La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la semana pasada varias resoluciones que a primera vista parecerían tener injerencia solamente sobre el funcionamiento del sistema bancario del país, pero que, a pocas semanas de las elecciones presidenciales y con una situación fiscal bastante estrecha, podrían formar parte de una estrategia más amplia del Gobierno.

La resolución 302-2016-F establece que para los bancos con activos que superen los $1.000 millones, el encaje bancario, es decir, el porcentaje de las captaciones de los bancos privados que debe estar depositado en el Banco Central (BCE), pase de 2% a 5%. Si bien el efecto inmediato de esa medida es nulo, porque, dada la baja demanda de crédito, todos los bancos afectados por la resolución tienen depositados en el BCE montos mayores al nuevo requerimiento legal, el incremento en el encaje implica una restricción de la liquidez que los bancos pueden usar. En ese sentido, resulta llamativo que el Gobierno, empeñado como está en mostrar una mejora en el nivel de actividad, tome una decisión que, lejos de favorecer la oferta de crédito en el país, la restringe.

Pocos días antes de modificar el encaje legal para los bancos más grandes, la misma Junta emitió una resolución (301-2016-M) sobre los depósitos públicos en el exterior que establece: “Las entidades del sector público no financiero, no podrán mantener depósitos e inversiones financieras en el exterior, sin contar con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los depósitos e inversiones financieras, incluyendo capital e intereses, que estas entidades mantengan en el exterior sin contar con la autorización de la Junta, deberán ingresar de manera obligatoria al país hasta el 31 de diciembre de 2016 y se depositarán en el Banco Central del Ecuador”.

Esas dos resoluciones, por tanto, tienen un mismo efecto: aumentarán la cantidad de recursos, públicos o privados, depositados en el BCE. Conviene recordar que esa institución, a través de la compra de papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas, ha prestado al Gobierno $2.848 millones en lo que va del año y, al 25 de noviembre, el saldo de esas operaciones (no registradas como deuda en los boletines oficiales) se encuentra ya en $4.175 millones. Dado que el BCE no puede emitir dinero, esos préstamos provienen de los depósitos que recibe la misma institución. Aunque el Gobierno se ha preocupado por resaltar que los fondos que el BCE utiliza para comprar los papeles del Ministerio de Finanzas proceden exclusivamente de los depósitos públicos, cualquier medida que provoque un incremento de los recursos depositados en esa institución genera sospechas sobre el uso que se pueda dar a los mismos, más aún en un contexto de estrechez fiscal (que el Gobierno quiere disimular para no afectar sus opciones electorales) y cuando se aproxima el pago de sobresueldos a los empleados públicos.

Los bancos en general (ya no sólo los más grandes) también se ven afectados por otra resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 303-2016-M, que altera el modo en que se calcula el Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), es decir, la proporción de la liquidez que los bancos deben mantener en el país. Si bien, en promedio, el sistema de bancos tiene un CLD mayor al que establece la ley, los cambios establecidos en la resolución puede obligar a ciertas instituciones a repatriar recursos al país, dineros que, muy probablemente, también terminen depositados en el BCE, donde no ganarán intereses. Esta nueva resolución se contradice incluso con uno de los considerandos de la resolución 302-2016-F, que señala “que el Banco Central del Ecuador ha establecido que existe altos niveles de excedentes de liquidez de los bancos privados en esta Entidad, habiéndose concentrado estos excedentes en los bancos más grandes del sistema”. Si existe un exceso de liquidez depositada en el BCE (institución que, según las resoluciones de la Junta, ha venido emitiendo varios informes reservados sobre el sistema bancario), ¿por qué se busca que los bancos traigan al país una mayor proporción de los recursos que tienen en el exterior, al resguardo de los vaivenes de la economía doméstica?

Probablemente la respuesta sea más política que técnica, es decir, que el Gobierno diga que esa medida busca fomentar la oferta de crédito (la misma oferta que se ve afectada por el incremento del encaje legal). Otra resolución de la Junta (la 305-2016-F) también parece tener un claro interés político al reducir, en pleno proceso electoral, los cargos máximos que los bancos pueden cobrar por ciertos servicios que prestan (como emisión y renovación de tarjetas o el protesto de cheques). Cabe recordar que apenas hace un mes y medio, la misma Junta había definido los costos máximos para los servicios financieros. Esta nueva resolución también permite que el Gobierno, en caso de que los bancos protesten por el injustificado incremento del encaje o la nueva forma de calcular el CLD, temas que requieren una justificación técnica sólida, desvíe la discusión hacia las ganancias que los bancos obtienen por el cobro de servicios complementarios.

El mismo Gobierno ha destacado el prudente manejo de los bancos en general para enfrentar la caída de los depósitos en 2015. Esperamos que, ante la cercanía de las elecciones, no se subordine la estabilidad del sistema financiero a intereses electorales o fiscales del momento.

A inicios de esta semana, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó el “Reporte de Pobreza, Ingreso y Desigualdad” con datos hasta septiembre de 2016[1]. Según ese reporte –que se basa en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)–, entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 Quito y Cuenca registraron un aumento significativo en sus niveles de pobreza por ingresos: en el primer caso la incidencia de la pobreza pasó de 5,5% a 9,4% y en el segundo de 3,7% a 9,7%. En el caso de Guayaquil, la pobreza habría permanecido estable (el leve incremento de 9,6% a 9,7% no es significativo). Cabe señalar que tanto en Quito como en Cuenca la pobreza registrada en septiembre del año pasado fue la más baja para un mes similar desde que se tiene información comparable, por lo que el salto se dio desde niveles mínimos. Sin embargo, en ambos casos la pobreza registrada para septiembre de 2016 también es mayor que la de igual mes de 2014, por lo que se puede afirmar que, según datos oficiales, en Quito y Cuenca la pobreza ha aumentado.

Si bien el reporte del BCE muestra que en ambas ciudades la pobreza subió entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 y que en Guayaquil permaneció estable, para todo el sector urbano se registra un leve descenso durante el mismo período, de 15% a 14,5%. Es decir, el aumento de la pobreza en Quito y Cuenca (y la estabilidad en Guayaquil) se habría visto compensado por un descenso de la pobreza en el resto del sector urbano.

