacional, por un monto conjunto de $1.750 millones, una nueva preventa petrolera por $900 millones y nuevos créditos del Banco Central por $667 millones, es decir, más de $3300 millones que en buena parte se utilizaron para inyectar recursos a la economía y mantener el discurso de la “recuperación”.

Por otro lado, si bien las cifras del SRI muestran un incremento en la recaudación tributaria, las cifras del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución del PGE no registran ese aumento. Según la información recopilada por el OPF (antes de que el sistema informático para conocer la ejecución presupuestaria fuera dado de baja), en el acumulado de enero y febrero de este año los ingresos tributarios del PGE (descontando los ingresos generados por el aumento temporal del IVA) sumaron $1.983 millones, 6,5% menos que en el mismo período de 2016. Con excepción del ICE (por los motivos ya señalados), todos los principales impuestos (IVA, Renta, aranceles) registran caídas interanuales. Esta aparente incongruencia se puede deber a la cantidad de notas de crédito que el SRI emitió el año pasado (por casi $700 millones, es decir, 127% más que en 2015) y que afectan a la recaudación efectiva, que es la que se transfiere al Tesoro.

En los dos primeros meses de 2017 la emisión de notas de crédito por parte del SRI continuó creciendo (76% más que en igual período de 2016), a lo que se suma el desproporcionado incremento de la deuda pública y la utilización de papeles estatales para honrar una parte de los atrasos del Gobierno con universidades, gobiernos seccionales y proveedores del sector privado (lo que también resta liquidez a la próxima administración). En otras palabras, en el marco de unas elecciones que parece desesperado por ganar, el Gobierno está usando, de manera irresponsable con el país, la estrategia de “pan para hoy y hambre para mañana”.

 

[1] Ver: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818816970&umt=ministro_rivera_recaudacion_tributaria_crecio_entre_2016_y_2017_un_12_por_ciento_audio

[2] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/los-ingresos-de-la-caja-fiscal-aumentan

 

Según el último Boletín Monetario Semanal (BMS) publicado por el Banco Central, la semana pasada el crédito de esa institución al Gobierno (a través de la compra de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas) aumentó en $416 millones y llegó a $5.289 millones. Sólo en lo que va de 2017 ese crédito, que en la actualidad equivale ya al 5,5% del PIB y que no está contemplado en los boletines oficiales de deuda pública, ha aumentado en $984 millones. Cabe recordar que en los últimos meses las autoridades del equipo económico ofrecieron, en varias ocasiones, que el Gobierno empezaría a pagar la deuda con el Banco Central –deuda que, en el discurso oficial, está respaldada en los depósitos del IESS, de los gobiernos autónomos, de las empresas públicas y, en menor medida, del Tesoro Nacional, en el mismo Banco Central–, en lugar de seguirla aumentando[1].

La creciente deuda del Gobierno con el Banco Central no es una operación aislada, sino que forma parte del agresivo proceso de endeudamiento que el Ejecutivo ha llevado a cabo desde el año pasado con el objetivo de inyectar recursos a la economía que le permitan, en el contexto de la campaña electoral, hablar de una supuesta recuperación en el nivel de actividad. En 2016, según cifras del Observatorio de la Política Fiscal, el Gobierno consiguió financiamiento por alrededor de $13.000 millones. Dentro de ese monto, además del aumento de $3.000 millones en la deuda con el Banco Central, destacan las emisiones de bonos soberanos que se llevaron a cabo en el segundo semestre por un monto total de $2.750 millones (con intereses que llegaron a bordear el 11% anual) y nuevos créditos con China por más de $2.300 millones.

En 2017, lejos de moderar el ritmo de endeudamiento, el Gobierno concretó una nueva emisión de bonos en los mercados internacionales por $1.000 millones e incrementó, sólo en enero, el saldo de la deuda interna (sin considerar los créditos del Banco Central) en $537 millones. Es decir, sólo entre las emisiones de bonos en el mercado internacional y en el mercado interno (donde el comprador seguramente fue el IESS) y la nueva deuda con el Banco Central (los $984 millones señalados), el Gobierno ha conseguido financiamiento por más de $2.500 millones. Ese monto representa casi la mitad de los $5.300 millones que, según el mismo Gobierno, serían las necesidades de financiamiento para todo 2017[2], lo que, a todas luces, es una evidente subestimación de esas necesidades.

Los créditos que el Gobierno ha conseguido en los últimos meses le han permitido ponerse al día con algunos de sus proveedores (no con todos, en sectores como el petrolero el sector público sigue acumulando millonarias deudas que se heredarán a las siguientes administraciones) y mantener, así, un falaz discurso de recuperación económica con el que busca favorecer al candidato oficial a la Presidencia. Ese discurso, no obstante, no se ha visto reflejado en una recuperación del mercado laboral (las empresas de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios encuestadas por el mismo Banco Central continúan registrando caídas en la cantidad de personal ocupado), que sería una verdadera señal de repunte en el nivel de actividad.

El Presidente Correa ha dicho que deja a su sucesor una economía estable y en crecimiento. Nada más alejado de la verdad. Respecto al crecimiento, sólo el Banco Central, con supuestos carentes de toda lógica, proyecta un desempeño positivo de la economía en 2017[3], mientras que los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial prevén caídas cercanas al 3%. Y respecto a la estabilidad, las cifras de endeudamiento de los dos primeros meses de este año muestran que, en realidad, lo que este Gobierno deja es una situación fiscal totalmente insostenible y la necesidad impostergable de llevar adelante medidas de ajuste. En ese sentido, es importante que la ciudadanía sepa que los recortes que, más temprano que tarde, se deberán implementar en el gasto público no serán responsabilidad del próximo Gobierno, sino de éste.

