En las últimas semanas, las principales autoridades económicas del Gobierno han coincidido en señalar que, una vez que el sector público ha realizado una cuantiosa inversión en infraestructura, es hora de que el sector privado “tome la posta” para mantener un dinamismo en el nivel de actividad. Lo dijo el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, en una entrevista con El Telégrafo: “Siempre nuestra decisión fue alcanzar una gran inversión pública durante algunos años para que luego el sector privado tome la posta porque la inversión pública no es sostenible en el tiempo”. Y también el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, en un evento con empresarios y representantes de organismos multilaterales: “Este es el momento de que la actividad privada tome la posta para dinamizar la economía, en el marco de reglas claras que promuevan un equilibrio entre los rendimientos de los empresarios y el bienestar de toda la población.”

En estas declaraciones, además del reconocimiento implícito de que el crecimiento de la economía en los últimos años estuvo atado al desempeño del Estado (es decir, al incremento del gasto público), hay un elemento adicional que merece ser analizado: la (aparente) confianza de las autoridades económicas en que el sector privado está dispuesto a asumir el rol protagónico como motor de la actividad que durante la actual administración ha estado a cargo del sector público, como si en todo este tiempo hubiera existido una suerte de acuerdo tácito entre el Gobierno y las empresas para que éstas posterguen sus inversiones hasta que la inversión pública en infraestructura estuviera concluida.

Lo cierto es que si el sector privado ha moderado sensiblemente su ritmo de inversión durante la actual administración no ha sido a la espera de una mejora en la infraestructura (que evidentemente favorece el desempeño de las actividades privadas), sino por la incertidumbre que el modelo económico genera y, sobre todo, por los constantes cambios normativos, que continuaron incluso en 2015 y 2016, cuando ante la caída de los ingresos fiscales y el consecuente recorte del gasto público en inversión, el Gobierno ya debería haber tratado de promover una mayor inversión privada.[1]

Las cifras oficiales muestran el pobre comportamiento de la inversión privada a lo largo de la gestión del Presidente Correa. En el período 2001-2006, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la inversión física del sector privado, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo (lo que se denomina formación bruta de capital fijo) creció a una tasa promedio anual de 11,5% en términos reales (es decir, en volumen de inversión), mientras que entre 2007 y 2014 (último dato disponible) el crecimiento se redujo al 1,3% anual, pese a que en esos años la demanda interna –alentada por el enorme gasto público– creció, en promedio, a tasas anuales superiores al 5%. En tanto, La inversión extranjera directa, que entre 2001 y 2006 representó en promedio el 2,5% del PIB, redujo su participación a 0,8% entre 2007 y 2015.

La situación, al parecer, no va a cambiar en este año. Según una encuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) a 85 de las principales empresas del país (cuyas ventas representan cerca del 15% del PIB), al cierre del segundo trimestre de 2016 más de las dos terceras partes de esas empresas no tenían previstos nuevos proyectos de inversión para lo que restaba del año. Y entre esas empresas que no tenían previsto invertir, una buena parte había decidido aplazar o directamente cancelar las inversiones programadas. La reducida demanda de crédito de parte de las empresas (pese a la voluntad de los bancos para colocar préstamos) confirma lo que ya anticipaba la encuesta, es decir, que el sector privado, más allá de unos pocos proyectos puntuales que no alcanzan para reactivar la economía, no se muestra dispuesto a “tomar la posta”.

De hecho, ¿por qué estaría el sector privado, que no invirtió en grandes cantidades cuando la economía estaba creciendo, dispuesto a hacerlo en un año para el cual el propio BCE espera una contracción de 1,7% en el PIB y de más de 5% en la demanda interna? ¿Por qué creen las autoridades económicas que las empresas van a “tomar la posta” cuando la inseguridad jurídica (expresada en más de una decena de reformas tributarias) y los desincentivos a las actividades productivas (como el anticipo del Impuesto a la Renta) siguen presentes?

Como bien señaló el ministro Herrera, la inversión pública que se llevó a cabo en los años de bonanza económica no era sostenible en el tiempo. El problema, pese a que ahora las autoridades económicas aseguren que eso estaba previsto, es que este Gobierno nunca generó las condiciones para que la inversión privada acompañara (o incluso sustituyera) a la pública y se evitara, de ese modo, la dependencia que la economía en su conjunto desarrolló hacia el gasto fiscal. Por tanto, para que las empresas empiecen a invertir en niveles que permitan reactivar la economía y generar empleo, el primer paso debe ser cambiar un modelo económico que, no sólo en Ecuador, sino también en países como Argentina, Brasil y Venezuela, ha dado claras muestras de ser inviable.

 

[1] Según declaraciones del gerente del BCE, en 2015 se registró un crecimiento de la inversión privada. Sin embargo, el mismo BCE, que anticipa que este año la inversión se contraerá 9,8%, reportó que el año pasado la inversión total cayó 5,9%, lo que refleja que el presunto crecimiento de la inversión privada fue insuficiente.

La entrevista al gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, que se publicó en la edición de hoy de El Comercio[1] amerita, a nuestro entender, algunos comentarios. El primero tiene que ver con el diagnóstico de Martínez sobre la contracción económica que atraviesa el país y que, según las proyecciones del BCE, causará un decrecimiento del PIB en 1,7% este año. Según el gerente del BCE, “todos los factores (que explican la contracción proyectada) son de carácter externo, porque los internos que se podían ajustar ya fueron ajustados”. Si la contracción, según la interpretación del Gobierno, se debe en su totalidad a factores externos, entonces los ecuatorianos no podemos esperar correcciones a la política económica aplicada en los últimos años que exacerbó la dependencia de la actividad en su conjunto hacia el gasto público y aumentó, por tanto, la vulnerabilidad de la economía hacia shocks que afecten los ingresos fiscales. Habría sido bueno conocer la explicación de Martínez a por qué dentro de la región, según proyectan distintos organismos internacionales, sólo los países que aplicaron un modelo económico similar el ecuatoriano (Argentina, Brasil y Venezuela) se contraerán en 2016, mientras que los demás, que también han enfrentado un deterioro del contexto externo, registrarán crecimientos que en varios casos superarán el 3%.