El mismo reporte del BCE señala que existe una relación inversa entre pobreza y empleo, es decir, “que mientras mayor es el empleo, menor es la incidencia de pobreza a nivel nacional” [2]. La lógica detrás de esa relación es que cuando una persona pierde su trabajo se reducen los ingresos familiares y si ese nuevo nivel de ingresos no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, entonces los miembros del hogar caen en situación de pobreza. Lo ocurrido en Quito y Cuenca en términos de pobreza luce coherente con lo que sucedió en las mismas ciudades en materia de empleo: entre septiembre de 2015 e igual mes de 2016 el número de personas con un empleo adecuado se redujo en 57.000 y 26.000, respectivamente. En el resto del sector urbano, sin considerar Guayaquil, (es decir, Ambato, Machala y otras ciudades sin información desagregada) la destrucción de puestos de empleo adecuado afectó a más de 93.000 personas, pese a lo cual la pobreza habría descendido.

La explicación puede estar en que, si bien en el resto del sector urbano se perdieron muchos puestos de empleo adecuado (personas que trabajan la jornada legal y tienen ingresos no menores al salario mínimo), simultáneamente aumentó, en mayor proporción, el número de empleados inadecuados. En otras palabras, ante la pérdida de empleo de una persona, más miembros del hogar empezaron a trabajar, aunque sea en condiciones precarias, lo que ayudó a sostener los ingresos familiares. De hecho, entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2016 (cuando en el resto del sector urbano se perdieron, como se señaló, más de 93.000 puestos de empleo adecuado), 225.000 personas empezaron a generar algún ingreso en un empleo con insuficiencia de horas trabajadas o con salarios menores al mínimo (no se toma en cuenta a quienes tienen un trabajo no remunerado). En este punto llama la atención lo que ocurre en Guayaquil (donde la pobreza habría permanecido estable), ya que el número de personas que perdieron su empleo adecuado (70.000) fue mayor que el de aquellas que se sumaron al empleo inadecuado (50.000, descontado a quienes tienen un trabajo no remunerado).

Otra variable que incide sobre la evolución de la pobreza es la inflación, particularmente el costo de la canasta básica, que marca la línea para determinar si un individuo (o un hogar) es pobre o no. Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año el costo de la canasta básica aumentó 3,1%, muy por encima de la inflación general (1,3%). Los mayores aumentos se registraron en Machala (3,5%), Ambato (3,6%), Esmeraldas (3,7%), Manta (4,2%) y, particularmente, Guayaquil (5,7%), lo que, nuevamente, genera dudas acerca de la estabilidad de la pobreza en esa ciudad.

En todo caso, más allá de las dudas en torno a un resultado en particular, el deterioro del mercado laboral (que podría continuar en los próximos meses, tomando en cuenta la incertidumbre política y económica y la consecuente reticencia de las empresas por invertir o contratar personal) y el persistente incremento del costo de la canasta básica (en octubre el alza interanual fue de 3,3%) parecen anticipar que el aumento de la pobreza que ya se registró en Quito y Cuenca puede extenderse al resto del país.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/PobrezaSep2016.pdf

[2] El reporte también señala que hay una relación inversa de la pobreza con el gasto público y con el crecimiento económico, variables para las que no se tiene información disponible hasta el tercer trimestre.

En el último enlace ciudadano, el Presidente Correa dedicó varios minutos a explicar el que, según él, es el modo correcto de interpretar las estadísticas de mercado laboral que el INEC presentó el lunes pasado. Más allá de que su interpretación está lejos de ser la correcta, en el tiempo que dedicó al tema, el Presidente hizo algo aún más preocupante: reprendió públicamente a los funcionarios del instituto estadístico por la manera en que presentaron las cifras laborales ya que, según él, el formato utilizado “no traduce la realidad”. Ese llamado de atención siembra dudas sobre el modo en que las cifras de empleo, uno de los temas más sensibles para el Gobierno (más aún en campaña electoral), se presentarán de aquí en adelante.

Respecto a la interpretación de las estadísticas por parte del Presidente, hay varios puntos que merecen ser comentados. El primero se refiere a los 363.000 “empleos” que, según él, generó la economía entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año. En realidad, las cifras del INEC muestran claramente que en ese período se perdieron más de 340.000 empleos adecuados (es decir, personas que trabajan la jornada legal y tienen un ingreso no menor al salario mínimo) y que los 363.000 nuevos “empleos” a los que se refirió el Presidente corresponden, principalmente, a subempleados (es decir, personas que trabajan menos horas de las que quisieran y tienen un ingreso menor al salario mínimo) y, en menor medida, a las demás categorías de lo que se denomina “empleo inadecuado”, es decir, trabajadores no remunerados o personas que trabajan menos horas de la jornada legal y tienen un salario inferior al mínimo pero no tienen disponibilidad o voluntad para trabajar más tiempo. La economía, por tanto, no ha generado nuevos puestos de trabajo, por el contrario, se han destruido por miles, pero las personas que perdieron su empleo o que ingresaron a la población económicamente activa (PEA, es decir, que empezaron a ofrecer sus servicios laborales) se han dado formas para tratar de llevar algún ingreso a sus hogares. Por eso es que, en el caso del Ecuador, analizar solamente la tasa de desempleo, como hacen el Presidente y varios de sus ministros, no es adecuado, porque el principal problema del país en materia laboral es que un altísimo porcentaje de las personas que quieren trabajar (y que no pueden darse el lujo de dedicarse a tiempo completo a buscar un trabajo sin generar algún tipo de ingreso) sólo pueden hacerlo en condiciones precarias.

Respecto al desempleo, las cifras del INEC muestran que entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año casi 94.000 personas cayeron en esa condición. Al respecto, el Presidente dijo que esos nuevos desempleados “no es que estaban trabajando y se los botó, no”, sino que corresponden a la diferencia entre las 457.000 personas que ingresaron a la PEA y las 363.000 que consiguieron un “empleo” (lo que él definió como una “buena noticia”, pero que, como ya se mencionó, son principalmente empleos precarios). En realidad, según el INEC, contrario a lo que aseguró el Presidente, más del 90% de los nuevos desempleados son cesantes, es decir, personas que tenían un trabajo y lo perdieron. El problema está en que el Presidente no incluyó en su análisis a los 340.000 puestos de empleo adecuado que se perdieron en el último año. Por tanto, las personas que empezaron a buscar trabajo no son sólo quienes se vincularon a la PEA, sino también quienes tenían un empleo y lo perdieron.

