En una entrevista publicada en diario Expreso el pasado fin de semana[1], el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró: “En 2017, en el déficit del gobierno central logramos reducir en 1.000 millones. Para el próximo año esperamos una caída similar”. De la siguiente pregunta del periodista (“¿Cómo llegar a un déficit de 3.500 millones de dólares?”) se desprende que el ministro De la Torre da por sentado que este año el déficit rondará los $4.795 millones contemplados en el Presupuesto General del Estado (PGE) que fue aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada. O que incluso podría ser un poco menor.

En nuestras dos últimas columnas tratamos de evidenciar las muchas inconsistencias de la proforma que había enviado el Ejecutivo a la Asamblea para su aprobación. Ahora que ya están disponibles las cifras de la ejecución presupuestaria hasta agosto, debemos denunciar la irresponsabilidad, tanto del Ejecutivo como de la mayoría oficialista en la Asamblea, que significa haber aprobado un presupuesto que está totalmente alejado de las cifras que publica el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

En el PGE aprobado por la Asamblea se establece que este año los ingresos tributarios sumarán $14.760 millones, es decir, 6,9% más que los ingresos tributarios percibidos en 2016. Si bien al cierre del primer semestre de 2017 los ingresos tributarios del PGE fueron 7,6% mayores que en igual período de 2016, al considerar el período enero – agosto el crecimiento frente a los mismos meses del año pasado cae a apenas 1,7%. Esto se debe a que en julio los ingresos tributarios del PGE fueron 15,1% menores que en igual mes de 2016 y que en agosto se registró una caída interanual de 13,2% (siempre tomando en cuenta los ingresos PERCIBIDOS del PGE, que son los que se deben considerar para calcular el déficit). Para llegar a los $14.760 millones proyectados para todo 2017, los ingresos tributarios del período septiembre – diciembre deben ser 17,5% mayores que los de igual período de 2016, lo que luce muy improbable (más aun considerando que el Banco Central proyecta una contracción para el consumo privado). De hecho, a diferencia de lo que ocurrirá en los últimos cuatro meses de este año, entre septiembre y diciembre del año pasado estaban vigentes los impuestos extraordinarios de la Ley Solidaria y también las salvaguardias. Según el Observatorio de la Política Fiscal, en los últimos cuatro meses de 2016 ambas medidas generaron ingresos extraordinarios al PGE por $515 millones. Por tanto, lo más probable es que en los últimos cuatro meses de este año los ingresos tributarios del PGE, lejos de recuperarse, sigan mostrando caídas interanuales.

En cuanto a las transferencias y donaciones de capital e inversión (constituidas principalmente por ingresos petroleros), el PGE aprobado contempla ingresos por $3.242 millones, es decir, 54% más que lo percibido en 2016 por el mismo concepto. Sin embargo, una vez transcurridas las dos terceras partes del año, los ingresos por ese concepto son, según cifras oficiales, 5,8% menores que en igual período de 2016. Por tanto, para llegar a los $3.242 millones proyectados para el año completo, entre septiembre y diciembre los ingresos por transferencias y donaciones de capital e inversión deberían ser 142% mayores que en los últimos cuatro meses del año pasado (ni el precio referencial del petróleo, ni el volumen de producción contemplados en el PGE justifican semejante incremento). Todo esto simplemente analizando las cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y sin considerar lo que, haciéndonos eco de las denuncias del Observatorio de la Política Fiscal, hemos advertido repetidamente: que los ingresos petroleros del PGE (calculados en $2.160 millones) probablemente sean nulos o muy bajos, como lo fueron en los dos últimos años, según lo ha reconocido el propio ministro De la Torre.

La ejecución presupuestaria hasta agosto también deja en evidencia las inconsistencias del PGE aprobado por el lado del gasto. El Gobierno proyecta que en el año completo el gasto total (incluyendo amortización de la deuda pública) sume $36.818 millones, es decir, 8,1% más que el gasto devengado de 2016. Sin embargo, en el acumulado de enero a agosto de 2017 el gasto de la proforma suma $18.337 millones, es decir, 10,4% menos que en igual período de 2016. Por tanto, para alcanzar el monto proyectado para el año completo, entre septiembre y diciembre el Gobierno debería gastar 35,9% más que en los mismos meses del año pasado (que ya fueron expansivos en el gasto). Si se analizan los datos de los sectores con los mayores montos de gasto (más de $500 millones en el año), las inconsistencias saltan a la vista: en algunos como Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda o Tesoro Nacional el gasto del último cuatrimestre de 2017 debería ser entre 28% y 70% mayor que en el mismo período de 2016 para alcanzar el monto presupuestado, mientras que en Recursos Naturales el gasto en los últimos cuatro meses del año debería registrar una contracción interanual de 52% (también en el sector de Comunicaciones el gasto del último cuatrimestre de 2017 debería ser 40% menor que en los mismos meses de 2016, pero esto no resulta tan ilógico si se considera que el Gobierno anterior incrementó significativamente su gasto de inversión en el último trimestre de 2016 y el primero de 2017, en el marco de la campaña electoral).

Las cifras de la ejecución presupuestaria hasta agosto (procedentes, insistimos, del Ministerio de Economía y Finanzas) dejan en evidencia la irresponsabilidad del propio Ministerio y de los asambleístas del oficialismo (no forma parte de nuestro análisis considerar las divisiones que se pudieran estar produciendo al interior del bloque del partido de gobierno) al haber aprobado el PGE para este año sin tomar en cuenta las observaciones planteadas por distintos analistas y tampoco haber revisado las propias cifras oficiales (¿no tienen los asambleístas, justamente para eso, asesores en materia económica?). Las inconsistencias no se limitan a la sobrestimación de ingresos (que cuando ya han corrido las dos terceras partes del año lucen insalvables), sino también a la muy probable subejecución del gasto en distintos sectores. Es posible que, gracias a esa subejecución, el déficit al final del año no ronde los $8.000 millones, sino que sea algo menor. Pero en ese caso el Presupuesto, también por el lado del gasto, habría dejado de cumplir la que es acaso su principal función: ser un punto de referencia para los agentes económicos sobre la política económica que piensa llevar adelante el Gobierno. Lo más grave es que el PGE de 2017 se elaboró y aprobó cuando ya sólo era necesario proyectar los ingresos y los gastos de los últimos meses del año. Con ese antecedente, es posible que la proforma para 2018, que se debe presentar en las próximas semanas, esté aun mas alejada de la realidad.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/carlos-de-la-torre-la-concesion-del-dinero-electronico-no-fue-gratuita-ME1666068

 

En un análisis que publicamos a finales de julio, poco después de que el Presidente Lenín Moreno presentara las cifras generales de la proforma presupuestaria para este año[1], señalamos que ésta mostraba muchas inconsistencias, principalmente por el lado de los ingresos, que considerábamos sobrestimados. Ayer las autoridades del equipo económico acudieron a la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea para explicar los detalles de la proforma. Lamentablemente esas exposiciones y otras declaraciones de miembros del Gabinete en los últimos días, lejos de despejar nuestras dudas, las profundizan.

