El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana las cifras de mercado laboral correspondientes a septiembre de este año. Las principales variables no muestran mayores cambios frente a septiembre de 2016, lo que de por sí ya es una mala noticia, pues se trató de un mes con muy pobres indicadores laborales. En ese sentido, las últimas cifras confirman que el crecimiento económico que viene reportando en los últimos trimestres el Banco Central (que se ha basado en un aumento insostenible del gasto público y que presumiblemente se mantuvo en el tercer trimestre de este año) no está acompañado por una mayor demanda de personal por parte de las empresas, lo que resulta consistente con la sostenida caída de la inversión.

Según el INEC, en septiembre de este año la tasa de empleo adecuado (que se refiere a personas que perciben ingresos laborales no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana o trabajan menos de 40 horas pero no desean trabajar más) fue de 40,4% de la Población Económicamente Activa (PEA). Es decir, apenas 4 de cada 10 personas que trabajan o están disponibles para trabajar lo hacen en condiciones adecuadas. Si bien en septiembre de 2016 la tasa fue menor (39,2%), la variación no es estadísticamente significativa (es decir, dados los márgenes de error de la encuesta, se considera que la tasa permaneció estable). Por el contrario, si se compara la tasa de empleo adecuado de septiembre de 2017 con las del mismo mes de 2015 y 2014, se observan caídas de 5,6 y 7,4 puntos, respectivamente.

Por su parte, el empleo inadecuado, compuesto por el subempleo, el empleo no remunerado y otras formas de empleo inadecuado (principalmente personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y no están dispuestas a trabajar más pero perciben ingresos menores al salario mínimo) permaneció estable en 55,3% de la PEA. El subempleo, que en los últimos trimestres había mostrado incrementos importantes, se ubicó en septiembre de este año en 20,5% de la PEA (en septiembre de 2016 la tasa fue de 19,4%, pero en este caso la variación tampoco es estadísticamente significativa). Sin embargo, a nivel de ciudades cabe señalar el importante incremento del subempleo en Guayaquil (de 19,9% a 24,1) y en Machala (de 16,5% a 22,2%). Las tasas de subempleo de ambas ciudades son mucho mayores que las de Quito y Cuenca, que se ubicaron en 7,5% y 10% respectivamente.

La tasa de desempleo, en tanto, se redujo de 5,2% en septiembre de 2016 a 4,1% en igual mes de este año y en este caso la variación sí fue estadísticamente significativa, es decir, está fuera de los márgenes de error. Sin embargo, como hemos señalado en análisis anteriores, en el caso del Ecuador la tasa de desempleo no es una variable que contenga información relevante, ya que se refiere a las personas que están buscando un trabajo pero que en los días previos a la encuesta no percibieron ingresos laborales, es decir, son personas que se dedican exclusivamente a buscar trabajo, lo que en el caso del Ecuador, ante la ausencia de un seguro universal de desempleo, resulta muy difícil.

Otras cifras del reporte del INEC dan cuenta de las malas condiciones actuales del mercado laboral en Ecuador. Según el instituto estadístico, en septiembre de este año el 46,4% de las personas con empleo trabajaban en el sector informal (la tasa más alta desde que se tiene información comparable) y apenas el 29,5% de los trabajadores estaba afiliado al IESS (casi cinco puntos menos que en septiembre de 2015), lo que representa un enorme riesgo ante posibles accidentes o enfermedades y, por otro lado, implica que muchos de esos trabajadores no están acumulando fondos para su jubilación.

Si bien es probable que algún vocero del equipo económico del Presidente Moreno (que es esencialmente el mismo equipo que tenía el ex presidente Correa) salga a destacar la caída en la tasa de desempleo como una señal de que la economía está creando puestos de trabajo, el estancamiento de la tasa de empleo adecuado en niveles históricamente bajos, los altos niveles de informalidad y los bajos niveles de cobertura de la seguridad social, dan cuenta de la complicada situación del mercado laboral ecuatoriano. Las medidas que el Gobierno adopte en materia económica deberían apuntar, por tanto, a fomentar una mayor contratación de personal por parte de las empresas del sector formal, algo que el “programa económico” presentado parece lejos de lograr.

La noche de ayer, el Presidente Lenín Moreno finalmente anunció lo que, según el Gobierno, debía ser la “hoja de ruta para la recuperación económica”. Se trató, en realidad, de un paquete de medidas principalmente tributarias, aisladas y en algunos casos inconsistentes entre sí, que no llegan a constituir un verdadero programa económico y cuyos efectos esperados, al igual que ocurrió con las estimaciones de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE), podrían estar siendo sobrestimados.

Si bien el Presidente Moreno insistió en que la “mesa no está servida” y en que es necesario “manejar con austeridad las cuentas públicas”, parece no estar consciente de la verdadera magnitud del hueco fiscal que enfrenta. De hecho, en una de las pocas metas concretas que mencionó durante su intervención, el Presidente dijo que espera bajar el déficit del 4,7% del PIB en 2017 al 1% en 2020. Se entiende que se refería al déficit del PGE (básicamente Gobierno Central) y no al de todo el sector público no financiero (que incluye también a los gobiernos seccionales, las empresas públicas y la seguridad social), ya que en varias ocasiones el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, ha insistido en que este año el déficit del PGE será de $4.700 millones, es decir, aproximadamente 4,7% del PIB. Ese resultado implica una reducción de casi 12% en el déficit respecto al registrado en 2016. No obstante, en el acumulado de enero a septiembre de este año el déficit ha crecido 26% frente a igual período de 2016 y ya ronda los $3.000 millones. Esto asumiendo que los ingresos petroleros que reporta el Ministerio de Economía y Finanzas son reales, porque si, como ha denunciado el Observatorio de la Política Fiscal (OPF), esos ingresos no existen, y si se resta, además, la sobrestimación de ingresos tributarios en al menos $1.000 millones, entonces el déficit fiscal para 2017 podría rondar el 8% del PIB.

Más allá de la subestimación del déficit actual, el objetivo de reducirlo hasta 1% del PIB en 2020 debería haber incluido un plan detallado de recorte del gasto para los próximos años. Al respecto, sin embargo, el anuncio se limitó a un ofrecimiento de “priorizar la inversión pública” y a resaltar el ahorro que generarán medidas que ya fueron anunciadas hace varias semanas. Esas medidas (eliminación de vacantes, reducción de 10% en los salarios de los funcionarios de mayor jerarquía, entre otras) lucen insuficientes si se toma en cuenta la magnitud del gasto público y que éste, lejos de reducirse, ha crecido en más de 4% en los primeros nueve meses de 2017 frente a igual período de 2016.

En realidad, la mayor parte del esfuerzo para enfrentar la insostenible situación fiscal parece recaer sobre el sector privado (como ya ocurrió con la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y con la Ley Solidaria, ambas aprobadas en 2016). En ese contexto se enmarca la decisión de aumentar de 22% a 25% el Impuesto a la Renta para las empresas (exceptuando a las micro y las pequeñas y a aquellas que generen ingresos permanentes de dólares al país) y la de gravar con ese impuesto al décimo tercer sueldo de quienes ganen más de $3.000 mensuales. También el sector privado (consumidores o empresarios) será el que termine pagando el anunciado incremento arancelario, así como la tasa para controlar el contrabando de “apenas 10 centavos”. ¿Diez centavos por tonelada importada, por dólar, por unidad, por contenedor? La misma indefinición se sintió cuando el Presidente dijo que habrá nuevos tipos de contratos que incentiven el empleo pero no especificó ninguno.