 

[1] Ver: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/18/nota/6002722/gobierno-debe-4846-millones-bce

Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/entrevista-diegomartinez-gobierno-deudas-ecuador.html

Escuchar (minuto 24): https://t.co/KpJ2BuCPdH

[2] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-deuda-gasto-economia-pib.html

[3] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2017/Cordes_Opina/Opina-03-01-2017.pdf

 

Desde hace algunos meses, el Gobierno ha tratado de instalar la idea de que la economía ecuatoriana dejó la crisis atrás (crisis que en el discurso oficial fue provocada sólo por factores externos) y que ha entrado ya en una fase de recuperación. Para eso, además de las declaraciones de las autoridades económicas, se ha valido de las cuentas oficiales de distintas instituciones en Twitter, donde utiliza el hashtag #RecuperacionEconomica. Los primeros argumentos que se usaron para sustentar esa presunta recuperación ya eran frágiles –como el superávit de la balanza comercial (que no se explica por un crecimiento de las exportaciones sino por el desplome de las importaciones) y el aumento de los depósitos en los bancos (que, si bien muestra la confianza de los agentes en el sistema, responde a la masiva inyección de recursos procedentes de nueva deuda)–, pero varios de los que se han empezado a mencionar en los últimos días se derrumban con el primer análisis.

Ese es el caso, por ejemplo, de la caída en la tasa de inflación, que según un reciente tuit desde la cuenta oficial del Banco Central, es una señal de recuperación económica. En 2016 los precios al consumidor en Ecuador acumularon un alza de 1,12%, “la más baja en los últimos 10 años”, como señala el Banco Central. Una baja tasa de inflación es una noticia positiva porque permite que los salarios mantengan su poder adquisitivo. No obstante, los factores que explican la reducción de la tasa de inflación en Ecuador están lejos de ser un reflejo de una recuperación de la economía. El descenso en la inflación, de hecho, no responde a un incremento en la productividad que ha permitido a las empresas ofrecer sus productos a precios más competitivos, sino a la caída del consumo que las ha obligado, en muchos casos, a reducir sus precios para no seguir perdiendo ventas.

Las cifras oficiales que reflejan de manera más contundente la contracción en el consumo son dos: las cuentas nacionales que publica el Banco Central (donde el consumo de los hogares viene registrando contracciones interanuales desde el tercer trimestre de 2015, tendencia que, según las proyecciones oficiales, continuará en 2017) y las estadísticas del SRI (según las cuales en 2016 la recaudación de IVA interno se contrajo 9% frente a 2015 e incluso en el último trimestre del año pasado, luego de la enorme inyección de recursos, registró una leve caída interanual de 0,3%). La contracción del consumo se refleja también en otros indicadores. Por ejemplo, las empresas del sector comercial encuestadas por el Banco Central señalan haber contraído su demanda laboral a lo largo de todo 2016, incluso en los últimos meses del año, cuando las ventas navideñas suelen traducirse en una mayor contratación de personal. Por otro lado, la última Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC muestra que la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país y de sus hogares es mucho más pesimista que en períodos similares de años pasados, lo que limita su disposición a gastar[1].

Otra señal de la recuperación económica, según la cuenta de Twitter del Banco Central, es que la “opinión de los empresarios del sector industrial subió en diciembre de 2016”. Nada dice ese tuit sobre el hecho de que, según la misma encuesta, en diciembre se contrajo la demanda laboral en el sector industrial y que los empresarios encuestados proyectaban una nueva caída para enero (lo mismo ocurre con la demanda laboral de comercio, servicios y construcción); tampoco menciona que la utilización de la capacidad instalada en la industria (y también en los demás sectores señalados) está en niveles mínimos; o que en el cuarto trimestre de 2016 apenas el 15% de las empresas de esos sectores consideraban que era un buen momento para endeudarse, muy por debajo de los niveles superiores del 30% de los años de crecimiento.

Para el Gobierno incluso el pago de atrasos a los gobiernos seccionales es una señal de recuperación de la economía, como si esos pagos no fueran una obligación que el Ejecutivo tenía pendiente y que, además, se saldará en parte con títulos del Banco Central, generando un nuevo pasivo para el Presupuesto.

Además del Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el de Política Económica, el SRI, entre otras instituciones, han utilizado sus cuentas oficiales en redes sociales para hablar de la supuesta recuperación económica. Seguramente lo seguirán haciendo a lo largo de la campaña electoral, usando en muchos casos argumentos tan endebles como los que hemos analizado o indicadores que, lejos de mostrar una real recuperación de la economía, son fruto únicamente del irresponsable proceso de endeudamiento que el Gobierno ha llevado a cabo en los últimos meses.

 

[1] El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) del Banco Central se calcula en base a la información levantada por el INEC. Los llamativos saltos que ese índice registró en septiembre y octubre (y que algunas autoridades económicas también señalaron como una muestra de la presunta recuperación) no coinciden con los resultados que se obtienen al revisar la base de datos de la encuesta. Sin dar una explicación, el Banco Central dejó de publicar desde noviembre los informes del ICC.

El Instituto Nacional de Estadística Censos (INEC) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo correspondiente a diciembre de 2016. El informe del INEC muestra un claro deterioro en los indicadores laborales que no va de la mano con el discurso oficial de una supuesta recuperación de la economía a partir de la segunda mitad del año pasado.