Respecto a los ingresos tributarios, el director del SRI, Leonardo Orlando, señaló que de los $14.760 millones contemplados en la proforma (6,9% más que lo percibido en 2016), $13.175 millones corresponden a impuestos que son recaudados por el SRI (IVA, Renta, Salida de Divisas, ICE, entre otros). Como argumento, Orlando mencionó que en abril, mayo, junio y julio de este año el crecimiento interanual de la recaudación tributaria ha sido siempre mayor que 12% y que para el año completo se espera un aumento de 11,3% frente a lo recaudado en 2016. Sobre las declaraciones de Orlando hay varios temas que conviene mencionar. El primero es que las recaudaciones del SRI no se transfieren de manera directa al Presupuesto General del Estado (PGE). Como ejemplo, en el primer semestre de 2017 la recaudación neta del SRI (es decir, una vez descontadas notas de crédito, compensaciones y devoluciones) sumó $6.769 millones, mientras que los ingresos del PGE correspondientes a los impuestos a cargo del SRI sumaron $6.480 millones. Es más, si bien Orlando asegura que en julio la recaudación del SRI creció más de 12% frente a igual mes de 2016 (hasta el momento de escribir este análisis las cifras de recaudación de julio no estaban disponibles al público), según el Ministerio de Finanzas los ingresos tributarios totales del PGE (los que están a cargo del SRI y los arancelarios) en julio de 2017 fueron 15,1% menores que en igual mes de 2016. Si bien una parte de esa enorme caída se explicaría por la eliminación de las salvaguardias (por tanto, menores ingresos por concepto de aranceles), esa contracción también sugiere que las transferencias del SRI, que representan cerca del 90% de los ingresos tributarios totales del PGE, crecieron a un ritmo mucho menor que sus recaudaciones (o incluso decrecieron).

Por otro lado, los $6.480 millones que ingresaron al PGE en la primera mitad de este año por los impuestos a cargo del SRI representan el 49% de los $13.175 millones que, según Orlando, se espera transferir en el año completo. Aquí cabe otra acotación: con excepción de lo que ocurrió en 2016, cuando la recaudación del primer semestre fue menor que la del segundo por la entrada en vigor de la Ley Solidaria (que en la segunda mitad del año pasado generó ingresos extraordinarios por $960 millones), lo normal es que la recaudación de impuestos sea mayor en el primer semestre que en el segundo (por el Impuesto a la Renta que se recauda en abril y, en menor medida, por el IVA de los consumos navideños en enero). Esa diferencia debería ser incluso mayor en este año, ya que en la primera mitad las recaudaciones de IVA aún se vieron favorecidas por el alza temporal de 2 puntos en la tasa de ese impuesto, aumento que ya no estará vigente en la segunda mitad. De hecho, si bien los ingresos del PGE por los impuestos a cargo del SRI crecieron 8,8% entre el primer semestre de 2016 e igual período de 2017, más del 90% de ese crecimiento se explica por una mayor recaudación de IVA, que en parte responde al repunte del consumo en los primeros meses del año, pero sobre todo al incremento temporal en la tasa de ese impuesto, lo que generó una recaudación adicional por $409 millones.

Pero hay un motivo adicional para sospechar de las proyecciones del SRI: el Banco Central también presentó ayer sus proyecciones de crecimiento para este y los próximos tres años y en esa presentación señala que espera una caída de 0,8% en el consumo de los hogares en 2017. Dado que en el primer trimestre de este año el consumo de los hogares creció 3,6% frente a igual período de 2016, para llegar a la caída de 0,8% proyectada para todo 2017 en los últimos tres trimestres del año el consumo de los hogares tendría que contraerse 2,3% frente a igual período de 2016. Si el mismo Gobierno pronostica una contracción en el consumo privado en los últimos meses del año, ¿por qué el SRI prevé un aumento en la recaudación, considerando además que el ministro De la Torre ha dicho que no está planificada una reforma impositiva? ¿No hubo un cruce de información entre las distintas instituciones del frente económico antes de elaborar la proforma para evitar estas inconsistencias?

Respecto a los ingresos petroleros, en la Programación Presupuestaria Cuatrianual que acompaña a la proforma se señala que en 2017 estos sumarán $2.160 millones. En nuestro análisis anterior señalamos que “según ha advertido el Observatorio de la Política Fiscal, dado el bajo precio del crudo y los costos de operación, desde 2015 el PGE no ha recibido ingresos petroleros” (cosa que no debería cambiar sustancialmente en 2017 si el mismo Gobierno contempla un precio referencial del petróleo de $41,7 por barril, no muy superior al promedio de $38,4 de los dos últimos años). Y añadimos que en un tweet el ex presidente Correa dijo: “Yo goberné dos años sin un dólar de ingreso petrolero para el Gobierno Central”. A esto se suman dos elementos adicionales que parecen confirmar la sobrestimación de los ingresos petroleros en la proforma. Por un lado, en una entrevista publicada en Expreso, se le pregunta al ministro De la Torre: “¿Cuánto se obtendrá por ingresos petroleros luego de restar lo que gasta el país por importación de derivados?”. A lo que él responde: “Tendríamos que hacer la operación cuenta por cuenta pero, en realidad, lo que queda al Gobierno Central es muy poco. En años anteriores fue cero o un margen mínimo”. Por otro lado, en su informe sobre la situación del sector de hidrocarburos, el ministro Carlos Pérez dijo: “Contamos con los fondos que vienen del Ministerio de Finanzas para continuar con las operaciones (de las petroleras estatales)”. Si es el Ministerio de Finanzas el que tiene que transferir recursos a las petroleras estatales (que no forman parte del Gobierno Central y tampoco del PGE), ¿cómo se contemplan ingresos petroleros por más de $2.000 millones?

Después de las presentaciones del equipo económico tenemos más motivos para creer que los ingresos contemplados en la proforma están sobrestimados al menos en $3.000 millones ($1.000 millones por el lado de impuestos y $2.000 millones por los ingresos petroleros) y que, por tanto, el déficit podría rondar los $8.000 millones (más de 8% del PIB), muy lejos de los $4.800 millones que proyectan en el Gobierno. Las necesidades de financiamiento, por tanto, también serán mayores, lo que nos hace suponer que en las próximas semanas el Gobierno negociará un nuevo crédito.

