Según el reporte de pobreza y des­igualdad que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana junto con los indicadores de mercado laboral, entre junio de 2016 y junio de 2017 la pobreza en Machala pasó de 10,1% a 14,4%, lo que significa un aumento de 4,3 puntos porcentuales. En Guayaquil y en Ambato la pobreza aumentó en proporciones menores (de 8,5% a 10,5% y de 9,8% a 10,2%, res­pectivamente), mientras que en Quito y Cuenca se mantuvo prácticamente esta­ble (en la primera cayó de 7,9% a 7,8% y en la segunda subió de 7,6% a 7,8%). Este comportamiento de la pobreza por ingresos en las principales ciudades del Ecuador –comportamiento que no se ve reflejado en el consolidado para el sector urbano, según el cual la pobre­za en el conjunto de todas las ciudades del país cae de 15,6% a 14,6%– pare­ce estar relacionado con el desempeño del mercado laboral. De hecho, según el mismo INEC, entre junio de 2016 e igual mes de este año la tasa de empleo adecuado cayó 3,7 puntos en Machala y 4,5 puntos en Guayaquil (aunque sólo en esta última la variación habría sido estadísticamente significativa). En Qui­to, Cuenca y Ambato, donde la pobreza mostró menores variaciones, la tasa de empleo adecuado también se mantuvo relativamente estable (en todas bajó, pero esas caídas estuvieron entre 0,9 y 1,7 puntos). En todo el sector urbano la tasa de empleo adecuado pasó de 50% a 49% entre junio de 2016 y junio de 2017 y a nivel nacional de 41% a 40,1%, la menor tasa para un mes de junio des­de que se tiene información comparable.

Esa reducción en la tasa de empleo adecuado a nivel nacional se dio pese a que en el mismo período (junio 2016 – junio 2017) la cantidad de personas con un empleo de ese tipo aumentó en 53.000, el primer crecimiento en casi dos años (el último se registró en sep­tiembre de 2015). Esto se explica por­que la Población Económicamente Acti­va (PEA), respecto a la cual se calculan las tasas de empleo adecuado, empleo inadecuado y desempleo, creció en ma­yor medida, al pasar de 7.832.000 a 8.148.000 personas. Ese crecimiento de la PEA (compuesta por las personas que trabajan, ya sea en condiciones ade­cuadas o inadecuadas, y las que están buscando un trabajo), dado el modesto aumento en las plazas de empleo ade­cuado, se tradujo en un incremento im­portante en la cantidad de personas con un empleo inadecuado, principalmente subempleados. De hecho, entre junio de 2016 y junio de 2017 el número de subempleados a nivel nacional subió de 1.278.000 a 1.669.000 personas, es decir, 391.000 nuevos subempleados. Como consecuencia de esto, la tasa de subempleo dio un salto de 16,3% en ju­nio de 2016 a 20,5% en junio de este año, por mucho, la mayor tasa para un mes de junio desde que se tiene informa­ción comparable. A nivel de ciudades, los mayores incrementos en las tasas de subempleo los registraron Quito (de 7,6% a 11,9%) y, sobre todo, Guayaquil (de 15,5% a 22,3%).

El notorio aumento del subempleo (que corresponde a personas que ganan menos del salario mínimo y/o trabajan menos de la jornada legal y quisieran trabajar más), no sólo pone en eviden­cia la escasa creación de empleos ade­cuados para absorber a todos quienes ofrecen sus servicios laborales, sino que también tiene consecuencias sobre la ca­lidad de vida de los trabajadores. Según el INEC, entre junio de 2016 y junio de 2017 el ingreso promedio de los trabaja­dores redujo en 1,5% su poder adquisi­tivo (pese a que entre ambos meses los precios al consumidor prácticamente no subieron). A su vez, el mayor número de subempleados (por ejemplo, perso­nas que venden jugos en la calle) tam­bién está relacionado con el incremen­to de la informalidad, que actualmente afecta al 45% de los trabajadores (dos puntos porcentuales más que en junio de 2016). En tanto, el porcentaje de em­pleados afiliados al IESS cayó entre ju­nio del año pasado e igual mes de 2017 de 32% a 29,8%.

En los últimos doce meses la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo de 5,3% a 4,5%, lo que seguramente será destacado por autoridades económicas (del anterior y el nuevo gobierno) como una señal de recuperación económica. Sin embargo, más allá de que el creci­miento del PIB en el primer trimestre del año, y seguramente en el segundo, responde a un aumento insostenible del gasto público (la mesa que no quedó servida, como reconoció el Presidente Moreno), las cifras oficiales muestran que la creación de empleos adecuados sigue siendo absolutamente insuficiente y que el subempleo es la única opción laboral para un número cada vez mayor de ecuatorianos. En ese contexto, adop­tar medidas que generen confianza en el sector privado (el único capaz de crear empleos de calidad en un ambiente de estrechez fiscal) es indispensable si se quiere lograr que los ecuatorianos con un empleo adecuado sean más que ape­nas cuatro de cada diez.

El Banco Central del Ecuador (BCE) publicó esta mañana el boletín de cuentas nacionales del primer trimestre de 2017. Respecto a igual período de 2016 la economía ecuatoriana registró, según el organismo oficial, un crecimiento de 2,6%, el mejor resultado desde el primer trimestre de 2015 y el segundo crecimien­to interanual consecutivo. No obstante, es­tos resultados positivos, que para los equi­pos económicos del anterior y del actual gobierno son una muestra incontrastable de que la economía ecuatoriana está ya en una etapa de recuperación, se sustentan en una estrategia de agresivo endeudamiento para sostener el gasto público, estrategia que demanda correcciones inmediatas si se quiere evitar una crisis en el mediano o incluso en el corto plazo.

El crecimiento de 2,6% del PIB en el primer trimestre de 2017 se da, conviene recordarlo, contra un período excepcional­mente malo, como fue el primer trimestre de 2016, cuando la economía registró una contracción interanual de 4%, el peor re­sultado en dolarización. De hecho, en tér­minos reales el tamaño de la economía en los primeros tres meses de 2017 todavía es menor al de igual período de 2015 (y, dado el crecimiento de la población, en términos per cápita es incluso menor). Por eso no es conveniente, como han hecho las autoridades del BCE, comparar el cre­cimiento interanual del primer trimestre registrado por el Ecuador con el que alcan­zaron otros países, como Colombia o Perú, cuyas economías no se contrajeron en el primer trimestre del año anterior, sino que crecieron.