En una rueda de prensa convocada por autoridades oficiales para tratar de mostrar los resultados desde la visión más favorable para el Gobierno, el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, quiso centrar el análisis en la evolución de la tasa de desempleo a nivel nacional, que en diciembre de 2016 se ubicó en 5,2%, lo que implica una estabilidad frente al 4,8% de diciembre de 2015. En ese sentido, el ministro insistió en algo que ya es casi un lugar común en el discurso oficial: que el Ecuador tiene la tasa de desempleo más baja de la región. Suponiendo que esa afirmación fuera exacta (en realidad, en el tercer trimestre de 2016 Bolivia registró una tasa de desempleo de 4,1% y resulta difícil creer que aumentó en más de un punto en apenas tres meses), limitar el análisis del mercado laboral a una comparación de las tasas de desempleo a nivel regional es una manera de ocultar los graves problemas que enfrentan quienes buscan un trabajo en el país.

En ese sentido, lo más conveniente para analizar la evolución del mercado laboral es conocer cuánto varió el número de personas que tienen lo que el INEC denomina un “empleo adecuado”, es decir, trabajadores cuyo ingreso es mayor al salario básico unificado y trabajan la jornada legal (o trabajan menos horas pero, ganando al menos el salario mínimo, no quieren trabajar más). En diciembre del año pasado 3.243.293 personas estaban en esa condición, casi 244.000 menos que en diciembre de 2015. De hecho, la cantidad de personas con un empleo adecuado en diciembre de 2016 también fue menor que en los mismos meses de 2014 y 2013, lo que da cuenta de la baja demanda laboral por parte de las empresas. Al respecto, el nuevo director del INEC, David Vera, también presente en la rueda de prensa, reconoció que frente a diciembre de 2015 se perdieron 244.000 empleos adecuados, pero señaló que entre marzo y diciembre del año pasado se generaron 100.000. Esa comparación no es rigurosa técnicamente, porque diciembre es, desde siempre, el mes con los mejores indicadores laborales del año, lo que se explica principalmente por el consumo navideño y el turismo. Por eso al analizar estadísticas laborales la comparación debe ser siempre interanual. Aún así, que entre marzo y diciembre de 2016 se hayan creado 100.000 empleos adecuados está lejos de ser una buena noticia, ya que en períodos similares de 2014 y 2015 se crearon 340.000 y 263.000 empleos adecuados, respectivamente.

En cuanto a la tasa de empleo adecuado, en diciembre de 2016 ésta se ubicó en 41,2%, 5,3 puntos menos que en igual mes de 2015. Es decir, apenas 4 de cada de 10 ecuatorianos que quieren trabajar lo hacen en condiciones aceptables. Se trata de la segunda tasa más baja para un mes de diciembre desde que se tiene información comparable (diciembre de 2007), sólo mejor que en 2009 (39,2%). Si se analizan las estadísticas sólo del sector urbano, la tasa de empleo adecuado de diciembre de 2016 (47,6%) es la más baja desde que se tienen datos comparables, lo que, a diferencia del análisis centrado en la tasa de desempleo, da cuenta de la verdadera magnitud del problema laboral que enfrenta el país.

Otro indicador que refleja este problema es la evolución del empleo inadecuado, compuesto por personas que tienen ingresos menores al salario mínimo (sin importar si quieren trabajar más horas o no) o que no completan la jornada legal de 40 horas semanales y están disponibles para trabajar más,  o que directamente no reciben un salario por su trabajo (el “empleo no remunerado”). La cantidad de personas con un empleo inadecuado aumentó en casi 600.000 entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. La mayor parte de ese crecimiento se explica por el aumento del subempleo (el número de personas en esa situación aumentó en 514.000).

En un punto de la rueda de prensa, el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Martínez, dijo que para 2016 “el objetivo del Gobierno era que no aumente el desempleo y lo hemos logrado”. En realidad, aún centrando el análisis en la evolución del desempleo, esa afirmación tampoco es exacta, porque si bien la tasa de desempleo permaneció estable entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el número de desempleados aumentó en ese período en más de 52.000. Y más del 80% de ellos son desempleados cesantes, es decir, personas que tenían un empleo y lo perdieron en el último año.

Con estas cifras, el Gobierno, en lugar de insistir en los supuestos logros de sus políticas económicas (el ministro Berrezueta llegó a decir que las medidas tomadas han sido “todo un éxito”), debería reconocer las debilidades de un modelo que no alienta la inversión privada y tratar de corregirlas para que en 2017, al menos, no se sigan destruyendo puestos de empleo adecuado.

 

A finales de la semana pasada el Banco Central del Ecuador (BCE) presentó el boletín de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre de 2016 y las proyecciones oficiales de crecimiento tanto para el año pasado completo como para 2017. Si bien en este mismo espacio hemos señalado varias inconsistencias en las previsiones de crecimiento que ha presentado el BCE en los últimos meses, las nuevas cifras dan cuenta de una falta de lógica y de rigor ya alarmantes en una institución que, además de manejar los depósitos públicos, las reservas bancarias y el dinero electrónico, está a cargo de generar estadísticas básicas para conocer la evolución de la economía nacional.