A las inconsistencias detalladas se suman otros deslices menores, pero que también reflejan descuidos en la elaboración de la proforma, como la proyección que presentó el ministro De la Torre de que la inflación promedio en 2017 será de 1,1%. ¿No revisaron en el Ministerio de Economía y Finanzas los informes de inflación del INEC? Porque según el instituto estadístico, en lo que va del año la inflación anual ha promediado el 0,75%, con una fuerte caída en los últimos meses (ver gráfico). Para llegar al 1,1% promedio señalado por De la Torre, entre agosto y diciembre la inflación anual debería promediar el 1,5%. ¿Pero cómo se explica ese repunte en la inflación, desde el 0,1% registrado en julio, si el Banco Central, por su parte, pronostica una caída en el consumo?

Ante todas las inconsistencias que presenta la proforma, los asambleístas deberían pedir aclaraciones al equipo económico antes de aprobarla. Un presupuesto mal sustentado, además de generar incertidumbre entre los agentes económicos, puede llevar al Gobierno a tomar medidas improvisadas para poder cubrir sus gastos o, por el contrario, recortarlos de manera desordenada.

[1] Ver: http://www.larepublica.ec/linkeconomico/2017/07/31/proforma-2017-austeridad-postergada-e-ingresos-sobrestimados/

 

El último viernes el Presidente Lenín Moreno presentó en una cadena nacional la situación económica del Ecuador y la proforma presupuestaria para 2017. De su mensaje cabe destacar algunos puntos: insistió en que el país se encuentra en una crisis económica (un discurso mucho más realista que el de la supuesta recuperación que manejaba su antecesor); criticó duramente, como lo han hecho la mayoría de los analistas, el manejo económico del anterior gobierno (“las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía”); aseguró que se va a sostener la dolarización; y resaltó la importancia de la transparencia (“he advertido al equipo económico que, de acuerdo a la ley, todos los datos deben ser veraces, precisos y de acceso público”). Si bien en este aspecto se han dado algunos pasos, como la rehabilitación (después de cuatro meses) de la aplicación que muestra la ejecución diaria del Presupuesto General del Estado (PGE) o el reconocimiento durante la misma cadena nacional de que a la deuda pública que presenta el Ministerio de Finanzas ($42.000 millones al 31 de mayo) hay que sumar alrededor de $8.000 millones de otras obligaciones (“operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos, entre otras”) y $4.367 millones de “contingentes” como la deuda con el IESS (que según el presidente de esa institución, Richard Espinosa, es mucho mayor que la que mencionó Moreno), no hay que olvidar que los funcionarios bajo cuya gestión los datos económicos dejaron de ser “veraces, precisos y de acceso público” (los mismos que ejecutaron la política económica que ahora critica el Presidente) continúan formando parte del Gobierno.

Moreno también anunció algunas medidas para dinamizar la actividad, como revisar el Impuesto a la Plusvalía, “incentivar la inversión y el ingreso de divisas, con un proyecto de ley que permita la repatriación de capitales de quienes los tienen en el exterior” (entendemos que se estaría refiriendo a una amnistía fiscal) e impulsar el uso del dinero electrónico “en coordinación con el sistema financiero nacional”. También dijo estar llevando adelante “medidas de austeridad del gasto público”. Sin embargo, las cifras de la proforma que presentó a continuación no concuerdan con el ofrecimiento de austeridad.

Moreno anunció que la proforma para 2017 que enviará a la Asamblea suma $36.818 millones, “que representan un crecimiento del 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior”. La comparación con el presupuesto codificado es engañosa: frente al presupuesto inicial de 2016 (el que aprobó la Asamblea) la proforma para este año es 23% mayor y frente al presupuesto devengado (es decir, el que finalmente se ejecutó) el aumento es de 8%, equivalente a $2.750 millones. Por el lado del gasto el Presidente no dio mayores detalles (no especificó en qué montos se recortará el gasto de inversión, que sería la variable de ajuste). Simplemente mencionó los montos que se destinarán a sectores prioritarios, como Educación, Salud, Vivienda y Bienestar Social. En todos ellos, el gasto anunciado para este año supera al del PGE devengado de 2016, en la mayoría de los casos en más de 10%.

Más allá del alza en el gasto, lo más preocupante de la proforma presentada es la aparente sobrestimación de los ingresos. En cuanto a los tributarios, el Gobierno espera que este año lleguen a $14.760 millones, es decir, 7% más que lo percibido en 2016. Si bien en el primer semestre de este año los ingresos tributarios fueron 8% mayores que en igual período de 2016, cabe recordar que se está comparando un IVA de 14% con uno de 12% y que los cambios en el ICE que incrementaron la recaudación de ese impuesto recién entraron en vigor en abril del año pasado. Por el contrario, en la segunda mitad de este año el IVA será otra vez de 12% (frente al 14% del segundo semestre de 2016), no se tendrán los otros ingresos de la Ley Solidaria (impuestos adicionales a las utilidades, a los altos patrimonios, etc.), que en la segunda mitad de 2016 generaron $750 millones extra, y tampoco estarán vigentes las salvaguardias, que en la segunda mitad de 2016 aportaron cerca de $380 millones (si bien se ha anunciado un posible incremento arancelario, esa medida aún no se concreta y seguramente las alzas no serán de la magnitud de las sobretasas por las salvaguardias). Por otro lado, el Gobierno espera que este año el PIB crezca 0,7%. Dado que, según el Banco Central, en el primer trimestre de 2017 la economía mostró un crecimiento interanual de 2,6% (explicado por el enorme aumento del gasto público), el mismo Gobierno está reconociendo que en lo que resta del año el dinamismo de la actividad (y, por tanto, de la recaudación tributaria), será menor. Finalmente, en la primera mitad de 2017 los ingresos tributarios del PGE sumaron $7.212 millones, por lo que, para llegar a los $14.760 millones proyectados, la recaudación en el segundo semestre debería ser mayor ($7.548 millones), cuando lo habitual (salvo en 2016, por los ingresos extraordinarios ya señalados) es que la mayor parte de la recaudación tributaria de un año se concentre en el primer semestre (por la recaudación de Impuesto a la Renta en abril y, en menor medida, por el IVA de los consumos navideños en enero). Por todo esto, creemos que los ingresos tributarios de 2017 rondarían los $13.300 millones, es decir, $1.400 millones menos que lo estimado por el Gobierno.