Entre las medidas que se han tomado a nivel interno para enfrentar la situación económica, el gerente del BCE menciona a las “políticas contracíclicas con operaciones de corto plazo de liquidez entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Sin ellas, la acumulación de atrasos hubiera sido mayor y la actividad económica hubiera decrecido más”. Al respecto, caben varios comentarios. En primer lugar, ¿cómo se puede decir que el Gobierno ha aplicado políticas contracíclicas (que suponen generar ahorros LÍQUIDOS durante las épocas de bonanza para utilizarlos en períodos de escasez) cuando entre 2007 y 2014 (años con altos precios del petróleo) el gasto público creció mucho más que los ingresos y, como consecuencia, la deuda pública oficial (que omite varias operaciones) aumentó en más de $16.000 millones? Al parecer, Martínez entiende por “política contracíclica” a que la institución que él dirige utilice recursos de terceros (porque desde que empezaron esas operaciones en octubre de 2014, los depósitos del Gobierno Central han representado, en promedio, apenas el 14% de los pasivos exigibles del BCE) para auxiliar a un Gobierno que, de otra manera, hubiera seguido acumulando atrasos con sus proveedores. Y respecto al carácter de “corto plazo” de los créditos del BCE al Gobierno, los datos oficiales muestran que el saldo de esas operaciones no ha dejado de crecer (hasta alcanzar los $3.601 millones actuales), por lo que o los créditos son de un plazo no tan corto, o se los renueva permanentemente porque el Gobierno no está en capacidad de honrarlos. En ese sentido, sería deseable que Martínez señale con claridad cuándo va a empezar el BCE a recuperar esos recursos.

Respecto a la intención del Gobierno de vender algunos activos para hacerse de liquidez, Martínez señala: “Un modelo privatizador implica privatizar cosas como la salud, la educación, algo que en nuestro modelo jamás sería concebible. Ahora, si se tiene cierta infraestructura de sectores estratégicos, que están en condiciones de entregar para operación privada, es una cosa distinta”. Las privatizaciones en Ecuador y en América Latina en general se han enfocado siempre en esos “sectores estratégicos” que señala el gerente del BCE. Ni los gobiernos más “neoliberales” (según la jerga oficial) han privatizado la educación o la salud, por lo que la diferencia entre este proceso privatizador y procesos anteriores no queda clara. Martínez también señala que la estrategia del Gobierno consistía en “una etapa inicial de una agresiva inversión pública para luego dar paso a una etapa de mayor incidencia de la inversión privada en la acumulación de capital”. Si el Gobierno ahora está dispuesto a vender (seguramente con un precio castigado) algunos de los activos generados en esa etapa inicial y que en buena parte fueron financiados con una onerosa deuda externa, ¿no habría sido mejor dejar que el sector privado asuma los riesgos de la inversión desde un inicio?

Ante la pregunta de por qué no se ha autorizado la publicación del informe del FMI sobre la situación de la economía ecuatoriana, Martínez –de quien también se esperaría una explicación sobre las inconsistencias en las últimas proyecciones del BCE, como que en 2016 el Ecuador va a importar, en volumen, menos que en 2007 pese a que entre esos dos años el tamaño de la economía ecuatoriana prácticamente se duplicó, o que los “otros elementos del PIB” (concepto que se refiere básicamente a los impuestos al consumo) van a registrar este año un crecimiento récord, pese a que las estadísticas de recaudación y las propias proyecciones del BCE sobre consumo, inversión e importaciones auguran lo contrario– señala que eso se debe a las “serias discrepancias” que mantiene el Gobierno con el organismo multilateral y pone como ejemplo que “el FMI ha sugerido que el Ecuador debería pensar en una política de ajuste salarial, inclusive privada”. Tal vez el verdadero motivo por el que no se autoriza la publicación del informe es porque el FMI, como se lee en un documento difundido también hoy[2], contrario a la visión optimista de Martínez sobre una supuesta recuperación de la economía ecuatoriana, proyecta que la contracción (que el organismo ahora estima en -2,3% para 2016) se profundizará en 2017 (-2,7%) y continuará hasta 2020. Es decir, el FMI al parecer coincide con lo que muchos analistas locales hemos venido advirtiendo: que el Gobierno, a través de un agresivo proceso de endeudamiento externo e interno (en el que Martínez, en su calidad de gerente del BCE, ha tenido una participación determinante), está pateando las correcciones que demanda la economía ecuatoriana hacia adelante.

[1] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/fmi-ecuador-ajustesalarial-economia.html

 

[2] Ver: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16288.pdf

 

Con más de un mes de retraso, el Banco Central del Ecuador (BCE) publicó finalmente el boletín de cuentas nacionales anuales con información hasta 2015[1]. Según los nuevos cálculos del organismo oficial, el año pasado la economía ecuatoriana creció 0,2%, apenas por debajo del 0,3% que venía sosteniendo en base a la suma de los resultados trimestrales. Sin embargo, ese leve cambio esconde varias correcciones que merecen ser señaladas.

La primera tiene que ver con el desempeño de la formación bruta de capital fijo (FBKF), concepto que se refiere a la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo. El BCE sostenía que en 2015 la FBKF se había contraído 2,5%, resultado que no se mostraba coherente con el desplome de 26% (en términos reales) del gasto en FBKF del sector público, más aún considerando que desde 2013 el sector público pasó a concentrar la mayor parte de la inversión en el país. Basándose en cifras del propio BCE, Cordes cuestionó ese resultado, lo que le valió una respuesta del organismo oficial en la que se pretendía descalificar nuestro análisis[2]. En esta nueva publicación, el BCE reconoce que en 2015 la FBKF cayó 5,9% y no 2,5%, abultada corrección que certifica la validez de nuestros cuestionamientos (que también ponían en duda la leve caída de -0,6% en la construcción, que fue corregida por -1,7%).

En su nuevo informe, el BCE también corrige a la baja las variaciones del consumo de los hogares (de 0,2% a 0%), del consumo del gobierno (de 1,1% a 0,6%) y de las exportaciones (de 0,2% a -0,4%). Si todos esos componentes del PIB mostraron en 2015 resultados peores que los que el BCE venía estimando, ¿cómo es posible que el desempeño de la economía en su conjunto haya sido revisado apenas en 0,1 puntos porcentuales (de 0,3% a 0,2%)? La principal explicación (más allá de que el desplome en la “variación de existencias” no habría sido tan abultado como se estimaba) estaría en la corrección que se registra en las importaciones. Antes el BCE estimaba que éstas se habían contraído 6% en 2015 y ahora calcula que la caída fue de 8,6%. En este punto cabe explicar que, contablemente, una mayor caída de las importaciones favorece al crecimiento del PIB porque mejora el desempeño de las “exportaciones netas” (exportaciones menos importaciones).

Es importante considerar este factor a la hora de analizar las proyecciones de crecimiento para 2016 que el BCE también difundió (igualmente con retraso) esta mañana[3]. Según el organismo oficial, este año la economía ecuatoriana se contraerá 1,7%, caída menor a la proyectada por el FMI (-4,5%), el Banco Mundial (-4%) y la CEPAL (-2,5%). Sin embargo, al analizar detalladamente las proyecciones del BCE, se concluye que éstas son mucho más graves de lo que ese -1,7% parece mostrar.