Para 2016 el BCE mantiene su previsión de contracción de 1,7%. Según un tuit publicado en la cuenta oficial de la institución, ese resultado se explica en “0,7% por el terremoto y 1% por el pago a Oxy”, pobre explicación que parece desconocer que, según las propias cifras oficiales hasta el tercer trimestre, la contracción económica es casi generalizada e incluye a actividades en las cuales el terremoto y la reasignación de recursos para el pago a la Oxy deberían haber tenido un impacto apenas marginal. Pero más allá de esa “aclaración” que pretende deslindar a la política económica de su responsabilidad en la complicada situación actual, las previsiones que el BCE mantiene para 2016 muestran una total inconsistencia con las cifras ya publicadas hasta el tercer trimestre.

Por ejemplo, en el acumulado de enero a septiembre de 2016 las importaciones (medidas en dólares constantes, es decir, en volumen) cayeron 10,3% frente a igual período de 2015. El BCE, sin embargo, proyecta para el año completo una caída de 21,2%, lo que significa que en el último trimestre las importaciones deberían haber registrado una contracción interanual de 56,7%. Al contrario, para los “otros elementos del PIB”, concepto que se refiere principalmente a los impuestos a los bienes y servicios (IVA, ICE, aranceles), el BCE prevé un crecimiento en 2016 de 14,5%, pese a que hasta el tercer trimestre ese concepto acumula una caída de 5,5%, consistente con la contracción en las importaciones y en el consumo de los hogares (-3,3%). Es decir, en el último trimestre los “otros elementos del PIB” deberían haber crecido 81% para alcanzar la previsión del BCE. En tanto, la economía en su conjunto, que desde el tercer trimestre de 2015 registra cinco caídas interanuales consecutivas (la última de -1,6%), debería haber crecido 1,1% en el cuarto trimestre de 2016 para alcanzar la proyección oficial. Acaso anticipándose a las suspicacias que un resultado así puede despertar, el nuevo ministro coordinador de la Política Económica y ex gerente del BCE, Diego Martínez, ya anticipó en una entrevista que el último trimestre fue “extraordinariamente bueno”.[1]

Un análisis aparte merecen las exportaciones, que en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2016 registran un crecimiento nulo (0%) frente a igual período de 2015, pese a lo cual para todo 2016 el BCE proyecta una contracción de 8,2%, lo que implicaría un desplome interanual de 33,5% en el último trimestre. Esta cifra, ya de por sí carente de lógica, resulta aún más incoherente al considerar que el mismo BCE prevé que en 2017 las exportaciones crecerán 11,9%, es decir, las proyecciones oficiales para este año no toman en cuenta las tendencias contempladas en las proyecciones de la misma fuente para 2016. Más allá de esa inconsistencia, ¿en qué se basa el crecimiento de 11,9% que el BCE prevé para las exportaciones en 2017 y que sustenta el crecimiento de 1,4% proyectado para la economía en su conjunto? Si bien la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea es una noticia positiva para el sector exportador nacional, lo es porque permite que los productos ecuatorianos mantengan (y en pocos casos mejoren) las condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo y no estén en desventaja frente a otros competidores, lo que no significa que las exportaciones a ese destino (que corresponden a productos no petroleros) vayan a crecer de manera importante, menos aún en un plazo de apenas un año. A esto hay que sumar que para 2017 se anticipa que la FED continúe elevando las tasas de interés referenciales en EE.UU., lo que puede derivar en una nueva apreciación del dólar que afecte a la competitividad de los productos nacionales. En el caso de las exportaciones de petróleo, si bien se espera un leve aumento en el precio del crudo, al calcular el PIB se toma en cuenta el VOLUMEN de las exportaciones (es decir, la cantidad de barriles de crudo exportados), para el cual no hay elementos que permitan prever un aumento importante, menos aún cuando el acuerdo entre los miembros de la OPEP establece un recorte del 4,7% en los niveles de producción. O el Gobierno del que el BCE es parte no piensa cumplir el acuerdo o las proyecciones no lo han tomado en cuenta.

Para 2017 el BCE proyecta que continúen cayendo la inversión (-5,2%) y el consumo de los hogares (-0,8%) –lo que llevaría el consumo privado a niveles similares a los de 2013 y la inversión a los de 2011, sin considerar que las caídas podrían ser mayores a las previstas–, pese a lo cual el mismo BCE espera, a la vez, que crezcan las importaciones y los “otros elementos del PIB” (como se señaló, impuestos a los bienes y servicios). Finalmente, si bien un ajuste fiscal luce inevitable en 2017, ya que el ritmo de endeudamiento de 2016 (que rondó los $14.000 millones) no es sostenible este año, el BCE espera que el consumo público aumente en 1,1%.

Con todas estas inconsistencias, la institución oficial, ahora encabezada por la ex viceministra de Finanzas, Madeleine Abarca, prevé que este año la economía nacional crezca 1,4%. El mayor problema con esta previsión, a todas luces demasiado optimista, no es que sirva para alimentar el discurso oficial de una presunta recuperación (funcional al Gobierno en época de campaña electoral), sino que si las medidas económicas se basan en esa previsión no servirán para corregir los enormes desequilibrios que enfrenta el país.

[1] Ver: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/03/nota/5978104/dejaremos-situacion-completamente-manejable

 

A finales de noviembre, el Presidente Rafael Correa pidió la renuncia a todos los ministros, con el fin de “oxigenar su gabinete”[1]. Tras la salida de Fausto Herrera del Ministerio de Finanzas por motivos de salud, el Presidente hizo varios cambios en su equipo económico que, sin embargo, no representan una “oxigenación” del mismo sino apenas un reciclaje de sus integrantes, como ya ha ocurrido con otros altos funcionarios a lo largo de la actual administración.