Respecto a la generación de empleo, parece ser que el Gobierno tiene demasiadas esperanzas en el efecto que traerá consigo una eventual eliminación de la Ley de Plusvalía en la consulta popular. Si bien, como señaló el Presidente, esa ley causó efectos nocivos en el sector de la construcción por la incertidumbre que provocó, también es cierto que en los últimos años ese sector generó una malsana dependencia hacia el gasto público y, por tanto, es poco probable que, en un contexto de austeridad fiscal (siendo la obra pública la principal variable de ajuste), la eliminación de la Ley de Plusvalía provoque un repunte inmediato en la construcción.

En distintas entrevistas que dio esta mañana, el ministro De la Torre dijo que todo el paquete de medidas generará ingresos netos al Gobierno (es decir, una vez descontadas las exenciones y los incentivos enfocados específicamente en micro y pequeñas empresas y en firmas exportadoras) por alrededor de $1.700 millones anuales. De ese total, entre $300 y $400 millones corresponden, según De la Torre, al aumento del Impuesto a la Renta a sociedades y, según nuestros cálculos, menos de $50 millones por gravar al décimo tercer sueldo de quienes más ganan. La diferencia, entonces, vendría del aumento de aranceles (que provocará una caída en las importaciones y un aumento en los precios de los productos afectados) y del control al contrabando. Al respecto, el Presidente dijo que por ese delito cada año se genera un perjuicio al Estado de alrededor de $2.000 millones. Esa cifra suena excesiva tomando en cuenta que en 2015 y 2016, según el OPF, los ingresos del Presupuesto por concepto de aranceles (incluyendo salvaguardias) fueron de $2.023 y $1.633 millones, respectivamente. También el impacto en términos de pérdida de empleos por efecto del contrabando (200.000 puestos cada año) luce desproporcionado. Si bien el combate al contrabando es un objetivo loable, es importante que el Gobierno aclare qué cambios en la aduana, que por alguna razón no han sido implementados hasta ahora, permitirán eliminar ese delito y generar esos millonarios ingresos adicionales.

La intervención del Presidente tuvo también puntos positivos, como el anuncio de que, en adelante, cualquier reforma tributaria será sólo para reducir impuestos, unas pocas medidas para incentivar el ingreso de divisas (en las que también faltaron detalles: ¿qué impuestos se devolverá a los exportadores?) o el haber procurado centrar el efecto de las alzas impositivas en los sectores más pudientes. Sin embargo, en lo que se refiere a los impuestos a las sociedades, se notó un claro sesgo a favor de las más pequeñas y en contra de las medianas y grandes, que son las que generan la mayor cantidad de empleo adecuado y formal en el país. En ese sentido, aumentar en tres puntos el Impuesto a la Renta y, a la vez, esperar una mayor creación de empleos, sin siquiera haber mencionado aspectos tan relevantes como la competitividad del país o las trabas que existen para movilizar capitales de un sector a otro de la economía (ley de quiebras sumamente punitiva), luce inconsistente. Además, el dar un trato impositivo diferenciado a las empresas basado en criterios arbitrarios puede generar distorsiones e incrementar la tramitología que se pretende reducir.

En conclusión, tras la intervención de ayer sigue pendiente la presentación de un verdadero programa económico que, para aumentar la inversión privada y el empleo y mejorar la percepción de los prestamistas externos sobre el país (y así conseguir mejores condiciones de financiamiento), considere, entre otros elementos, la precariedad de las finanzas públicas, la poca competitividad de la producción nacional y la elevada dependencia de la economía en su conjunto hacia el gasto público. Lamentablemente, la presentación de ayer mostró a un Gobierno que sigue teniendo un diagnóstico parcial del problema económico y que no muestra un real compromiso por mejorar la situación fiscal a través de un ajuste –gradual– del gasto público que incluya también al gasto corriente. Se nota, en fin, que el equipo económico que diseñó las medidas sigue siendo esencialmente el mismo que llevó a la economía a la complicada situación actual.

En el segundo trimestre de este año, según las cifras que dio a conocer esta mañana el Banco Central (BCE), la economía ecuatoriana registró un crecimiento de 3,3% frente al mismo período de 2016. Se trató, de acuerdo con las cifras oficiales, del tercer crecimiento interanual consecutivo y de la tasa más alta desde el 4,2% registrado en el primer trimestre de 2015. Frente al trimestre inmediatamente anterior (es decir, el primer trimestre de este año), el PIB del Ecuador alcanzó un crecimiento de 1,9%. Si bien estos resultados parecerían demostrar que la economía ecuatoriana se encuentra efectivamente en una etapa de recuperación (como sostiene el ex presidente Correa y también algunos miembros del equipo económico actual), varios factores nos llevan a pensar que, lamentablemente, el país aún enfrenta una situación muy complicada y que los últimos resultados (que generan varias dudas) son sólo un espejismo de recuperación.

Por el enfoque del gasto, el principal impulsor del crecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año fue el consumo de los hogares, que, según el Banco Central, alcanzó un crecimiento interanual de 5,4%, el mayor desde el segundo trimestre de 2011. Al respecto hay varios puntos que conviene mencionar. El primero es que en el segundo trimestre del año pasado, según las cifras revisadas del BCE, el consumo de los hogares registró una caída interanual de 5,1%, por lo que el crecimiento del segundo trimestre de este año (en caso de ser correcto) apenas implica recuperar el terreno perdido. De hecho, el volumen del consumo privado del segundo trimestre de 2017 es casi igual que el del segundo trimestre de 2015, lo que, considerando el aumento de la población, implica una caída del consumo per cápita.

Un segundo elemento que conviene tener en cuenta es que en los últimos años, como se observa en el gráfico, el consumo privado ha mostrado una estrecha relación con el gasto público, relación que no se observaba en los primeros años de dolarización. Es decir, los aumentos en el consumo de los hogares observados en los últimos años parecen estar explicados en buena parte por el incremento del gasto público (cuyo peso en la economía casi se duplicó durante la gestión de Rafael Correa). Del mismo modo, cuando el gasto público se contrae, el consumo privado también decrece. En este sentido, conviene mencionar que, según el mismo BCE, en el segundo trimestre de 2017 el gasto del sector público no financiero registró un crecimiento interanual de 6,7%, el mayor desde finales de 2014. Ese aumento del gasto público (que implica una inyección de recursos a la economía) sería el principal factor detrás del repunte del consumo privado. Sin embargo, los anuncios de austeridad que ha hecho el Presidente Moreno anticipan que en los próximos meses el gasto público se contraerá o al menos dejará de crecer, lo que afectará al crecimiento del consumo privado y, por tanto, de la economía en su conjunto. Un recorte en el gasto público también afectaría al desempeño del consumo del gobierno, que también registró resultados positivos en los dos primeros trimestres del año y colaboró, por tanto, con el crecimiento del PIB.

Un tercer aspecto que hay que mencionar sobre el crecimiento del consumo privado se refiere a las revisiones que el BCE ha hecho en el último boletín de cuentas nacionales respecto a los resultados publicados en boletines anteriores. Según el boletín anterior, por ejemplo, en los tres primeros trimestres de 2016 el consumo de los hogares mostró caídas interanuales de 4,8%, 3,8% y 1,1%, respectivamente, mientras que en el cuarto trimestre registró un repunte de 2,3%, con lo que en el año completo el consumo de los hogares se contrajo 1,9%. El nuevo boletín muestra caídas mucho más pronunciadas del consumo privado en los primeros tres trimestres de 2016 (6,2%, 5,1% y 3,1%, respectivamente) y un crecimiento nulo (0%) para el cuarto trimestre, con lo cual en el año completo la contracción habría sido de 3,6%, casi el doble de la reportada previamente. También en la segunda mitad de 2015 las caídas del consumo privado habrían sido más pronunciadas que las que se reportó antes. En ese contexto, al crecimiento de 5,4% registrado para el segundo trimestre de este año (y que explica la mayor parte del crecimiento de la economía en su conjunto) conviene tomarlo con pinzas.