Pero, más allá de la errada interpretación de las estadísticas laborales (el Presidente incluso llegó a pedir que se comparen las cifras actuales con las que había antes de su Gobierno, cuando él debería saber que eso no es posible porque las metodologías de medición no son las mismas), lo más preocupante es la reprimenda pública a los funcionarios del INEC. “Esta semana salieron las cifras de desempleo –dijo el Presidente al empezar a referirse a ese tema–. En verdad hay buenas noticias, pero la prensa sacó unos titulares para deprimirnos, tengo que reconocer que con el entusiasta apoyo de los propios tecnócratas del INEC, porque ¡qué manera de presentar las cifras! La respuesta es que “este es el formato”. ¡Qué formato, señores! Esto no traduce la realidad.” Y más adelante insistió: “Los medios de comunicación, con ayuda de los tecnócratas del INEC, nos ponen todo lo negativo”.

Si, en opinión del Presidente, el modo en que el INEC presenta las estadísticas laborales “no traduce la realidad”, ¿qué se puede esperar para el próximo informe, que debería publicarse en enero de 2017, es decir, justo antes de las elecciones? ¿Va a permitir el Gobierno que el INEC mantenga su metodología de cálculo y la forma en que presenta los resultados (sobre los que no tuvo críticas mientras le eran favorables) o lo va a obligar a cambiarlos (en cuyo caso, sería bueno conocer con qué argumentos técnicos)? En otras palabras, ¿las cifras van a mostrar la realidad real o la que le conviene al Gobierno? Lamentablemente, en esta administración hay varios antecedentes de un manejo al menos poco riguroso de las estadísticas económicas: ahí está el Banco Central, que ha incumplido repetidas veces su propio calendario de publicaciones y cuyas cifras de crecimiento del PIB registran incongruencias que desde CORDES hemos denunciado, o el Ministerio de Finanzas, que incluso antes del último cambio respecto al modo de contabilizar la deuda pública ya la venía subestimando y que, a la vez, sobrestima los ingresos fiscales para mostrar un menor déficit. También hay antecedentes de gobiernos afines al nacional, como el venezolano o el argentino (durante el kirchnerismo), que ante una realidad que no les era favorable dejaron de publicar cifras sensibles o las manipularon groseramente.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno se ha empeñado en mostrar a la ciudadanía una supuesta “recuperación económica”, que en realidad es el resultado de la estrategia de endeudarse agresivamente y patear el ajuste hacia adelante. Obviamente, esa estrategia no despeja la incertidumbre sobre el futuro de la economía y, por tanto, no se ha traducido en una mayor demanda laboral por parte de las empresas, como muestran las últimas cifras del INEC. Si los resultados del próximo informe (correspondientes al cuarto trimestre) son tan negativos como lo fueron los del último, sería lamentable que, en lugar de tomar medidas para tratar de corregir la situación, el Gobierno opte por barrer la suciedad debajo de la alfombra.

Las cifras sobre la evolución del mercado laboral que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) echan por tierra el discurso oficial según el cual en el segundo trimestre de este año la economía ecuatoriana entró en una fase de recuperación. Por el contrario, dan sustento a la opinión (generalizada entre los analistas independientes) de que se trata tan sólo de un repunte circunstancial, explicado por el agresivo proceso de endeudamiento que el Gobierno ha emprendido para inyectar liquidez a la economía antes de las elecciones, y no de una recuperación genuina, basada en el incremento de la actividad y, por tanto, de la demanda de empleo por parte de las empresas.

Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de este año se perdieron, según el INEC, 340.000 empleos adecuados. En otras palabras, el número de puestos de trabajo adecuados se redujo en casi 10% en el último año. De hecho, la tasa de empleo adecuado reportada para septiembre de este año (39,2%, 6,8 puntos menor que en septiembre de 2015) es, junto con la de diciembre de 2009, la más baja desde 2007, cuando las estadísticas del mercado laboral se empezaron a calcular con la actual metodología. Los más afectados por la pérdida de puestos de empleo adecuado son los jóvenes de entre 15 y 34 años, que en septiembre de 2015 representaban el 42,6% del total de personas con un empleo de ese tipo (es decir, que trabajan la jornada legal y reciben un ingreso no menor al salario básico unificado) y en la actualidad representan el 38,5%.

La evolución del empleo adecuado no coincide con el dato, repetido por el Presidente y las autoridades económicas, de que a partir de agosto se incrementó el número de afiliados al IESS. En realidad, si se compara la cantidad de empleos plenos existentes en junio de este año con los reportados por el INEC para septiembre se registra una caída de 60.000 puestos de trabajo.

Lo que sí ha crecido, y de manera significativa, es el número de subempleados (personas que reciben un ingreso menor al salario mínimo y/o trabajaron menos horas de la jornada legal y quieren trabajar más), que pasó de 1.122.000 en septiembre de 2015 a 1.560.000 en septiembre de este año, es decir, un crecimiento del 39%, o de 438.000 personas. En menor medida, también se registró un aumento en las demás categorías que, junto con el subempleo, componen lo que el INEC denomina “empleo no pleno”: las personas con empleos no remunerados (que pasaron de 656.000 a 834.000) y las que tienen otro tipo de empleos no adecuados (de 1.962.000 a 2.064.000).

Respecto al desempleo, el INEC reporta un crecimiento importante en el número de personas en esa condición, que pasaron de 325.000 en septiembre de 2015 a 419.000 en septiembre de este año, es decir, actualmente hay 94.000 desempleados más que hace un año (lo que se refleja también en el aumento de la tasa de desempleo, que pasó de 4,3% a 5,2% en el período analizado). Casi la totalidad de este incremento en el desempleo se explica, además, por el aumento en el desempleo cesante, es decir, personas que tenían un trabajo y lo perdieron.

