Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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HRW pide al Gobierno que revierta disolución de Fundación Pachamama

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este viernes al Gobierno ecuatoriano que revierta su decisión de disolver la ONG Fundación Pachamama

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este viernes al Gobierno ecuatoriano que revierta su decisión de disolver la ONG Fundación Pachamama, acusada de vandalismo, y que revoque el reciente decreto ejecutivo que le otorga “amplias facultades” para supervisar a entidades independientes.


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La citada fundación ha sido “la primera víctima” del llamado Decreto Ejecutivo 16, que otorgó al presidente Rafael Correa “la potestad de disolver organizaciones de derechos humanos y de otro tipo que se interpongan a su programa de gobierno”, denunció en un comunicado el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

De acuerdo con HRW, ese decreto y su aplicación en este caso “contravienen los derechos de libertad de expresión y asociación”.

Conforme al derecho internacional, los Gobiernos deben asegurar que se permita a los defensores de derechos humanos realizar sus actividades sin que medien represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios“, recordó la organización.

Vivanco, por su parte, anotó que “todo presunto acto de violencia perpetrado por manifestantes debería ser objeto de investigaciones penales imparciales, pero no corresponde que sea utilizado como pretexto para impedir que una organización participe en el debate público y en la promoción de los derechos humanos“.

El Gobierno ecuatoriano disolvió el miércoles la Fundación Pachamama tras acusar a algunos de sus integrantes de cometer actos vandálicos que, la pasada semana, derivaron en agresiones a miembros de delegaciones diplomáticas.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre, cuando un grupo de activistas ecologistas e indígenas que se oponen a que la explotación petrolera se extienda al sur de la Amazonía ecuatoriana protestaron por la licitación de cuatro de los trece bloques de exploración y explotación de crudo en el sureste del país.

Según HRW, “la única evidencia clara de violencia física es una grabación de video que muestra a un manifestante que intenta golpear a un empresario y a un policía con un palo en forma de lanza. No se observa fehacientemente en el video la identidad del manifestante”.

La Fiscalía y la Policía Nacional investigan los hechos, que para el Gobierno constituyeron una “desviación de los fines y objetivos estatutarios” de la ONG.

La presidenta de Pachamama, María Belén Páez, rechazó la disolución y dijo que con ella se reprimió el derecho a “disentir de la decisión del Gobierno nacional de entregar en concesión territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas a empresas petroleras sin respetar sus derechos constitucionales”. EFE