Otro aspecto que nos hace suponer que el crecimiento de la economía es transitorio es el desempeño de la inversión. Según el BCE, en el segundo trimestre de 2017 la formación bruta de capital fijo (es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo) registró la novena caída interanual consecutiva. Para encontrar un segundo trimestre con un volumen de inversión menor al del presente año, hay que regresar hasta 2011. Esa persistente caída de la inversión se refleja en las cifras del mercado laboral: según el INEC, en junio de este año la tasa de empleo adecuado (40,1%) fue la más baja para un mes de junio desde que se tiene información comparable. Esa falta de creación de puestos de empleo en el sector formal también pone en duda la calidad del crecimiento económico de los últimos trimestres.

Los resultados de exportaciones e importaciones que se presentan en el último boletín de cuentas nacionales también generan dudas. Según el BCE, en el segundo trimestre de este año las exportaciones (medidas en volumen) crecieron 1,1% frente a igual período de 2016. Sin embargo, según otra publicación del mismo BCE (la Evolución de la Balanza Comercial), entre el segundo trimestre de 2016 e igual período de este año las exportaciones de bienes (que explican la mayor parte de las exportaciones totales del Ecuador) registraron una caída de 1,6%. Salvo un desempeño extraordinario de las exportaciones de servicios (que no se observa en el boletín de balanza de pagos que también se publicó ayer), las exportaciones totales deberían haber presentado un resultado menos bueno que el que muestran las cuentas nacionales. Por el contrario, para las importaciones totales se registra un crecimiento interanual de 13,2%, pero según el mismo BCE las importaciones de bienes (medidas en volumen) crecieron 33,1% en el segundo trimestre de 2017 frente a igual período de 2016. Tampoco en este caso el boletín de balanza de pagos muestra una caída inusual de las importaciones de servicios. En este punto conviene aclarar que, desde el enfoque del gasto, un mayor crecimiento de las importaciones afecta negativamente al resultado de las “exportaciones netas” (exportaciones menos importaciones) y, por tanto, del PIB en su conjunto.

Las cifras de exportaciones e importaciones también sufrieron revisiones importantes respecto a los datos que se venían publicando. Si bien las cifras de 2015 son semidefinitivas y las de 2016 y 2017 aún son provisionales, llama la atención que el BCE haya corregido (hacia abajo) en casi 4 puntos porcentuales la caída de las importaciones en 2016 y, a la vez, haya revisado (hacia arriba) el resultado de las exportaciones en más de dos puntos. Esos movimientos “compensan” la corrección hacia abajo de la demanda interna en casi dos puntos y permiten que el resultado del PIB en su conjunto para 2016 no sufra mayores cambios. Otro componente del PIB por el enfoque del gasto, la variación de existencias, que se refiere principalmente a inventarios y trabajos en curso, mostró una revisión incluso más marcada. Sería conveniente que el BCE explique los cambios en las cifras previas, que se extienden incluso a los deflactores, para despejar las dudas que generan.

Durante la rueda de prensa en la que presentó los resultados de las cuentas nacionales, la gerente del BCE, para quien “la economía ecuatoriana muestra indicios de recuperación permanente”,  comparó el crecimiento de 3,3% que, según la institución oficial, registró la economía ecuatoriana con las tasas alcanzadas por los países vecinos. “Verónica Artola informa que la economía ecuatoriana de manera interanual presenta un mayor crecimiento que los países vecinos”, dice un tuit de la cuenta oficial del BCE. Esa comparación, sin embargo, no es adecuada, ya que, a diferencia del Ecuador, que en el segundo trimestre del año pasado registró una contracción económica, países como Colombia o Perú mostraron resultados positivos y, por tanto, su crecimiento en el segundo trimestre de este año no se trata de un rebote. Además, tomando en cuenta las enormes revisiones que el BCE ha hecho a las cifras de años pasados y los factores que explican el crecimiento del segundo trimestre de este año (crecimiento del consumo por un aumento insostenible del gasto público), sería más conveniente no jactarse demasiado de ese resultado.

En una entrevista publicada en diario Expreso el pasado fin de semana[1], el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró: “En 2017, en el déficit del gobierno central logramos reducir en 1.000 millones. Para el próximo año esperamos una caída similar”. De la siguiente pregunta del periodista (“¿Cómo llegar a un déficit de 3.500 millones de dólares?”) se desprende que el ministro De la Torre da por sentado que este año el déficit rondará los $4.795 millones contemplados en el Presupuesto General del Estado (PGE) que fue aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada. O que incluso podría ser un poco menor.

En nuestras dos últimas columnas tratamos de evidenciar las muchas inconsistencias de la proforma que había enviado el Ejecutivo a la Asamblea para su aprobación. Ahora que ya están disponibles las cifras de la ejecución presupuestaria hasta agosto, debemos denunciar la irresponsabilidad, tanto del Ejecutivo como de la mayoría oficialista en la Asamblea, que significa haber aprobado un presupuesto que está totalmente alejado de las cifras que publica el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

En el PGE aprobado por la Asamblea se establece que este año los ingresos tributarios sumarán $14.760 millones, es decir, 6,9% más que los ingresos tributarios percibidos en 2016. Si bien al cierre del primer semestre de 2017 los ingresos tributarios del PGE fueron 7,6% mayores que en igual período de 2016, al considerar el período enero – agosto el crecimiento frente a los mismos meses del año pasado cae a apenas 1,7%. Esto se debe a que en julio los ingresos tributarios del PGE fueron 15,1% menores que en igual mes de 2016 y que en agosto se registró una caída interanual de 13,2% (siempre tomando en cuenta los ingresos PERCIBIDOS del PGE, que son los que se deben considerar para calcular el déficit). Para llegar a los $14.760 millones proyectados para todo 2017, los ingresos tributarios del período septiembre – diciembre deben ser 17,5% mayores que los de igual período de 2016, lo que luce muy improbable (más aun considerando que el Banco Central proyecta una contracción para el consumo privado). De hecho, a diferencia de lo que ocurrirá en los últimos cuatro meses de este año, entre septiembre y diciembre del año pasado estaban vigentes los impuestos extraordinarios de la Ley Solidaria y también las salvaguardias. Según el Observatorio de la Política Fiscal, en los últimos cuatro meses de 2016 ambas medidas generaron ingresos extraordinarios al PGE por $515 millones. Por tanto, lo más probable es que en los últimos cuatro meses de este año los ingresos tributarios del PGE, lejos de recuperarse, sigan mostrando caídas interanuales.

En cuanto a las transferencias y donaciones de capital e inversión (constituidas principalmente por ingresos petroleros), el PGE aprobado contempla ingresos por $3.242 millones, es decir, 54% más que lo percibido en 2016 por el mismo concepto. Sin embargo, una vez transcurridas las dos terceras partes del año, los ingresos por ese concepto son, según cifras oficiales, 5,8% menores que en igual período de 2016. Por tanto, para llegar a los $3.242 millones proyectados para el año completo, entre septiembre y diciembre los ingresos por transferencias y donaciones de capital e inversión deberían ser 142% mayores que en los últimos cuatro meses del año pasado (ni el precio referencial del petróleo, ni el volumen de producción contemplados en el PGE justifican semejante incremento). Todo esto simplemente analizando las cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y sin considerar lo que, haciéndonos eco de las denuncias del Observatorio de la Política Fiscal, hemos advertido repetidamente: que los ingresos petroleros del PGE (calculados en $2.160 millones) probablemente sean nulos o muy bajos, como lo fueron en los dos últimos años, según lo ha reconocido el propio ministro De la Torre.