Entre junio y septiembre de este año la tasa de desempleo pasó de 5,3% a 5,2%, movimiento que, probablemente, sea destacado por alguna autoridad oficial poco rigurosa o poco honesta intelectualmente[1] como una nueva señal de la “recuperación de la economía”. Lo cierto es que entre ambos meses el número de desempleados habría crecido en más de 2.000 personas (dado que la variación es tan pequeña, lo más conveniente es hablar de una estabilidad en ese indicador). Si la tasa de desempleo mostró ese leve descenso, no se debe, entonces, a una reducción en el número de desempleados, sino al notorio aumento de la población económicamente activa (PEA), sobre la que se calculan las tasas de desempleo, subempleo y empleo adecuado. La PEA (conformada por las personas que están trabajando o están buscando activamente un trabajo) aumentó en casi 460.000 personas en el último año y en 225.000 personas en el último trimestre (mucho más que la población en edad de trabajar).

De hecho, el informe del INEC muestra que en la actualidad las tasas de participación bruta y global (es decir, PEA/población total y PEA/población en edad de trabajar, respectivamente) se encuentran en niveles máximos. Esto, lejos de sustentar la idea de una recuperación en el nivel de actividad, muestra que en los hogares ecuatorianos cada vez más miembros se vinculan al mercado laboral (lo que no significa que empiezan a trabajar, sino que empiezan a ofrecer sus servicios laborales) con la esperanza de colaborar con los ingresos familiares. Las cifras oficiales muestran, sin embargo, que en el mejor de los casos estos nuevos miembros de la PEA encontraron algún trabajo precario. Realidades de la situación económica que ni siquiera el insostenible y oneroso endeudamiento al que el Gobierno ha accedido en los últimos meses consigue ocultar.

[1] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-24-08-2016.pdf

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó hoy el boletín de cuentas nacionales con información hasta el segundo trimestre de 2016[1]. En la presentación ante los medios de comunicación el gerente del BCE, Diego Martínez, destacó que en el segundo trimestre de este año la economía ecuatoriana empezó a mostrar signos de recuperación, en comparación con el primero. “Habíamos anunciado que la economía ecuatoriana se está recuperando y se evidencia en este crecimiento del 0,6% del segundo trimestre”, dijo Martínez, según la cuenta de Twitter oficial de la institución. Más allá de que en la comparación interanual (es decir, el segundo trimestre de 2016 frente a igual período de 2015) el PIB registra un decrecimiento de 2,2% (la cuarta caída interanual consecutiva), conviene analizar las razones que explican esa aparente recuperación entre el primer y el segundo trimestre de este año.

La primera es que, según el propio BCE, el primer trimestre de 2016 fue incluso peor de lo que se pensaba hasta ahora. En el nuevo boletín el organismo oficial ha corregido la caída interanual del primer trimestre de -3% (que ya era el peor resultado en dolarización) a -4%. La “recuperación” del segundo trimestre que el BCE pretende destacar se da, entonces, frente a un período en que la economía mostró un pobrísimo desempeño.

Pese a esto, cabe preguntarse ¿qué mejoró entre el primer y el segundo trimestre de este año para explicar ese crecimiento de 0,6%? Según el boletín del BCE, el resultado positivo se explica, principalmente, por un aumento de 5% en las exportaciones y, en menor medida, por un alza de 1,6% en el consumo del gobierno. Todos los demás componentes del PIB por el enfoque del gasto (consumo de los hogares, inversión e importaciones) registran resultados negativos. Por tanto, el contexto externo, que en el discurso oficial hasta ahora venía siendo el culpable de la contracción económica que atraviesa el Ecuador, ahora es el que le permite tener un resultado positivo. Otra muestra de la dependencia del “modelo económico” del actual gobierno (si se puede llamar modelo económico a la política de gastar irresponsablemente los recursos públicos, incluso si eso lo obliga a contratar deudas en condiciones onerosas) hacia factores que no controla.

De hecho, las cifras del BCE muestran que ese crecimiento de 0,6% no se explica –salvo por el mayor consumo del gobierno– por factores internos. Al contrario, la demanda doméstica se contrajo 1,1% entre el primer y el segundo trimestre de este año (y 7,4% en términos interanuales) como consecuencia, principalmente, de una caída de 0,4% en el consumo de los hogares y de 2,4% en la inversión.

En una presentación sobre los resultados de las cuentas nacionales trimestrales[2], el BCE señala que entre las fuentes utilizadas para el cálculo de las mismas está el Estudio Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), una encuesta que el propio BCE realiza entre empresarios de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios. Los resultados del EMOE muestran que en el segundo trimestre la demanda laboral por parte de las empresas encuestadas fue menor, para todos los sectores analizados, que en el primero, es decir, que las empresas emplearon menos personal. Esto, y la caída de la formación bruta de capital fijo (es decir, la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) muestran que la “recuperación” de la economía que destaca el BCE no responde a un crecimiento genuino en el nivel de actividad que se traduzca en un mayor número de puestos de trabajo y, por tanto, más bienestar para la población.

De hecho, más allá del aumento en las exportaciones (en buena parte explicado por un crecimiento de las petroleras), esa “recuperación” de la economía en el segundo trimestre está dada por el mayor consumo del gobierno, que a su vez responde al agresivo proceso de endeudamiento que el Ejecutivo ha emprendido (en buena parte con recursos depositados en el BCE y también con onerosos créditos externos) para ponerse al día con algunos de sus proveedores y, de ese modo, tratar de mostrar una situación económica menos desfavorable de cara a la campaña electoral. El problema es que, además de ser insostenible, esa estrategia, que no brinda certidumbre a las empresas, no permite generar nuevas fuentes empleo.

[1] Si bien, a diferencia de los reportes anteriores, este se presentó “apenas” con un día laborable de retraso, esta vez el BCE decidió publicar información incompleta, pues faltan los resultados en valores nominales y también los deflactores.

[2] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt65/ResultCTRIM96.pdf

 

En las últimas semanas, las principales autoridades económicas del Gobierno han coincidido en señalar que, una vez que el sector público ha realizado una cuantiosa inversión en infraestructura, es hora de que el sector privado “tome la posta” para mantener un dinamismo en el nivel de actividad. Lo dijo el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en una entrevista con El Telégrafo: “Siempre nuestra decisión fue alcanzar una gran inversión pública durante algunos años para que luego el sector privado tome la posta porque la inversión pública no es sostenible en el tiempo”. Y también el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, en un evento con empresarios y representantes de organismos multilaterales: “Este es el momento de que la actividad privada tome la posta para dinamizar la economía, en el marco de reglas claras que promuevan un equilibrio entre los rendimientos de los empresarios y el bienestar de toda la población.”