Al analizar los componentes del PIB por el enfoque del gasto, se observa que el principal impulsor del crecimiento en el primer trimestre de este año fue el consu­mo de los hogares, que subió 3,6% frente a los primeros tres meses de 2016, cuan­do había registrado una contracción inte­ranual de 4,8%. En este caso, el volumen de consumo alcanzado en los primeros tres meses de 2017 es similar al de igual período de 2014 y, por tanto, es menor si analizamos el indicador per cápita. El re­punte en el consumo está muy relacionado con la masiva inyección de recursos a la economía que el anterior gobierno llevó adelante en el primer trimestre de 2017 (en época de campaña electoral). Según cifras del Observatorio de la Política Fis­cal (OPF), entre enero y marzo de 2017 el gasto total del Presupuesto General del Estado sumó $5.798 millones, es de­cir, 21,3% más que en el mismo período de 2016 (llamativamente, ese crecimiento del gasto, especialmente fuerte en el gasto de capital y en el de bienes y servicios de consumo, no se ve reflejado en un aumen­to del consumo del gobierno, que según el BCE decrece 0,1% frente al primer trimes­tre de 2016).

Evidentemente, un incremento de esa magnitud en el gasto público (más aún en una economía tan dependiente del gasto público) tenía que generar un impacto po­sitivo en los niveles de actividad y de con­sumo. No obstante, un crecimiento soste­nible del consumo de los hogares depende principalmente del dinamismo del merca­do laboral. En este sentido, las cifras del INEC muestran que, como consecuencia de la destrucción de empleos adecuados y el notable aumento de la cantidad de per­sonas con un empleo inadecuado, el ingre­so promedio de los trabajadores redujo su poder adquisitivo en 4,3% entre marzo de 2016 e igual mes de 2017. De hecho, se­gún otra publicación del BCE, el Índice de Confianza del Consumidor, las percepcio­nes y las perspectivas de los encuestados sobre la situación económica de sus hoga­res y del país en general se deterioraron en abril y mayo (último dato disponible).

Los resultados de cuentas nacionales también muestran que en el primer trimes­tre de este año la Formación Bruta de Ca­pital Fijo (FBKF, es decir, la inversión física principalmente en construcción y en ma­quinaria y equipo) registró una caída de 1,9% frente al primer trimestre de 2016, cuando, a su vez, ya había mostrado una caída interanual de 12,1%. En otras pa­labras, la inversión, medida en volumen, que se concretó en los primeros tres meses de 2017 es similar a la del primer trimes­tre de 2012. Esta es, a nuestro entender, una señal clara de que la economía ecua­toriana aún no entra en una senda de cre­cimiento sostenible.

Un aspecto positivo de los datos que presentó el BCE (más allá de la puntuali­dad en su publicación, cuando los retrasos ya se estaban convirtiendo en una costum­bre) es el desempeño de las exportacio­nes, que según las cifras oficiales crecie­ron 2,7% en términos interanuales. Cabe recalcar que un crecimiento real en las exportaciones (que es lo que se toma en cuenta para calcular las cuentas naciona­les) no responde a un aumento en el pre­cio de los productos de exportación (por ejemplo, el petróleo), sino a un mayor volumen exportado. En ese sentido, otra publicación del BCE (la Evolución de la Balanza Comercial) muestra que muchos productos, tanto tradicionales (banano, camarón, cacao), como no tradicionales (flores, enlatados de pescado, aceites ve­getales) incrementaron su volumen de ex­portación en el primer trimestre de 2017 frente a igual período de 2016.

El fomento a las exportaciones y la ge­neración de un ambiente propicio para la inversión privada son las medidas que el Gobierno debería tomar para que el creci­miento de la economía sea realmente sos­tenible y esté acompañado por la creación de nuevos empleos. Insistir en la estrategia de endeudarse para sostener un gasto pú­blico que supera por mucho a los ingresos, además de no ser sostenible en el tiempo y generar incertidumbre al sector privado, tiene otras consecuencias, como la recien­te decisión de Standard & Poors de degra­dar la calificación de riesgo del Ecuador a B- (la segunda peor de la región, sólo por delante de Venezuela), decisión que se explica en buena parte por las “vulnerabi­lidades fiscales” que sigue presentando el país.

El pasado viernes, un día después de la instalación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que está conformado por siete dele­gados del Ejecutivo y seis del sector productivo y de la Economía Popu­lar y Solidaria, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó en su pági­na web un informe titulado “Esta­dísticas Macroeconómicas”[1]. En la presentación de este informe –que incluye datos de los sectores real, externo, monetario y financiero y fiscal– se señala que éste muestra “la última información disponible, para la toma de decisiones econó­micas de la ciudadanía, las institu­ciones nacionales e internacionales, y las autoridades gubernamentales”. Ese informe, por tanto, debería ser­vir como insumo para las propues­tas que emanen del nuevo Consejo, cuya función es, justamente, emitir recomendaciones o propuestas de políticas para fomentar la producti­vidad y la competitividad del Ecua­dor.

No obstante, más allá de un ma­nejo poco riguroso de algunos tér­minos (como cuando se señala que en 2016 “el Ecuador registró una desaceleración de -1,5% a precios constantes”, cuando en realidad se trató de una contracción de la eco­nomía y no solamente de una des­aceleración), de algunas compara­ciones con períodos remotos que no aportan en nada a la toma actual de decisiones (se compara, por ejem­plo, el crecimiento económico pro­medio del período de dolarización con el del período 1981-1999) y de evidentes errores de redacción que deslucen al documento (“Ecuador es el uno de los (países) menor in­flación a diciembre de 2016” o “En el período 2000 – 2016 marca una tendencia decreciente de la inciden­cia de pobreza”), llama la atención lo desactualizada e incompleta que está la información correspondiente al sector fiscal.

De hecho, en el informe “Esta­dísticas Macroeconómicas” que se publicó el pasado viernes el BCE presenta datos de ingresos, gastos y endeudamiento público sólo hasta 2015, cuando lo esperable era que incluyera cifras hasta 2016 e inclu­so más actualizadas. En un contexto en el que el estado de las finanzas públicas es uno de los aspectos de la macroeconomía sobre los que los agentes económicos (empresarios locales, inversores extranjeros, ana­listas) están más pendientes y del cual dependen en gran medida la viabilidad de las recomendaciones o propuestas que puedan surgir del Consejo, presentar información tan desactualizada en nada contribuye al trabajo de ese organismo ni a ge­nerar un ambiente de certidumbre que ayude a “la toma de decisiones” de los agentes en general. Más aun cuando el sector público sigue re­presentando cerca de 40% del PIB y tiene un peso importante en la in­versión y la generación de empleo.

Lamentablemente, la falta de actualización de las estadísticas del sector fiscal no se limita al informe “Estadísticas Macroeconómicas”, sino que se extiende a todas las pu­blicaciones del BCE que presentan cifras de las cuentas públicas. Así, en la Información Estadística Men­sual publicada a mediados de este mes, las operaciones del SPNF y del Gobierno Central siguen mostrando información hasta 2016, cuando a estas alturas del año ya debería ha­ber información disponible al menos hasta el primer trimestre de 2017. Del mismo modo, la aplicación del Ministerio de Finanzas que permitía conocer el movimiento diario de los ingresos y los gastos del Presupuesto General del Estado lleva más de tres meses y medio (uno de ellos ya con el nuevo Gobierno) inhabilitada.