La ejecución presupuestaria hasta agosto también deja en evidencia las inconsistencias del PGE aprobado por el lado del gasto. El Gobierno proyecta que en el año completo el gasto total (incluyendo amortización de la deuda pública) sume $36.818 millones, es decir, 8,1% más que el gasto devengado de 2016. Sin embargo, en el acumulado de enero a agosto de 2017 el gasto de la proforma suma $18.337 millones, es decir, 10,4% menos que en igual período de 2016. Por tanto, para alcanzar el monto proyectado para el año completo, entre septiembre y diciembre el Gobierno debería gastar 35,9% más que en los mismos meses del año pasado (que ya fueron expansivos en el gasto). Si se analizan los datos de los sectores con los mayores montos de gasto (más de $500 millones en el año), las inconsistencias saltan a la vista: en algunos como Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda o Tesoro Nacional el gasto del último cuatrimestre de 2017 debería ser entre 28% y 70% mayor que en el mismo período de 2016 para alcanzar el monto presupuestado, mientras que en Recursos Naturales el gasto en los últimos cuatro meses del año debería registrar una contracción interanual de 52% (también en el sector de Comunicaciones el gasto del último cuatrimestre de 2017 debería ser 40% menor que en los mismos meses de 2016, pero esto no resulta tan ilógico si se considera que el Gobierno anterior incrementó significativamente su gasto de inversión en el último trimestre de 2016 y el primero de 2017, en el marco de la campaña electoral).

Las cifras de la ejecución presupuestaria hasta agosto (procedentes, insistimos, del Ministerio de Economía y Finanzas) dejan en evidencia la irresponsabilidad del propio Ministerio y de los asambleístas del oficialismo (no forma parte de nuestro análisis considerar las divisiones que se pudieran estar produciendo al interior del bloque del partido de gobierno) al haber aprobado el PGE para este año sin tomar en cuenta las observaciones planteadas por distintos analistas y tampoco haber revisado las propias cifras oficiales (¿no tienen los asambleístas, justamente para eso, asesores en materia económica?). Las inconsistencias no se limitan a la sobrestimación de ingresos (que cuando ya han corrido las dos terceras partes del año lucen insalvables), sino también a la muy probable subejecución del gasto en distintos sectores. Es posible que, gracias a esa subejecución, el déficit al final del año no ronde los $8.000 millones, sino que sea algo menor. Pero en ese caso el Presupuesto, también por el lado del gasto, habría dejado de cumplir la que es acaso su principal función: ser un punto de referencia para los agentes económicos sobre la política económica que piensa llevar adelante el Gobierno. Lo más grave es que el PGE de 2017 se elaboró y aprobó cuando ya sólo era necesario proyectar los ingresos y los gastos de los últimos meses del año. Con ese antecedente, es posible que la proforma para 2018, que se debe presentar en las próximas semanas, esté aun mas alejada de la realidad.

 

[1] Ver: http://www.expreso.ec/economia/carlos-de-la-torre-la-concesion-del-dinero-electronico-no-fue-gratuita-ME1666068

 

En un análisis que publicamos a finales de julio, poco después de que el Presidente Lenín Moreno presentara las cifras generales de la proforma presupuestaria para este año[1], señalamos que ésta mostraba muchas inconsistencias, principalmente por el lado de los ingresos, que considerábamos sobrestimados. Ayer las autoridades del equipo económico acudieron a la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea para explicar los detalles de la proforma. Lamentablemente esas exposiciones y otras declaraciones de miembros del Gabinete en los últimos días, lejos de despejar nuestras dudas, las profundizan.

Respecto a los ingresos tributarios, el director del SRI, Leonardo Orlando, señaló que de los $14.760 millones contemplados en la proforma (6,9% más que lo percibido en 2016), $13.175 millones corresponden a impuestos que son recaudados por el SRI (IVA, Renta, Salida de Divisas, ICE, entre otros). Como argumento, Orlando mencionó que en abril, mayo, junio y julio de este año el crecimiento interanual de la recaudación tributaria ha sido siempre mayor que 12% y que para el año completo se espera un aumento de 11,3% frente a lo recaudado en 2016. Sobre las declaraciones de Orlando hay varios temas que conviene mencionar. El primero es que las recaudaciones del SRI no se transfieren de manera directa al Presupuesto General del Estado (PGE). Como ejemplo, en el primer semestre de 2017 la recaudación neta del SRI (es decir, una vez descontadas notas de crédito, compensaciones y devoluciones) sumó $6.769 millones, mientras que los ingresos del PGE correspondientes a los impuestos a cargo del SRI sumaron $6.480 millones. Es más, si bien Orlando asegura que en julio la recaudación del SRI creció más de 12% frente a igual mes de 2016 (hasta el momento de escribir este análisis las cifras de recaudación de julio no estaban disponibles al público), según el Ministerio de Finanzas los ingresos tributarios totales del PGE (los que están a cargo del SRI y los arancelarios) en julio de 2017 fueron 15,1% menores que en igual mes de 2016. Si bien una parte de esa enorme caída se explicaría por la eliminación de las salvaguardias (por tanto, menores ingresos por concepto de aranceles), esa contracción también sugiere que las transferencias del SRI, que representan cerca del 90% de los ingresos tributarios totales del PGE, crecieron a un ritmo mucho menor que sus recaudaciones (o incluso decrecieron).

Por otro lado, los $6.480 millones que ingresaron al PGE en la primera mitad de este año por los impuestos a cargo del SRI representan el 49% de los $13.175 millones que, según Orlando, se espera transferir en el año completo. Aquí cabe otra acotación: con excepción de lo que ocurrió en 2016, cuando la recaudación del primer semestre fue menor que la del segundo por la entrada en vigor de la Ley Solidaria (que en la segunda mitad del año pasado generó ingresos extraordinarios por $960 millones), lo normal es que la recaudación de impuestos sea mayor en el primer semestre que en el segundo (por el Impuesto a la Renta que se recauda en abril y, en menor medida, por el IVA de los consumos navideños en enero). Esa diferencia debería ser incluso mayor en este año, ya que en la primera mitad las recaudaciones de IVA aún se vieron favorecidas por el alza temporal de 2 puntos en la tasa de ese impuesto, aumento que ya no estará vigente en la segunda mitad. De hecho, si bien los ingresos del PGE por los impuestos a cargo del SRI crecieron 8,8% entre el primer semestre de 2016 e igual período de 2017, más del 90% de ese crecimiento se explica por una mayor recaudación de IVA, que en parte responde al repunte del consumo en los primeros meses del año, pero sobre todo al incremento temporal en la tasa de ese impuesto, lo que generó una recaudación adicional por $409 millones.

Pero hay un motivo adicional para sospechar de las proyecciones del SRI: el Banco Central también presentó ayer sus proyecciones de crecimiento para este y los próximos tres años y en esa presentación señala que espera una caída de 0,8% en el consumo de los hogares en 2017. Dado que en el primer trimestre de este año el consumo de los hogares creció 3,6% frente a igual período de 2016, para llegar a la caída de 0,8% proyectada para todo 2017 en los últimos tres trimestres del año el consumo de los hogares tendría que contraerse 2,3% frente a igual período de 2016. Si el mismo Gobierno pronostica una contracción en el consumo privado en los últimos meses del año, ¿por qué el SRI prevé un aumento en la recaudación, considerando además que el ministro De la Torre ha dicho que no está planificada una reforma impositiva? ¿No hubo un cruce de información entre las distintas instituciones del frente económico antes de elaborar la proforma para evitar estas inconsistencias?