En estas declaraciones, además del reconocimiento implícito de que el crecimiento de la economía en los últimos años estuvo atado al desempeño del Estado (es decir, al incremento del gasto público), hay un elemento adicional que merece ser analizado: la (aparente) confianza de las autoridades económicas en que el sector privado está dispuesto a asumir el rol protagónico como motor de la actividad que durante la actual administración ha estado a cargo del sector público, como si en todo este tiempo hubiera existido una suerte de acuerdo tácito entre el Gobierno y las empresas para que éstas posterguen sus inversiones hasta que la inversión pública en infraestructura estuviera concluida.

Lo cierto es que si el sector privado ha moderado sensiblemente su ritmo de inversión durante la actual administración no ha sido a la espera de una mejora en la infraestructura (que evidentemente favorece el desempeño de las actividades privadas), sino por la incertidumbre que el modelo económico genera y, sobre todo, por los constantes cambios normativos, que continuaron incluso en 2015 y 2016, cuando ante la caída de los ingresos fiscales y el consecuente recorte del gasto público en inversión, el Gobierno ya debería haber tratado de promover una mayor inversión privada.[1]

Las cifras oficiales muestran el pobre comportamiento de la inversión privada a lo largo de la gestión del Presidente Correa. En el período 2001-2006, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la inversión física del sector privado, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo (lo que se denomina formación bruta de capital fijo) creció a una tasa promedio anual de 11,5% en términos reales (es decir, en volumen de inversión), mientras que entre 2007 y 2014 (último dato disponible) el crecimiento se redujo al 1,3% anual, pese a que en esos años la demanda interna –alentada por el enorme gasto público– creció, en promedio, a tasas anuales superiores al 5%. En tanto, La inversión extranjera directa, que entre 2001 y 2006 representó en promedio el 2,5% del PIB, redujo su participación a 0,8% entre 2007 y 2015.

La situación, al parecer, no va a cambiar en este año. Según una encuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) a 85 de las principales empresas del país (cuyas ventas representan cerca del 15% del PIB), al cierre del segundo trimestre de 2016 más de las dos terceras partes de esas empresas no tenían previstos nuevos proyectos de inversión para lo que restaba del año. Y entre esas empresas que no tenían previsto invertir, una buena parte había decidido aplazar o directamente cancelar las inversiones programadas. La reducida demanda de crédito de parte de las empresas (pese a la voluntad de los bancos para colocar préstamos) confirma lo que ya anticipaba la encuesta, es decir, que el sector privado, más allá de unos pocos proyectos puntuales que no alcanzan para reactivar la economía, no se muestra dispuesto a “tomar la posta”.

De hecho, ¿por qué estaría el sector privado, que no invirtió en grandes cantidades cuando la economía estaba creciendo, dispuesto a hacerlo en un año para el cual el propio BCE espera una contracción de 1,7% en el PIB y de más de 5% en la demanda interna? ¿Por qué creen las autoridades económicas que las empresas van a “tomar la posta” cuando la inseguridad jurídica (expresada en más de una decena de reformas tributarias) y los desincentivos a las actividades productivas (como el anticipo del Impuesto a la Renta) siguen presentes?

Como bien señaló el ministro Herrera, la inversión pública que se llevó a cabo en los años de bonanza económica no era sostenible en el tiempo. El problema, pese a que ahora las autoridades económicas aseguren que eso estaba previsto, es que este Gobierno nunca generó las condiciones para que la inversión privada acompañara (o incluso sustituyera) a la pública y se evitara, de ese modo, la dependencia que la economía en su conjunto desarrolló hacia el gasto fiscal. Por tanto, para que las empresas empiecen a invertir en niveles que permitan reactivar la economía y generar empleo, el primer paso debe ser cambiar un modelo económico que, no sólo en Ecuador, sino también en países como Argentina, Brasil y Venezuela, ha dado claras muestras de ser inviable.

 

[1] Según declaraciones del gerente del BCE, en 2015 se registró un crecimiento de la inversión privada. Sin embargo, el mismo BCE, que anticipa que este año la inversión se contraerá 9,8%, reportó que el año pasado la inversión total cayó 5,9%, lo que refleja que el presunto crecimiento de la inversión privada fue insuficiente.

La entrevista al gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, que se publicó en la edición de hoy de El Comercio[1] amerita, a nuestro entender, algunos comentarios. El primero tiene que ver con el diagnóstico de Martínez sobre la contracción económica que atraviesa el país y que, según las proyecciones del BCE, causará un decrecimiento del PIB en 1,7% este año. Según el gerente del BCE, “todos los factores (que explican la contracción proyectada) son de carácter externo, porque los internos que se podían ajustar ya fueron ajustados”. Si la contracción, según la interpretación del Gobierno, se debe en su totalidad a factores externos, entonces los ecuatorianos no podemos esperar correcciones a la política económica aplicada en los últimos años que exacerbó la dependencia de la actividad en su conjunto hacia el gasto público y aumentó, por tanto, la vulnerabilidad de la economía hacia shocks que afecten los ingresos fiscales. Habría sido bueno conocer la explicación de Martínez a por qué dentro de la región, según proyectan distintos organismos internacionales, sólo los países que aplicaron un modelo económico similar el ecuatoriano (Argentina, Brasil y Venezuela) se contraerán en 2016, mientras que los demás, que también han enfrentado un deterioro del contexto externo, registrarán crecimientos que en varios casos superarán el 3%.