Entre las propuestas y recomen­daciones que surjan del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, seguramente varias de ellas se re­ferirán a la actual estructura impo­sitiva y a las modificaciones que se le deberían hacer (y que necesaria­mente tendrán un impacto sobre las finanzas públicas) para fomentar la productividad y la competitividad de las empresas nacionales. En ese contexto, la persistente ausencia de cifras fiscales confiables y actualiza­das (que empezó en la anterior ad­ministración) no sólo implica una li­mitación al trabajo del Consejo, sino que genera dudas sobre la real situa­ción de las finanzas públicas (lo que aumenta la incertidumbre y atenta contra el éxito de cualquier progra­ma económico) y parece reflejar el escaso compromiso del nuevo Go­bierno por pasar del mero discurso de cambio a acciones concretas.

 

[1] 1Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/docu­mentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacroEstruc2017.pdf

El primer día laborable de cada semana, según está establecido en el calendario de publicaciones del Banco Central, esa institución debe colgar en su sitio web el Boletín Monetario Semanal (BMS). Esta publicación contiene estadísticas actualizadas, entre otros temas, sobre los balances del Banco Central (lo que incluye información sobre las reservas internacionales, los créditos del Banco Central al Gobierno, el saldo de los depósitos públicos y las reservas bancarias y los movimientos del dinero electrónico) y sobre los activos y pasivos de las instituciones financieras privadas. Esta semana, sin embargo, el Banco Central no ha puesto a disposición de los usuarios el boletín correspondiente.
El pasado lunes, 22 de mayo, el Banco Central publicó el BMS con información hasta el 19 de mayo, como correspondía, pero ese mismo día dio de baja ese boletín y lo reemplazó con uno con información hasta el 12 de mayo. El boletín que fue reemplazado mostraba un movimiento llamativo en el sado de la deuda del Gobierno con el Banco Central, que pasaba de $5.867 millones a $3.729 millones, es decir una reducción de más de $2.100 millones. A la vez, el concepto “activos no financieros” en el balance del Banco Central mostraba un incremento de similar magnitud, al pasar de $186 millones a $2.323 millones, lo que parecía indicar que el Gobierno había cancelado una parte de su deuda con el Banco Central transfiriendo a esa institución “activos no financieros”, que pueden ser inmuebles o incluso acciones de instituciones públicas. En ambos casos (suponiendo que su avalúo no está sobrestimado), se trataría de activos no líquidos, es decir, activos que el Banco Central no pudiera convertir rápidamente en efectivo para responder a un retiro de sus “pasivos exigibles”, donde se encuentran, además del dinero electrónico y la moneda fraccionaria, las reservas bancarias y los depósitos del sector público (gobiernos seccionales, IESS, empresas públicas y Gobierno Central).
Ante la incertidumbre que ocasionó ese movimiento en los balances del Banco Central (y el posterior retiro del boletín), el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, se ha comprometido a aclarar el tema en los próximos días. Esa aclaración debe darse cuanto antes, ya que se trata de un tema delicado. Cabe recordar que en las últimas semanas (antes del movimiento inusual del boletín que fue retirado) el saldo del crédito del Banco Central al Gobierno ha superado al saldo de los depósitos públicos en el mismo Banco Central y, a la vez, las reservas bancarias privadas en la misma institución han superado a las reservas internacionales.
Pero la urgencia de esa aclaración no responde únicamente a la importancia de que los agentes económicos cuenten con información actualizada sobre el uso de los recursos que maneja el Banco Central (y que en buena parte corresponden al sector privado), sino también a la necesidad de reinstaurar en el país, en el marco de un cambio de Gobierno, la transparencia en las estadísticas económicas oficiales. Cabe recordar que el mismo Banco Central ha incurrido repetidas veces en atrasos injustificados en la publicación de las estadísticas de cuentas nacionales (crecimiento económico), cuya veracidad hemos puesto en duda desde CORDES. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas dio de baja hace casi tres meses, sin una justificación válida, la página que mostraba información diaria sobre los ingresos y los gastos del Presupuesto General del Estado (PGE) y ese mismo Ministerio regularmente ha subestimado el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento. Otro ejemplo de la falta de transparencia es la no publicación de las condiciones en que se han acordado las preventas de petróleo.
Hace pocos días, en una entrevista con El Comercio, el ministro De la Torre, refiriéndose justamente al tema de la transparencia en la información, dijo: “El tema es cómo se juzga la transparencia, puede ser subjetivo y marcado desde la perspectiva del que quiere tener acceso a determinado dato. Pero eso no quiere decir que haya falta de transparencia. En general, las estadísticas económicas se publican con regularidad y se publican sobre la base de ciertos estándares. Las autoridades también definen los casos de qué información puede ser adecuado transmitir y cuál no, y también la información que puede ser sensible.”
Los ejemplos que hemos detallado muestran que en el Ecuador, contrario a lo que asegura el ministro, sí existe una opacidad en la información económica oficial, lo que, más allá de menoscabar un derecho ciudadano y limitar la capacidad de análisis de quienes seguimos el desempeño de la economía, puede desalentar a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el país, ya que no saben a ciencia cierta en qué terreno están pisando. Esto es aún más relevante si se considera que en esa misma entrevista el ministro De la Torre señaló que en la nueva administración “el sector privado será el motor de la economía”.

Sobre el muy complejo escenario económico que heredará el Presidente electo, Lenín Moreno, se ha hablado y escrito mucho. La gravedad de la situación –sobre la que varios analistas han venido advirtiendo y que el gobierno saliente insiste en desconocer– se refleja en un abultado e insostenible déficit fiscal (que deriva en elevadísimas necesidades de financiamiento) y en un mercado laboral que, lejos de generar puestos de empleo adecuados, los está destruyendo, lo que afecta al consumo y a la calidad de vida de los hogares. En este contexto, si bien el nuevo Presidente ha prometido un “cambio de estilo”, que implica rebajar el nivel de confrontación, en materia económica los cambios que lleve adelante deben ser de fondo e ir enfocados, más allá de la gradual pero impostergable corrección de las cuentas fiscales, hacia la recuperación de la confianza de los agentes económicos privados.

Las expectativas de los agentes, un tema ampliamente estudiado en la teoría económica, deben ser –junto con los impactos sociales, fiscales, ambientales, etc.– uno de los elementos centrales en el diseño de una política pública. Lamentablemente, el gobierno saliente no parece haber incorporado ese elemento en muchas de sus decisiones, como la creación del ISD, que desmotivó el ingreso de capitales al país, o la aprobación de la Ley de Plusvalía, que según voceros de la construcción ha impactado de manera negativa en el sector, o la reciente decisión de la Asamblea de denunciar los tratados bilaterales de inversión firmados por el Ecuador, lo que puede reducir aún más el ya insuficiente flujo de inversión extranjera directa.