Por concepto de “Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión” (básicamente ingresos petroleros), el Gobierno espera recibir este año $3.241 millones. Este monto genera dudas aún mayores. Por un lado, según ha advertido el Observatorio de la Política Fiscal, dado el bajo precio del crudo y los costos de operación, desde 2015 el PGE no ha recibido ingresos petroleros (los ingresos que registra el Ministerio de Finanzas corresponderían a barriles despachados para amortizar preventas de crudo o a los desembolsos por nuevas preventas). De hecho, en un tweet publicado un día después de la cadena nacional, el ex presidente Correa dijo textualmente: “Yo goberné dos años sin un dólar de ingreso petrolero para el Gobierno Central”. Pese a la leve recuperación del precio del crudo, eso continuaría en 2017, por lo que la sobrestimación alcanzaría los $3.241 millones mencionados. Incluso si se asume que los ingresos por “Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión” que registra el Ministerio de Finanzas son reales, el monto proyectado para 2017 es 54% mayor que el devengado de 2016. Ese incremento no luce coherente con el leve aumento en el precio del petróleo (Moreno dijo que el valor referencial para la proforma 2017 es de $41,69 por barril) ni con el volumen esperado de exportación (136,6 millones de barriles, es decir, 5% menos que el volumen exportado en 2016). Es más, según el propio Ministerio de Finanzas, en el primer semestre de este año los ingresos por “Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión” (cuya veracidad, insistimos, está en duda) sumaron $876 millones, por lo que no se entiende cómo en el segundo semestre se puede dar un salto que permita llegar a $3.241 millones.

Así, la sobrestimación de ingresos, que también se extiende a las transferencias corrientes, podría superar los $4.000 millones, llevando el déficit, si no se ajusta el gasto, de los $4.700 millones proyectados por el Gobierno a cerca de $9.000 millones y las necesidades de financiamiento de los $11.670 millones mencionados por el Presidente (más temprano, en una evidente contradicción, había dicho que “se requiere alrededor de $8.000 millones cada año para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda interna y externa”) a más de $15.000 millones.

En la cadena nacional, el Presidente dijo que en septiembre presentará la proforma para 2018 y el programa económico para sus cuatro años de gestión. Habrá que esperar hasta entonces para ver si el Gobierno da pasos concretos para empezar a ordenar las finanzas públicas, ya que la proforma para 2017 está lejos de reflejar la austeridad anunciada. Por el contrario, parece repetir los mismos vicios de las proformas presentadas en los últimos años del anterior Gobierno (y que probablemente fueron elaboradas por los mismos funcionarios).

Según el reporte de pobreza y des­igualdad que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana junto con los indicadores de mercado laboral, entre junio de 2016 y junio de 2017 la pobreza en Machala pasó de 10,1% a 14,4%, lo que significa un aumento de 4,3 puntos porcentuales. En Guayaquil y en Ambato la pobreza aumentó en proporciones menores (de 8,5% a 10,5% y de 9,8% a 10,2%, res­pectivamente), mientras que en Quito y Cuenca se mantuvo prácticamente esta­ble (en la primera cayó de 7,9% a 7,8% y en la segunda subió de 7,6% a 7,8%). Este comportamiento de la pobreza por ingresos en las principales ciudades del Ecuador –comportamiento que no se ve reflejado en el consolidado para el sector urbano, según el cual la pobre­za en el conjunto de todas las ciudades del país cae de 15,6% a 14,6%– pare­ce estar relacionado con el desempeño del mercado laboral. De hecho, según el mismo INEC, entre junio de 2016 e igual mes de este año la tasa de empleo adecuado cayó 3,7 puntos en Machala y 4,5 puntos en Guayaquil (aunque sólo en esta última la variación habría sido estadísticamente significativa). En Qui­to, Cuenca y Ambato, donde la pobreza mostró menores variaciones, la tasa de empleo adecuado también se mantuvo relativamente estable (en todas bajó, pero esas caídas estuvieron entre 0,9 y 1,7 puntos). En todo el sector urbano la tasa de empleo adecuado pasó de 50% a 49% entre junio de 2016 y junio de 2017 y a nivel nacional de 41% a 40,1%, la menor tasa para un mes de junio des­de que se tiene información comparable.

Esa reducción en la tasa de empleo adecuado a nivel nacional se dio pese a que en el mismo período (junio 2016 – junio 2017) la cantidad de personas con un empleo de ese tipo aumentó en 53.000, el primer crecimiento en casi dos años (el último se registró en sep­tiembre de 2015). Esto se explica por­que la Población Económicamente Acti­va (PEA), respecto a la cual se calculan las tasas de empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo, creció en ma­yor medida, al pasar de 7.832.000 a 8.148.000 personas. Ese crecimiento de la PEA (compuesta por las personas que trabajan, ya sea en condiciones ade­cuadas o inadecuadas, y las que están buscando un trabajo), dado el modesto aumento en las plazas de empleo ade­cuado, se tradujo en un incremento im­portante en la cantidad de personas con un empleo inadecuado, principalmente subempleados. De hecho, entre junio de 2016 y junio de 2017 el número de subempleados a nivel nacional subió de 1.278.000 a 1.669.000 personas, es decir, 391.000 nuevos subempleados. Como consecuencia de esto, la tasa de subempleo dio un salto de 16,3% en ju­nio de 2016 a 20,5% en junio de este año, por mucho, la mayor tasa para un mes de junio desde que se tiene informa­ción comparable. A nivel de ciudades, los mayores incrementos en las tasas de subempleo los registraron Quito (de 7,6% a 11,9%) y, sobre todo, Guayaquil (de 15,5% a 22,3%).

El notorio aumento del subempleo (que corresponde a personas que ganan menos del salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y quisieran trabajar más), no sólo pone en eviden­cia la escasa creación de empleos ade­cuados para absorber a todos quienes ofrecen sus servicios laborales, sino que también tiene consecuencias sobre la ca­lidad de vida de los trabajadores. Según el INEC, entre junio de 2016 y junio de 2017 el ingreso promedio de los trabaja­dores redujo en 1,5% su poder adquisi­tivo (pese a que entre ambos meses los precios al consumidor prácticamente no subieron). A su vez, el mayor número de subempleados (por ejemplo, perso­nas que venden jugos en la calle) tam­bién está relacionado con el incremen­to de la informalidad, que actualmente afecta al 45% de los trabajadores (dos puntos porcentuales más que en junio de 2016). En tanto, el porcentaje de em­pleados afiliados al IESS cayó entre ju­nio del año pasado e igual mes de 2017 de 32% a 29,8%.