De hecho, el organismo oficial prevé una caída de 5,4% en la demanda interna, concepto que engloba al consumo de los hogares, del gobierno y la inversión (incluyendo variación de existencias) y refleja de mejor manera, por tanto, el desempeño de la actividad al interior del país (excluyendo el comercio exterior). Esa fuerte contracción de la demanda interna coincide con la que el BCE publicó para el primer trimestre del año. Pero el resultado para el año completo podría ser incluso peor, ya que el BCE prevé que el consumo de los hogares caerá “apenas” 2% a lo largo de 2016, cuando en el primer trimestre registró una caída casi dos veces mayor. En cuanto a la FBKF, el BCE prevé una caída de 9,8%, que no sólo afecta al crecimiento económico de este año, sino que también compromete la producción futura.

Si se prevé un desempeño tan negativo para la demanda interna, ¿cómo se llega a la caída de apenas 1,7% para la economía en su conjunto? Acá nuevamente hay que observar el resultado previsto para las importaciones: el BCE cree que en 2016 éstas se desplomarán 21,2%, lo que, insistimos, favorece a las “exportaciones netas” y, por tanto, al resultado del PIB global. La caída prevista para las importaciones en el año completo es casi dos veces mayor que el -11% registrado en el primer trimestre. Si el BCE en sus previsiones no incluyera una contracción tan fuerte en las importaciones, sino una caída similar a la registrada en el primer trimestre, entonces la caída proyectada para el PIB global no sería de -1,7% sino de -4,6%.

Por el lado del comportamiento de los distintos sectores productivos, el BCE prevé que de las 45 actividades detalladas, apenas 13 registrarán este año un desempeño positivo (entre ellas explotación de minas y canteras y refinación de petróleo). La contracción, por tanto, sería casi generalizada entre los distintos sectores y haría suponer que la contracción de la economía en su conjunto sería más pronunciada que el -1,7% previsto. Sin embargo, el BCE proyecta que los “otros elementos del PIB”, concepto que se refiere principalmente a impuestos, crezca este año 14,5%, el mayor crecimiento en dolarización. Esa proyección, que no luce coherente con la caída que se viene registrando en las recaudaciones tributarias, vuelve a sembrar dudas sobre el manejo que el BCE da a la información económica que publica.

[1] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/CuentasNac28.xlsx

[2] La nota con nuestros cuestionamientos, reproducida en Revista Gestión, está disponible en el siguiente link: http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2016/05/Dudas-sobre-las-cuentas-nacionales-2015.pdf. La carta del BCE a Cordes está disponible en: https://www.bce.ec/images/respondiendo_medios/cordes-mayo2016.pdf. Nuestros comentarios a esa carta están en: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Carta_BCE.pdf.

[3] Ver: https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/PIB/PrevAnual_ago2016.xlsx

Esta mañana, en una entrevista en Ecuavisa en la que señaló que “hay que ser serios en el momento de dar cifras al país”, el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, se refirió a la situación laboral en el Ecuador. Lamentablemente, las declaraciones del ministro, que distorsionan groseramente la realidad, obligan a hacer varias aclaraciones.

La primera tiene que ver con la evolución de la tasa de desempleo, que subió de 4,5% en junio de 2015 a 5,3% en junio de 2016, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El ministro, no obstante, prefirió referirse a la variación del desempleo entre marzo y junio de este año (de 5,7% a 5,3%). “Claramente podemos demostrar que en el Ecuador está descendiendo el desempleo”, dijo. Esa declaración contrasta con una del Presidente Correa, que en el Enlace Ciudadano N° 484, al referirse a la variación del desempleo entre el primer y el segundo trimestre de este año, dijo: “La medición nos dice que ha decrecido el desempleo, pero no es significativo. Por eso, por honestidad intelectual, debemos decir que el desempleo se mantiene al mismo nivel”.

Más adelante el ministro Berrezueta apeló a una de las frases más frecuentes del Gobierno: “La tasa de desempleo en Ecuador es la más baja de América Latina”. Sin embargo, cuando Alfredo Pinoargote, basándose en un análisis de Diego Guerra publicado en Carta Económica, le mostró que, si bien el Ecuador registra una tasa de desempleo más baja que otros países, también registra una menor tasa de empleo adecuado y una mayor tasa de empleo inadecuado (lo que refleja que la calidad del empleo en Ecuador es inferior que en otros países), el ministro optó por desviar el tema.

Pero la distorsión más grave de las cifras se dio cuando el ministro Berrezueta dijo: “Entre junio de 2015 y junio de 2016 la población económicamente activa (PEA) creció en el Ecuador en aproximadamente 400.000 personas, de las cuales 320.000 consiguieron nuevos empleos”. Más adelante, acompañándose de un gráfico, insistió en que en el último año se generaron 316.515 empleos y añadió que eso demuestra que, “a pesar de lo difícil del contexto económico mundial, la apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo”, la reforma laboral adoptada por el Gobierno “ha dado resultados”.

Según el INEC, entre junio de 2015 y junio de 2016 la PEA efectivamente pasó de 7.430.701 a 7.831.981 personas, lo que implica un aumento de 401.280 personas. También según INEC, la cantidad de empleados creció en el mismo período de 7.098.584 a 7.415.099, es decir, los 316.515 “empleos generados” a los que se refirió el ministro (la diferencia de 85.000 personas corresponde a nuevos desempleados, específicamente desempleados cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo). Lo que el ministro omitió, sin embargo, es que los nuevos empleos corresponden, en su totalidad, a lo que el INEC denomina “empleo inadecuado”, categoría compuesta por el subempleo, el empleo no remunerado y otros tipos de empleo no adecuado. De hecho, en el período analizado, siempre según cifras oficiales, el número de puestos de empleo adecuado cayó en casi 200.000. En otras palabras, los 316.515 “empleos generados” a los que se refirió el ministro corresponden a personas que trabajan menos horas que la jornada legal, tienen ingresos menores al salario básico o directamente trabajan sin un sueldo. Mientras tanto, el número de empleados adecuados, es decir, aquellas personas que trabajan la jornada legal y tienen ingresos no menores al salario básico, se redujo drásticamente, lo que refleja la contracción de la demanda laboral por parte de las empresas.