En ese contexto, es necesario que el nuevo gobierno, desde el primer día de su administración empiece a dar señales que puedan recomponer la menguada confianza del sector privado (de hecho, lo recomendable sería que no espere hasta el 24 de Mayo). No nos referimos únicamente a la confianza del sector empresarial, vital para reanimar la inversión y la consecuente generación de empleo, sino también de las personas y hogares, cuyas decisiones de consumo se basan, en buena parte, en sus percepciones sobre la situación económica presente y futura.[1]

Las medidas que el nuevo equipo económico diseñe, por lo tanto, deben enviar señales positivas y contundentes sobre la sostenibilidad de la dolarización (que se puede ver seriamente afectada si se decide usar al dinero electrónico como un mecanismo para cubrir el déficit fiscal), la estabilidad del sistema financiero (una parte de cuyas reservas han sido utilizadas por el Banco Central para prestar dinero al Ministerio de Finanzas) y la salud de las finanzas públicas (el primer Presupuesto General del Estado que elabore el nuevo gobierno tiene que mostrar un verdadero compromiso por corregir –insistimos, GRADUALMENTE– los desequilibrios heredados). Esto, junto con la estabilidad normativa tan demandada por los empresarios en los últimos diez años, esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso de productos ecuatorianos a mercados relevantes y acciones que permitan ir recuperando paulatinamente la competitividad de la producción nacional, permitirá que el país salga del atolladero en el que se encuentra.

Por el contrario, si el nuevo gobierno se obstina en mantener un modelo económico insostenible y envía señales contradictorias que generen incertidumbre (o la acrecienten) en empresas y personas, puede provocar que la situación económica, ya de por sí complicada, derive en una crisis muy severa, con los consecuentes costos sociales.

Desde este espacio de opinión y análisis, hacemos un llamado al gobierno cuya gestión inicia en una semana, para que las decisiones que adopte tengan como objetivo principal el bienestar de los ciudadanos, para lo cual es indispensable una economía sana y dinámica, y no los intereses particulares de un movimiento político.

 

[1] Pese al repunte que, desde diciembre del año pasado, muestra el Índice de Confianza del Consumidor que calcula el Banco Central (repunte que creemos que está relacionado con la insostenible estrategia del Gobierno saliente de inyectar a la economía recursos procedentes de nueva deuda, lo que permitió elevar transitoriamente la actividad y el consumo), ese indicador sigue en niveles muy inferiores a los alcanzados en años de alto crecimiento económico.

El pasado viernes (28 de abril) el Banco Central publicó el Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito correspondiente al primer trimestre de 2017[1]. En la sección sobre demanda de crédito, el informe del Central –que se basa en 2.284 encuestas a empresas de distintos tamaños de los sectores de industria, comercio, construcción y servicios– muestra claramente que el discurso oficial de recuperación de la economía no ha logrado calar en el sector empresarial, donde pese al repunte del PIB y del consumo que muestran las cifras oficiales, se mantiene un nerviosismo sobre el contexto macroeconómico nacional.

En el primer trimestre de 2017, en promedio, apenas el 14% de las empresas encuestadas consideraban que era un buen momento para endeudarse, casi 20 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre de 2014, último año en el que el Ecuador registró un crecimiento económico (según el Banco Central, en 2015 la economía ecuatoriana se estancó y en 2016 se contrajo 1,5%). El entorno macroeconómico nacional es el motivo que dan entre el 13% y el 15% de las empresas (dependiendo del sector) que consideran que actualmente NO es un buen momento para endeudarse. Hace tres años apenas entre el 3% y el 5% de las empresas que consideraban que no era un momento oportuno para contratar un crédito daban como motivo al entorno económico nacional. Si bien frente al primer trimestre de 2016 (cuando la economía, según el Banco Central, se contrajo 4% en términos interanuales, el peor resultado en dolarización) se redujo levemente la cantidad de empresas que señalaron a la situación económica del país como el motivo por el cual no consideran oportuno endeudarse, en el mismo período creció la cantidad de empresas que señalan que “la situación actual del negocio no permite solicitar un crédito”.

Otro dato revelador que presenta el último Reporte de Oferta y Demanda de Crédito es el destino que las empresas que solicitaron préstamos dan a los mismos. Si bien el capital de trabajo continúa siendo el principal destino, entre el primer trimestre de 2014 e igual período de 2017 creció significativamente el porcentaje de las empresas que se endeudan para pagar otras deudas o para reestructurar sus créditos. En el primer trimestre de 2014 el 3% de las empresas de comercio, industria y servicios y el 13% de las empresas de la construcción solicitaban un crédito para esos motivos; en el primer trimestre de 2017 el 9% de las empresas industriales, el 10% de las de la construcción, el 11% de las de comercio y el 12% de las de servicios solicitaron un crédito para pagar deudas anteriores o para reestructurarlas. Frente al primer trimestre de 2016 la situación no cambia demasiado.

Entre el primer trimestre de 2014 y el primero de 2017 también se incrementó significativamente el número de empresas, sin importar su tamaño ni la rama de actividad a la que pertenecen, que dicen tener dificultades para pagar sus deudas. Frente al primer trimestre de 2016, cuando ese indicador alcanzó niveles récord, se registra una disminución.

Finalmente, si bien la utilización de la capacidad instalada –es decir, el “volumen de producción de bienes y/o servicios que es posible generar en una unidad productiva de acuerdo con los factores de producción disponibles en ese momento”– se recuperó levemente entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2017, en la comparación con 2014 se observa una caída importante: en torno a los 10 puntos porcentuales en las empresas de comercio, industria y servicios, y 17 puntos en las empresas de la construcción. Esto significa que actualmente las empresas encuestadas están subutilizando, en un alto porcentaje, la maquinaria o las instalaciones que tienen a su disposición.

Otro informe del Banco Central (el Estudio Mensual de Opinión Empresarial), que se basa en encuestas a empresas de los mismos sectores productivos, viene mostrando desde hace dos años una caída casi generalizada en la demanda laboral en esos sectores. Esto y los resultados del último Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito ponen de manifiesto la necesidad de que el próximo Gobierno, si quiere mejorar la precaria situación laboral que va a heredar (con la tasa de empleo adecuado más baja desde que se tiene información comparable), implemente cuanto antes medidas para que la economía ecuatoriana retome una senda de crecimiento sostenible. Ese repunte transitorio del que tanto se jacta el discurso oficial y que responde, principalmente, al irresponsable endeudamiento que ha permitido al Gobierno saliente inyectar miles de millones de dólares a la economía, está lejos de brindar certidumbre a las empresas.

 

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/economia/tasas/ET-ODC-IT-2017.pdf

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a marzo de este año. En un boletín de prensa firmado conjuntamente por el INEC, el Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio de Trabajo, se señala: “La recuperación económica que vive el país se evidencia en el sistema laboral con resultados positivos y consistentes. El desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, el más importante de los últimos cinco años, ubicándose en 4,4% en marzo de 2017 comparado con el 5,7% de marzo de 2016, lo cual representa una caída de 1,3 puntos porcentuales. Esto significa que aproximadamente 94 mil personas han salido del desempleo (…). Ecuador es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región”. Más allá de que el INEC, en su rol de instituto estadístico, debería limitarse a entregar las cifras sin darles una interpretación política, conviene analizar lo que señala el boletín y contrastarlo con lo que muestran otras cifras de la misma encuesta.