Entre las medidas que se han tomado a nivel interno para enfrentar la situación económica, el gerente del BCE menciona a las “políticas contracíclicas con operaciones de corto plazo de liquidez entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Sin ellas, la acumulación de atrasos hubiera sido mayor y la actividad económica hubiera decrecido más”. Al respecto, caben varios comentarios. En primer lugar, ¿cómo se puede decir que el Gobierno ha aplicado políticas contracíclicas (que suponen generar ahorros LÍQUIDOS durante las épocas de bonanza para utilizarlos en períodos de escasez) cuando entre 2007 y 2014 (años con altos precios del petróleo) el gasto público creció mucho más que los ingresos y, como consecuencia, la deuda pública oficial (que omite varias operaciones) aumentó en más de $16.000 millones? Al parecer, Martínez entiende por “política contracíclica” a que la institución que él dirige utilice recursos de terceros (porque desde que empezaron esas operaciones en octubre de 2014, los depósitos del Gobierno Central han representado, en promedio, apenas el 14% de los pasivos exigibles del BCE) para auxiliar a un Gobierno que, de otra manera, hubiera seguido acumulando atrasos con sus proveedores. Y respecto al carácter de “corto plazo” de los créditos del BCE al Gobierno, los datos oficiales muestran que el saldo de esas operaciones no ha dejado de crecer (hasta alcanzar los $3.601 millones actuales), por lo que o los créditos son de un plazo no tan corto, o se los renueva permanentemente porque el Gobierno no está en capacidad de honrarlos. En ese sentido, sería deseable que Martínez señale con claridad cuándo va a empezar el BCE a recuperar esos recursos.

Respecto a la intención del Gobierno de vender algunos activos para hacerse de liquidez, Martínez señala: “Un modelo privatizador implica privatizar cosas como la salud, la educación, algo que en nuestro modelo jamás sería concebible. Ahora, si se tiene cierta infraestructura de sectores estratégicos, que están en condiciones de entregar para operación privada, es una cosa distinta”. Las privatizaciones en Ecuador y en América Latina en general se han enfocado siempre en esos “sectores estratégicos” que señala el gerente del BCE. Ni los gobiernos más “neoliberales” (según la jerga oficial) han privatizado la educación o la salud, por lo que la diferencia entre este proceso privatizador y procesos anteriores no queda clara. Martínez también señala que la estrategia del Gobierno consistía en “una etapa inicial de una agresiva inversión pública para luego dar paso a una etapa de mayor incidencia de la inversión privada en la acumulación de capital”. Si el Gobierno ahora está dispuesto a vender (seguramente con un precio castigado) algunos de los activos generados en esa etapa inicial y que en buena parte fueron financiados con una onerosa deuda externa, ¿no habría sido mejor dejar que el sector privado asuma los riesgos de la inversión desde un inicio?

Ante la pregunta de por qué no se ha autorizado la publicación del informe del FMI sobre la situación de la economía ecuatoriana, Martínez –de quien también se esperaría una explicación sobre las inconsistencias en las últimas proyecciones del BCE, como que en 2016 el Ecuador va a importar, en volumen, menos que en 2007 pese a que entre esos dos años el tamaño de la economía ecuatoriana prácticamente se duplicó, o que los “otros elementos del PIB” (concepto que se refiere básicamente a los impuestos al consumo) van a registrar este año un crecimiento récord, pese a que las estadísticas de recaudación y las propias proyecciones del BCE sobre consumo, inversión e importaciones auguran lo contrario– señala que eso se debe a las “serias discrepancias” que mantiene el Gobierno con el organismo multilateral y pone como ejemplo que “el FMI ha sugerido que el Ecuador debería pensar en una política de ajuste salarial, inclusive privada”. Tal vez el verdadero motivo por el que no se autoriza la publicación del informe es porque el FMI, como se lee en un documento difundido también hoy[2], contrario a la visión optimista de Martínez sobre una supuesta recuperación de la economía ecuatoriana, proyecta que la contracción (que el organismo ahora estima en -2,3% para 2016) se profundizará en 2017 (-2,7%) y continuará hasta 2020. Es decir, el FMI al parecer coincide con lo que muchos analistas locales hemos venido advirtiendo: que el Gobierno, a través de un agresivo proceso de endeudamiento externo e interno (en el que Martínez, en su calidad de gerente del BCE, ha tenido una participación determinante), está pateando las correcciones que demanda la economía ecuatoriana hacia adelante.

[1] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/fmi-ecuador-ajustesalarial-economia.html

 

[2] Ver: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16288.pdf

 

Con más de un mes de retraso, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó finalmente el boletín de cuentas nacionales anuales con información hasta 2015[1]. Según los nuevos cálculos del organismo oficial, el año pasado la economía ecuatoriana creció 0,2%, apenas por debajo del 0,3% que venía sosteniendo en base a la suma de los resultados trimestrales. Sin embargo, ese leve cambio esconde varias correcciones que merecen ser señaladas.

La primera tiene que ver con el desempeño de la formación bruta de capital fijo (FBKF), concepto que se refiere a la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo. El BCE sostenía que en 2015 la FBKF se había contraído 2,5%, resultado que no se mostraba coherente con el desplome de 26% (en términos reales) del gasto en FBKF del sector público, más aún considerando que desde 2013 el sector público pasó a concentrar la mayor parte de la inversión en el país. Basándose en cifras del propio BCE, Cordes cuestionó ese resultado, lo que le valió una respuesta del organismo oficial en la que se pretendía descalificar nuestro análisis[2]. En esta nueva publicación, el BCE reconoce que en 2015 la FBKF cayó 5,9% y no 2,5%, abultada corrección que certifica la validez de nuestros cuestionamientos (que también ponían en duda la leve caída de -0,6% en la construcción, que fue corregida por -1,7%).

En su nuevo informe, el BCE también corrige a la baja las variaciones del consumo de los hogares (de 0,2% a 0%), del consumo del gobierno (de 1,1% a 0,6%) y de las exportaciones (de 0,2% a -0,4%). Si todos esos componentes del PIB mostraron en 2015 resultados peores que los que el BCE venía estimando, ¿cómo es posible que el desempeño de la economía en su conjunto haya sido revisado apenas en 0,1 puntos porcentuales (de 0,3% a 0,2%)? La principal explicación (más allá de que el desplome en la “variación de existencias” no habría sido tan abultado como se estimaba) estaría en la corrección que se registra en las importaciones. Antes el BCE estimaba que éstas se habían contraído 6% en 2015 y ahora calcula que la caída fue de 8,6%. En este punto cabe explicar que, contablemente, una mayor caída de las importaciones favorece al crecimiento del PIB porque mejora el desempeño de las “exportaciones netas” (exportaciones menos importaciones).

