Ecuador. Sábado 21 de enero de 2017
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Congreso chileno aprobó la gratuidad universitaria

Foto tomada del portal: nodaluniversidad.am

El Congreso de Chile aprobó hoy la Ley Corta que garantiza la gratuidad a los sectores más vulnerables que accedan a la educación universitaria en 2016.

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La decisión fue tomada, en su tercer trámite constitucional, por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

“Después de 30 años la gratuidad vuelve a Chile, aseveró el portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que este acuerdo va pasar a la historia del país.

“Hemos cumplido el compromiso que adquirimos con los estudiantes y con las familias chilenas y hemos transformado la educación en un derecho”, declaró a los medios locales.

Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, afirmó que este es “un gran paso” en un camino en el que “esperamos seguir avanzando para que más estudiantes puedan acceder a la educación gratuita.

La gratuidad en la educación universitaria fue uno de los emblemas del segundo mandato de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que a lo largo de este año sufrió distintos cambios.

Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar por las calles de Santiago.

El programa inicial de Bachelet sostenía que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podría acceder de forma gratuita a la universidad, sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó el país austral en 2015 el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.

La norma actual beneficiará a unos 200.000 estudiantes que ingresen o estén cursando alguna carrera universitaria en las casas de estudios que cumplan los requisitos estipulados por la enmienda que compete a la Ley de Educación Superior.

La iniciativa ingresó el pasado lunes al Congreso, tras el fallo del Tribunal Constitucional que a principios de diciembre determinó que la fórmula anterior definida por el Gobierno era “discriminatoria”, lo que obligó al Ejecutivo a modificarla. EFE (I)

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