Como viene siendo una costumbre desde hace varios meses, el Gobierno pretende limitar el análisis a la evolución de la tasa de desempleo, cuando en realidad ese indicador, en el caso ecuatoriano, contiene muy poca información relevante sobre la situación del mercado laboral, ya que, ante la ausencia de un seguro general de desempleo (el actual sólo cubre a personas que hayan venido aportando al IESS), son muy pocos los ecuatorianos que pueden “darse el lujo” de dedicarse a tiempo completo a buscar trabajo; si mientras buscan un empleo formal generan algún tipo de ingresos (por ejemplo, vendiendo jugos o papel higiénico en las calles) ya no son considerados desempleados sino empleados inadecuados. Las propias cifras del INEC muestran que, desde que la metodología es comparable (diciembre de 2007), la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente estable dentro de una banda que va del 3,8% al 6,5%. Las tasas que sí se muestran sensibles a la coyuntura económica son la de empleo adecuado, que actualmente está en 38,5%, su nivel más bajo desde que la información es comparable, y la de empleo inadecuado, que se ubica en 56,9%, su nivel más alto. En otras palabras, si bien la tasa de desempleo cayó a 4,4% en el último año, actualmente apenas 38 de cada 100 ecuatorianos que quieren trabajar lo hacen en condiciones “adecuadas” (es decir, tienen ingresos no menores al salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas semanales o, ganando al menos el salario mínimo, trabajan menos horas que la jornada legal pero no quieren trabajar más). En marzo de 2014 (primer marzo para el que se tiene información comparable) 45 de cada 100 ecuatorianos que querían trabajar lo hacían en condiciones adecuadas.

El boletín de prensa oficial resalta que 94.000 personas salieron del desempleo entre marzo de 2016 y marzo de 2017. Lo que no dice es que en el mismo período NO SE CREÓ UN SOLO PUESTO DE EMPLEO ADECUADO, de hecho, las estadísticas muestran una caída de casi 30.000 empleos adecuados durante ese período, aunque esa reducción puede ser no significativa estadísticamente. En todo caso, esas personas que según el Gobierno, “han salido del desempleo”, muy probablemente están actualmente en alguna de las dos categorías del “empleo inadecuado” que crecieron en el último año: el subempleo (es decir, personas que tienen ingresos menores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y quieren trabajar más) o en el “empleo no remunerado” (por ejemplo, un joven que trabaja sin un sueldo en una tienda familiar).

Por cuestiones estacionales de los meses de diciembre (ventas navideñas, turismo, restaurantes), lo usual es que entre ese mes y el siguiente marzo siempre se reduzca la cantidad de empleos adecuados, incluso en años de alto crecimiento económico. Sin embargo, según las cifras de la última encuesta, eso no ocurrió entre diciembre de 2016 y marzo de este año, lo que resulta llamativo y podría estar mostrando una situación menos mala que la real. Pero asumiendo que no hay errores en las cifras, la evolución de la tasa de empleo adecuado en las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato) muestra una situación que no va de la mano con la supuesta recuperación económica que el Gobierno pregona desde hace varios meses. Entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, cayó la tasa de empleo adecuado en cuatro de esas cinco ciudades y en todas ellas aumentó el subempleo.

El boletín de prensa del Gobierno añade: “Otro signo de recuperación de la economía es la capacidad de absorber empleo que se mide a través de la tasa de empleo bruto. A marzo 2017 esta tasa incrementa en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 64,6% en marzo de 2016 a 65,9% en marzo de este año”. A la luz de las propias cifras oficiales, ese incremento en el empleo bruto no se explica por un crecimiento en el empleo adecuado (lo que sí reflejaría una recuperación genuina en el nivel de actividad y una mayor demanda laboral por parte de las empresas), sino del subempleo y el empleo no remunerado. El aumento en esas formas de trabajo no es un mérito de la política económica, sino que, por el contrario, refleja su ineficacia para generar empleos de calidad.

El Banco Central del Ecuador (BCE) colgó esta mañana en su página web el boletín de cuentas nacionales trimestrales con información hasta el cuarto trimestre de 2016. Como ya viene siendo una lamentable costumbre, la publicación se dio con más de una semana de retraso respecto a la fecha establecida en el calendario de la misma institución. La difusión de los resultados, además, se dio después de que el Presidente Correa los analizara en el enlace ciudadano del último sábado, lo que le permitió posicionar su interpretación de las cifras antes de que los analistas tuvieran acceso a ellas.

Según los datos del BCE, en el cuarto trimestre del año pasado la economía ecuatoriana registró un crecimiento de 1,7% frente al tercer trimestre (fue el tercer crecimiento trimestral consecutivo) y uno de 1,5% frente al cuarto trimestre de 2015 (primer resultado interanual positivo después de cinco caídas consecutivas). De este modo, en 2016 la economía ecuatoriana habría registrado, según estos datos preliminares, una contracción de 1,5% frente a 2015 (en la presentación de los resultados de las cuentas nacionales, el BCE habla de una “desaceleración” de -1,5%[1], lo que no tiene sentido, ya que para hablar de desaceleración la tasa de crecimiento debe ser menor que en períodos anteriores pero seguir siendo positiva; en este caso se trata de una contracción). El BCE había estimado que en 2016 la economía se contraería 1,7%.

Al analizar el PIB por el enfoque del gasto se observa que los factores que explican el crecimiento interanual de 1,5% en el último trimestre de 2016 son un leve repunte de las exportaciones (1,6%, con lo que el resultado para todo 2016 fue una pequeña caída de 0,3%) y, sobre todo, el crecimiento de 2,3% en el consumo de los hogares, después de cinco caídas interanuales consecutivas (de hecho, para el año completo el consumo privado registra una contracción de 1,9%). Ese crecimiento en el consumo de los hogares, a su vez, parece estar explicado en gran parte por la masiva inyección de recursos que el Gobierno llevó adelante en el último trimestre del año pasado (y también en el primero de 2017). Según las cifras fiscales que publicó esta misma mañana el BCE, en el último trimestre de 2016 el gasto del Gobierno Central creció 11% frente a igual período de 2015. Ese enorme crecimiento del gasto estuvo financiado, en buena parte, con nueva deuda. Cabe recordar que en septiembre y en diciembre del año pasado el Gobierno emitió bonos soberanos en los mercados internacionales (por un monto conjunto de $1.750 millones), que en octubre y diciembre concretó preventas de petróleo por $1.225 millones y que entre septiembre y diciembre consiguió cerca de $700 millones adicionales del propio BCE.