A lo largo de la entrevista, el ministro Berrezueta se refirió varias veces a la tasa de subempleo: “No es el 60% de subempleo, como dicen ciertos políticos en la actualidad. El subempleo en el Ecuador está en el 16,3%”, dijo. En efecto, según el INEC la tasa de subempleo está en ese nivel, sin embargo, llama la atención que el ministro de Trabajo no se haya referido al empleo inadecuado en su totalidad (categoría que, insistimos, está compuesta por el subempleo, el empleo no remunerado y otros tipos de empleo no adecuado) que alcanza el 53,3% de la PEA. Si a esta tasa se suma el 5,3% de desempleo, entonces efectivamente se puede decir que de cada 10 ecuatorianos que quieren trabajar 6 están desempleados o tienen un empleo no adecuado. Para el ministro, sin embargo, “lo que incide en la tasa de pobreza es la tasa de desempleo”, aún cuando entre los “empleados” haya cientos de miles de personas que trabajan en condiciones precarias.

Como otros altos funcionarios del Gobierno, el ministro Berrezueta también trató de instalar la idea de una crisis económica generalizada. “Nadie puede negar que todos hemos vivido una contracción económica complicada, no sólo en el Ecuador sino en América Latina”, dijo. Y más adelante insistió: “Este primer semestre ha sido terrible para Ecuador y para América Latina”. Lo cierto es que según las últimas proyecciones de la CEPAL (similares a las de otros organismos multilaterales), de las 32 economías de América Latina y el Caribe, sólo 6 se contraerán este año: Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela (países gobernados por el socialismo del siglo XXI en los últimos años), Trinidad y Tobago y Suriname. Las 26 economías restantes crecerán, muchas de ellas a tasas mayores al 3%.

Con este manejo de las cifras por parte del ministro –que en un momento de la entrevista lamentó que “estamos en época de elecciones y cualquier cosa se puede decir” y que “lo que está pasando en el Ecuador con las cifras es un manoseo demasiado perverso en función de los beneficios politiqueros y electorales del momento”– resulta difícil confiar en su augurio de que “estamos en una recuperación económica en el segundo semestre”.

Según el calendario de publicaciones del Banco Central del Ecuador (BCE), el 29 de julio, hace más de dos semanas, se debió haber publicado el boletín de cuentas nacionales anuales con información (provisional) hasta 2015. Sin dar ninguna explicación, la institución oficial –cuyas autoridades parecen enfocadas únicamente en promocionar el dinero electrónico y en atender las necesidades de liquidez del Gobierno– no ha publicado ese informe que permitiría saber, no sólo a los analistas, sino a la ciudadanía en general, si el año pasado la economía ecuatoriana registró un leve crecimiento, como viene sosteniendo el Gobierno en base a los boletines trimestrales, o si, por el contrario, se contrajo, lo que reflejaría de manera ya irrefutable la absoluta dependencia de los supuestos “éxitos” del modelo económico aplicado en los últimos años hacia un contexto externo excepcionalmente favorable.

Lamentablemente, este manejo discrecional de las estadísticas económicas oficiales ya ha tenido otros episodios previos, no sólo de parte del BCE (que retrasó en dos semanas, también sin ninguna justificación, la publicación del informe de cuentas nacionales del primer trimestre de 2016, informe que refleja la gravedad de la crisis que atraviesa el país), sino también de otras instituciones públicas. El caso más grave acaso sea el del Ministerio de Finanzas, que, según ha denunciado el Observatorio de la Política Fiscal (OPF) en sus boletines de transparencia, viene sobrestimando los ingresos petroleros y, por tanto, subestimando la verdadera magnitud del déficit fiscal y de las necesidades de financiamiento. Según el OPF, en 2015 la sobrestimación de los ingresos petroleros (principalmente porque se contabilizan como tales a los pagos de ventas anticipadas de crudo) superó los $2.800 millones y en la primera mitad de 2016 bordea los $900 millones. En este punto cabe recordar que un reciente informe del Departamento de Estado de EE.UU. coloca al Ecuador entre los países con una insuficiente transparencia fiscal.

Este manejo poco riguroso de las estadísticas económicas oficiales, donde también se podría incluir el subregistro de la deuda pública (ya que el Ministerio de Finanzas no contabiliza como tal a las preventas de petróleo, los certificados de tesorería ni los préstamos del BCE al Gobierno, que ya suman más de $3.100 millones) o la decisión oficial de no autorizar por el momento que el FMI publique su evaluación sobre la situación de la economía ecuatoriana, parecen ser un factor común de los países gobernados por el socialismo del siglo XXI. En efecto, en Venezuela, ante la falta de información oficial creíble, instituciones independientes han tenido que empezar a medir el verdadero nivel de la pobreza; además, la inflación que calcula el Banco Central de Venezuela incluye productos con precios controlados, lo que implica una enorme distorsión ya que en muchos casos esos bienes no se consiguen a los precios oficiales sino a valores muchísimo mayores en el mercado negro. En Argentina, a partir de 2007 se empezaron a manipular las estadísticas de inflación y esa manipulación luego se extendió a los datos de crecimiento, empleo y comercio exterior, al punto que el FMI cuestionó las cifras macroeconómicas argentinas y que Mauricio Macri, al asumir la Presidencia, tuvo que declarar la “emergencia estadística” y depurar el organismo a cargo de las cifras económicas oficiales. En Brasil la Presidente Dilma Rousseff ha sido suspendida de su cargo y enfrenta un juicio político acusada, justamente, de manipular las estadísticas fiscales.

Recientes informes de instituciones internacionales como Bloomberg, The Economist Intelligence Unit y el Banco Mundial, colocan a Venezuela, Brasil y Ecuador entre los países con el peor desempeño económico en 2016. Es decir, los gobiernos del socialismo del siglo XXI no sólo coinciden en registrar pobres resultados económicos cuando el favorable contexto externo que les permitió mostrarse como exitosos se revierte, sino que también comparten la costumbre de pretender ocultar la grave situación que, como consecuencia de sus políticas económicas, ahora atraviesan sus países.

El 22 de marzo, en una columna de opinión titulada “Los riesgos de tener un gobierno desesperado por recursos”, decíamos: “Gracias a la recuperación del precio del petróleo (…), el riesgo país del Ecuador mostró una pronunciada caída (…). Si bien el índice del Ecuador sigue siendo muy superior al de los países vecinos (…), la desesperación del Gobierno por hacerse de recursos y su reticencia a llevar a cabo el ajuste necesario, pueden llevarlo a buscar una nueva colocación de bonos en los mercados internacionales, aun cuando las condiciones sean muy onerosas.” Finalmente se concretó esa nueva emisión, esta vez por $1.000 millones, con vencimiento en marzo de 2022 y con un cupón (interés anual) de 10,75%.