Respecto a los ingresos petroleros, en la Programación Presupuestaria Cuatrianual que acompaña a la proforma se señala que en 2017 estos sumarán $2.160 millones. En nuestro análisis anterior señalamos que “según ha advertido el Observatorio de la Política Fiscal, dado el bajo precio del crudo y los costos de operación, desde 2015 el PGE no ha recibido ingresos petroleros” (cosa que no debería cambiar sustancialmente en 2017 si el mismo Gobierno contempla un precio referencial del petróleo de $41,7 por barril, no muy superior al promedio de $38,4 de los dos últimos años). Y añadimos que en un tweet el ex presidente Correa dijo: “Yo goberné dos años sin un dólar de ingreso petrolero para el Gobierno Central”. A esto se suman dos elementos adicionales que parecen confirmar la sobrestimación de los ingresos petroleros en la proforma. Por un lado, en una entrevista publicada en Expreso, se le pregunta al ministro De la Torre: “¿Cuánto se obtendrá por ingresos petroleros luego de restar lo que gasta el país por importación de derivados?”. A lo que él responde: “Tendríamos que hacer la operación cuenta por cuenta pero, en realidad, lo que queda al Gobierno Central es muy poco. En años anteriores fue cero o un margen mínimo”. Por otro lado, en su informe sobre la situación del sector de hidrocarburos, el ministro Carlos Pérez dijo: “Contamos con los fondos que vienen del Ministerio de Finanzas para continuar con las operaciones (de las petroleras estatales)”. Si es el Ministerio de Finanzas el que tiene que transferir recursos a las petroleras estatales (que no forman parte del Gobierno Central y tampoco del PGE), ¿cómo se contemplan ingresos petroleros por más de $2.000 millones?

Después de las presentaciones del equipo económico tenemos más motivos para creer que los ingresos contemplados en la proforma están sobrestimados al menos en $3.000 millones ($1.000 millones por el lado de impuestos y $2.000 millones por los ingresos petroleros) y que, por tanto, el déficit podría rondar los $8.000 millones (más de 8% del PIB), muy lejos de los $4.800 millones que proyectan en el Gobierno. Las necesidades de financiamiento, por tanto, también serán mayores, lo que nos hace suponer que en las próximas semanas el Gobierno negociará un nuevo crédito.

A las inconsistencias detalladas se suman otros deslices menores, pero que también reflejan descuidos en la elaboración de la proforma, como la proyección que presentó el ministro De la Torre de que la inflación promedio en 2017 será de 1,1%. ¿No revisaron en el Ministerio de Economía y Finanzas los informes de inflación del INEC? Porque según el instituto estadístico, en lo que va del año la inflación anual ha promediado el 0,75%, con una fuerte caída en los últimos meses (ver gráfico). Para llegar al 1,1% promedio señalado por De la Torre, entre agosto y diciembre la inflación anual debería promediar el 1,5%. ¿Pero cómo se explica ese repunte en la inflación, desde el 0,1% registrado en julio, si el Banco Central, por su parte, pronostica una caída en el consumo?

Ante todas las inconsistencias que presenta la proforma, los asambleístas deberían pedir aclaraciones al equipo económico antes de aprobarla. Un presupuesto mal sustentado, además de generar incertidumbre entre los agentes económicos, puede llevar al Gobierno a tomar medidas improvisadas para poder cubrir sus gastos o, por el contrario, recortarlos de manera desordenada.

[1] Ver: http://www.larepublica.ec/linkeconomico/2017/07/31/proforma-2017-austeridad-postergada-e-ingresos-sobrestimados/

 

El último viernes el Presidente Lenín Moreno presentó en una cadena nacional la situación económica del Ecuador y la proforma presupuestaria para 2017. De su mensaje cabe destacar algunos puntos: insistió en que el país se encuentra en una crisis económica (un discurso mucho más realista que el de la supuesta recuperación que manejaba su antecesor); criticó duramente, como lo han hecho la mayoría de los analistas, el manejo económico del anterior gobierno (“las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía”); aseguró que se va a sostener la dolarización; y resaltó la importancia de la transparencia (“he advertido al equipo económico que, de acuerdo a la ley, todos los datos deben ser veraces, precisos y de acceso público”). Si bien en este aspecto se han dado algunos pasos, como la rehabilitación (después de cuatro meses) de la aplicación que muestra la ejecución diaria del Presupuesto General del Estado (PGE) o el reconocimiento durante la misma cadena nacional de que a la deuda pública que presenta el Ministerio de Finanzas ($42.000 millones al 31 de mayo) hay que sumar alrededor de $8.000 millones de otras obligaciones (“operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos, entre otras”) y $4.367 millones de “contingentes” como la deuda con el IESS (que según el presidente de esa institución, Richard Espinosa, es mucho mayor que la que mencionó Moreno), no hay que olvidar que los funcionarios bajo cuya gestión los datos económicos dejaron de ser “veraces, precisos y de acceso público” (los mismos que ejecutaron la política económica que ahora critica el Presidente) continúan formando parte del Gobierno.

Moreno también anunció algunas medidas para dinamizar la actividad, como revisar el Impuesto a la Plusvalía, “incentivar la inversión y el ingreso de divisas, con un proyecto de ley que permita la repatriación de capitales de quienes los tienen en el exterior” (entendemos que se estaría refiriendo a una amnistía fiscal) e impulsar el uso del dinero electrónico “en coordinación con el sistema financiero nacional”. También dijo estar llevando adelante “medidas de austeridad del gasto público”. Sin embargo, las cifras de la proforma que presentó a continuación no concuerdan con el ofrecimiento de austeridad.

Moreno anunció que la proforma para 2017 que enviará a la Asamblea suma $36.818 millones, “que representan un crecimiento del 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior”. La comparación con el presupuesto codificado es engañosa: frente al presupuesto inicial de 2016 (el que aprobó la Asamblea) la proforma para este año es 23% mayor y frente al presupuesto devengado (es decir, el que finalmente se ejecutó) el aumento es de 8%, equivalente a $2.750 millones. Por el lado del gasto el Presidente no dio mayores detalles (no especificó en qué montos se recortará el gasto de inversión, que sería la variable de ajuste). Simplemente mencionó los montos que se destinarán a sectores prioritarios, como Educación, Salud, Vivienda y Bienestar Social. En todos ellos, el gasto anunciado para este año supera al del PGE devengado de 2016, en la mayoría de los casos en más de 10%.