No se trata, entonces, de un crecimiento sostenible, sino del resultado de esta inyección de “anabólicos” por parte del Gobierno (estrategia que también explica el aumento de los depósitos en los bancos). De hecho, cabe recordar que entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2016 se perdieron, según el INEC, 240.000 empleos adecuados y que las empresas encuestadas por el BCE continuaron reportando en los últimos meses del año pasado caídas en su demanda laboral (incluso las del sector comercio, que según el BCE, creció 3,5% en términos interanuales en el último trimestre), lo que no va de la mano con una recuperación genuina de la actividad. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo (FBKF), es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo, se contrajo 3% en el último trimestre de 2016 frente a igual período de 2015, cuando, a su vez, ya se había contraído 13% frente al último trimestre de 2014. En otras palabras, en 2016 la FBKF retrocedió más de cuatro años, a niveles inferiores a los de 2012.

Por el lado de las distintas actividades económicas  –además del crecimiento en la intermediación financiera (estrechamente vinculado con la inyección de recursos procedentes de nueva deuda) y en el comercio (que no estuvo acompañado, según las empresas del sector, por un aumento en la demanda laboral)–, cabe mencionar la caída de 7% en la construcción (con lo que regresó a niveles similares a los de 2012), el repunte de 2,4% en la manufactura (que tampoco estuvo acompañado por una mayor demanda laboral) y un llamativo crecimiento de 5,9% en el sector “servicio doméstico”, que no va de la mano con la masiva destrucción de empleos adecuados en 2016 que haría pensar que los hogares habrían optado por recortar ese tipo de gasto. Los resultados más positivos los presentan dos ramas que tienen al Estado como protagonista: refinación de petróleo (32,4%) y suministro de electricidad y agua (10,6%).

Dado que la inyección de recursos procedentes de nueva deuda continuó en el primer trimestre de 2017 (cuando el Gobierno, entre otras operaciones, consiguió $1.500 millones del BCE y completó una nueva emisión de bonos soberanos por $1.000 millones), es probable que los resultados de cuentas nacionales para ese trimestre vuelvan a ser positivos. Pero eso no significa que la economía esté entrando “en una fase de expansión”, como ya se dice desde el Gobierno, sino que el régimen saliente, a costa de un déficit fiscal cercano al 8% del PIB, quiso mostrar una economía supuestamente en recuperación. Ese repunte será genuino sólo cuando responda a un crecimiento de la actividad privada (acompañado de generación de empleo) y no a un irresponsable e insostenible aumento del gasto público.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt63/ResultCTRIM98.pdf

Nota aclaratoria: Durante el enlace ciudadano # 517, que se llevó a cabo el pasado sábado (25 de marzo), el Presidente Rafael Correa descalificó las declaraciones que el director de CORDES, José Hidalgo, hizo en una entrevista radial sobre la contratación de un nuevo crédito con China por $1.000 millones, que serán destinados, según el Presidente, a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado. Dado que las descalificaciones del Presidente se dirigieron al director de CORDES, más que a la institución, sólo por esta vez la columna de Cordes llevará una firma personal.

El 1 de junio de 2016, SENPLADES publicó su estimación de los impactos causados por el terremoto del 16 de abril y de los costos de reconstrucción. En un boletín de prensa –en el que se destaca que el proceso de evaluación estuvo a cargo de especialistas nacionales (de la misma SENPLADES, del INEC y de algunos ministerios), quienes estuvieron acompañados por “más de 45 expertos del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), liderados por el equipo técnico de CEPAL”–, SENPLADES señala: “Los resultados determinaron que se requerirán $3.344 millones para reconstruir las zonas afectadas, de los cuales $2.253 millones (67%) serán asumidos por el sector público y $1.091 millones (33%) por el sector privado”. Dentro de ese total ya se consideran los recursos que serán destinados a los sectores social, productivo y de infraestructura, es decir, la estimación de $3.344 millones contemplaba un programa de reconstrucción integral de las zonas afectadas.

La semana pasada, cuando el Presidente Correa anunció la contratación de un crédito con China por $1.000 millones justamente para financiar gastos asociados con la reconstrucción, en CORDES publicamos un análisis en el que demostramos que los $2.253 millones que deben ser “asumidos” por el Estado (entre comillas, porque el principal aporte de ese monto proviene del sector privado a través de los impuestos recaudados por la Ley Solidaria) ya estaban cubiertos[1]. Al final de ese análisis, nos preguntábamos: “¿El Gobierno subestimó groseramente los costos de reconstrucción y estos en realidad superan los $4.500 millones? (…) ¿O una parte de los recursos que ingresaron a la caja fiscal supuestamente para atender los costos de reconstrucción se usaron en realidad para otros fines? O, más probable aún, ¿con la excusa del terremoto, el Gobierno, que sólo en los dos primeros meses de este año ya contrató nueva deuda por $2.500 millones para cubrir sus gastos, no estará tratando de conseguir $1.000 millones adicionales que le permitan llegar hasta el 24 de Mayo con el falaz discurso de que deja una economía ‘estable y en crecimiento’?”. La declaración que hice en una entrevista radial y que fue reproducida en el enlace ciudadano se refería, justamente, a la posibilidad de que el Gobierno se endeudara en $1.000 millones más con el pretexto del terremoto y utilizara en realidad esos fondos para llegar hasta el 24 de Mayo manteniendo su discurso de recuperación económica.

Durante el último enlace ciudadano, con las ofensas e ironías que suele dedicar a quienes dicen cosas que no le agradan, el Presidente afirmó que esa declaración es una mentira porque, si bien el crédito se firmará en su gestión, los recursos llegarán pasado el 24 de Mayo, es decir, con el nuevo Gobierno. Enseguida, el Presidente mostró un cuadro con el detalle de los fondos que se han obtenido para la reconstrucción (Tabla 1) y, más adelante, otro con el destino de esos fondos (Tabla 2).

El cuadro sobre fuentes de financiamiento muestra que el Gobierno ha conseguido (incluyendo una proyección de la recaudación de la Ley Solidaria hasta mayo) $2.410 millones, es decir, $157 millones más (o 7% más) que los $2.253 millones que SENPLADES estimó como el costo que debería ser asumido por el Estado para la reconstrucción. Es decir, ya hay un excedente frente a las necesidades inicialmente estimadas.