En los últimos doce meses la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo de 5,3% a 4,5%, lo que seguramente será destacado por autoridades económicas (del anterior y el nuevo gobierno) como una señal de recuperación económica. Sin embargo, más allá de que el creci­miento del PIB en el primer trimestre del año, y seguramente en el segundo, responde a un aumento insostenible del gasto público (la mesa que no quedó servida, como reconoció el Presidente Moreno), las cifras oficiales muestran que la creación de empleos adecuados sigue siendo absolutamente insuficiente y que el subempleo es la única opción laboral para un número cada vez mayor de ecuatorianos. En ese contexto, adop­tar medidas que generen confianza en el sector privado (el único capaz de crear empleos de calidad en un ambiente de estrechez fiscal) es indispensable si se quiere lograr que los ecuatorianos con un empleo adecuado sean más que ape­nas cuatro de cada diez.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó esta mañana el boletín de cuentas nacionales del primer trimestre de 2017. Respecto a igual período de 2016 la economía ecuatoriana registró, según el organismo oficial, un crecimiento de 2,6%, el mejor resultado desde el primer trimestre de 2015 y el segundo crecimien­to interanual consecutivo. No obstante, es­tos resultados positivos, que para los equi­pos económicos del anterior y del actual gobierno son una muestra incontrastable de que la economía ecuatoriana está ya en una etapa de recuperación, se sustentan en una estrategia de agresivo endeudamiento para sostener el gasto público, estrategia que demanda correcciones inmediatas si se quiere evitar una crisis en el mediano o incluso en el corto plazo.

El crecimiento de 2,6% del PIB en el primer trimestre de 2017 se da, conviene recordarlo, contra un período excepcional­mente malo, como fue el primer trimestre de 2016, cuando la economía registró una contracción interanual de 4%, el peor re­sultado en dolarización. De hecho, en tér­minos reales el tamaño de la economía en los primeros tres meses de 2017 todavía es menor al de igual período de 2015 (y, dado el crecimiento de la población, en términos per cápita es incluso menor). Por eso no es conveniente, como han hecho las autoridades del BCE, comparar el cre­cimiento interanual del primer trimestre registrado por el Ecuador con el que alcan­zaron otros países, como Colombia o Perú, cuyas economías no se contrajeron en el primer trimestre del año anterior, sino que crecieron.

Al analizar los componentes del PIB por el enfoque del gasto, se observa que el principal impulsor del crecimiento en el primer trimestre de este año fue el consu­mo de los hogares, que subió 3,6% frente a los primeros tres meses de 2016, cuan­do había registrado una contracción inte­ranual de 4,8%. En este caso, el volumen de consumo alcanzado en los primeros tres meses de 2017 es similar al de igual período de 2014 y, por tanto, es menor si analizamos el indicador per cápita. El re­punte en el consumo está muy relacionado con la masiva inyección de recursos a la economía que el anterior gobierno llevó adelante en el primer trimestre de 2017 (en época de campaña electoral). Según cifras del Observatorio de la Política Fis­cal (OPF), entre enero y marzo de 2017 el gasto total del Presupuesto General del Estado sumó $5.798 millones, es de­cir, 21,3% más que en el mismo período de 2016 (llamativamente, ese crecimiento del gasto, especialmente fuerte en el gasto de capital y en el de bienes y servicios de consumo, no se ve reflejado en un aumen­to del consumo del gobierno, que según el BCE decrece 0,1% frente al primer trimes­tre de 2016).

Evidentemente, un incremento de esa magnitud en el gasto público (más aún en una economía tan dependiente del gasto público) tenía que generar un impacto po­sitivo en los niveles de actividad y de con­sumo. No obstante, un crecimiento soste­nible del consumo de los hogares depende principalmente del dinamismo del merca­do laboral. En este sentido, las cifras del INEC muestran que, como consecuencia de la destrucción de empleos adecuados y el notable aumento de la cantidad de per­sonas con un empleo inadecuado, el ingre­so promedio de los trabajadores redujo su poder adquisitivo en 4,3% entre marzo de 2016 e igual mes de 2017. De hecho, se­gún otra publicación del BCE, el Índice de Confianza del Consumidor, las percepcio­nes y las perspectivas de los encuestados sobre la situación económica de sus hoga­res y del país en general se deterioraron en abril y mayo (último dato disponible).

Los resultados de cuentas nacionales también muestran que en el primer trimes­tre de este año la Formación Bruta de Ca­pital Fijo (FBKF, es decir, la inversión física principalmente en construcción y en ma­quinaria y equipo) registró una caída de 1,9% frente al primer trimestre de 2016, cuando, a su vez, ya había mostrado una caída interanual de 12,1%. En otras pa­labras, la inversión, medida en volumen, que se concretó en los primeros tres meses de 2017 es similar a la del primer trimes­tre de 2012. Esta es, a nuestro entender, una señal clara de que la economía ecua­toriana aún no entra en una senda de cre­cimiento sostenible.

Un aspecto positivo de los datos que presentó el BCE (más allá de la puntuali­dad en su publicación, cuando los retrasos ya se estaban convirtiendo en una costum­bre) es el desempeño de las exportacio­nes, que según las cifras oficiales crecie­ron 2,7% en términos interanuales. Cabe recalcar que un crecimiento real en las exportaciones (que es lo que se toma en cuenta para calcular las cuentas naciona­les) no responde a un aumento en el pre­cio de los productos de exportación (por ejemplo, el petróleo), sino a un mayor volumen exportado. En ese sentido, otra publicación del BCE (la Evolución de la Balanza Comercial) muestra que muchos productos, tanto tradicionales (banano, camarón, cacao), como no tradicionales (flores, enlatados de pescado, aceites ve­getales) incrementaron su volumen de ex­portación en el primer trimestre de 2017 frente a igual período de 2016.

El fomento a las exportaciones y la ge­neración de un ambiente propicio para la inversión privada son las medidas que el Gobierno debería tomar para que el creci­miento de la economía sea realmente sos­tenible y esté acompañado por la creación de nuevos empleos. Insistir en la estrategia de endeudarse para sostener un gasto pú­blico que supera por mucho a los ingresos, además de no ser sostenible en el tiempo y generar incertidumbre al sector privado, tiene otras consecuencias, como la recien­te decisión de Standard & Poors de degra­dar la calificación de riesgo del Ecuador a B- (la segunda peor de la región, sólo por delante de Venezuela), decisión que se explica en buena parte por las “vulnerabi­lidades fiscales” que sigue presentando el país.

El pasado viernes, un día después de la instalación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que está conformado por siete dele­gados del Ejecutivo y seis del sector productivo y de la Economía Popu­lar y Solidaria, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó en su pági­na web un informe titulado “Esta­dísticas Macroeconómicas”[1]. En la presentación de este informe –que incluye datos de los sectores real, externo, monetario y financiero y fiscal– se señala que éste muestra “la última información disponible, para la toma de decisiones econó­micas de la ciudadanía, las institu­ciones nacionales e internacionales, y las autoridades gubernamentales”. Ese informe, por tanto, debería ser­vir como insumo para las propues­tas que emanen del nuevo Consejo, cuya función es, justamente, emitir recomendaciones o propuestas de políticas para fomentar la producti­vidad y la competitividad del Ecua­dor.