Patricio Rivera, quien se desempeñaba como ministro coordinador de la Política Económica, pasa a encabezar el Ministerio de Finanzas. Diego Martínez deja la gerencia del Banco Central (BCE) para reemplazar a Rivera. Y Madeleine Abarca, hasta ahora viceministra de Finanzas, es la nueva gerente del BCE. Todos estos cambios, lejos de augurar un cambio en la política económica del Gobierno hacia un manejo más responsable de las finanzas públicas, anticipa una continuidad en lo que ha sido la estrategia oficial a lo largo del año: apelar irresponsablemente al endeudamiento para mostrar una presunta recuperación económica y postergar el necesario recorte en el gasto fiscal.

En su papel de ministro coordinador de la Política Económica, Rivera mantuvo el discurso de que el Gobierno “no gasta mucho, sino que invierte mucho”; además, avaló y defendió las operaciones de financiamiento llevadas a cabo en los últimos años que incluyen emisiones de bonos (la mayoría de ellas a plazos cortos y con tasas mucho más altas que las que pagan los países vecinos), preventas de petróleo (actualmente el país no sabe cuánto crudo no comprometido queda para las próximas administraciones), créditos con China en condiciones poco favorables para Ecuador y la adquisición de papeles del Ministerio de Finanzas por parte del BCE[2].

Durante la gestión de Diego Martínez al frente de esa institución se han usado intensivamente los depósitos que el BCE debería custodiar para financiar el gasto fiscal, lo que él, distorsionando el concepto, ha definido como una “política contracíclica”. Cabe recordar que en lo que va del año el saldo de esos créditos (supuestamente de corto plazo) ha aumentado en cerca de $3.000 millones y ya roza los $4.300 millones. Además, en distintos momentos de la gestión de Martínez los activos líquidos (reservas internacionales) del BCE no han alcanzado para cubrir las reservas bancarias privadas.

En esas condiciones asume la gerencia del BCE Madeleine Abarca, quien en su papel de viceministra de Finanzas no sólo debió conocer las diversas herramientas que el Gobierno ha venido utilizando para ampliar la deuda pública (varias de las cuales no figuran en los boletines de deuda del mismo Ministerio de Finanzas), sino que seguramente avalaba que la institución que ahora dirige se convierta en uno de los principales prestamistas del Gobierno. En su nueva función, Abarca será la responsable del buen o mal uso que se le dé al dinero electrónico y seguramente será la encargada de presentar, a finales de este mes, el informe de cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre del año. Cabe mencionar que durante la gestión de Martínez desde CORDES hicimos serios cuestionamientos a los resultados de crecimiento que presentaba el BCE, cuestionamientos que no han sido absueltos satisfactoriamente. Las cifras que deben publicarse a finales de este mes son importantes para el Gobierno porque deberían respaldar su discurso de la presunta recuperación económica.

En este punto cabe mencionar otro cambio de autoridades que ha recibido menos atención. Hace pocos días se nombró a David Vera Alcívar como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en reemplazo de Jorge García, quien había asumido interinamente la dirección de la institución tras la renuncia de José Rosero. Esta sucesión también se da en condiciones especiales, ya que el próximo informe sobre la situación del mercado laboral (correspondiente al último trimestre de 2016), que incluirá también datos de pobreza, se publicará pocas semanas antes de la primera vuelta electoral y el informe correspondiente al primer trimestre de 2017, poco antes de una eventual segunda vuelta. Es necesario recordar que el informe del tercer trimestre de 2016 (el último de la gestión de Rosero), que mostraba un importante deterioro del mercado laboral, con una destrucción masiva de puestos de empleo adecuado y miles de personas incorporándose al desempleo y al empleo inadecuado, recibió críticas públicas de parte del Presidente Correa, según quien ese informe “no traducía la realidad”[3]. Dada la cercanía de las elecciones, los próximos informes sobre el mercado laboral resultan especialmente sensibles para el Gobierno, incluso más que los de crecimiento (o caída) del PIB. En ese sentido, es importante que los analistas, la prensa y la ciudadanía en general estén atentos a la puntual presentación de los próximos informes y que el nuevo director (que, según el comunicado de prensa sobre su incorporación, “es Magister en Matemática Aplicada e Ingeniero en Estadística Informática”[4], cuando el Código Ingenios establece que las máximas autoridades de los institutos de investigación, como el INEC, deben poseer un PhD acreditado en la Senescyt y “contar con publicaciones indexadas o patentes”) justifique cualquier cambio que se llegue a incorporar en los mismos.

El Ecuador enfrenta una situación económica muy complicada que el Gobierno en un inicio se negó a reconocer y que actualmente, apelando a un endeudamiento irresponsable y a estadísticas de dudosa veracidad[5], insiste en que ya está siendo superada. En ese contexto, es importante que los funcionarios que ahora asumen la dirección de las principales instituciones económicas y estadísticas del país actúen en función de los intereses nacionales y no de los del Gobierno.

 

[1] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-presidente-rafael-correa-pidio-la-renuncia-a-todo-su-gabinete

[2] Al haber sido presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Rivera también está detrás de las últimas medidas en torno a los bancos, como el aumento del encaje o los cambios en el cálculo del coeficiente de liquidez doméstica que obligan a algunos bancos a repatriar dineros desde el exterior.