Más allá del alza en el gasto, lo más preocupante de la proforma presentada es la aparente sobrestimación de los ingresos. En cuanto a los tributarios, el Gobierno espera que este año lleguen a $14.760 millones, es decir, 7% más que lo percibido en 2016. Si bien en el primer semestre de este año los ingresos tributarios fueron 8% mayores que en igual período de 2016, cabe recordar que se está comparando un IVA de 14% con uno de 12% y que los cambios en el ICE que incrementaron la recaudación de ese impuesto recién entraron en vigor en abril del año pasado. Por el contrario, en la segunda mitad de este año el IVA será otra vez de 12% (frente al 14% del segundo semestre de 2016), no se tendrán los otros ingresos de la Ley Solidaria (impuestos adicionales a las utilidades, a los altos patrimonios, etc.), que en la segunda mitad de 2016 generaron $750 millones extra, y tampoco estarán vigentes las salvaguardias, que en la segunda mitad de 2016 aportaron cerca de $380 millones (si bien se ha anunciado un posible incremento arancelario, esa medida aún no se concreta y seguramente las alzas no serán de la magnitud de las sobretasas por las salvaguardias). Por otro lado, el Gobierno espera que este año el PIB crezca 0,7%. Dado que, según el Banco Central, en el primer trimestre de 2017 la economía mostró un crecimiento interanual de 2,6% (explicado por el enorme aumento del gasto público), el mismo Gobierno está reconociendo que en lo que resta del año el dinamismo de la actividad (y, por tanto, de la recaudación tributaria), será menor. Finalmente, en la primera mitad de 2017 los ingresos tributarios del PGE sumaron $7.212 millones, por lo que, para llegar a los $14.760 millones proyectados, la recaudación en el segundo semestre debería ser mayor ($7.548 millones), cuando lo habitual (salvo en 2016, por los ingresos extraordinarios ya señalados) es que la mayor parte de la recaudación tributaria de un año se concentre en el primer semestre (por la recaudación de Impuesto a la Renta en abril y, en menor medida, por el IVA de los consumos navideños en enero). Por todo esto, creemos que los ingresos tributarios de 2017 rondarían los $13.300 millones, es decir, $1.400 millones menos que lo estimado por el Gobierno.

Por concepto de “Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión” (básicamente ingresos petroleros), el Gobierno espera recibir este año $3.241 millones. Este monto genera dudas aún mayores. Por un lado, según ha advertido el Observatorio de la Política Fiscal, dado el bajo precio del crudo y los costos de operación, desde 2015 el PGE no ha recibido ingresos petroleros (los ingresos que registra el Ministerio de Finanzas corresponderían a barriles despachados para amortizar preventas de crudo o a los desembolsos por nuevas preventas). De hecho, en un tweet publicado un día después de la cadena nacional, el ex presidente Correa dijo textualmente: “Yo goberné dos años sin un dólar de ingreso petrolero para el Gobierno Central”. Pese a la leve recuperación del precio del crudo, eso continuaría en 2017, por lo que la sobrestimación alcanzaría los $3.241 millones mencionados. Incluso si se asume que los ingresos por “Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión” que registra el Ministerio de Finanzas son reales, el monto proyectado para 2017 es 54% mayor que el devengado de 2016. Ese incremento no luce coherente con el leve aumento en el precio del petróleo (Moreno dijo que el valor referencial para la proforma 2017 es de $41,69 por barril) ni con el volumen esperado de exportación (136,6 millones de barriles, es decir, 5% menos que el volumen exportado en 2016). Es más, según el propio Ministerio de Finanzas, en el primer semestre de este año los ingresos por “Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión” (cuya veracidad, insistimos, está en duda) sumaron $876 millones, por lo que no se entiende cómo en el segundo semestre se puede dar un salto que permita llegar a $3.241 millones.

Así, la sobrestimación de ingresos, que también se extiende a las transferencias corrientes, podría superar los $4.000 millones, llevando el déficit, si no se ajusta el gasto, de los $4.700 millones proyectados por el Gobierno a cerca de $9.000 millones y las necesidades de financiamiento de los $11.670 millones mencionados por el Presidente (más temprano, en una evidente contradicción, había dicho que “se requiere alrededor de $8.000 millones cada año para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda interna y externa”) a más de $15.000 millones.

En la cadena nacional, el Presidente dijo que en septiembre presentará la proforma para 2018 y el programa económico para sus cuatro años de gestión. Habrá que esperar hasta entonces para ver si el Gobierno da pasos concretos para empezar a ordenar las finanzas públicas, ya que la proforma para 2017 está lejos de reflejar la austeridad anunciada. Por el contrario, parece repetir los mismos vicios de las proformas presentadas en los últimos años del anterior Gobierno (y que probablemente fueron elaboradas por los mismos funcionarios).

Según el reporte de pobreza y des­igualdad que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana junto con los indicadores de mercado laboral, entre junio de 2016 y junio de 2017 la pobreza en Machala pasó de 10,1% a 14,4%, lo que significa un aumento de 4,3 puntos porcentuales. En Guayaquil y en Ambato la pobreza aumentó en proporciones menores (de 8,5% a 10,5% y de 9,8% a 10,2%, res­pectivamente), mientras que en Quito y Cuenca se mantuvo prácticamente esta­ble (en la primera cayó de 7,9% a 7,8% y en la segunda subió de 7,6% a 7,8%). Este comportamiento de la pobreza por ingresos en las principales ciudades del Ecuador –comportamiento que no se ve reflejado en el consolidado para el sector urbano, según el cual la pobre­za en el conjunto de todas las ciudades del país cae de 15,6% a 14,6%– pare­ce estar relacionado con el desempeño del mercado laboral. De hecho, según el mismo INEC, entre junio de 2016 e igual mes de este año la tasa de empleo adecuado cayó 3,7 puntos en Machala y 4,5 puntos en Guayaquil (aunque sólo en esta última la variación habría sido estadísticamente significativa). En Qui­to, Cuenca y Ambato, donde la pobreza mostró menores variaciones, la tasa de empleo adecuado también se mantuvo relativamente estable (en todas bajó, pero esas caídas estuvieron entre 0,9 y 1,7 puntos). En todo el sector urbano la tasa de empleo adecuado pasó de 50% a 49% entre junio de 2016 y junio de 2017 y a nivel nacional de 41% a 40,1%, la menor tasa para un mes de junio des­de que se tiene información comparable.

Esa reducción en la tasa de empleo adecuado a nivel nacional se dio pese a que en el mismo período (junio 2016 – junio 2017) la cantidad de personas con un empleo de ese tipo aumentó en 53.000, el primer crecimiento en casi dos años (el último se registró en sep­tiembre de 2015). Esto se explica por­que la Población Económicamente Acti­va (PEA), respecto a la cual se calculan las tasas de empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo, creció en ma­yor medida, al pasar de 7.832.000 a 8.148.000 personas. Ese crecimiento de la PEA (compuesta por las personas que trabajan, ya sea en condiciones ade­cuadas o inadecuadas, y las que están buscando un trabajo), dado el modesto aumento en las plazas de empleo ade­cuado, se tradujo en un incremento im­portante en la cantidad de personas con un empleo inadecuado, principalmente subempleados. De hecho, entre junio de 2016 y junio de 2017 el número de subempleados a nivel nacional subió de 1.278.000 a 1.669.000 personas, es decir, 391.000 nuevos subempleados. Como consecuencia de esto, la tasa de subempleo dio un salto de 16,3% en ju­nio de 2016 a 20,5% en junio de este año, por mucho, la mayor tasa para un mes de junio desde que se tiene informa­ción comparable. A nivel de ciudades, los mayores incrementos en las tasas de subempleo los registraron Quito (de 7,6% a 11,9%) y, sobre todo, Guayaquil (de 15,5% a 22,3%).

El notorio aumento del subempleo (que corresponde a personas que ganan menos del salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y quisieran trabajar más), no sólo pone en eviden­cia la escasa creación de empleos ade­cuados para absorber a todos quienes ofrecen sus servicios laborales, sino que también tiene consecuencias sobre la ca­lidad de vida de los trabajadores. Según el INEC, entre junio de 2016 y junio de 2017 el ingreso promedio de los trabaja­dores redujo en 1,5% su poder adquisi­tivo (pese a que entre ambos meses los precios al consumidor prácticamente no subieron). A su vez, el mayor número de subempleados (por ejemplo, perso­nas que venden jugos en la calle) tam­bién está relacionado con el incremen­to de la informalidad, que actualmente afecta al 45% de los trabajadores (dos puntos porcentuales más que en junio de 2016). En tanto, el porcentaje de em­pleados afiliados al IESS cayó entre ju­nio del año pasado e igual mes de 2017 de 32% a 29,8%.