No obstante, más allá de un ma­nejo poco riguroso de algunos tér­minos (como cuando se señala que en 2016 “el Ecuador registró una desaceleración de -1,5% a precios constantes”, cuando en realidad se trató de una contracción de la eco­nomía y no solamente de una des­aceleración), de algunas compara­ciones con períodos remotos que no aportan en nada a la toma actual de decisiones (se compara, por ejem­plo, el crecimiento económico pro­medio del período de dolarización con el del período 1981-1999) y de evidentes errores de redacción que deslucen al documento (“Ecuador es el uno de los (países) menor in­flación a diciembre de 2016” o “En el período 2000 – 2016 marca una tendencia decreciente de la inciden­cia de pobreza”), llama la atención lo desactualizada e incompleta que está la información correspondiente al sector fiscal.

De hecho, en el informe “Esta­dísticas Macroeconómicas” que se publicó el pasado viernes el BCE presenta datos de ingresos, gastos y endeudamiento público sólo hasta 2015, cuando lo esperable era que incluyera cifras hasta 2016 e inclu­so más actualizadas. En un contexto en el que el estado de las finanzas públicas es uno de los aspectos de la macroeconomía sobre los que los agentes económicos (empresarios locales, inversores extranjeros, ana­listas) están más pendientes y del cual dependen en gran medida la viabilidad de las recomendaciones o propuestas que puedan surgir del Consejo, presentar información tan desactualizada en nada contribuye al trabajo de ese organismo ni a ge­nerar un ambiente de certidumbre que ayude a “la toma de decisiones” de los agentes en general. Más aun cuando el sector público sigue re­presentando cerca de 40% del PIB y tiene un peso importante en la in­versión y la generación de empleo.

Lamentablemente, la falta de actualización de las estadísticas del sector fiscal no se limita al informe “Estadísticas Macroeconómicas”, sino que se extiende a todas las pu­blicaciones del BCE que presentan cifras de las cuentas públicas. Así, en la Información Estadística Men­sual publicada a mediados de este mes, las operaciones del SPNF y del Gobierno Central siguen mostrando información hasta 2016, cuando a estas alturas del año ya debería ha­ber información disponible al menos hasta el primer trimestre de 2017. Del mismo modo, la aplicación del Ministerio de Finanzas que permitía conocer el movimiento diario de los ingresos y los gastos del Presupuesto General del Estado lleva más de tres meses y medio (uno de ellos ya con el nuevo Gobierno) inhabilitada.

Entre las propuestas y recomen­daciones que surjan del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, seguramente varias de ellas se re­ferirán a la actual estructura impo­sitiva y a las modificaciones que se le deberían hacer (y que necesaria­mente tendrán un impacto sobre las finanzas públicas) para fomentar la productividad y la competitividad de las empresas nacionales. En ese contexto, la persistente ausencia de cifras fiscales confiables y actualiza­das (que empezó en la anterior ad­ministración) no sólo implica una li­mitación al trabajo del Consejo, sino que genera dudas sobre la real situa­ción de las finanzas públicas (lo que aumenta la incertidumbre y atenta contra el éxito de cualquier progra­ma económico) y parece reflejar el escaso compromiso del nuevo Go­bierno por pasar del mero discurso de cambio a acciones concretas.

 

[1] 1Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/docu­mentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacroEstruc2017.pdf

El primer día laborable de cada semana, según está establecido en el calendario de publicaciones del Banco Central, esa institución debe colgar en su sitio web el Boletín Monetario Semanal (BMS). Esta publicación contiene estadísticas actualizadas, entre otros temas, sobre los balances del Banco Central (lo que incluye información sobre las reservas internacionales, los créditos del Banco Central al Gobierno, el saldo de los depósitos públicos y las reservas bancarias y los movimientos del dinero electrónico) y sobre los activos y pasivos de las instituciones financieras privadas. Esta semana, sin embargo, el Banco Central no ha puesto a disposición de los usuarios el boletín correspondiente.
El pasado lunes, 22 de mayo, el Banco Central publicó el BMS con información hasta el 19 de mayo, como correspondía, pero ese mismo día dio de baja ese boletín y lo reemplazó con uno con información hasta el 12 de mayo. El boletín que fue reemplazado mostraba un movimiento llamativo en el sado de la deuda del Gobierno con el Banco Central, que pasaba de $5.867 millones a $3.729 millones, es decir una reducción de más de $2.100 millones. A la vez, el concepto “activos no financieros” en el balance del Banco Central mostraba un incremento de similar magnitud, al pasar de $186 millones a $2.323 millones, lo que parecía indicar que el Gobierno había cancelado una parte de su deuda con el Banco Central transfiriendo a esa institución “activos no financieros”, que pueden ser inmuebles o incluso acciones de instituciones públicas. En ambos casos (suponiendo que su avalúo no está sobrestimado), se trataría de activos no líquidos, es decir, activos que el Banco Central no pudiera convertir rápidamente en efectivo para responder a un retiro de sus “pasivos exigibles”, donde se encuentran, además del dinero electrónico y la moneda fraccionaria, las reservas bancarias y los depósitos del sector público (gobiernos seccionales, IESS, empresas públicas y Gobierno Central).
Ante la incertidumbre que ocasionó ese movimiento en los balances del Banco Central (y el posterior retiro del boletín), el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, se ha comprometido a aclarar el tema en los próximos días. Esa aclaración debe darse cuanto antes, ya que se trata de un tema delicado. Cabe recordar que en las últimas semanas (antes del movimiento inusual del boletín que fue retirado) el saldo del crédito del Banco Central al Gobierno ha superado al saldo de los depósitos públicos en el mismo Banco Central y, a la vez, las reservas bancarias privadas en la misma institución han superado a las reservas internacionales.
Pero la urgencia de esa aclaración no responde únicamente a la importancia de que los agentes económicos cuenten con información actualizada sobre el uso de los recursos que maneja el Banco Central (y que en buena parte corresponden al sector privado), sino también a la necesidad de reinstaurar en el país, en el marco de un cambio de Gobierno, la transparencia en las estadísticas económicas oficiales. Cabe recordar que el mismo Banco Central ha incurrido repetidas veces en atrasos injustificados en la publicación de las estadísticas de cuentas nacionales (crecimiento económico), cuya veracidad hemos puesto en duda desde CORDES. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas dio de baja hace casi tres meses, sin una justificación válida, la página que mostraba información diaria sobre los ingresos y los gastos del Presupuesto General del Estado (PGE) y ese mismo Ministerio regularmente ha subestimado el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento. Otro ejemplo de la falta de transparencia es la no publicación de las condiciones en que se han acordado las preventas de petróleo.
Hace pocos días, en una entrevista con El Comercio, el ministro De la Torre, refiriéndose justamente al tema de la transparencia en la información, dijo: “El tema es cómo se juzga la transparencia, puede ser subjetivo y marcado desde la perspectiva del que quiere tener acceso a determinado dato. Pero eso no quiere decir que haya falta de transparencia. En general, las estadísticas económicas se publican con regularidad y se publican sobre la base de ciertos estándares. Las autoridades también definen los casos de qué información puede ser adecuado transmitir y cuál no, y también la información que puede ser sensible.”
Los ejemplos que hemos detallado muestran que en el Ecuador, contrario a lo que asegura el ministro, sí existe una opacidad en la información económica oficial, lo que, más allá de menoscabar un derecho ciudadano y limitar la capacidad de análisis de quienes seguimos el desempeño de la economía, puede desalentar a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el país, ya que no saben a ciencia cierta en qué terreno están pisando. Esto es aún más relevante si se considera que en esa misma entrevista el ministro De la Torre señaló que en la nueva administración “el sector privado será el motor de la economía”.