[3] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-24-10-2016.pdf

[4] Ver: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/david-vera-alcivar-es-el-nuevo-director-del-inec/

[5] Se destaca, por ejemplo, el llamativo salto que la confianza del consumidor registró en septiembre y en octubre, e incluso en junio, cuando subió el IVA.

Ante la preocupación y las reacciones de rechazo que provocó la decisión de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) de aumentar el encaje bancario de 2% a 5% para los bancos con activos superiores a los $1.000 millones, las autoridades económicas del Gobierno salieron coordinadamente en las últimas horas a exponer sus argumentos para defender la medida. En distintos medios de comunicación, el ministro coordinador de la Política Económica (y también presidente de la JPRMF), Patricio Rivera, y el gerente del Banco Central (BCE), Diego Martínez, señalaron que el aumento del encaje bancario (es decir, el porcentaje de los depósitos de personas y empresas que captan los bancos y que debe ser depositado en el BCE) es una medida para forzar a los bancos a colocar más créditos.

Si bien ese argumento no resiste el menor análisis porque carece de toda lógica (el Gobierno inmoviliza una parte adicional de los recursos que los bancos podrían utilizar para otorgar créditos con el supuesto fin de forzar a esos mismos bancos a dar créditos), es importante desmontar con cifras las falacias del discurso oficial. Ambos funcionarios han resaltado la cantidad de recursos “ociosos” que los bancos, incluso antes del incremento del encaje, tenían ya depositados en el BCE (pese a lo cual, el mismo Gobierno está obligando a algunos bancos a repatriar recursos). En ese sentido, según dijo Martínez a El Comercio[1], aumentar el encaje es “una medida que desestimula justamente tener dinero ocioso. Si los bancos prestaran el dinero podrían tener mayor utilidad, mayores ingresos y por lo tanto incrementar su rentabilidad”. Por su parte, Rivera dijo en Ecuavisa[2]: “Estamos llevando adelante una política regulatoria que busca algo con claridad: que los bancos reactiven el crédito, que presten, que en lugar de estar generando recursos a través de cobrar estados de cuenta, se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, intermediación financiera, crédito”.

A octubre de 2016, según las últimas cifras de la Superintendencia de Bancos, los siete bancos afectados por el incremento del encaje bancario (las autoridades no se molestaron en explicar por qué se dispuso un incremento discriminatorio y no se aplicó la misma medida a todos los bancos) generaron la mayor parte de sus ingresos por los intereses y las comisiones de los créditos que otorgan, y menos de una sexta parte por “ingresos por servicios”. En otras palabras, el negocio de los bancos es justamente hacer intermediación financiera y si en lo que va del año han colocado pocos préstamos ha sido principalmente por la caída en la demanda de crédito que se refleja en el último Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito del mismo BCE. Según ese informe, “en promedio, el 16,5% de las empresas pertenecientes a las cuatro ramas de actividad económica analizadas (comercio, industria, construcción y servicios), consideraron al tercer trimestre de 2016 como un buen momento para endeudarse”. Dos años atrás, el porcentaje de las empresas que consideraba que era un buen momento para endeudarse era casi el doble: 31,4%.

Pese a esta evidencia, tomada de un informe oficial, para Rivera lo que existe es “un discurso de que los bancos no encuentran donde colocar crédito” y para desmentir ese “discurso” citó una encuesta del Banco Mundial que, según él, “dice con absoluta claridad que el 52,8% del 40% de los ecuatorianos más pobres (…) piensan que es imposible acceder a un crédito y el 17,2% creen que es muy difícil. Cuando a esos mismos ecuatorianos se les pregunta si en caso de emergencia pueden acceder a una entidad financiera, dicen ‘no’. El 50% recurre a su familia, el 20% recurre a su empleador y apenas el 3,1% a una entidad financiera”. Si bien en la misma entrevista el ministro Rivera ya dio muestras de confundir los conceptos al mencionar el elevado encaje bancario para depósitos EN DÓLARES vigente en Colombia, Argentina y Perú, omitiendo que en los países con moneda propia el encaje para depósitos en dólares constituye una suerte de castigo para desincentivar la acumulación de activos en moneda extranjera, la cita a la encuesta del Banco Mundial (que también utilizó en una entrevista con El Telégrafo[3]) es una evidente manipulación a ese informe.

El Banco Mundial tiene, en efecto, una encuesta sobre inclusión financiera, cuya última publicación corresponde al año 2014 (primera omisión relevante). Entre el 40% de los ecuatorianos más pobres, el 52% y el 17% que mencionó el ministro no corresponden al porcentaje de quienes consideran imposible o muy difícil obtener un crédito, sino a quienes consideran imposible o muy difícil conseguir recursos ante una emergencia. La pregunta no contempla la procedencia de esos fondos[4]. Sólo más adelante se pregunta de dónde provendrían esos recursos: ahorros, familiares o amigos, empleador, institución financiera, prestamistas informales, otras fuentes. Entonces sí, el 48% de los encuestados (no el 50%) dice que recurre a su familia, el 20% a su empleador y apenas un 3,1% a una institución financiera. Lo que omitió el ministro es que en Colombia, Perú, e incluso en un país tan bancarizado como Panamá, el porcentaje de personas que acude a una institución financiera para enfrentar situaciones de emergencia es muy similar: 4,4%, 3,7% y 2,1%, respectivamente. En el caso de las empresas –volviendo al informe del BCE– apenas entre el 3% y el 5% de los encuestados dice que su razón para no haber solicitado un crédito es que las instituciones financieras no brindan facilidades.