El aspecto que más se ha comentado sobre esta nueva emisión es, justamente, la elevada tasa de interés, dos y hasta tres veces mayor que la que han ofrecido países de la región, como Colombia o Perú, en sus últimas colocaciones y la más alta pagada por el Ecuador desde el año 2000, como destaca la agencia Bloomberg. Esa tasa de interés confirma la alta percepción de riesgo que genera el Ecuador entre los inversionistas y que no se explica solamente por el bajo precio del petróleo. El riesgo país del Ecuador actualmente ronda los 860 puntos, mientras que el promedio de la región (donde otros importantes productos de exportación también han registrado caídas en sus precios) está en torno a 500 puntos (y sería mucho menor si no fuera porque el riesgo país de Venezuela supera los 2.500 puntos).

Otro aspecto relevante de esta nueva deuda –que, si bien el Ministerio de Finanzas señala que servirá para financiar el Plan Anual de Inversiones, seguramente se destinará a honrar una parte de los atrasos que el Gobierno viene acarreando desde 2015, es decir, se estaría contratando deuda no para construir o adquirir activos, sino pagar obligaciones previas– es su corto plazo. Esta nueva operación vence en marzo de 2022, lo que implica que entre 2020 y 2024 al Ecuador se le acumularán vencimientos por $4.500 millones sólo correspondientes a las emisiones de bonos realizadas por este Gobierno (sin considerar los créditos chinos, que también tienen plazos cortos y altas tasas): en junio de 2014 colocó $2.000 millones con vencimiento a diez años, en marzo y mayo de 2015 hizo dos nuevas emisiones que vencerán en 2020, por $750 millones cada una y, finalmente, están los $1.000 millones de esta última emisión a 5,7 años.

Si bien la tasa pactada por esta nueva operación es la mayor de todas las emisiones concretadas durante este Gobierno, las anteriores también pagan intereses altos: por la de $2.000 millones se paga un interés anual de 7,95% y las dos de $750 millones tienen cupones de 10,5% y 8,5%, respectivamente. Es decir, en los próximos años Ecuador deberá enviar $409 millones anuales al exterior sólo por concepto de los intereses de las emisiones llevadas a cabo durante este Gobierno.

Ese monto resulta casi una ironía cuando el discurso oficial ha sustentado sus medidas para restringir las importaciones en la necesidad de evitar que salgan dólares de la economía. Por poner un par de ejemplos: las importaciones de materiales de construcción afectadas por las salvaguardias cayeron en $408 millones en el primer año de vigencia de la medida (que el Gobierno extendió hasta junio de 2017) y las de bienes de consumo en $837 millones (también cayeron las importaciones no afectadas por esa medida como consecuencia del menor nivel de actividad). Es decir, los $409 millones anuales que Ecuador deberá pagar en los próximos años sólo por concepto de los intereses de las últimas emisiones de bonos equivalen a las importaciones de materiales de construcción que no se concretaron por efecto de las salvaguardias y a la mitad de la caída en las importaciones de bienes de consumo por la misma medida. En otras palabras, una buena parte de los dólares que no salen de la economía por las medidas restrictivas del Gobierno –que perjudican a los consumidores y al sector productivo– saldrán para pagar los intereses de las onerosas emisiones concretadas por el mismo Gobierno.

Se puede decir que, a diferencia de las importaciones, las emisiones de bonos generan un ingreso de dólares a la economía y, por tanto, ayudan a aliviar la presión sobre la balanza de pagos. Sí, pero ese alivio es pasajero, porque el servicio de esas deudas implica, como hemos visto, millonarios envíos de dólares al exterior. Hace pocos meses calculamos que el próximo Gobierno (2017 – 2021) deberá destinar, en promedio, $2.500 millones anuales sólo al servicio de la deuda externa contratada por la actual administración. Ese cálculo consideraba la deuda adquirida entre 2007 y 2015. Si a eso sumamos los $3.532 millones contratados, según el Ministerio de Finanzas, entre enero y junio de este año y los $1.000 millones de la nueva emisión, entonces el servicio de la deuda externa (intereses y amortizaciones) que deberá cumplir el próximo gobierno (insistimos, sólo de la deuda contratada por la administración actual) sube a $3.240 millones anuales, monto superior en $165 millones a la contracción de las importaciones que se puede adjudicar a las salvaguardias.

Con dos semanas de retraso frente a la fecha establecida en su propio calendario de publicaciones y sin explicar la razón de esa demora, ayer por la noche el Banco Central del Ecuador (BCE) finalmente colgó en su página web el boletín de cuentas nacionales correspondiente al primer trimestre de 2016. Aún antes de hacer un análisis sobre posibles inconsistencias en las cifras, los resultados publicados por el BCE muestran ya una realidad que el Gobierno se negaba a reconocer: según el organismo oficial, en el primer trimestre de este año la economía ecuatoriana se contrajo 3% frente a igual período del año pasado. Se trata de la tercera contracción interanual consecutiva y, sobre todo, de la más pronunciada desde que el país se dolarizó. Con esta cifra –a la que se suman estadísticas de empleo y de recaudación tributaria que muestran que la actividad también cayó en el segundo trimestre–, la previsión oficial según la cual Ecuador registraría un leve crecimiento este año (previsión sólo afectada por el terremoto) luce cada vez más difícil de alcanzar. Por el contrario, la cifra publicada por el BCE parecería dar un aval a proyecciones que funcionarios del Gobierno habían descalificado, como las del FMI o las del Banco Mundial (en mayo CORDES revisó su proyección para 2016 de -2,9% a -3,5%).

Detrás de la contracción de 3% de la economía ecuatoriana, ya de por sí grave, hay datos aún más preocupantes. En el primer trimestre de este año todos los componentes del PIB por el enfoque del gasto mostraron resultados peores que en el cuarto trimestre de 2015 (cuando la economía se contrajo 1,2% en términos interanuales). Especial atención merecen las caídas de 3,9% en el consumo de los hogares (principal componente del PIB) y de 8,9% en la formación bruta de capital fijo (es decir, la inversión física, principalmente en construcción y en maquinaria y equipo), lo que compromete la producción futura. Otro aspecto relevante es que la demanda interna, que refleja de manera más exacta el nivel de actividad, cayó 5,4%. Esa caída se vio compensada por un desplome de 11% en las importaciones (lo que favorece contablemente al PIB porque incrementa las “exportaciones netas”). También se registran caídas en el consumo del gobierno (-3,2%) y en las exportaciones (-2,7%).