En los últimos doce meses la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo de 5,3% a 4,5%, lo que seguramente será destacado por autoridades económicas (del anterior y el nuevo gobierno) como una señal de recuperación económica. Sin embargo, más allá de que el creci­miento del PIB en el primer trimestre del año, y seguramente en el segundo, responde a un aumento insostenible del gasto público (la mesa que no quedó servida, como reconoció el Presidente Moreno), las cifras oficiales muestran que la creación de empleos adecuados sigue siendo absolutamente insuficiente y que el subempleo es la única opción laboral para un número cada vez mayor de ecuatorianos. En ese contexto, adop­tar medidas que generen confianza en el sector privado (el único capaz de crear empleos de calidad en un ambiente de estrechez fiscal) es indispensable si se quiere lograr que los ecuatorianos con un empleo adecuado sean más que ape­nas cuatro de cada diez.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó esta mañana el boletín de cuentas nacionales del primer trimestre de 2017. Respecto a igual período de 2016 la economía ecuatoriana registró, según el organismo oficial, un crecimiento de 2,6%, el mejor resultado desde el primer trimestre de 2015 y el segundo crecimien­to interanual consecutivo. No obstante, es­tos resultados positivos, que para los equi­pos económicos del anterior y del actual gobierno son una muestra incontrastable de que la economía ecuatoriana está ya en una etapa de recuperación, se sustentan en una estrategia de agresivo endeudamiento para sostener el gasto público, estrategia que demanda correcciones inmediatas si se quiere evitar una crisis en el mediano o incluso en el corto plazo.

El crecimiento de 2,6% del PIB en el primer trimestre de 2017 se da, conviene recordarlo, contra un período excepcional­mente malo, como fue el primer trimestre de 2016, cuando la economía registró una contracción interanual de 4%, el peor re­sultado en dolarización. De hecho, en tér­minos reales el tamaño de la economía en los primeros tres meses de 2017 todavía es menor al de igual período de 2015 (y, dado el crecimiento de la población, en términos per cápita es incluso menor). Por eso no es conveniente, como han hecho las autoridades del BCE, comparar el cre­cimiento interanual del primer trimestre registrado por el Ecuador con el que alcan­zaron otros países, como Colombia o Perú, cuyas economías no se contrajeron en el primer trimestre del año anterior, sino que crecieron.

Al analizar los componentes del PIB por el enfoque del gasto, se observa que el principal impulsor del crecimiento en el primer trimestre de este año fue el consu­mo de los hogares, que subió 3,6% frente a los primeros tres meses de 2016, cuan­do había registrado una contracción inte­ranual de 4,8%. En este caso, el volumen de consumo alcanzado en los primeros tres meses de 2017 es similar al de igual período de 2014 y, por tanto, es menor si analizamos el indicador per cápita. El re­punte en el consumo está muy relacionado con la masiva inyección de recursos a la economía que el anterior gobierno llevó adelante en el primer trimestre de 2017 (en época de campaña electoral). Según cifras del Observatorio de la Política Fis­cal (OPF), entre enero y marzo de 2017 el gasto total del Presupuesto General del Estado sumó $5.798 millones, es de­cir, 21,3% más que en el mismo período de 2016 (llamativamente, ese crecimiento del gasto, especialmente fuerte en el gasto de capital y en el de bienes y servicios de consumo, no se ve reflejado en un aumen­to del consumo del gobierno, que según el BCE decrece 0,1% frente al primer trimes­tre de 2016).

Evidentemente, un incremento de esa magnitud en el gasto público (más aún en una economía tan dependiente del gasto público) tenía que generar un impacto po­sitivo en los niveles de actividad y de con­sumo. No obstante, un crecimiento soste­nible del consumo de los hogares depende principalmente del dinamismo del merca­do laboral. En este sentido, las cifras del INEC muestran que, como consecuencia de la destrucción de empleos adecuados y el notable aumento de la cantidad de per­sonas con un empleo inadecuado, el ingre­so promedio de los trabajadores redujo su poder adquisitivo en 4,3% entre marzo de 2016 e igual mes de 2017. De hecho, se­gún otra publicación del BCE, el Índice de Confianza del Consumidor, las percepcio­nes y las perspectivas de los encuestados sobre la situación económica de sus hoga­res y del país en general se deterioraron en abril y mayo (último dato disponible).

Los resultados de cuentas nacionales también muestran que en el primer trimes­tre de este año la Formación Bruta de Ca­pital Fijo (FBKF, es decir, la inversión física principalmente en construcción y en ma­quinaria y equipo) registró una caída de 1,9% frente al primer trimestre de 2016, cuando, a su vez, ya había mostrado una caída interanual de 12,1%. En otras pa­labras, la inversión, medida en volumen, que se concretó en los primeros tres meses de 2017 es similar a la del primer trimes­tre de 2012. Esta es, a nuestro entender, una señal clara de que la economía ecua­toriana aún no entra en una senda de cre­cimiento sostenible.

Un aspecto positivo de los datos que presentó el BCE (más allá de la puntuali­dad en su publicación, cuando los retrasos ya se estaban convirtiendo en una costum­bre) es el desempeño de las exportacio­nes, que según las cifras oficiales crecie­ron 2,7% en términos interanuales. Cabe recalcar que un crecimiento real en las exportaciones (que es lo que se toma en cuenta para calcular las cuentas naciona­les) no responde a un aumento en el pre­cio de los productos de exportación (por ejemplo, el petróleo), sino a un mayor volumen exportado. En ese sentido, otra publicación del BCE (la Evolución de la Balanza Comercial) muestra que muchos productos, tanto tradicionales (banano, camarón, cacao), como no tradicionales (flores, enlatados de pescado, aceites ve­getales) incrementaron su volumen de ex­portación en el primer trimestre de 2017 frente a igual período de 2016.

El fomento a las exportaciones y la ge­neración de un ambiente propicio para la inversión privada son las medidas que el Gobierno debería tomar para que el creci­miento de la economía sea realmente sos­tenible y esté acompañado por la creación de nuevos empleos. Insistir en la estrategia de endeudarse para sostener un gasto pú­blico que supera por mucho a los ingresos, además de no ser sostenible en el tiempo y generar incertidumbre al sector privado, tiene otras consecuencias, como la recien­te decisión de Standard & Poors de degra­dar la calificación de riesgo del Ecuador a B- (la segunda peor de la región, sólo por delante de Venezuela), decisión que se explica en buena parte por las “vulnerabi­lidades fiscales” que sigue presentando el país.

El pasado viernes, un día después de la instalación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que está conformado por siete dele­gados del Ejecutivo y seis del sector productivo y de la Economía Popu­lar y Solidaria, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó en su pági­na web un informe titulado “Esta­dísticas Macroeconómicas”[1]. En la presentación de este informe –que incluye datos de los sectores real, externo, monetario y financiero y fiscal– se señala que éste muestra “la última información disponible, para la toma de decisiones econó­micas de la ciudadanía, las institu­ciones nacionales e internacionales, y las autoridades gubernamentales”. Ese informe, por tanto, debería ser­vir como insumo para las propues­tas que emanen del nuevo Consejo, cuya función es, justamente, emitir recomendaciones o propuestas de políticas para fomentar la producti­vidad y la competitividad del Ecua­dor.