Si el aumento del encaje bancario ha generado preocupación y rechazo es por el temor a que esos recursos, que corresponden a los depositantes y que ahora los bancos grandes no podrán retirar del BCE, sean utilizados para que esa institución los preste al Gobierno (la semana pasada esos créditos aumentaron en $107 millones y llegaron a $4.264 millones, que según las autoridades habrían sido financiados sólo con depósitos públicos). En ese sentido, la noticia de la nueva emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales ($750 millones, con un interés de 9,65% y vencimiento a diez años) no hace sino confirmar la necesidad de recursos que enfrenta el Gobierno para poder cubrir sus gastos y llegar a las elecciones repitiendo el discurso de la supuesta recuperación económica. Ante la falta de razones técnicas para defender el aumento del encaje, las autoridades económicas han optado por tratar de llevar la discusión al campo político (lo que ya advertimos en el último Cordes Opina[5]) y por esgrimir argumentos tan precarios y faltos de lógica que hacen pensar que en el Gobierno tienen un concepto muy pobre de la inteligencia de los ciudadanos.

 

[1] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/diegomartinez-aumento-encaje-bancos-ecuador.html

[2]Ver: https://goo.gl/rA7q18

[3]  Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-banca-privada-es-un-actor-politico-en-campana

[4] En este link (http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf) está el cuestionario de la encuesta a partir de la página 85. Las preguntas 24 y 25 se refieren a la posibilidad para obtener recursos en situaciones de emergencia.

[5] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-01-12-2016.pdf

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la semana pasada varias resoluciones que a primera vista parecerían tener injerencia solamente sobre el funcionamiento del sistema bancario del país, pero que, a pocas semanas de las elecciones presidenciales y con una situación fiscal bastante estrecha, podrían formar parte de una estrategia más amplia del Gobierno.

La resolución 302-2016-F establece que para los bancos con activos que superen los $1.000 millones, el encaje bancario, es decir, el porcentaje de las captaciones de los bancos privados que debe estar depositado en el Banco Central (BCE), pase de 2% a 5%. Si bien el efecto inmediato de esa medida es nulo, porque, dada la baja demanda de crédito, todos los bancos afectados por la resolución tienen depositados en el BCE montos mayores al nuevo requerimiento legal, el incremento en el encaje implica una restricción de la liquidez que los bancos pueden usar. En ese sentido, resulta llamativo que el Gobierno, empeñado como está en mostrar una mejora en el nivel de actividad, tome una decisión que, lejos de favorecer la oferta de crédito en el país, la restringe.

Pocos días antes de modificar el encaje legal para los bancos más grandes, la misma Junta emitió una resolución (301-2016-M) sobre los depósitos públicos en el exterior que establece: “Las entidades del sector público no financiero, no podrán mantener depósitos e inversiones financieras en el exterior, sin contar con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los depósitos e inversiones financieras, incluyendo capital e intereses, que estas entidades mantengan en el exterior sin contar con la autorización de la Junta, deberán ingresar de manera obligatoria al país hasta el 31 de diciembre de 2016 y se depositarán en el Banco Central del Ecuador”.

Esas dos resoluciones, por tanto, tienen un mismo efecto: aumentarán la cantidad de recursos, públicos o privados, depositados en el BCE. Conviene recordar que esa institución, a través de la compra de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas, ha prestado al Gobierno $2.848 millones en lo que va del año y, al 25 de noviembre, el saldo de esas operaciones (no registradas como deuda en los boletines oficiales) se encuentra ya en $4.175 millones. Dado que el BCE no puede emitir dinero, esos préstamos provienen de los depósitos que recibe la misma institución. Aunque el Gobierno se ha preocupado por resaltar que los fondos que el BCE utiliza para comprar los papeles del Ministerio de Finanzas proceden exclusivamente de los depósitos públicos, cualquier medida que provoque un incremento de los recursos depositados en esa institución genera sospechas sobre el uso que se pueda dar a los mismos, más aún en un contexto de estrechez fiscal (que el Gobierno quiere disimular para no afectar sus opciones electorales) y cuando se aproxima el pago de sobresueldos a los empleados públicos.

Los bancos en general (ya no sólo los más grandes) también se ven afectados por otra resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 303-2016-M, que altera el modo en que se calcula el Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), es decir, la proporción de la liquidez que los bancos deben mantener en el país. Si bien, en promedio, el sistema de bancos tiene un CLD mayor al que establece la ley, los cambios establecidos en la resolución puede obligar a ciertas instituciones a repatriar recursos al país, dineros que, muy probablemente, también terminen depositados en el BCE, donde no ganarán intereses. Esta nueva resolución se contradice incluso con uno de los considerandos de la resolución 302-2016-F, que señala “que el Banco Central del Ecuador ha establecido que existe altos niveles de excedentes de liquidez de los bancos privados en esta Entidad, habiéndose concentrado estos excedentes en los bancos más grandes del sistema”. Si existe un exceso de liquidez depositada en el BCE (institución que, según las resoluciones de la Junta, ha venido emitiendo varios informes reservados sobre el sistema bancario), ¿por qué se busca que los bancos traigan al país una mayor proporción de los recursos que tienen en el exterior, al resguardo de los vaivenes de la economía doméstica?