Por el lado del valor agregado que genera cada industria, los resultados también son preocupantes. Lo primero que hay que mencionar es que la producción no petrolera decreció 2,6% (tercera caída consecutiva) y que fue el sector petrolero (particularmente la refinación) el que evitó que la contracción de la economía en su conjunto fuera mayor. De hecho, según el BCE, de los 18 sectores que se detallan en el boletín de cuentas nacionales, apenas cinco presentan una variación interanual positiva en el primer trimestre, estos son: agricultura (2,6%), pesca (5,5%), refinación de petróleo (61,6%, lo que se debe a la puesta en marcha de la Refinería de Esmeraldas), suministro de electricidad y agua (4,5%) y servicio doméstico (0,6%, resultado que no luce coherente con la disminución que, según el INEC, se registró en el empleo doméstico entre marzo de 2015 y marzo de 2016).

Entre las actividades que decrecieron están petróleo y minas (-2,4%), manufactura (-1,3%), transporte (-1,6%), comercio (-3,5%), servicios financieros (-4,6%), alojamiento y servicios de comida (-13,2%) y construcción (-4,4%). Este último resultado llama la atención porque otras estadísticas, incluidas algunas del mismo BCE, anticipaban un desempeño incluso peor de la construcción: según el INEC, el empleo adecuado en ese sector se desplomó 20% entre marzo de 2015 y marzo de 2016; según el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón (INECYC), en el primer trimestre de este año la comercialización de cemento (medida en toneladas métricas) también cayó 20% frente a igual período de 2015; según el BCE, en el primer trimestre de 2016 las importaciones de materiales de construcción (que ya habían registrado una caída de 58% a lo largo de 2015) se derrumbaron 44,7%, también medidas en volumen.

Otro aspecto llamativo es que en el último boletín de cuentas nacionales los resultados de 2015 sean exactamente los mismos que los se publicaron hace tres meses, cuando lo habitual, dado el carácter provisional de las últimas cifras que se publican, es que éstas se revisen en el siguiente boletín. En este punto vuelven a surgir las dudas sobre los resultados que el BCE publicó para 2015, particularmente en lo referente a formación bruta de capital fijo (FBKF). Según el BCE, el año pasado ese componente del PIB se contrajo 2,5%, resultado que nos resulta inconsistente dado que en el mismo año el gasto público en FBKF se desplomó 26% (en términos reales) y que hasta 2014 el sector público representaba más de la mitad de la FBKF total en el país. Es decir, para llegar a la caída de 2,5% publicada por el BCE, la inversión privada debió mostrar un crecimiento exorbitante. En cambio, en el primer trimestre de 2016 la FBKF total, como se mencionó previamente, se contrajo 8,9% frente al primer trimestre de 2015, lo que luce más coherente con la caída de 24% (en términos reales) que registró el gasto en FBKF del sector público no financiero. Tanto en 2015 como en el primer trimestre de este año la confianza de los empresarios sobre la situación económica (que determina en gran medida su disposición a invertir) estaba cayendo pronunciadamente y las importaciones de bienes de capital (que explican buena parte de la FBKF privada) se habían contraído.

El 29 de julio, si el BCE no vuelve a incumplir su propio calendario, se debe publicar el nuevo boletín de cuentas nacionales anuales con los resultados consolidados para todo 2015 (aún provisionales). Habrá que esperar hasta entonces para saber si el BCE –que a diferencia de ocasiones anteriores no convocó a una rueda de prensa para referirse a los resultados del PIB del primer trimestre y ni siquiera los mencionó en su cuenta de Twitter ni en la página de inicio de su sitio web– insiste en el crecimiento de 0,3% para el año pasado o si revisa esa cifra.

Según el calendario de publicaciones del Banco Central del Ecuador (BCE)[1], ayer, jueves 30 de junio, se debían dar a conocer los resultados de las cuentas nacionales (crecimiento económico) correspondientes al primer trimestre de 2016. En el marco de las dudas no absueltas sobre el resultado de 2015[2] (0,3% de crecimiento), el BCE decidió, sin dar una explicación a sus usuarios, no publicar las cifras del primer trimestre en la fecha prevista. Asumiendo que no existe una manipulación a las estadísticas del Producto Interno Bruto (PIB) por parte del BCE, las cifras que debían publicarse ayer habrían permitido conocer si la crisis económica que atraviesa el Ecuador se profundizó (como parecen anticipar las estadísticas de recaudación tributaria, mercado laboral y de desempeño de distintos sectores productivos) o si, por el contrario, tendió a moderarse (como sugieren las declaraciones del Presidente Correa en el sentido de que para 2016 el Gobierno manejaba una proyección de crecimiento positivo de 0,4%, que se vio afectada por el terremoto).

Más allá de las dudas que puedan generar algunas de sus cifras, el BCE venía cumpliendo rigurosamente con su calendario de publicaciones. La única excepción hasta ahora eran, justamente, las proyecciones de crecimiento para 2016, que la institución sigue sin publicar. En un inicio, el BCE se comprometió a hacerlo cuando el Ministerio de Finanzas presentara a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria 2016 y la Programación Presupuestaria 2016-2019, lo que sucedió a finales de 2015. Posteriormente, el 3 de mayo el BCE emitió un comunicado en el que informó que la publicación de las proyecciones económicas para este año se postergaría porque “se requiere de nueva información estadística y las valoraciones correspondientes al impacto económico del terremoto”. Al final de ese comunicado, la institución resaltaba que “se está cumpliendo de manera regular con la publicación de información económica, de acuerdo al calendario estadístico institucional”. Esa afirmación ahora ya no es correcta.

¿Cómo puede justificar el BCE su decisión de no haber publicado a tiempo el nuevo boletín de cuentas nacionales? El terremoto no debería ser un argumento en este caso, porque las cifras que debían ser publicadas corresponden a un período previo al evento. Tampoco se trató de un problema técnico de la página web, porque el reporte trimestral de balanza de pagos sí fue colgado. En ese contexto, la no publicación de las cifras de crecimiento da lugar a suspicacias: ¿los resultados eran muy malos y se decidió no mostrarlos? o, peor aún, ¿se publicará la información cuando las cifras estén “retocadas”?