Sobre el muy complejo escenario económico que heredará el Presidente electo, Lenín Moreno, se ha hablado y escrito mucho. La gravedad de la situación –sobre la que varios analistas han venido advirtiendo y que el gobierno saliente insiste en desconocer– se refleja en un abultado e insostenible déficit fiscal (que deriva en elevadísimas necesidades de financiamiento) y en un mercado laboral que, lejos de generar puestos de empleo adecuados, los está destruyendo, lo que afecta al consumo y a la calidad de vida de los hogares. En este contexto, si bien el nuevo Presidente ha prometido un “cambio de estilo”, que implica rebajar el nivel de confrontación, en materia económica los cambios que lleve adelante deben ser de fondo e ir enfocados, más allá de la gradual pero impostergable corrección de las cuentas fiscales, hacia la recuperación de la confianza de los agentes económicos privados.

Las expectativas de los agentes, un tema ampliamente estudiado en la teoría económica, deben ser –junto con los impactos sociales, fiscales, ambientales, etc.– uno de los elementos centrales en el diseño de una política pública. Lamentablemente, el gobierno saliente no parece haber incorporado ese elemento en muchas de sus decisiones, como la creación del ISD, que desmotivó el ingreso de capitales al país, o la aprobación de la Ley de Plusvalía, que según voceros de la construcción ha impactado de manera negativa en el sector, o la reciente decisión de la Asamblea de denunciar los tratados bilaterales de inversión firmados por el Ecuador, lo que puede reducir aún más el ya insuficiente flujo de inversión extranjera directa.

En ese contexto, es necesario que el nuevo gobierno, desde el primer día de su administración empiece a dar señales que puedan recomponer la menguada confianza del sector privado (de hecho, lo recomendable sería que no espere hasta el 24 de Mayo). No nos referimos únicamente a la confianza del sector empresarial, vital para reanimar la inversión y la consecuente generación de empleo, sino también de las personas y hogares, cuyas decisiones de consumo se basan, en buena parte, en sus percepciones sobre la situación económica presente y futura.[1]

Las medidas que el nuevo equipo económico diseñe, por lo tanto, deben enviar señales positivas y contundentes sobre la sostenibilidad de la dolarización (que se puede ver seriamente afectada si se decide usar al dinero electrónico como un mecanismo para cubrir el déficit fiscal), la estabilidad del sistema financiero (una parte de cuyas reservas han sido utilizadas por el Banco Central para prestar dinero al Ministerio de Finanzas) y la salud de las finanzas públicas (el primer Presupuesto General del Estado que elabore el nuevo gobierno tiene que mostrar un verdadero compromiso por corregir –insistimos, GRADUALMENTE– los desequilibrios heredados). Esto, junto con la estabilidad normativa tan demandada por los empresarios en los últimos diez años, esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso de productos ecuatorianos a mercados relevantes y acciones que permitan ir recuperando paulatinamente la competitividad de la producción nacional, permitirá que el país salga del atolladero en el que se encuentra.

Por el contrario, si el nuevo gobierno se obstina en mantener un modelo económico insostenible y envía señales contradictorias que generen incertidumbre (o la acrecienten) en empresas y personas, puede provocar que la situación económica, ya de por sí complicada, derive en una crisis muy severa, con los consecuentes costos sociales.

Desde este espacio de opinión y análisis, hacemos un llamado al gobierno cuya gestión inicia en una semana, para que las decisiones que adopte tengan como objetivo principal el bienestar de los ciudadanos, para lo cual es indispensable una economía sana y dinámica, y no los intereses particulares de un movimiento político.

 

[1] Pese al repunte que, desde diciembre del año pasado, muestra el Índice de Confianza del Consumidor que calcula el Banco Central (repunte que creemos que está relacionado con la insostenible estrategia del Gobierno saliente de inyectar a la economía recursos procedentes de nueva deuda, lo que permitió elevar transitoriamente la actividad y el consumo), ese indicador sigue en niveles muy inferiores a los alcanzados en años de alto crecimiento económico.

El pasado viernes (28 de abril) el Banco Central publicó el Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito correspondiente al primer trimestre de 2017[1]. En la sección sobre demanda de crédito, el informe del Central –que se basa en 2.284 encuestas a empresas de distintos tamaños de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios– muestra claramente que el discurso oficial de recuperación de la economía no ha logrado calar en el sector empresarial, donde pese al repunte del PIB y del consumo que muestran las cifras oficiales, se mantiene un nerviosismo sobre el contexto macroeconómico nacional.

En el primer trimestre de 2017, en promedio, apenas el 14% de las empresas encuestadas consideraban que era un buen momento para endeudarse, casi 20 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre de 2014, último año en el que el Ecuador registró un crecimiento económico (según el Banco Central, en 2015 la economía ecuatoriana se estancó y en 2016 se contrajo 1,5%). El entorno macroeconómico nacional es el motivo que dan entre el 13% y el 15% de las empresas (dependiendo del sector) que consideran que actualmente NO es un buen momento para endeudarse. Hace tres años apenas entre el 3% y el 5% de las empresas que consideraban que no era un momento oportuno para contratar un crédito daban como motivo al entorno económico nacional. Si bien frente al primer trimestre de 2016 (cuando la economía, según el Banco Central, se contrajo 4% en términos interanuales, el peor resultado en dolarización) se redujo levemente la cantidad de empresas que señalaron a la situación económica del país como el motivo por el cual no consideran oportuno endeudarse, en el mismo período creció la cantidad de empresas que señalan que “la situación actual del negocio no permite solicitar un crédito”.

Otro dato revelador que presenta el último Reporte de Oferta y Demanda de Crédito es el destino que las empresas que solicitaron préstamos dan a los mismos. Si bien el capital de trabajo continúa siendo el principal destino, entre el primer trimestre de 2014 e igual período de 2017 creció significativamente el porcentaje de las empresas que se endeudan para pagar otras deudas o para reestructurar sus créditos. En el primer trimestre de 2014 el 3% de las empresas de comercio, industria y servicios y el 13% de las empresas de la construcción solicitaban un crédito para esos motivos; en el primer trimestre de 2017 el 9% de las empresas industriales, el 10% de las de la construcción, el 11% de las de comercio y el 12% de las de servicios solicitaron un crédito para pagar deudas anteriores o para reestructurarlas. Frente al primer trimestre de 2016 la situación no cambia demasiado.