Probablemente la respuesta sea más política que técnica, es decir, que el Gobierno diga que esa medida busca fomentar la oferta de crédito (la misma oferta que se ve afectada por el incremento del encaje legal). Otra resolución de la Junta (la 305-2016-F) también parece tener un claro interés político al reducir, en pleno proceso electoral, los cargos máximos que los bancos pueden cobrar por ciertos servicios que prestan (como emisión y renovación de tarjetas o el protesto de cheques). Cabe recordar que apenas hace un mes y medio, la misma Junta había definido los costos máximos para los servicios financieros. Esta nueva resolución también permite que el Gobierno, en caso de que los bancos protesten por el injustificado incremento del encaje o la nueva forma de calcular el CLD, temas que requieren una justificación técnica sólida, desvíe la discusión hacia las ganancias que los bancos obtienen por el cobro de servicios complementarios.

El mismo Gobierno ha destacado el prudente manejo de los bancos en general para enfrentar la caída de los depósitos en 2015. Esperamos que, ante la cercanía de las elecciones, no se subordine la estabilidad del sistema financiero a intereses electorales o fiscales del momento.

A inicios de esta semana, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó el “Reporte de Pobreza, Ingreso y Desigualdad” con datos hasta septiembre de 2016[1]. Según ese reporte –que se basa en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)–, entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 Quito y Cuenca registraron un aumento significativo en sus niveles de pobreza por ingresos: en el primer caso la incidencia de la pobreza pasó de 5,5% a 9,4% y en el segundo de 3,7% a 9,7%. En el caso de Guayaquil, la pobreza habría permanecido estable (el leve incremento de 9,6% a 9,7% no es significativo). Cabe señalar que tanto en Quito como en Cuenca la pobreza registrada en septiembre del año pasado fue la más baja para un mes similar desde que se tiene información comparable, por lo que el salto se dio desde niveles mínimos. Sin embargo, en ambos casos la pobreza registrada para septiembre de 2016 también es mayor que la de igual mes de 2014, por lo que se puede afirmar que, según datos oficiales, en Quito y Cuenca la pobreza ha aumentado.

Si bien el reporte del BCE muestra que en ambas ciudades la pobreza subió entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 y que en Guayaquil permaneció estable, para todo el sector urbano se registra un leve descenso durante el mismo período, de 15% a 14,5%. Es decir, el aumento de la pobreza en Quito y Cuenca (y la estabilidad en Guayaquil) se habría visto compensado por un descenso de la pobreza en el resto del sector urbano.

El mismo reporte del BCE señala que existe una relación inversa entre pobreza y empleo, es decir, “que mientras mayor es el empleo, menor es la incidencia de pobreza a nivel nacional” [2]. La lógica detrás de esa relación es que cuando una persona pierde su trabajo se reducen los ingresos familiares y si ese nuevo nivel de ingresos no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, entonces los miembros del hogar caen en situación de pobreza. Lo ocurrido en Quito y Cuenca en términos de pobreza luce coherente con lo que sucedió en las mismas ciudades en materia de empleo: entre septiembre de 2015 e igual mes de 2016 el número de personas con un empleo adecuado se redujo en 57.000 y 26.000, respectivamente. En el resto del sector urbano, sin considerar Guayaquil, (es decir, Ambato, Machala y otras ciudades sin información desagregada) la destrucción de puestos de empleo adecuado afectó a más de 93.000 personas, pese a lo cual la pobreza habría descendido.

La explicación puede estar en que, si bien en el resto del sector urbano se perdieron muchos puestos de empleo adecuado (personas que trabajan la jornada legal y tienen ingresos no menores al salario mínimo), simultáneamente aumentó, en mayor proporción, el número de empleados inadecuados. En otras palabras, ante la pérdida de empleo de una persona, más miembros del hogar empezaron a trabajar, aunque sea en condiciones precarias, lo que ayudó a sostener los ingresos familiares. De hecho, entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 (cuando en el resto del sector urbano se perdieron, como se señaló, más de 93.000 puestos de empleo adecuado), 225.000 personas empezaron a generar algún ingreso en un empleo con insuficiencia de horas trabajadas o con salarios menores al mínimo (no se toma en cuenta a quienes tienen un trabajo no remunerado). En este punto llama la atención lo que ocurre en Guayaquil (donde la pobreza habría permanecido estable), ya que el número de personas que perdieron su empleo adecuado (70.000) fue mayor que el de aquellas que se sumaron al empleo inadecuado (50.000, descontado a quienes tienen un trabajo no remunerado).

Otra variable que incide sobre la evolución de la pobreza es la inflación, particularmente el costo de la canasta básica, que marca la línea para determinar si un individuo (o un hogar) es pobre o no. Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año el costo de la canasta básica aumentó 3,1%, muy por encima de la inflación general (1,3%). Los mayores aumentos se registraron en Machala (3,5%), Ambato (3,6%), Esmeraldas (3,7%), Manta (4,2%) y, particularmente, Guayaquil (5,7%), lo que, nuevamente, genera dudas acerca de la estabilidad de la pobreza en esa ciudad.

En todo caso, más allá de las dudas en torno a un resultado en particular, el deterioro del mercado laboral (que podría continuar en los próximos meses, tomando en cuenta la incertidumbre política y económica y la consecuente reticencia de las empresas por invertir o contratar personal) y el persistente incremento del costo de la canasta básica (en octubre el alza interanual fue de 3,3%) parecen anticipar que el aumento de la pobreza que ya se registró en Quito y Cuenca puede extenderse al resto del país.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaSep2016.pdf

[2] El reporte también señala que hay una relación inversa de la pobreza con el gasto público y con el crecimiento económico, variables para las que no se tiene información disponible hasta el tercer trimestre.

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