Las sospechas sobre el modo en que el BCE maneja sus estadísticas se dan, además, en un contexto especial para la institución, con sus autoridades dedicadas de lleno a fomentar el dinero electrónico y con reparos de parte de varios analistas a la utilización de activos líquidos depositados en el BCE para otorgar créditos al Gobierno. En ese contexto, ¿qué confianza puede brindar el BCE a la ciudadanía sobre el uso que dará al sistema de dinero electrónico, cuando la institución no publica a tiempo un informe tan importante como el de cuentas nacionales y cuando su gerente niega abiertamente cifras sobre reservas y depósitos privados publicadas por el mismo BCE[3]? ¿Cómo estar seguros de que la información sobre el dinero electrónico (montos en circulación y respaldo real) va a recibir el tratamiento adecuado y no va a estar sujeta a demoras o manipulaciones? ¿Cómo saber que los sueldos de los funcionarios del BCE y de otras instituciones públicas que se depositen en cuentas de dinero electrónico estarán debidamente respaldados? (Ayer el gerente del BCE anunció que su sueldo se pagará de esa manera.) ¿Esos sueldos van a permanecer en cuentas de dinero electrónico o van a ser transferidos inmediatamente al sistema financiero privado?

(Las dudas respecto al respaldo de los pagos que el Gobierno haga a cuentas de dinero electrónico aumentaron al conocer, según una nota de El Comercio[4], que las devoluciones de impuestos por parte del SRI se están haciendo, en una proporción cada vez mayor, en notas de crédito, lo que refleja la escasez de efectivo que enfrenta la caja fiscal. En ese sentido, ¿la devolución de 4 puntos de IVA para quienes hagan sus compras con dinero electrónico va a tener un respaldo en dólares físicos?)

Al 24 de junio (última información disponible), el monto en circulación en dinero electrónico seguía en torno a un millón de dólares (pese a que a mediados de mes el gerente del BCE aseguró que ese monto ya había alcanzado los dos millones), lo que refleja la poca confianza que el sistema sigue generando entre los ecuatorianos. A la luz de la demora injustificada en la publicación de las cifras de crecimiento económico (más allá de que ese boletín se publique esta misma tarde o en los próximos días), esa desconfianza encuentra nuevos motivos para profundizarse.

 

[1]  Ver: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Calendario-publicaciones-2016-temas.pdf

[2] Ver: http://cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-06-06-2016.pdf

[3] Ver: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Cordes_Opina/Opina-17-06-2016.pdf

[4] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/devolucion-tributos-papeles-terceraedad-sri.html

 

La principal función de los bancos centrales alrededor del mundo es preservar el valor de sus respectivas monedas. En el Ecuador, donde se utiliza el dólar de EE.UU., el Banco Central (BCE) debería ocuparse, principalmente, de garantizar la sostenibilidad del sistema monetario vigente, manteniendo adecuados niveles de reservas que generen certidumbre entre los agentes. Pese a eso, en los últimos meses la institución ha venido siendo manejada –a nuestro entender, erróneamente– como un banco comercial, que presta una buena parte de sus captaciones y conserva sólo un remanente para hacer frente a eventuales retiros. De hecho, desde finales de 2015 los activos líquidos del BCE, es decir, las reservas internacionales, cubren menos del 50% de los “pasivos exigibles”, que es la suma de emisión monetaria, dinero electrónico, reservas bancarias y depósitos públicos. La situación se deterioró aún más el mes pasado.

A lo largo de mayo las reservas internacionales no alcanzaron para cubrir la totalidad de los depósitos de los bancos privados en el BCE, que cerraron el mes en $2.456 millones. El desfase más importante se dio en la primera y en la última semana del mes, cuando los depósitos de los bancos privados superaron en $300 millones a las reservas. En una entrevista transmitida hoy en Teleamazonas, el gerente del BCE, Diego Martínez, negó la veracidad de esa cifra. “Ese dato es incorrecto”, dijo, “porque quienes analizan esas cifras están tomando una cuenta que se denomina reservas bancarias, que incluye depósitos de entidades públicas, como por ejemplo Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional de Fomento”. Al ser repreguntado por este tema, insistió: “El dato que usted está tomando son los depósitos totales de reservas bancarias.”

Es llamativo y preocupante que el gerente del BCE niegue con tanta soltura una cifra obtenida del Boletín Monetario Semanal (BMS) de la misma institución. En la hoja 3 de esa publicación, en el ítem e.3, se presenta el saldo de las reservas bancarias totales que, como bien señaló el economista Martínez, incluyen los depósitos de la banca pública. Al cierre de mayo de 2016 el saldo de las reservas bancarias fue $3.696 millones, $1.537 millones más que las reservas internacionales a la misma fecha. La cifra de $2.456 millones de depósitos de bancos privados en el BCE (que incluye al Banco Pacífico) se presenta en la hoja 10 del BMS, “Panorama bancos privados”, en el ítem d.1.2, “depósitos en el BCE”. Más allá de qué porcentaje de ese valor sea exigible por los bancos y cuánto corresponde al encaje legal, lo cierto es que a lo largo de mayo (y también había ocurrido en ocasiones anteriores en este año) las reservas internacionales estuvieron por debajo del saldo de los depósitos de los bancos privados en el BCE (si se considera también a las mutualistas, cooperativas y sociedades financieras, que son instituciones privadas, el desfase es mayor).

En este punto conviene mencionar que, además del dinero que mantienen en el BCE, los bancos privados tienen un fondo de liquidez en el exterior administrado por la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) que a abril de 2016 suma alrededor de $2.300 millones, y aproximadamente $1.200 millones adicionales que son administrados por cada banco en inversiones y fondos líquidos en el exterior. En otras palabras, el respaldo de los dineros de los depositantes de la banca no está centralizado en el BCE.

El mayor beneficiario de los créditos otorgados por esa institución en los últimos meses ha sido, obviamente, el Gobierno. Al cierre de mayo de este año el saldo del crédito del BCE al Gobierno (a través de la adquisición de papeles del Ministerio de Finanzas) sumaba, según las estadísticas del BMS, $2.642 millones, valor similar, incluso levemente superior, al saldo de todos los depósitos públicos (que incluyen Gobierno Central, seguridad social, gobiernos autónomos y empresas públicas) en el BCE a la misma fecha: $2.617 millones.

A inicios del presente mes, gracias al  desembolso de un crédito chino por $1.500 millones, las reservas internacionales registraron un aumento importante y se ubicaron, al 10 de junio, en $3.505 millones. Ese monto, que tenderá a reducirse en las próximas semanas, a medida que el Gobierno cumpla con el servicio de la deuda externa, alcanza para cubrir los depósitos privados en el BCE (no así las reservas bancarias totales, que están en $4.053 millones). Sin embargo –además de que no se trata de un cambio en la tendencia decreciente de las reservas, sino de un repunte coyuntural– las cifras del BMS muestran un manejo, a nuestro entender, poco prudente de los dineros depositados en el BCE.