Por otro lado, si bien el cuadro incluye una proyección de lo que se recaudará por la Ley Solidaria hasta mayo, los dos puntos adicionales del IVA (medida que forma parte de esa ley) seguirán generando ingresos hasta junio, lo que significa unos $60 millones adicionales. Adicionalmente, el cuadro presentado por el Presidente no considera el crédito por $364 millones otorgado por el FMI y cuyo fin, según un boletín de prensa del mismo Fondo, es “ayudar al país a financiar las tareas de alivio y reconstrucción tras uno de los terremotos más fuertes en décadas.”[2] El Presidente puede argumentar que ese crédito estaba destinado a atender una urgencia en la balanza de pagos derivada del terremoto y no a financiar directamente los costos de reconstrucción. Al respecto, sin embargo, caben dos consideraciones. En primer lugar, que entre las fuentes de financiamiento para cubrir los costos de la reconstrucción el propio Gobierno contemplaba un crédito del FMI[3]. En segundo lugar, que en el contexto de un Banco Central que responde al Ejecutivo y que ha venido cubriendo necesidades del Tesoro a través de préstamos al Ministerio de Finanzas, los recursos procedentes del crédito del FMI (que entran a la misma “bolsa” que los depósitos públicos y las reservas bancarias que están en el Banco Central) bien podrían haber financiado una parte de los costos de reconstrucción u otros gastos del Presupuesto General del Estado[4]. De hecho, dado el desplome de las importaciones (por las salvaguardias y la contracción económica) y el consecuente superávit comercial, la balanza de pagos no enfrentó el año pasado urgencias como consecuencia del terremoto.

Incluso omitiendo el crédito del FMI, si al cuadro de financiamiento que se presentó en el enlace ciudadano (y que tampoco considera el cobro de seguros) se suman los $60 millones adicionales por la Ley Solidaria, el financiamiento para la reconstrucción suma $2.470 millones, es decir, $217 millones más (o 10% más) que el monto inicial de $2.253 millones estimado por SENPLADES como gasto a cargo del Estado. Si a esos $2.470 millones se suman $1.000 millones más procedentes de un nuevo crédito con China, entonces estamos hablando de un incremento de $1.217 millones (o del 54%) frente a los $2.253 millones que, según la evaluación oficial, debían ser asumidos por el Estado.

Conviene insistir mucho en este último punto, porque a lo largo de los minutos que el Presidente dedicó a defender el nuevo crédito con China, habló constantemente de un costo de reconstrucción de $3.300 millones, seguramente refiriéndose a los $3.344 millones que SENPLADES estimó como COSTO TOTAL. Llama la atención que el Presidente, que condena las “verdades a medias”, haya omitido un punto tan importante como que el 33% de ese costo total debe ser asumido por el sector privado (es decir, $1.091 millones) y sólo el 67% por el sector público (los $2.253 millones mencionados).

El Presidente recalcó que el costo de $3.300 millones era un valor mínimo y que, después del terremoto del 16 de abril se han dado más de 3.000 réplicas que también han ocasionado daños. Las réplicas y sus consecuencias son un hecho, ¿pero han causado daños equivalentes al 54% de los que ocasionó el terremoto del 16 de abril? ¿Un incremento de esa magnitud en el costo de reconstrucción no debería estar avalado también por las instituciones que acompañaron a SENPLADES en la estimación inicial? Si bien a lo largo de la gestión del Presidente Correa el país se ha acostumbrado a que se hable a la ligera de cifras de cientos de millones de dólares (y también se ha acostumbrado a que los presupuestos iniciales de las grandes obras del Gobierno casi siempre estén muy por debajo del costo final), no podemos dejar pasar sin beneficio de inventario un aumento semejante en el costo de la reconstrucción sólo porque se trata de un tema políticamente sensible.

Respecto al crédito en sí –cuyas condiciones (2% de interés y 20 años plazo) son, en principio, mucho más favorables que la deuda externa que el país ha conseguido en la actual administración– conviene hacer algunas preguntas: ¿Por qué se negocia un crédito por $1.000 millones que va a llegar una vez finalizada la actual gestión y que además, como el Presidente dijo, está “atado a proyectos”’? ¿No hubiera sido lo correcto (por no decir “lo decente”) que el próximo Gobierno, en cuya administración se van a llevar a cabo esos proyectos, negocie el crédito? ¿Esos proyectos, como ha sido costumbre con muchos de los préstamos chinos recibidos durante la actual administración, van a ser ejecutados por empresas también chinas? ¿De ser así, significaría que, nuevamente, los proyectos habrían sido asignados sin una licitación previa?[5]

Por otro lado, el Presidente parece pensar que con el solo hecho de que él asegure que el nuevo crédito chino va a llegar después del 24 de Mayo queda descartada la posibilidad de que ese préstamo también haya servido para dar oxígeno a su Gobierno. Para descartar esa posibilidad debemos tener la certeza de que los recursos recaudados para la reconstrucción han sido destinados únicamente a ese propósito. Si, por el contrario, una parte de esos recursos fue utilizada para otros gastos del Presupuesto General del Estado, el crédito chino, aunque llegue después del 24 de Mayo, también habría significado un financiamiento indirecto para este Gobierno. Para eliminar esas sospechas, el Gobierno debe presentar a la ciudadanía un informe detallado y debidamente respaldado del destino de TODOS los fondos que ha recibido hasta ahora para la reconstrucción (no sólo de los recaudados por la Ley Solidaria, cuyo detalle publica el Ministerio de Finanzas). El cuadro presentado durante el enlace ciudadano (Tabla 2) es, en el mejor de los casos, apenas un resumen del gasto agrupado por grandes rubros y la información que ha sido presentada en la página web de la Secretaría de Reconstrucción incluye, en el segundo informe trimestral, datos tan curiosos como éstos: $4 millones para el Ministerio del Interior por “Adquisición de kit de protección, combustible para vehículos y aeronaves, insumos de criminalística” y, a renglón seguido: $3 millones para la Policía Nacional por “Proyecto Adquisición de kit de protección, combustible para vehículos y aeronaves, insumos de criminalística”.[6] Cabe mencionar que, contrario a lo que aseguró el Presidente durante el enlace ciudadano, el tercer informe trimestral, con corte hasta febrero de 2017, aún no estaba disponible en la página web de la Secretaría el último sábado.

Finalmente, si el Gobierno necesitó de más deuda para llegar hasta el fin de su gestión sólo lo sabremos cuando el Ministerio de Finanzas decida habilitar nuevamente el programa que muestra información diaria de la ejecución presupuestaria (y que lleva casi tres semanas dado de baja) o cuando un nuevo Gobierno transparente las opacas estadísticas de la deuda pública. Los $2.500 millones que el Gobierno consiguió apenas en los dos primeros meses del año llevan a pensar que seguramente para las semanas que le quedan va a necesitar más créditos o, lo que viene a dar igual, que va a dejar muchas cuentas por pagar (atrasos, papeles del Estado) a su sucesor.[7]

Ante la imposibilidad de tener un espacio de réplica en el enlace ciudadano, he utilizado esta columna institucional para contestar, sin caer en la misma actitud, a las ofensas y descalificaciones emitidas por el Presidente Correa el último sábado. Un Jefe de Estado, que además se jacta de proceder de la academia, debería utilizar argumentos sólidos y cifras exactas en lugar de agravios. Esa actitud hace casi imposible mantener un debate serio y civilizado sobre las medidas que se deben tomar para salir de la gravísima situación económica que este Gobierno deja a su sucesor y que el Presidente Correa se empeña en desconocer.