Es importante considerar este factor a la hora de analizar las proyecciones de crecimiento para 2016 que el BCE también difundió (igualmente con retraso) esta mañana[3]. Según el organismo oficial, este año la economía ecuatoriana se contraerá 1,7%, caída menor a la proyectada por el FMI (-4,5%), el Banco Mundial (-4%) y la CEPAL (-2,5%). Sin embargo, al analizar detalladamente las proyecciones del BCE, se concluye que éstas son mucho más graves de lo que ese -1,7% parece mostrar.

De hecho, el organismo oficial prevé una caída de 5,4% en la demanda interna, concepto que engloba al consumo de los hogares, del gobierno y la inversión (incluyendo variación de existencias) y refleja de mejor manera, por tanto, el desempeño de la actividad al interior del país (excluyendo el comercio exterior). Esa fuerte contracción de la demanda interna coincide con la que el BCE publicó para el primer trimestre del año. Pero el resultado para el año completo podría ser incluso peor, ya que el BCE prevé que el consumo de los hogares caerá “apenas” 2% a lo largo de 2016, cuando en el primer trimestre registró una caída casi dos veces mayor. En cuanto a la FBKF, el BCE prevé una caída de 9,8%, que no sólo afecta al crecimiento económico de este año, sino que también compromete la producción futura.

Si se prevé un desempeño tan negativo para la demanda interna, ¿cómo se llega a la caída de apenas 1,7% para la economía en su conjunto? Acá nuevamente hay que observar el resultado previsto para las importaciones: el BCE cree que en 2016 éstas se desplomarán 21,2%, lo que, insistimos, favorece a las “exportaciones netas” y, por tanto, al resultado del PIB global. La caída prevista para las importaciones en el año completo es casi dos veces mayor que el -11% registrado en el primer trimestre. Si el BCE en sus previsiones no incluyera una contracción tan fuerte en las importaciones, sino una caída similar a la registrada en el primer trimestre, entonces la caída proyectada para el PIB global no sería de -1,7% sino de -4,6%.

Por el lado del comportamiento de los distintos sectores productivos, el BCE prevé que de las 45 actividades detalladas, apenas 13 registrarán este año un desempeño positivo (entre ellas explotación de minas y canteras y refinación de petróleo). La contracción, por tanto, sería casi generalizada entre los distintos sectores y haría suponer que la contracción de la economía en su conjunto sería más pronunciada que el -1,7% previsto. Sin embargo, el BCE proyecta que los “otros elementos del PIB”, concepto que se refiere principalmente a impuestos, crezca este año 14,5%, el mayor crecimiento en dolarización. Esa proyección, que no luce coherente con la caída que se viene registrando en las recaudaciones tributarias, vuelve a sembrar dudas sobre el manejo que el BCE da a la información económica que publica.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/CuentasNac28.xlsx

[2] La nota con nuestros cuestionamientos, reproducida en Revista Gestión, está disponible en el siguiente link: http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2016/05/Dudas-sobre-las-cuentas-nacionales-2015.pdf. La carta del BCE a Cordes está disponible en: https://www.bce.ec/images/respondiendo_medios/cordes-mayo2016.pdf. Nuestros comentarios a esa carta están en: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Carta_BCE.pdf.

[3] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/PIB/PrevAnual_ago2016.xlsx

Esta mañana, en una entrevista en Ecuavisa en la que señaló que “hay que ser serios en el momento de dar cifras al país”, el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, se refirió a la situación laboral en el Ecuador. Lamentablemente, las declaraciones del ministro, que distorsionan groseramente la realidad, obligan a hacer varias aclaraciones.

La primera tiene que ver con la evolución de la tasa de desempleo, que subió de 4,5% en junio de 2015 a 5,3% en junio de 2016, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El ministro, no obstante, prefirió referirse a la variación del desempleo entre marzo y junio de este año (de 5,7% a 5,3%). “Claramente podemos demostrar que en el Ecuador está descendiendo el desempleo”, dijo. Esa declaración contrasta con una del Presidente Correa, que en el Enlace Ciudadano N° 484, al referirse a la variación del desempleo entre el primer y el segundo trimestre de este año, dijo: “La medición nos dice que ha decrecido el desempleo, pero no es significativo. Por eso, por honestidad intelectual, debemos decir que el desempleo se mantiene al mismo nivel”.

Más adelante el ministro Berrezueta apeló a una de las frases más frecuentes del Gobierno: “La tasa de desempleo en Ecuador es la más baja de América Latina”. Sin embargo, cuando Alfredo Pinoargote, basándose en un análisis de Diego Guerra publicado en Carta Económica, le mostró que, si bien el Ecuador registra una tasa de desempleo más baja que otros países, también registra una menor tasa de empleo adecuado y una mayor tasa de empleo inadecuado (lo que refleja que la calidad del empleo en Ecuador es inferior que en otros países), el ministro optó por desviar el tema.

Pero la distorsión más grave de las cifras se dio cuando el ministro Berrezueta dijo: “Entre junio de 2015 y junio de 2016 la población económicamente activa (PEA) creció en el Ecuador en aproximadamente 400.000 personas, de las cuales 320.000 consiguieron nuevos empleos”. Más adelante, acompañándose de un gráfico, insistió en que en el último año se generaron 316.515 empleos y añadió que eso demuestra que, “a pesar de lo difícil del contexto económico mundial, la apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo”, la reforma laboral adoptada por el Gobierno “ha dado resultados”.

Según el INEC, entre junio de 2015 y junio de 2016 la PEA efectivamente pasó de 7.430.701 a 7.831.981 personas, lo que implica un aumento de 401.280 personas. También según INEC, la cantidad de empleados creció en el mismo período de 7.098.584 a 7.415.099, es decir, los 316.515 “empleos generados” a los que se refirió el ministro (la diferencia de 85.000 personas corresponde a nuevos desempleados, específicamente desempleados cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo). Lo que el ministro omitió, sin embargo, es que los nuevos empleos corresponden, en su totalidad, a lo que el INEC denomina “empleo inadecuado”, categoría compuesta por el subempleo, el empleo no remunerado y otros tipos de empleo no adecuado. De hecho, en el período analizado, siempre según cifras oficiales, el número de puestos de empleo adecuado cayó en casi 200.000. En otras palabras, los 316.515 “empleos generados” a los que se refirió el ministro corresponden a personas que trabajan menos horas que la jornada legal, tienen ingresos menores al salario básico o directamente trabajan sin un sueldo. Mientras tanto, el número de empleados adecuados, es decir, aquellas personas que trabajan la jornada legal y tienen ingresos no menores al salario básico, se redujo drásticamente, lo que refleja la contracción de la demanda laboral por parte de las empresas.