Son esos manejos, las declaraciones inexactas del gerente del BCE, las dudas no absueltas sobre la veracidad de las cifras de crecimiento económico y, obviamente, las urgencias fiscales que el mismo BCE ha financiado en buena parte, las que sustentan los temores que tenemos respecto al uso que se pueda dar al dinero electrónico, mecanismo que el Gobierno viene fomentando con llamativa insistencia. En distintas entrevistas, el gerente del BCE ha señalado que “nadie puede tener dinero electrónico que salga de la nada”, es decir, que los ciudadanos para tener un saldo en sus cuentas de dinero electrónico primero tienen que entregar dólares físicos. Ese es un requisito obvio para los ciudadanos particulares, el temor radica en la posibilidad de que el Gobierno, que controla el BCE, pueda hacer pagos en cuentas de dinero electrónico (incluso cuando éstas hayan sido abiertas voluntariamente) sin el debido respaldo. O que la devolución de los cuatro puntos de IVA, que se acredita en una cuenta de dinero electrónico, tampoco cuente con el respaldo debido (es decir, que el Gobierno gaste los dólares que efectivamente ingresaron por concepto de IVA al SRI, y que la devolución no esté respaldada). En ambos casos eso implicaría la creación de dinero.

La edición de abril de nuestra publicación mensual Carta Económica incluyó una nota titulada “Dudas sobre los resultados de las cuentas nacionales en 2015” que fue reproducida en la edición 263 de la Revista Gestión[1]. Tres semanas después de haber recibido ese análisis, el Banco Central (BCE) hizo llegar a Cordes una respuesta que, lamentablemente, se limita a señalar los supuestos errores y omisiones de la nota pero no despeja los cuestionamientos que ésta plantea[2]. En síntesis, el artículo de Cordes cuestiona que en 2015, según el BCE, la formación bruta de capital fijo (FBKF), es decir, la inversión física principalmente en construcción y en maquinaria y equipo, se haya contraído “apenas” 2,5%, tomando en cuenta que: i) en las previsiones económicas que el mismo BCE publicó el 30 de septiembre se proyectaba una caída de 11,1% para ese componente del PIB; ii) en 2013 y 2014 el sector público ya representó más de la mitad de la inversión física en el país y en 2015 su gasto en FBKF se desplomó, en términos reales, en 26%; iii) es difícil suponer que una mayor inversión privada (de hogares y empresas) haya compensado la baja de la pública, ya que el año pasado la confianza de consumidores y empresarios sobre la situación económica (también medida por el BCE) mostró una importante caída y también se contrajeron las importaciones de bienes de capital, que explican una parte importante de la FBKF privada.

Las explicaciones del gerente del BCE, Diego Martínez, sobre este tema que han sido reproducidas en los últimos días nos obligan a aclarar algunos conceptos y a exigir de parte del organismo oficial una respuesta clara a las dudas que tenemos sobre el crecimiento económico de 0,3% que se publicó para el año pasado, dudas que son compartidas por otros analistas.

Según una nota publicada el sábado 4 de junio en El Universo[3], “Martínez dijo que es un error comparar las previsiones que son expectativas sobre ejecución de presupuesto, exportaciones y producción, con un dato real de las cuentas nacionales. Su explicación en cuanto a la inversión, es que esta bajó en la previsión, pues se preveía un recorte en la ejecución presupuestaria, ante la caída del petróleo. Y lo que sucedió es que la obra sí se ejecutó, pese a que el Gobierno no cumplió con los pagos: ‘El año pasado, el Estado acumuló una gran cantidad de atrasos, pero el atraso no significa que no se haya construido’”.

Ya en su carta a Cordes, el gerente del BCE había señalado que las previsiones macroeconómicas que publica el organismo oficial “se centran en expectativas de los agentes de lo que va a ocurrir en un año”, aspecto que nos resultó por demás llamativo, tomando en cuenta que las previsiones del BCE sirven incluso como referencia para elaborar los presupuestos fiscales de cada año. Tanto o más grave es que el gerente del BCE quiera incluir en la discusión sobre el crecimiento del año pasado a los atrasos que acumuló el Gobierno. Al analizar el gasto público en FBKF, la nota de Cordes se refirió siempre al gasto devengado, es decir, el que el Gobierno y otras instancias del sector público tenían planeado ejecutar en 2015. La caída de 26% señalada previamente en el gasto público en FBKF se obtiene al comparar el gasto devengado del año pasado con el de 2014. En otras palabras, incluso sin considerar los atrasos (que en todo caso pudieron haber empeorado la situación), el Gobierno ya contempló en su presupuesto un fuerte ajuste en la inversión (ajuste que el mismo Presidente Correa ha señalado como “el más fuerte de toda América Latina”).

Previamente, en una nota publicada en la edición impresa de El Comercio, Martínez señala que los análisis, como el de Cordes, sobre la FBKF “sólo están considerando el gasto presupuestado de inversión pública y se olvidan que los hogares y las empresas también invierten”. Más allá de que, al hablar de “gasto presupuestado”, el gerente del BCE deja sin validez su propio argumento sobre los atrasos, cabe insistir en que Cordes incluyó en su análisis el desplome de la confianza de empresarios y consumidores (determinante en sus decisiones de inversión) y la notoria caída en 2015, según cifras del mismo BCE, de las importaciones de bienes de capital, que explican gran parte de la FBKF privada. En la misma nota Martínez señala que “otro error es usar datos nominales”, cuando el análisis de Cordes utiliza el deflactor implícito de la FBKF para obtener caídas reales (es decir, dejando de lado el efecto de variaciones en los precios) en la inversión.

El 26 de mayo se hizo llegar al gerente del BCE los comentarios de Cordes sobre la carta enviada por el organismo oficial. En esos comentarios insistimos en la necesidad de que el BCE aclare de manera contundente, es decir, con cifras, cuál fue el comportamiento (preliminar) de la FBKF pública y privada en 2015 para haber llegado a la caída total de 2,5%. Dada la importancia de contar con cifras económicas oficiales veraces, que permitan a los agentes tomar decisiones sobre la base de información confiable, esperamos que la nueva respuesta del BCE (que también es el encargado de generar certidumbre sobre el uso del dinero electrónico) permita generar esa confianza. Las respuestas y “explicaciones” que se han dado hasta ahora han estado lejos de hacerlo.

[1] La nota está disponible en el siguiente link: http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2016/05/Dudas-sobre-las-cuentas-nacionales-2015.pdf

[2] La carta del Banco Central a Cordes está disponible en este link: https://www.bce.ec/images/respondiendo_medios/cordes-mayo2016.pdf

Nuestros comentarios a esa carta están en este link: http://www.cordes.org/images/publicaciones/2016/Carta_BCE.pdf

[3] Disponible en este link: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/06/04/nota/5614191/crecimiento-podria-darse-flujos-terremoto

 

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