 

José Hidalgo Pallares

Director General

CORDES

 

[1] Ver: https://t.co/daN1nV8Zt5

[2] Ver: https://goo.gl/a10wsd

[3] Una nota del diario público El Telégrafo publicada el 2 de junio de 2016, dice: “Para solventar los costos de la reconstrucción y las pérdidas ocasionadas por el sismo, se estima que las necesidades de financiamiento ascienden a $2.253 millones. De este total, $1.000 millones provendrán de los recursos recaudados a través de la Ley de Solidaridad, $660 millones saldrán de líneas de créditos contingentes proporcionadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); $400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); y $193 millones emanarán del Presupuesto General del Estado (PGE) y otras fuentes, una de las cuales son los seguros contratados”. Ver: https://goo.gl/5lkNSx

[4] Según el Boletín Monetario Semanal del Banco Central, entre julio y agosto de 2016 las “Obligaciones con el FMI” pasaron de $0 a $364,8 millones. En el mismo período, los préstamos del Banco Central al Gobierno subieron de $2.849 millones a $3.601 millones.

[5] En su columna en El Universo, Walter Spurrier plantea más dudas sobre las condiciones del crédito. Ver: https://goo.gl/aLaosx

[6] Ver: https://goo.gl/mjQAcV

[7] Entre el 17 y el 24 de marzo, el saldo en circulación de Títulos del Banco Central (TBC) que el Gobierno utiliza para honrar una parte de sus deudas subió de $98 millones a $310 millones

 

Distintos medios de prensa han difundido esta tarde la noticia de que el Ecuador está negociando un nuevo crédito con China por $1.000 millones, presuntamente para cubrir gastos asociados con el terremoto del 16 de abril del año pasado[1]. Según declaraciones del Presidente Correa recogidas en esas notas, se trataría de un crédito a 20 años plazo con un interés del 2% anual. El mandatario agregó que en los próximos días “un equipo de Finanzas irá para ya firmar el crédito”.

El 1 de junio del año pasado, un mes y medio después del terremoto, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) dio a conocer “la estimación de los impactos del evento sísmico del pasado 16 de abril y el costo estimado de reconstrucción en función de la metodología internacional para el levantamiento de necesidades post desastre PDNA (Post Disaster Needs Assesment)”[2]. Según esa estimación, “se requerirán $3.344 millones para reconstruir las zonas afectadas, de los cuales $2.253 millones (67%) serán asumidos por el sector público y $1.091 (33%) por el sector privado”. En realidad –dejando de lado la suspicacia de que la estimación de SENPLADES se acercó mucho al cálculo “a ojo de buen cubero” que había hecho el Presidente poco después del sismo–, la mayor parte del costo de la reconstrucción lo asumiría el sector privado, ya que, según detalla una nota de El Telégrafo publicada el 2 de junio[3], de los $2.253 millones que, en el discurso oficial, estarían a cargo del sector público, $1.000 millones provendrían de los ingresos generados por la “Ley Solidaria” (es decir, aumento temporal de dos puntos en la tasa del IVA, contribuciones de uno o más días de sueldo, impuestos adicionales sobre las utilidades, entre otras “contribuciones solidarias”). La misma nota señala que “$660 millones saldrán de líneas de créditos contingentes proporcionadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); $400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); y $193 millones emanarán del Presupuesto General del Estado (PGE) y otras fuentes, una de las cuales son los seguros contratados”.

Según información del SRI, en 2016 los ingresos generados por la “Ley Solidaria” sumaron $1.161 millones y en los dos primeros meses de 2017 ingresaron $167 millones adicionales. Es decir, hasta febrero la “Ley Solidaria” había generado $1.328 millones, de los cuales $555 millones corresponden a los dos puntos adicionales de IVA, medida que seguirá vigente hasta junio, por lo que podría generar cerca de $200 millones adicionales. Por lo tanto, la “Ley Solidaria”, por la que se esperaba recaudar $1.000 millones, generará en realidad $1.500 millones.

De los $660 millones que se esperaba recibir de multilaterales, se conoce que el BID abrió una línea de financiamiento por $300 millones[4], de los cuales han llegado, al menos, $208 millones. A estos se suman $100 millones de la CAF y $150 millones del Banco Mundial, es decir, $458 millones en total. Sin embargo, según el boletín de deuda externa de diciembre de 2016 publicado por el Ministerio de Finanzas[5], el país también recibió $175 millones del Banco Europeo de Inversiones por concepto de “Contrato de financiación reconstrucción post-terremoto” y $20 millones más del BID, también relacionados con el desastre. Es decir, por esos créditos se obtuvieron $653 millones, a los que hay que sumar $364 millones provenientes del FMI a través de un “instrumento de financiamiento rápido”[6].

Entonces, entre los ingresos generados por la “Ley Solidaria” ($1.328 millones hasta febrero que, presumiblemente, llegarán al menos a $1.500 millones hasta junio), los $364 millones del FMI y los $653 millones de otros créditos, ya se superan, en más de $200 millones, el monto que, según el discurso oficial, sería asumido por el Estado ($2.253 millones). Todo esto sin considerar los $193 millones que provendrían del PGE o del cobro de seguros.

Mirando esas cifras, surgen, al menos, tres dudas: ¿El Gobierno subestimó groseramente los costos de reconstrucción y estos en realidad superan los $4.500 millones? Difícil, ya que, en realidad, algunos analistas creían que el costo podía ser mucho menor[7]. ¿O una parte de los recursos que ingresaron a la caja fiscal supuestamente para atender los costos de reconstrucción se usaron en realidad para otros fines? O, más probable aún, ¿con la excusa del terremoto, el Gobierno, que sólo en los dos primeros meses de este año ya contrató nueva deuda por $2.500 millones para cubrir sus gastos, no estará tratando de conseguir $1.000 millones adicionales que le permitan llegar hasta el 24 de Mayo con el falaz discurso de que deja una economía “estable y en crecimiento”?

 

[1] Ver nota de El Comercio: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-negociacion-china-credito-terremoto.html o de El Universo: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/03/22/nota/6102316/ecuador-negocia-china-credito-1000-millones-reconstruccion?utm_source=fb-tw-gp&utm_medium=social&hootPostID=ce9ec72a271b187fc5b976f8c13ffc3f

[2] Ver: http://www.planificacion.gob.ec/el-gobierno-nacional-presento-los-costos-de-la-reconstruccion-de-las-zonas-afectadas-por-el-sismo/

[3] Ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/usd-3-344-millones-es-el-costo-de-la-reconstruccion-de-las-zonas-afectadas

[4] Ver: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-20/linea-de-credito-de-us300-millones-para-ecuador,11450.html

[5] Ver: http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/DE_DICIEMBRE-2016_corregido.pdf

[6] Ver: https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/07/21/18/20/NA070816-Ecuador-Gets-364-Million-IMF-Loan-to-Tackle-Earthquake-Reconstruction

[7] Ver: http://economiaenjeep.blogspot.com/2016/04/el-costo-del-terremoto-el-efecto-de-las.html

 

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