A lo largo de la entrevista, el ministro Berrezueta se refirió varias veces a la tasa de subempleo: “No es el 60% de subempleo, como dicen ciertos políticos en la actualidad. El subempleo en el Ecuador está en el 16,3%”, dijo. En efecto, según el INEC la tasa de subempleo está en ese nivel, sin embargo, llama la atención que el ministro de Trabajo no se haya referido al empleo inadecuado en su totalidad (categoría que, insistimos, está compuesta por el subempleo, el empleo no remunerado y otros tipos de empleo no adecuado) que alcanza el 53,3% de la PEA. Si a esta tasa se suma el 5,3% de desempleo, entonces efectivamente se puede decir que de cada 10 ecuatorianos que quieren trabajar 6 están desempleados o tienen un empleo no adecuado. Para el ministro, sin embargo, “lo que incide en la tasa de pobreza es la tasa de desempleo”, aún cuando entre los “empleados” haya cientos de miles de personas que trabajan en condiciones precarias.

Como otros altos funcionarios del Gobierno, el ministro Berrezueta también trató de instalar la idea de una crisis económica generalizada. “Nadie puede negar que todos hemos vivido una contracción económica complicada, no sólo en el Ecuador sino en América Latina”, dijo. Y más adelante insistió: “Este primer semestre ha sido terrible para Ecuador y para América Latina”. Lo cierto es que según las últimas proyecciones de la CEPAL (similares a las de otros organismos multilaterales), de las 32 economías de América Latina y el Caribe, sólo 6 se contraerán este año: Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela (países gobernados por el socialismo del siglo XXI en los últimos años), Trinidad y Tobago y Suriname. Las 26 economías restantes crecerán, muchas de ellas a tasas mayores al 3%.

Con este manejo de las cifras por parte del ministro –que en un momento de la entrevista lamentó que “estamos en época de elecciones y cualquier cosa se puede decir” y que “lo que está pasando en el Ecuador con las cifras es un manoseo demasiado perverso en función de los beneficios politiqueros y electorales del momento”– resulta difícil confiar en su augurio de que “estamos en una recuperación económica en el segundo semestre”.

Según el calendario de publicaciones del Banco Central del Ecuador (BCE), el 29 de julio, hace más de dos semanas, se debió haber publicado el boletín de cuentas nacionales anuales con información (provisional) hasta 2015. Sin dar ninguna explicación, la institución oficial –cuyas autoridades parecen enfocadas únicamente en promocionar el dinero electrónico y en atender las necesidades de liquidez del Gobierno– no ha publicado ese informe que permitiría saber, no sólo a los analistas, sino a la ciudadanía en general, si el año pasado la economía ecuatoriana registró un leve crecimiento, como viene sosteniendo el Gobierno en base a los boletines trimestrales, o si, por el contrario, se contrajo, lo que reflejaría de manera ya irrefutable la absoluta dependencia de los supuestos “éxitos” del modelo económico aplicado en los últimos años hacia un contexto externo excepcionalmente favorable.

Lamentablemente, este manejo discrecional de las estadísticas económicas oficiales ya ha tenido otros episodios previos, no sólo de parte del BCE (que retrasó en dos semanas, también sin ninguna justificación, la publicación del informe de cuentas nacionales del primer trimestre de 2016, informe que refleja la gravedad de la crisis que atraviesa el país), sino también de otras instituciones públicas. El caso más grave acaso sea el del Ministerio de Finanzas, que, según ha denunciado el Observatorio de la Política Fiscal (OPF) en sus boletines de transparencia, viene sobrestimando los ingresos petroleros y, por tanto, subestimando la verdadera magnitud del déficit fiscal y de las necesidades de financiamiento. Según el OPF, en 2015 la sobrestimación de los ingresos petroleros (principalmente porque se contabilizan como tales a los pagos de ventas anticipadas de crudo) superó los $2.800 millones y en la primera mitad de 2016 bordea los $900 millones. En este punto cabe recordar que un reciente informe del Departamento de Estado de EE.UU. coloca al Ecuador entre los países con una insuficiente transparencia fiscal.

Este manejo poco riguroso de las estadísticas económicas oficiales, donde también se podría incluir el subregistro de la deuda pública (ya que el Ministerio de Finanzas no contabiliza como tal a las preventas de petróleo, los certificados de tesorería ni los préstamos del BCE al Gobierno, que ya suman más de $3.100 millones) o la decisión oficial de no autorizar por el momento que el FMI publique su evaluación sobre la situación de la economía ecuatoriana, parecen ser un factor común de los países gobernados por el socialismo del siglo XXI. En efecto, en Venezuela, ante la falta de información oficial creíble, instituciones independientes han tenido que empezar a medir el verdadero nivel de la pobreza; además, la inflación que calcula el Banco Central de Venezuela incluye productos con precios controlados, lo que implica una enorme distorsión ya que en muchos casos esos bienes no se consiguen a los precios oficiales sino a valores muchísimo mayores en el mercado negro. En Argentina, a partir de 2007 se empezaron a manipular las estadísticas de inflación y esa manipulación luego se extendió a los datos de crecimiento, empleo y comercio exterior, al punto que el FMI cuestionó las cifras macroeconómicas argentinas y que Mauricio Macri, al asumir la Presidencia, tuvo que declarar la “emergencia estadística” y depurar el organismo a cargo de las cifras económicas oficiales. En Brasil la Presidente Dilma Rousseff ha sido suspendida de su cargo y enfrenta un juicio político acusada, justamente, de manipular las estadísticas fiscales.

Recientes informes de instituciones internacionales como Bloomberg, The Economist Intelligence Unit y el Banco Mundial, colocan a Venezuela, Brasil y Ecuador entre los países con el peor desempeño económico en 2016. Es decir, los gobiernos del socialismo del siglo XXI no sólo coinciden en registrar pobres resultados económicos cuando el favorable contexto externo que les permitió mostrarse como exitosos se revierte, sino que también comparten la costumbre de pretender ocultar la grave situación que, como consecuencia de sus políticas económicas, ahora atraviesan sus países.

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