Entre el primer trimestre de 2014 y el primero de 2017 también se incrementó significativamente el número de empresas, sin importar su tamaño ni la rama de actividad a la que pertenecen, que dicen tener dificultades para pagar sus deudas. Frente al primer trimestre de 2016, cuando ese indicador alcanzó niveles récord, se registra una disminución.

Finalmente, si bien la utilización de la capacidad instalada –es decir, el “volumen de producción de bienes y/o servicios que es posible generar en una unidad productiva de acuerdo con los factores de producción disponibles en ese momento”– se recuperó levemente entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2017, en la comparación con 2014 se observa una caída importante: en torno a los 10 puntos porcentuales en las empresas de comercio, industria y servicios, y 17 puntos en las empresas de la construcción. Esto significa que actualmente las empresas encuestadas están subutilizando, en un alto porcentaje, la maquinaria o las instalaciones que tienen a su disposición.

Otro informe del Banco Central (el Estudio Mensual de Opinión Empresarial), que se basa en encuestas a empresas de los mismos sectores productivos, viene mostrando desde hace dos años una caída casi generalizada en la demanda laboral en esos sectores. Esto y los resultados del último Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito ponen de manifiesto la necesidad de que el próximo Gobierno, si quiere mejorar la precaria situación laboral que va a heredar (con la tasa de empleo adecuado más baja desde que se tiene información comparable), implemente cuanto antes medidas para que la economía ecuatoriana retome una senda de crecimiento sostenible. Ese repunte transitorio del que tanto se jacta el discurso oficial y que responde, principalmente, al irresponsable endeudamiento que ha permitido al Gobierno saliente inyectar miles de millones de dólares a la economía, está lejos de brindar certidumbre a las empresas.

 

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/economia/tasas/ET-ODC-IT-2017.pdf

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a marzo de este año. En un boletín de prensa firmado conjuntamente por el INEC, el Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio de Trabajo, se señala: “La recuperación económica que vive el país se evidencia en el sistema laboral con resultados positivos y consistentes. El desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, el más importante de los últimos cinco años, ubicándose en 4,4% en marzo de 2017 comparado con el 5,7% de marzo de 2016, lo cual representa una caída de 1,3 puntos porcentuales. Esto significa que aproximadamente 94 mil personas han salido del desempleo (…). Ecuador es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región”. Más allá de que el INEC, en su rol de instituto estadístico, debería limitarse a entregar las cifras sin darles una interpretación política, conviene analizar lo que señala el boletín y contrastarlo con lo que muestran otras cifras de la misma encuesta.

Como viene siendo una costumbre desde hace varios meses, el Gobierno pretende limitar el análisis a la evolución de la tasa de desempleo, cuando en realidad ese indicador, en el caso ecuatoriano, contiene muy poca información relevante sobre la situación del mercado laboral, ya que, ante la ausencia de un seguro general de desempleo (el actual sólo cubre a personas que hayan venido aportando al IESS), son muy pocos los ecuatorianos que pueden “darse el lujo” de dedicarse a tiempo completo a buscar trabajo; si mientras buscan un empleo formal generan algún tipo de ingresos (por ejemplo, vendiendo jugos o papel higiénico en las calles) ya no son considerados desempleados sino empleados inadecuados. Las propias cifras del INEC muestran que, desde que la metodología es comparable (diciembre de 2007), la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable dentro de una banda que va del 3,8% al 6,5%. Las tasas que sí se muestran sensibles a la coyuntura económica son la de empleo adecuado, que actualmente está en 38,5%, su nivel más bajo desde que la información es comparable, y la de empleo inadecuado, que se ubica en 56,9%, su nivel más alto. En otras palabras, si bien la tasa de desempleo cayó a 4,4% en el último año, actualmente apenas 38 de cada 100 ecuatorianos que quieren trabajar lo hacen en condiciones “adecuadas” (es decir, tienen ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas semanales o, ganando al menos el salario mínimo, trabajan menos horas que la jornada legal pero no quieren trabajar más). En marzo de 2014 (primer marzo para el que se tiene información comparable) 45 de cada 100 ecuatorianos que querían trabajar lo hacían en condiciones adecuadas.

El boletín de prensa oficial resalta que 94.000 personas salieron del desempleo entre marzo de 2016 y marzo de 2017. Lo que no dice es que en el mismo período NO SE CREÓ UN SOLO PUESTO DE EMPLEO ADECUADO, de hecho, las estadísticas muestran una caída de casi 30.000 empleos adecuados durante ese período, aunque esa reducción puede ser no significativa estadísticamente. En todo caso, esas personas que según el Gobierno, “han salido del desempleo”, muy probablemente están actualmente en alguna de las dos categorías del “empleo inadecuado” que crecieron en el último año: el subempleo (es decir, personas que tienen ingresos menores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y quieren trabajar más) o en el “empleo no remunerado” (por ejemplo, un joven que trabaja sin un sueldo en una tienda familiar).

Por cuestiones estacionales de los meses de diciembre (ventas navideñas, turismo, restaurantes), lo usual es que entre ese mes y el siguiente marzo siempre se reduzca la cantidad de empleos adecuados, incluso en años de alto crecimiento económico. Sin embargo, según las cifras de la última encuesta, eso no ocurrió entre diciembre de 2016 y marzo de este año, lo que resulta llamativo y podría estar mostrando una situación menos mala que la real. Pero asumiendo que no hay errores en las cifras, la evolución de la tasa de empleo adecuado en las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato) muestra una situación que no va de la mano con la supuesta recuperación económica que el Gobierno pregona desde hace varios meses. Entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, cayó la tasa de empleo adecuado en cuatro de esas cinco ciudades y en todas ellas aumentó el subempleo.

El boletín de prensa del Gobierno añade: “Otro signo de recuperación de la economía es la capacidad de absorber empleo que se mide a través de la tasa de empleo bruto. A marzo 2017 esta tasa incrementa en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 64,6% en marzo de 2016 a 65,9% en marzo de este año”. A la luz de las propias cifras oficiales, ese incremento en el empleo bruto no se explica por un crecimiento en el empleo adecuado (lo que sí reflejaría una recuperación genuina en el nivel de actividad y una mayor demanda laboral por parte de las empresas), sino del subempleo y el empleo no remunerado. El aumento en esas formas de trabajo no es un mérito de la política económica, sino que, por el contrario, refleja su ineficacia para generar empleos de calidad.

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