No obstante, más allá de un ma­nejo poco riguroso de algunos tér­minos (como cuando se señala que en 2016 “el Ecuador registró una desaceleración de -1,5% a precios constantes”, cuando en realidad se trató de una contracción de la eco­nomía y no solamente de una des­aceleración), de algunas compara­ciones con períodos remotos que no aportan en nada a la toma actual de decisiones (se compara, por ejem­plo, el crecimiento económico pro­medio del período de dolarización con el del período 1981-1999) y de evidentes errores de redacción que deslucen al documento (“Ecuador es el uno de los (países) menor in­flación a diciembre de 2016” o “En el período 2000 – 2016 marca una tendencia decreciente de la inciden­cia de pobreza”), llama la atención lo desactualizada e incompleta que está la información correspondiente al sector fiscal.

De hecho, en el informe “Esta­dísticas Macroeconómicas” que se publicó el pasado viernes el BCE presenta datos de ingresos, gastos y endeudamiento público sólo hasta 2015, cuando lo esperable era que incluyera cifras hasta 2016 e inclu­so más actualizadas. En un contexto en el que el estado de las finanzas públicas es uno de los aspectos de la macroeconomía sobre los que los agentes económicos (empresarios locales, inversores extranjeros, ana­listas) están más pendientes y del cual dependen en gran medida la viabilidad de las recomendaciones o propuestas que puedan surgir del Consejo, presentar información tan desactualizada en nada contribuye al trabajo de ese organismo ni a ge­nerar un ambiente de certidumbre que ayude a “la toma de decisiones” de los agentes en general. Más aun cuando el sector público sigue re­presentando cerca de 40% del PIB y tiene un peso importante en la in­versión y la generación de empleo.

Lamentablemente, la falta de actualización de las estadísticas del sector fiscal no se limita al informe “Estadísticas Macroeconómicas”, sino que se extiende a todas las pu­blicaciones del BCE que presentan cifras de las cuentas públicas. Así, en la Información Estadística Men­sual publicada a mediados de este mes, las operaciones del SPNF y del Gobierno Central siguen mostrando información hasta 2016, cuando a estas alturas del año ya debería ha­ber información disponible al menos hasta el primer trimestre de 2017. Del mismo modo, la aplicación del Ministerio de Finanzas que permitía conocer el movimiento diario de los ingresos y los gastos del Presupuesto General del Estado lleva más de tres meses y medio (uno de ellos ya con el nuevo Gobierno) inhabilitada.

Entre las propuestas y recomen­daciones que surjan del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, seguramente varias de ellas se re­ferirán a la actual estructura impo­sitiva y a las modificaciones que se le deberían hacer (y que necesaria­mente tendrán un impacto sobre las finanzas públicas) para fomentar la productividad y la competitividad de las empresas nacionales. En ese contexto, la persistente ausencia de cifras fiscales confiables y actualiza­das (que empezó en la anterior ad­ministración) no sólo implica una li­mitación al trabajo del Consejo, sino que genera dudas sobre la real situa­ción de las finanzas públicas (lo que aumenta la incertidumbre y atenta contra el éxito de cualquier progra­ma económico) y parece reflejar el escaso compromiso del nuevo Go­bierno por pasar del mero discurso de cambio a acciones concretas.

 

[1] 1Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/docu­mentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacroEstruc2017.pdf

El primer día laborable de cada semana, según está establecido en el calendario de publicaciones del Banco Central, esa institución debe colgar en su sitio web el Boletín Monetario Semanal (BMS). Esta publicación contiene estadísticas actualizadas, entre otros temas, sobre los balances del Banco Central (lo que incluye información sobre las reservas internacionales, los créditos del Banco Central al Gobierno, el saldo de los depósitos públicos y las reservas bancarias y los movimientos del dinero electrónico) y sobre los activos y pasivos de las instituciones financieras privadas. Esta semana, sin embargo, el Banco Central no ha puesto a disposición de los usuarios el boletín correspondiente.
El pasado lunes, 22 de mayo, el Banco Central publicó el BMS con información hasta el 19 de mayo, como correspondía, pero ese mismo día dio de baja ese boletín y lo reemplazó con uno con información hasta el 12 de mayo. El boletín que fue reemplazado mostraba un movimiento llamativo en el sado de la deuda del Gobierno con el Banco Central, que pasaba de $5.867 millones a $3.729 millones, es decir una reducción de más de $2.100 millones. A la vez, el concepto “activos no financieros” en el balance del Banco Central mostraba un incremento de similar magnitud, al pasar de $186 millones a $2.323 millones, lo que parecía indicar que el Gobierno había cancelado una parte de su deuda con el Banco Central transfiriendo a esa institución “activos no financieros”, que pueden ser inmuebles o incluso acciones de instituciones públicas. En ambos casos (suponiendo que su avalúo no está sobrestimado), se trataría de activos no líquidos, es decir, activos que el Banco Central no pudiera convertir rápidamente en efectivo para responder a un retiro de sus “pasivos exigibles”, donde se encuentran, además del dinero electrónico y la moneda fraccionaria, las reservas bancarias y los depósitos del sector público (gobiernos seccionales, IESS, empresas públicas y Gobierno Central).
Ante la incertidumbre que ocasionó ese movimiento en los balances del Banco Central (y el posterior retiro del boletín), el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, se ha comprometido a aclarar el tema en los próximos días. Esa aclaración debe darse cuanto antes, ya que se trata de un tema delicado. Cabe recordar que en las últimas semanas (antes del movimiento inusual del boletín que fue retirado) el saldo del crédito del Banco Central al Gobierno ha superado al saldo de los depósitos públicos en el mismo Banco Central y, a la vez, las reservas bancarias privadas en la misma institución han superado a las reservas internacionales.
Pero la urgencia de esa aclaración no responde únicamente a la importancia de que los agentes económicos cuenten con información actualizada sobre el uso de los recursos que maneja el Banco Central (y que en buena parte corresponden al sector privado), sino también a la necesidad de reinstaurar en el país, en el marco de un cambio de Gobierno, la transparencia en las estadísticas económicas oficiales. Cabe recordar que el mismo Banco Central ha incurrido repetidas veces en atrasos injustificados en la publicación de las estadísticas de cuentas nacionales (crecimiento económico), cuya veracidad hemos puesto en duda desde CORDES. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas dio de baja hace casi tres meses, sin una justificación válida, la página que mostraba información diaria sobre los ingresos y los gastos del Presupuesto General del Estado (PGE) y ese mismo Ministerio regularmente ha subestimado el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento. Otro ejemplo de la falta de transparencia es la no publicación de las condiciones en que se han acordado las preventas de petróleo.
Hace pocos días, en una entrevista con El Comercio, el ministro De la Torre, refiriéndose justamente al tema de la transparencia en la información, dijo: “El tema es cómo se juzga la transparencia, puede ser subjetivo y marcado desde la perspectiva del que quiere tener acceso a determinado dato. Pero eso no quiere decir que haya falta de transparencia. En general, las estadísticas económicas se publican con regularidad y se publican sobre la base de ciertos estándares. Las autoridades también definen los casos de qué información puede ser adecuado transmitir y cuál no, y también la información que puede ser sensible.”
Los ejemplos que hemos detallado muestran que en el Ecuador, contrario a lo que asegura el ministro, sí existe una opacidad en la información económica oficial, lo que, más allá de menoscabar un derecho ciudadano y limitar la capacidad de análisis de quienes seguimos el desempeño de la economía, puede desalentar a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el país, ya que no saben a ciencia cierta en qué terreno están pisando. Esto es aún más relevante si se considera que en esa misma entrevista el ministro De la Torre señaló que en la nueva administración “el sector privado será el motor de la economía”.

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